ABC* : Montón de la Sierra no es un caso aislado. A la primera acción que llevó a cabo la Gerencia Municipal de Urbanismo para frenar en seco la consolidación de un asentamiento ilegal incipiente en 2001, le siguieron nuevos sellados de caminos en las inmediaciones de Alcolea y El Higuerón, con los que trató de demostrar que la política de mano dura contra las construcciones ilegales no era un simple gesto ejemplarizante.
Uno de los que más resonancia tuvo en ese momento fue el precinto de El Rosal del Rubio, parcelación que se halla a pocos kilómetros del aeropuerto, a la izquierda de la carretera que conduce al cercano núcleo de Majaneque.
Sin agua y sin electricidad
El 28 de mayo de 2001, cuando Urbanismo decretó paralizar esta urbanización en ciernes, apenas se levantaban unas cuantas viviendas aisladas. Hoy se cuentan por más de un centenar los chalés que componen este núcleo. Según corroboran los propios residentes a ABC, han surgido allí alrededor de 150 viviendas carentes aún de agua potable [si bien, técnicos de Urbanismo aseguraron en 2007 que tuvieron conocimiento de enganches en la zona] y suministro eléctrico, lo que no ha impedido que sigan proliferando las construcciones en los últimos años al socaire de la burbuja inmobiliaria.
Lo primero que llama la atención del periodista al desplazarse al que fuera punto caliente de la batalla contra el fenómeno parcelario es lo lejano que queda aquel «asalto» de Urbanismo, que incluso mandó máquinas excavadoras a desbrozar los caminos privados, como si las tapias que se han levantado para cercar los chalés fuesen no sólo físicas, sino también psicológicos muros de defensa contra un pasado que apenas martillea en la memoria de los primeros pobladores.
Los recuerdos están tan enterrados como el hacha de guerra que una día esgrimieron y que no han vuelto a levantar, porque el Ayuntamiento, lisa y llanamente, les ha dejado hacer. La borrasca ha dejado paso a la calma chicha de la rutina de las obras y ladrillos, rota sólo de vez en cuando por la presencia de un agente uniformado. Tras la visita de rigor, llegaba la multa correspondiente, en su mayoría de inferior cuantía a las que ahora establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, puesto que aún la restrictiva norma no estaba en vigor. Un matrimonio, muy quejoso por la derrama de diez euros que tiene que pagar a diario para alimentar con combustible el motor que activa la corriente eléctrica, advierte a ABC de que abonó 70.000 de las antiguas pesetas (421 euros) por hacerse una casita de una planta en la zona.
Fueron de los primeros en llegar. «La mayoría de los chalés se han construido en los últimos siete años, mi hijo y mi hija tienen tres parcelas aquí; esto no ha parado, seremos unos 150 ó 160 vecinos», afirma la mujer. A la vera de su casa, puede verse una hilera de farolas, que invita a pensar engañosamente que la electricidad circula ya por sus cables de cobre. «Llevamos dos años esperando la luz, incluso hemos dado dinero, pero nos dicen en el Ayuntamiento que llegará pronto. Yo ya no sé qué pensar», añade.
Oyéndola, nadie diría que hace siete años el mismo Consistorio que hoy estudia darle enganches, ayer intentara arrasar con cualquier rastro de urbanismo en la zona. En mayo de 2001, el organismo presidido por el socialista José Mellado -IU y PSOE gobernaban en coalición- lanzó un ultimátum a los escasos promotores de viviendas para que en el plazo de diez días cortaran los accesos. Como no lo hicieron, tuvo que llevar a efecto la paralización cautelar de los caminos ilegalmente abiertos, lo que provocó las protestas de los residentes. Varias veces levantó vallados y abrió zanjas y otras tantas los promotores las derribaron con la excusa de facilitar las labores de recogida de trigo en un campo cercano. Progresivamente, la mano dura se fue debilitando.
«¿Cree que nos la tirarán?»
Y lo cierto es que la hormigonera no ha parado desde entonces. ABC fue testigo el pasado lunes de cómo le daban los últimos retoques a una vivienda prefabricada instalada por una empresa de Cáceres, según especificó su propietario.
