PÚBLICO/Madrid* : El ex vicepresidente y ex ministro conservador de Fomento Francisco Álvarez Cascos facturó 69.600 euros en 2008 a la empresa Creative Team SL, investigada en el caso Gürtel y presuntamente ligada a Guillermo Ortega, ex alcalde del PP en Majadahonda (Madrid). Cascos, aspirante a candidato del PP en Asturias, facturó esos 69.600 euros a través de Tecnas SL, sociedad presidida por él mismo y que controla accionarialmente junto con su esposa, María Porto. Su objeto social comprende desde la elaboración de proyectos urbanísticos a la emisión de informes sin campo determinado. Durante su mandato como ministro de Fomento (2000-2004), tres empresas de la red corrupta obtuvieron 2,2 millones de euros en contratos de Aena. En febrero de 2009, el supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón. Y dijo esto: "Paco Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de Aena".
En una breve conversación telefónica con este diario, el ex ministro rehusó ayer de manera tajante desvelar qué clase de servicios prestó Tecnas SL a Creative Team SL, compañía dedicada a la tenencia de activos, aunque su actividad real continúa bajo investigación. Al frente de Creative Team estuvieron, sucesivamente y como presuntos testaferros, los abogados Luis de Miguel Pérez y Santiago Lago Bornstein, ambos imputados en la causa. En el último año, el juez Pedreira ha ordenado rastrear los posibles contratos otorgados a Creative Team, así como las cuentas a su nombre.
Durante la charla telefónica, Cascos adujo que no tiene nada que explicar sobre "relaciones privadas" entre empresas. Lamentó los "intentos" por vincularlo con la red corrupta y negó de nuevo cualquier conexión con ella. Enfatizó que Tecnas es una empresa "honorable". Y remachó que su compañía "no figura en el sumario".
El listado de Hacienda
Pero la relación comercial de Tecnas con Creative Team está acreditada precisamente por el sumario, cuyo secreto levantó el juez Antonio Pedreira el pasado día 3. Su denominación social, la cantidad facturada y su CIF, el carnet de identidad de las sociedades, figuran en el listado remitido por Hacienda al juez instructor sobre las operaciones con terceros efectuadas por Creative Team en 2008. Ese listado muestra que Creative Team declaró ese año compras (es decir, pagos) a siete proveedores. Al menos dos de los siete, Castellana 168 SL y Soluci SA, tienen o han tenido como administrador a Luis de Miguel Pérez, según los datos de los registros mercantiles.
Los 69.600 euros cobrados a Creative Team situaron a Tecnas SL en el segundo puesto de la relación de proveedores de Creative Team en cuanto a volumen de facturación. Y supusieron el 9% de los ingresos anuales de Tecnas en 2008 (764.855 euros), ejercicio en el que obtuvo un beneficio neto de 41.748 euros. Las otras empresas comandadas por Cascos registraron pérdidas.
El nombre de Cascos, que nunca ha estado imputado, ha ido saltando a la palestra periódicamente desde el inicio del caso Gürtel. Una frase pronunciada por el supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, colocó al ex ministro en el ojo del huracán apenas iniciada la instrucción: "Yo le he llevado a Bárcenas [ex tesorero del PP] más de 1.000 millones por adjudicaciones de obras de la época de Cascos". Correa no sabía que el ex edil del PP José Luis Peñas, luego denunciante del caso, estaba grabando aquella conversación. Y su contenido acabó trascendiendo. Durante su declaración judicial, Correa alegó que sus palabras se habían "malinterpretado". Y que lo que en realidad quería decir es que, al ofertar a la baja sus servicios, le había ahorrado al PP 1.000 millones de las antiguas pesetas. Seis millones de euros.
El ex vicepresidente y ex número dos del PP ya había negado cualquier ligazón con Correa y su grupo cuando, tras el estallido del caso, trascendió que AENA, la empresa gestora de los aeropuertos estatales, había otorgado numerosas adjudicaciones a Special Events, TCM y Pasadena Viajes, tres de firmas de la trama.
Meses más tarde, el Gobierno cifró la cuantía exacta en una respuesta parlamentaria: las tres sociedades cobraron de Aena 2,2 millones de euros entre 2000 y 2003. De ese monto, 1,2 millones se correspondían con expedientes de adjudicación. El resto, con contratos menores.
Instrucciones del alcalde
Por lo que concierne a Creative Team, los documentos incautados a la trama constatan que Luis de Miguel pedía instrucciones al entonces alcalde del PP en Majadahonda, el imputado Guillermo Ortega. Uno de esos documentos es una carta dirigida a Ortega y fechada el 27 de enero de 2004. "Adjunto le remito la declaración de IVA de la sociedad Sundry Advices SL y Creative Team SL para su presentación en Hacienda (...)", comienza la misiva. "Estoy a su disposición para cuantas aclaraciones estime pertinentes", dice en su segundo y último párrafo.
Este diario preguntó ayer al abogado de Ortega si su cliente ha reconocido ser propietario de Creative Team. No ha admitido nada, dijo el letrado, quien subrayó que la instrucción está "prácticamente parada". Pero los datos recabados a instancias del juez indican una estrechísima relación de Ortega con Creative Team y con otra sociedad, Sundry Advices.
Lo que dijo Correa
El comienzo del ascenso
En su declaración ante el juez Pedreira, Francisco Correa señaló a Cascos y a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como los artífices de su ascenso en el PP. Según Correa, que no dio fechas exactas pero citó como marco temporal el bienio 1993-1994, fue entonces cuando empezó "a trabajar regularmente en la organización de mítines para el Partido Popular".
El secretario general
Cascos llevaba ocupando la secretaría general del PP desde 1989. Era el número dos de José Aznar. Pero, según Correa, la decisión de a quién contratar "no la tomaba siquiera el secretario general". Había, contó el presunto jefe de la red, "un grupo de personas". Y ese grupo, sostiene Correa, estaba integrado por Cascos, Jesús Sepúlveda, en aquellas fechas secretario electoral y luego alcalde de Pozuelo (Madrid) y Javier Arenas, que niega esa versión.
* Público - 21.12.10
Foto: facturas - Público
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IDEAL/Granada* : El 'boom' inmobiliario provocó que se cometieran auténticas aberraciones medioambientales y que la mancha de la corrupción salpicara a algunas corporaciones. Bastantes casos se investigaron, pocos se juzgaron y prácticamente ninguno acabó con condenas severas. El esqueleto del mastodóntico hotel en el Algarrobico de Almería es uno de los ejemplos que persisten en la memoria colectiva. En Granada hay casos similares, como el Parque Nevada, que comenzó a construirse con una licencia ilegal; o el sorprendente ejemplo de Carataunas, donde se construyó un macizo con 65 nuevas viviendas en un municipio que apenas llega a 200 residentes. La nueva reforma del Código Penal pondría algunos de estos episodio al borde de la cárcel. A los alcaldes y a los concejales se les complica la vida si quieren jugar con fuego; en este caso, con ladrillos.
Se trata de una nueva redacción del artículo 320 del Código Penal, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre y que crea una figura que podría bautizarse como el delito de prevaricación omisiva. Hasta ahora un cargo público prevaricaba si tomaba una decisión aunque supiera que no era correcta. Por ejemplo, si aprobaba una licencia con más plantas de las permitidas. Desde el viernes, también cometerá un delito si concede un permiso legal pero no vigila que la obra se ajusta a lo autorizado.
El artículo recoge el delito de prevaricación como el referido a aquel funcionario o autoridad que «a sabiendas de su injusticia» informe favorablemente sobre un proyecto o que -y aquí está la novedad- «con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio».
Este artículo no hace más que ahondar en la responsabilidad de los ayuntamientos -que son el primer escalón en la vigilancia del urbanismo- y en la persecución de las irregularidades. Trata de atajar una situación que se ha venido reproduciendo, como el hecho de que el consistorio en cuestión anuncie que abre un expediente que luego se pierde en el tiempo sin que haya resultados ni responsabilidades, contando con que una causa prescribe a los cuatro años en vía administrativa.