«¿Cree usted que nos tirarán la casa?», pregunta dubitativo al periodista recordando la demolición de la casa de San Cristóbal, quien lo niega y le tranquiliza. Será más fácil que lleguen el agua y la luz a El Rosal del Rubio a que derriben un solo tabique.
* ABC CÓRDOBA - A. R. VEGA - 9 de abril de 2008
Foto: Córdoba, ayuntamiento - wikanda.cordobapedia.es
Córdoba: Urbanismo permite hacer 150 chalés ilegales en El Rosal del Rubio
Un barrio sin servicios públicos
ELPAÍS/Madrid* : Las Tablas sigue pareciendo un decorado de cine. Una ciudad del Oeste sin sheriff en la que de noche tiemblan los escaparates ante la amenaza de alunizajes. Cuando en 1997 el Ayuntamiento autorizó los barrios del norte, anunció que acogería a más de medio millón de personas. Jóvenes parejas en busca de un precio terrestre se lanzaron a ocuparlos espoleados por faraónicas promociones urbanísticas.
Pero el tiempo pasa y la utopía de los pioneros no termina de cumplirse. Las calles son una sucesión de locales comerciales vacíos, mientras que el 90% de los pisos están ocupados. Las que quedan por llenar parece que van a tardar más porque los precios no son tan atractivos como se predijo. "Nosotros pagamos 50 millones hace cuatro años; ahora por dos habitaciones son 80", explica Víctor Urquijo, de 31 años, y media hora de peregrinación en busca de una barra de pan.
Los 30.000 vecinos están que arañan tras la cesión del Ayuntamiento de dos parcelas a centros de acogida, uno para toxicómanos y otro a "colectivos con riesgo de exclusión social", como define la terminología oficial lo que los vecinos consideran "delincuentes y presidiarios". "El problema no son los centros", precisa Lorenzo Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos, "sino que los coloquen a tres metros de las casas de vecinos".
"Llevamos cuatro años pidiendo más equipamientos", razona Álvarez. Los vecinos consideran que los equipamientos no son los apropiados para un barrio que tiene casi la misma población que Soria. "¿Te imaginas Soria sin comisaría?", pregunta Álvarez. La lista de agravios es importante: del transporte, de un centro de salud, de institutos de secundaria, centros de mayores... Pero la seguridad es la principal reivindicación. La comisaría más cercana está a 7,5 kilómetros. Y los coches patrulla no abundan.
Daniel Clavero, dueño de la panadería, ha sufrido varios asaltos, el último en octubre. Los cacos dejaron un boquete enorme en el cristal, se llevaron la caja y dejaron el suelo sembrado de bollos. Una vez también persiguió en coche al hombre que robó a la farmacéutica. Y Flacker, la boutique contigua a la panadería, cerró tras la negativa del seguro a cubrir el séptimo alunizaje del año.
Otra de las grandes reivindicaciones del PAU son las conexiones. El metro de la línea 10 tampoco colma las aspiraciones vecinales, ya que la distancia entre paradas es de las mayores de la región. El metro ligero tampoco tiene fama de supersónico -los vecinos lo llaman "el tren de la bruja" por su lentitud- y sólo una línea de bus llega al corazón del barrio. La estación de Cercanías, a un kilómetro de distancia, está "curiosamente" justo al lado de la nueva ciudad de Telefónica. Los vecinos sospechan que no se diseñó pensando precisamente en las necesidades vecinales.
* ELPAIS.com - JERÓNIMO ANDREU - Madrid - 07/04/2008
Foto: Decenas de personas se manifiestan ayer contra la ausencia de servicios públicos en Las Tablas.- S. BURGOS, elpais.com
Alicante: Un juzgado exige ejecutar la sentencia que ordena tirar las casas junto a un BIC
INFORMACIÓN* : El juzgado de 1ª instancia nº9 ha ordenado al Ayuntamiento de Alicante que le remita certificación de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del año 2004, en la que se anula las licencias de las 40 viviendas adosadas construidas en la urbanización Azalea Golf, en la Condomina, y se ordena la demolición de las que estén situadas en el entorno de protección de la Torre Placia, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
La orden del Juzgado reclama, además, una copia íntegra de la totalidad del expediente, y solicita que se le informe si en el entorno de la Torre Placia se han concedido más licencias de obras.