La otra novedad es que las penas se endurecen y pasan de los dos años máximos -insuficientes para entrar en prisión si no hay antecedentes- a los cuatro.
El fiscal coordinador de ejecución penal, Francisco Hernández, explica que esta figura de prevaricación omisiva ya se estaba usando en las acusaciones, «pero quedaba a juicio del tribunal aceptarla o no». La reforma del Código Penal lo que hace es aclarar esa opción, que pone contra las cuerdas a los primeros responsables del urbanismo.
Cientos de casos
El número de expedientes por irregularidades urbanísticas en la provincia es difícil de calcular, por cuanto la vigilancia depende de ayuntamientos, administración autonómica, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y Fiscalía de Medio Ambiente.
Aunque la crisis económica ha paralizado el sector de la construcción y han bajado también las posibilidades de que afloren nuevos casos de corrupción, la situación llegó a ser tan importante que el Defensor del Pueblo Andaluz hizo un informe especial sobre el urbanismo. Tantos eran los casos que le llegaban de familias que se encontraban pagando por viviendas que no podían usar, ya que estaban inmersas en procesos judiciales por presuntas irregularidades.
El informe especial sobre urbanismo del Defensor del Pueblo Andaluz recogía que en el año 2000 había en la comunidad mil urbanizaciones ilegales en las que vivían 400.000 familias. En el caso granadino, los últimos datos disponibles de la Junta de Andalucía, señalaban que en el año 2008 se habían abierto 162 expedientes en 75 pueblos, lo que afectaba a unas setecientas viviendas.
Un año después, el Seprona de la Guardia Civil, que tiene competencias para investigar el urbanismo ilegal, abrió 300 expedientes por irregularidades en promociones o construcciones, de los que 200 eran por sanciones administrativas y alrededor de un centenar fueron asuntos penales que se trasladaron a la Fiscalía de Medio Ambiente.
Y este organismo judicial ya alertaba en su memoria de la implicación de alcaldes y técnicos municipales en buena parte de los veinte procesos que abrieron en 2009 en casos de prevaricación urbanística. Citaba incluso en la memoria los casos de Atarfe, Armilla -caso Nevada-, Carataunas, Almuñécar o Monachil.
En respuestas a preguntas parlamentarias del diputado Sebastián Pérez, se da cuenta de que en Monachil hay un total de once actuaciones penales por irregularidades urbanísticas, seis en Quéntar y cinco en Gójar. También hay cuatro actuaciones administrativas en Láchar -además de dos penales- y otras cuatro administrativas en Fuentevaqueros o tres en Iznalloz.
A partir del próximo 24 de diciembre, cualquiera de estas acciones u omisiones por parte de una autoridad o funcionario público podrá castigarse con penas de prisión que oscilarán entre el año y medio y los cuatro años, además de imponer la sanción y la correspondiente inhabilitación para cargo público.
* Ideal - 21.12.10
Foto: Parque Nevada - ideal
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ELCORREOGALLEGO* : La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) insiste en que el controvertido edificio Conde de Fenosa, de la ciudad herculina, tiene que ser derribado. En un auto, dado a conocer ayer, requiere que se aplique la sentencia del 20 de diciembre de 2001 (justo hace nueve años) por la que se declaró ilegal la licencia concedida en 1997 por el Ayuntamiento de A Coruña a la inmobiliaria Fadesa para rehabilitar el edificio. El inmueble, antigua sede de Unión Fenosa, tuvo una transformación excesiva. El PXOM de 1985 sólo permitía su conservación y mantenimiento, pero se dio licencia para obras de reforma integral, y así se hicieron viviendas. En el último recurso, del que ahora se conoce el fallo, no sólo se personará el Concello sino también la actual comunidad de propietarios.
Eso sí, contra esta decisión de la alta magistratura gallega aún cabe otro recurso de súplica en el plazo de cinco días. Al respecto, el gobierno municipal, más en concreto el área de Urbanismo, que depende del PSdeG -el BNG se desentiende del asunto, ya que procede de una etapa anterior a formar parte de la ejecutiva del consistorio y en la que se opuso a dicha licencia-, anunció que presentará dicha apelación "en defensa de los intereses de la ciudad", según se manifiesta en un comunicado.