La sentencia del TSJ sobre este asunto fue consecuencia del recurso interpuesto por el propietario del BIC, José Agulló, que denunció al Ayuntamiento por la concesión de licencias a un promotor para construir una urbanización en el entorno de protección de un BIC. La sentencia del TSJ era rotunda y contundente contra el Ayuntamiento, por violar la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana.
Dicha sentencia fue dictada por el TSJ en septiembre de 2004 y cerraba el caso ya que contra la misma no se admitía apelación.
Al conocerse la sentencia, el alcalde, Luis Díaz Alperi, justificó la concesión de la licencia en la existencia de informes técnicos al respecto, aunque no respondió a las preguntas de por qué no se obedeció a la Conselleria de Cultura cuando ordenó la paralización de las obras por afectar al entorno del BIC.
Aunque tras la sentencia del TSJ había dudas de si se podía apelar al Tribunal Supremo, ya que en la misma nada se indicaba al respecto, posteriormente se supo que tal posibilidad estaba descartada y que la sentencia era firme e inapelable.
El asunto de la ejecución de la sentencia, que obliga a demoler las viviendas en el entorno del BIC, lo asumió la concejala de urbanismo, Sonia Castedo, quien anunció la apertura de conversaciones con el propietario de la Torre y promotor del recurso, y con los propietarios de las viviendas afectadas, para intentar llegar a un acuerdo.
A este respecto, José Agulló manifestó ayer a este periódico que no se ha producido ningún tipo de acuerdo "porque el Ayuntamiento se hace el longuis", y explicó que la única propuesta que le ofrecieron la rechazó porque se le proponía la cesión de una parcela de unos 700 metros "que estaba en el entorno de la Torre y que, por tanto, construir era ilegal", añadió Agulló.
Agulló añadió que esta falta de acuerdo se la comunicó a su abogado, y que, aunque lo desconoce con seguridad, es previsible que haya reclamado la ejecución de sentencia, lo que justificaría que el juzgado haya pedido ahora al Ayuntamiento la certificación de dicha ejecución.
* Información - MANUEL DOPAZO - 09 de abril de 2008
Foto: La Torre Placia, rodeada de viviendas, en una imagen de ayer/ RAFA ARJONES, diarioinformacion.com
Los afectados por la reforma del Carmel crean una coordinadora
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La teoría del caos, aquella que defiende que el batir de las alas de una mariposa puede acabar generando un tornado, se está apoderando del barrio del Carmel y su entorno. Las quejas vecinales contra el plan municipal de reforma de la zona, aplazado por el equipo de gobierno ante la falta de consenso político para lograr su aprobación inicial, van in crescendo y ya son cuatro las plataformas de afectados que han surgido en pocos días.
Esta semana, según han asegurado sus responsables a este diario, se unirán en una coordinadora e iniciarán una recogida de firmas.
El proyecto, presentado públicamente el pasado 13 de febrero sin conocimiento previo de los afectados, fue tumbado por la oposición mayoritaria (CiU, PP y ERC) ocho días después, en su primera votación plenaria. Tal y como informó EL PERIÓDICO el pasado 3 de abril, vecinos y comerciantes se dividen entre los que reclaman más información y participar en la confección del proyecto antes de que se someta a otra votación, y los que, además, se oponen a la reforma.
La coordinadora será un fiel reflejo de esa situación, con un punto añadido de coincidencia, las críticas al papel que ha jugado hasta ahora en el proceso la asociación de vecinos del Carmel, acusada de "oficialista". Una denuncia que saca a la luz las tensiones vecinales soterradas surgidas durante la crisis del hundimiento de un túnel de la línea L-5 del metro a su paso por el barrio.