Toda esta situación comenzó en los últimos años del pasado siglo con una denuncia de un particular en el momento en que se comenzaban las obras de rehabilitación. Ahora puede desembocar en un drama, no sólo para los que compraron viviendas al amparo de una supuesta legalidad, sino para el Concello, que podría verse abocado por ello a indemnizar a los actuales propietarios. Pero el proceso judicial aún seguirá en los próximos meses.
Hay que señalar que en este último recurso rechazado, el Ayuntamiento pretendió el cumplimiento de la sentencia mediante la publicación del fallo judicial anterior en el BOP -el edificio queda fuera de ordenación- y con ello la inejecución de la misma, pero el TSXG lo desestimó.
* El Correo Gallego - 21.12.10
Foto: Vista de la parte central del polémico edificio Conde de Fenosa de la ciudad herculina - elcorreogallego
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ATLÁNTICO* : La Autoridad Portuaria ha decidido pasar a la ofensiva y presentar una denuncia penal contra el Concello, en principio dirigida contra el alcalde Abel Caballero y el concejal de Urbanismo, José Mariño , por abuso de autoridad. Esta acción se basa en un hecho con base judicial: la desestimación por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TS XG) mediante un auto de 22 de noviembre de la paralización cautelar de las obras portuarias al entender, como defendía el Puerto, que su interés público debe prevalecer. Pese a esta resolución del juez, el alcalde y el Concello decidieron obligar al Puerto a detener todas sus actuaciones en marcha, lo que según dos informes jurídicos encargados por la Autoridad Portuaria (de Gándara y Jiménez Cisneros) resulta incomprensible y base suficiente para presentar la denuncia.
En este sentido, el Puerto emitió una nota donde califica como una ‘absoluta ilegalidad’ la paralización por parte del Ayuntamiento de obras en terrenos portuarios, comenzando por la nave de rederos y siguiendo con la nave de comercio, y ha confirmado la presentación ante el TS XG del escrito en el que ‘traslada’ las ‘ilegalidades’ cometidas por el gobierno local. Según informó el Puerto, la suspensión de estas obras estaba pendiente de resolución por parte del TS XG y el Ayuntamiento ‘no esperó a que se pronunciara’. ‘El Tribunal Superior de Xustiza se acaba de pronunciar denegando la suspensión, por lo que se pone de manifiesto la absoluta ilegalidad en que ha incurrido el Ayuntamiento al paralizar las obras’ contra el criterio del juez, indicó el organismo que preside Corina Porro. Asimismo, la Autoridad Portuaria ha expuesto que, ante el recurso formulado
por el Ayuntamiento de Vigo en el TS XG contra el Puerto, éste solicitó sendos dictámenes a un catedrático de derecho Administrativo y a un despacho especializado en la materia. ‘Ambos dictámenes coinciden sobre el fondo del asunto y están en desacuerdo con la actuación y las tesis del Ayuntamiento de Vigo’, aclaró el organismo portuario. Recordó el Puerto de Vigo que el pasado 25 de mayo el Ayuntamiento solicitó a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que suspendiese, -sin darle audiencia previa a la Autoridad Portuaria-, las resoluciones dictadas por la entidad que preside Porro para la ejecución de las obras de las Naves de Comercio y de la Nave de Rederos en el Puerto Pesquero. Añadió el Puerto que la Sala de lo Contencioso acaba de dictar un auto de fecha 22 de noviembre ‘desestimando’ la solicitud del Ayuntamiento y establece que ‘el interés público derivado de las obras públicas promovidas por la Autoridad Portuaria ha de considerarse prevalente’. De esta situación ya informó al alcalde y al concejal de Urbanismo del contenido de auto.
* Atlántico - 21.12.10
Foto: Una de las construcciones paralizadas por el alcalde pese a que el juez del Tribunal de Galicia ordenó la continuida de las obras.- atalantico
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ELPAÍS* : Con la calma de quien sabe que su juicio durará un año, Juan Antonio Roca, máximo imputado del caso Malaya, comenzó ayer a declarar sobre la trama de corrupción marbellí por la que se sientan en el banquillo de la Audiencia malagueña a 95 procesados. El ex asesor de urbanismo se estrenó con una táctica ya conocida y a la que han recurrido numerosos ediles gilistas: echarle la culpa de todo al ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, ya fallecido. "No existe ningún dato objetivo que demuestre que Juan Antonio Roca dirigiera el ordenamiento urbanístico en Marbella", mantuvo. "El señor alcalde determinaba las condiciones de los convenios, lo que yo hacía en la oficina de Planeamiento Urbanístico era elevar propuestas", añadió.
El juicio, dividido en bloques, ha arrancado con la llamada operación Crucero Banús. La compra, recalificación y venta de estos terrenos reportaron unos beneficios de al menos 6,33 millones de euros a los cuatro socios que participaron: el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex edil gilista y promotor Pedro Román, el ex comisario de policía Florencio San Agapito y el abogado Juan Germán Hoffman. El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, considera claves los manejos de Roca en el urbanismo marbellí para conseguir que el negocio tuviera éxito.
Roca, de 57 años, comenzó a declarar a las 13.00, cuando parecía que el presidente del tribunal, José Godino, iba a dar por terminada la sesión. Todas las miradas estaban puestas en él para saber si el ex asesor aceptaba los cargos y decidía colaborar con la justicia. En las últimas semanas se especulaba sobre posibles negociaciones con la fiscalía para tirar de la manta a cambio de una rebaja en los 30 años de cárcel que pide para él el ministerio público por blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho.
Antes de que el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero comenzara a preguntarle, pidió al tribunal que tuviera en cuenta la falta de unas diligencias sobre las que quiere responder cuando se retome el juicio en enero de 2011. Después se dispuso a contestar sin prisa y comprobando en sus notas cada cifra que daba de memoria. El fiscal le bombardeó a preguntas durante unos 50 minutos. El ex asesor apenas varió el tono de sus respuestas, aunque se permitió alguna que otra licencia, como recordarle a López Caballero que se habían archivado todas las diligencias que abrió cuando era fiscal de Medio Ambiente por delitos contra el territorio y que le afectaban.
Ya en faena, Roca reconoció que en octubre de 2001 participó con un 15% en la compra de los terrenos de Puerto Banús que estaba gestionando Pedro Román. Aportó 742.000 euros de dinero "no declarado" en cuatro cheques de moneda extranjera y 50.000 euros en efectivo. Según Roca, el dinero venía de la venta del 100% de la sociedad Altos de Gualdamina. Por eso, cuando el fiscal le preguntó por la forma en la que había declarado a Hacienda los 1,5 millones que recibió por el negocio le contestó: "Si yo participo con dinero opaco, difícilmente voy a declarar beneficios". El dinero se ingresó en la fundación Melifero que Roca ya tenía abierta en el paraíso fiscal de Liechtenstein.
Lejos de reconocer que había hecho un buen negocio, Roca dejó caer que tanto a él, como al ex comisario Florencio San Agapito, les habían hecho pagar "un plus" por apuntarse más tarde. "He observado cosas muy extrañas (...)Ahora me he enterado de que la compra se hizo por 4,3 millones y no por 4,9 como creía", dijo.
El ex asesor explicó que la parcela que compraron venía con un convenio previo y que Pedro Román lo renegoció personalmente con Jesús Gil. Fue el entonces alcalde quien, según Roca, le pidió que duplicara las cesiones que los compradores tendrían que hacer al Ayuntamiento, de forma que pasaron de tener que pagar 360.000 euros a 1.4 millones. El acuerdo se firmó a partir del plan urbanístico de 1998, declarado ilegal. Finalmente, se entregaron 240.000 euros.
La primera declaración del ex asesor
- "No existe ningún dato objetivo de que Juan Antonio Roca Nicolás influye, decide o actúa de forma para que se dé una licencia urbanística".
- "El señor alcalde (Jesús Gil) determinaba las condiciones de los convenios siempre. Lo que yo hacía en la oficina de planeamiento era elevar propuestas."
- "Si yo participo con dinero opaco, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas".
- "Los beneficios de la operación Crucero Banús se me devuelven en Suiza porque yo entrego el dinero en Suiza".
- "He observado cosas muy extrañas (...) creo que a Florencio y a mi se nos ha hecho pagar un plus por entrar después. Pensaba que el precio de compra eran 4,9 millones y no 4,3 millones".
* El País - 21.1210
Foto: Juicio Malaya - elmundo
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ELPAÍS* : La Dirección Xeral de Infraestructuras estaba avisada por Augas de Galicia: el proyecto de un puente sobre el río Pego, para construir un ramal de la autovía Santiago-Brión, no se podía ejecutar en los términos en que estaba previsto. Pero Infraestructuras siguió adelante sin autorización. Realizó una modificación de planos "insuficiente" e impulsó las obras sin contar con Augas. Como consecuencia de los trabajos, el pasado 10 de septiembre un vertido "directo y sin depuración" provocó la muerte de un elevado número de ejemplares de peces, principalmente truchas. Las obras provocaron destrozos en la zona de servidumbre y de dominio hidráulico y el derrumbe de un talud. El caso está siendo investigado por la fiscalía especializada en la defensa del medio ambiente.
El proyecto, en el término municipal de Brión, enfrentó a dos departamentos de la misma consellería, la de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que dirige Agustín Hernández, de la que depende Augas de Galicia. Y en los dos tuvo un papel protagonista Ethel Vázquez, responsable de Augas de Galicia cuando se denegó el permiso de obra, y que se estrenaba al frente de Infraestructuras precisamente el mismo día que se desencadenó el vertido.
Según las diligencias practicadas por el equipo de investigación del Seprona, de la Guardia Civil, la solicitud de autorización de las obras entró en Augas de Galicia el 5 de junio de este año. Tras estudiar los planos, se determinó que las condiciones del reglamento del dominio público hidráulico "no se cumplen en el proyecto presentado", por lo que Augas requirió a Medio Ambiente a enmendar los planos "ajustados a la legalidad". Según el informe de la Guardia Civil, Infraestructuras autorizó igualmente las obras. Según un portavoz de la consellería de Hernández, se hizo después de alcanzar un acuerdo verbal con Augas.Augas de Galicia advirtió de que el proyecto "no se ajustaba a la legalidad". Infraestructuras remitió después una documentación sobre las obras, ya iniciadas, en la que proponía nuevos planos, reponer la zona de servidumbre y acondicionar los taludes y nuevos planos, medidas que Augas consideró "insuficientes". La Guardería Fluvial observó no obstante el día del vertido que buena parte de la obra estaba ejecutada, en unas condiciones que reducían "aún más la faja de servidumbre".
Además de la carencia de autorización, Augas remitió un informe a la Guardia Civil en el que revela múltiples irregularidades. Por ejemplo, inexistencia de balsa de contención, invasión de la zona de servidumbre, medidas "nulas" de protección frente a desbordamientos o invasiones del cauce, ausencia de dispositivos de retención de filtrado y sedimentos y el depósito de un manto de hormigón de unos 18 metros sobre todo el ancho del fondo del cauce.
Además, dos días antes del desastre, Augas advirtió de que las bombas de achique no estaban conectadas y el vertido era "claramente" directo y sin depuración previa. La empresa tampoco puso en conocimiento de las autoridades la mortandad de truchas, de forma que, como concluye Augas, de no haberse recibido la alarma, "se hubiesen seguido produciendo los vertidos". El informe del ente denuncia "falta total de coordinación de medios", "una pasividad total" respecto a los efectos ambientales "y un desinterés generalizado del ordenamiento jurídico".
Toda esta información está documentada en las diligencias practicadas por la Guardia Civil, que conforman un detallado relato sobre la contaminación y la mortandad de peces ocurrida en el río Pego el 10 de septiembre y sobre el incumplimiento de la legislación hidráulica. Según el testimonio del director de obra, la acumulación de filtraciones de agua en la excavación obligó a bombear y verter directamente al cauce "lixiviados contaminados de hormigón de limpieza".
Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que 200 metros río abajo del vertido "no se aprecia vida acuícola", y que en los primeros 300 metros encontraron 35 truchas muertas y la presencia de fango en el fondo del cauce, por lo que consideraron "previsible" que "pueda haber una cantidad muy superior de peces muertos". El Seprona también comprobó que en la margen derecha del Pego, y a lo largo de 20 metros, se "arrancó toda la zona de servidumbre y afectó a la de dominio hidráulico".
Según un portavoz de Medio Ambiente -la ex presidenta de Augas y directora de Infraestructuras declinó hacer declaraciones-, tras la desautorización inicial, técnicos de los dos departamentos buscaron una solución, y las obras comenzaron después de recibir de Augas "instrucciones verbales". La consellería considera que "no está claro" que el vertido se deba a la construcción del puente.
* El País - 20.12.10
Foto: Río Pego (A Coruña) - todopueblos
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ELPAÍS/Córdoba/Jaén* : Un mismo problema, pero dos soluciones distintas. Las capitales de Córdoba y Jaén plantean alternativas diferentes para regularizar las miles de viviendas ilegales, muchas de ellas construidas en zonas inundables, edificadas en las últimas décadas entre la pasividad de la Administración. Mientras que el Ayuntamiento cordobés cierra la puerta a la legalización de las casas en zonas protegidas y de avenidas, y ha propuesto a los vecinos afectados acogerse a viviendas de protección oficial en régimen de alquiler a cambio de demoler las edificaciones, el Consistorio de Jaén plantea una autorización general para las 5.000 viviendas alegales y deja en manos de la Junta de Andalucía la identificación de las que no son susceptibles de regularizar.
En Córdoba se calcula que hay alrededor de un centenar de parcelaciones ilegales que suman unas 6.000 viviendas repartidas entre la sierra y sus faldas, lindando algunas con el mismo río. Son estas las que sufren regularmente la fuerza del agua, pues se construyeron de manera irregular en zonas inundables. Estas urbanizaciones forman parte del grupo de parcelaciones que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 considera como irreconducibles, al encontrarse en zonas de especial riesgo o por asentarse en lugares de especial protección (como las del entorno de Medina Azahara, área declarada Bien de Interés Cultural).
A pesar de su inviabilidad, muchas de ellas se acogieron a los planes especiales del medio rural para dotarse de asistencias básicas como los servicios de luz y de agua. Ello terminó agravando el problema, pues asentaba más las poblaciones en aquel territorio.
El resto de las zonas donde hay parcelaciones, pero que no están sujetas a ningún nivel de protección, se declararon áreas que pueden ser urbanizables a través de planes específicos.
En Jaén, el pleno municipal aprobó el pasado mes de noviembre la inclusión en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de las 5.000 viviendas, la mayoría de segunda residencia, construidas en las últimas décadas en las zonas próximas a los ríos y en la periferia.
El Ayuntamiento ha contado con la complicidad de la Junta de Andalucía, que ha indultado 142 chalés para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ordenó su demolición por ocupar el dominio público hidráulico. Los nuevos informes determinan que sólo habrá que demoler una vivienda y otras 12 sufrirán derribos parciales.
El PSOE y el Partido Popular, en la oposición, se han unido para acometer esta legalización masiva, que rechaza Izquierda Unida, socio de gobierno de los socialistas, por la fórmula elegida, en concreto por la catalogación como suelo urbano consolidado.
De este modo, los propietarios únicamente pagan los gastos de los servicios comunes (agua o luz), pero no tendrán que asumir los gastos de urbanización (viales, zonas verdes, etc.) ni ceder al Ayuntamiento el 10% de los aprovechamientos urbanísticos, algo preceptivo en caso de ser suelo urbano no consolidado.
Es otra de las diferencias con relación a Córdoba, donde los proyectos sí están costeados por los dueños de las viviendas, aunque es cierto que ninguna de las actuaciones ha culminado todavía.
Lo que ocurre es que la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, cuyo departamento tiene la última palabra para aprobar el PGOU, vertió el pasado jueves un jarro de agua fría al Ayuntamiento jiennense al recordarle que no podrán legalizarse las viviendas que estén en zonas protegidas o inundables y, en todo caso, cuando sí sea posible acometer su regularización deben ser los vecinos los que contribuyan al pago del coste de las infraestructuras y equipamientos. Es decir, todo lo contrario a lo aprobado por el pleno jiennense.
Pero, la alcaldesa jiennense, Carmen Peñalver, dice que lo aprobado se hizo con "criterios técnicos y respeto a la ley". El gobierno de Jaén quiere ahora que sean las distintas consejerías de la Junta las que informen qué viviendas están en zona protegida y cuáles no. "Y los vecinos que tengan viviendas en esas zonas tendrán que asumir la urbanización", apuntó Peñalver, que puso como ejemplo la legalización de la barriada de Valdeastillas, cuyos vecinos tuvieron que pagar los costes y ceder suelo a la ciudad.
Otra incógnita son los expedientes abiertos por la justicia por construcciones ilegales. En concreto, hay medio centenar de órdenes de derribo y más de un centenar de procedimientos abiertos, aunque tanto los vecinos afectados como el propio Ayuntamiento creen que la regularización de las viviendas acabará también con la amenaza jurídica.
* El País - 20.12.10
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir - elpais.com
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EP/Madrid - Más de una veintena de páginas webs han cerrado como protesta ante la posible aprobación el próximo martes de la disposición conocida como ’Ley Sinde’, una medida que convertirá a Internet "en una tele más, al servicio del poder". ’Cinetube’, ’Series Yonkis’, ’El Rincón de Jesús’, ’Cine Gratis’ o ’Por descarga directa’ han sido algunos de los participantes de esta iniciativa, que en la mayor parte de los casos redirigen a un texto explicativo del motivo del cierre a todos los usuarios que quieren acceder a sus contenidos. "Si se aprueba la ’Ley Sinde’, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs", han explicado en ese breve texto. Todos ellos redirigen a los usuarios al portal ’No al cierre de webs’ un espacio donde se encuentra un manifiesto del movimiento. ’No al cierre de webs’ aloja también ’links’ a algunos de los principales sitios que se han opuesta a la ’Ley Sinde’ como Red Sostenible’. En su última entrada, pide a los internautas "seguir tejiendo" ayuda para evitar la disposición ya que, en caso de aprobarse, supondría "un cambio para siempre para todo el Internet español".
"Te invitamos a ver los vídeos, a escuchar, a leer y a reflexionar. Cuando te hayas informado acerca del peligro para las libertades que representa la Ley Sinde, no te quedes sentado. Sal a la calle y explícalo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet", ha explicado a los ciudadanos.
Este documento responsabiliza a Estados Unidos como "incitador" de la aprobación de la medida, puesto que "ha presionado y pisoteado la soberanía nacional española" para sacar adelante el cierre de webs. "Es una imposición extranjera para lograr una Internet sumisa y aceptable", ha señalado.
Pese a que varios de los internautas que han intentado acceder a alguna de esta web se ha visto perjudicado —incluso alguno de ellos estaban utilizándolas cuando se ha producido el ’apagón, tal y como relatan en diversos foros—, la mayoría se ha mostrado partidario de la propuesta para defender la "libertad" en Internet.
El PNV podría "tumbarlos"
Según recoge el proyecto de ley de Economía Sostenible, una comisión del Ministerio de Cultura podrá bloquear una página web si entiende que vulnera la propiedad intelectual o es susceptible de causar daño patrimonial a los autores. Eso sí, la ejecución de dicho acto requerirá de autorización judicial.
El Gobierno prevé aprobar la disposición cuando se vote la ley en la Comisión de Economía del Congreso del próximo martes, si bien podría no contar con el apoyo de su socio presupuestario. Así, el PNV estaría dispuesto a ’tumbar’ la medida pidiendo una votación separada de la disposición, con lo que la oposición podría unir fuerzas para rechazarlas.
* Diario Información
* Tortuga - EP. - 19.12.10
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