En el lado de los que rechazan el plan están los afectados de la zona comprendida por las calles de Murtra y Alguer, y el pasaje de Santuaris. Ellos fueron los primeros en crear una plataforma, tal y como avanzó este diario, alegando que no viven en "infraviviendas".
AFECTADOS POR LOS BANCOS
El 90% son propietarios y aseguran que han invertido mucho dinero en la reforma de sus hogares en los últimos 20 años, lo que les lleva a rechazar la demolición que pretende el ayuntamiento. "El distrito dice que no estamos afectados hasta la aprobación inicial, pero los bancos no opinan lo mismo. ¿Quién compraría ahora nuestras casas?", se pregunta Fay Shelton, una de las propietarias.
En el vecino barrio de la Font d'en Fargues, en el pasaje de la Font de la Mulassa y la calle de Doctor Bové, hay 20 familias afectadas que también se oponen y se han constituido en plataforma. "Estamos muy bien en nuestras casas, de las que nos quieren expulsar para que promotores privados construyan viviendas adosadas y un bloque de 30 pisos", dice Jordi Castellà, un afectado.
Los vecinos de las cercanas calles de Passerell, Arbós y Montserrat de Casanovas, en el lado este del Carmel, se han agrupado también, al igual que ha sucedido con los del pasaje de Sigüenza, en el que hay 150 viviendas afectadas. En este último caso, la plataforma de afectados defiende la ejecución del proyecto, pero "con la máxima información y transparencia", según indica Pere Ferrer, residente de esta vía.
* El Periódico - ALBERT OLLÉS / ROSA MARI SANZ - BARCELONA - 9/4/2008
Foto: Un vecino del número 88 del pasaje de la Font de la Mulassa observa la zona afectada, ayer / RICARD CUGAT, elperiodico.com
NOTICIA RELACIONADA: El plan obliga a derribar unas 750 casas y a realojar a 1.900 vecinos - El Periódico - 9/4/2008
La OCU califica de "aberrante" obligar a las familias a hipotecar otros bienes si el precio de su vivienda cae
ELECONOMISTA* : Los bancos comienzan a ver las orejas al lobo. La caída de los precios de la vivienda está provocando que el valor de los inmuebles no cubra las hipotecas que hay sobre los mismos. Ante esta situación, el Gobierno está desarrollando un decreto para permitir que las entidades financieras puedan exigir a los consumidores que hipotequen otros bienes si el precio de su vivienda hipotecada desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%. Aunque esta ley ya existe, la OCU califica la medida de "alarmante, aberrante e inconstitucional".
Esta iniciativa del Ejecutivo aparece en el decreto que desarrolla la nueva ley del mercado hipotecario, según asegura el diario El Mundo en su edición de hoy. El rotativa mantiene que la ley hipotecaria se hizo para abaratar los cambios de estos préstamos, pero su desarrollo esconde esta medida.
En el citado decreto se puede leer lo siguiente: "Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza".
Situación comprometida
Los ciudadanos pueden verse en la situación de que el precio de su vivienda es inferior a lo que deben de hipoteca, por lo que podrían dejar de pagar su crédito o incluso acudir a la oficina bancaria a entregar directamente las llaves de su casa. Y aquí llegaría el problema para el prestatario, que se encontraría con un bien en su poder que no cubre la deuda del cliente.
Al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde los hipotecados sólo responden ante la entidad financiera con su vivienda, en España los bancos pueden acudir a la garantía personal, embargando otros bienes o incluso el sueldo de los morosos, pero los expertos aseguran que es muy difícil que un banco recurra a la garantía personal de un cliente para asegurarse el pago ya que tiene muy poco valor.
El decreto trata de de proteger a las entidades ante esta situación, por lo que la Organización de Consumidores y usuarios (OCU) ha acusado al Ejecutivo de "salvaguardar los intereses de la banca a costa de los usuarios".
Quejas de las asociaciones de consumidores
La portavoz de OCU Ileana Izverniceanu, califica de "alarmante, injusto, aberrante e inconstitucional" esta medida. En declaraciones a Europa Press ha asegurado que, de confirmarse esta información, "sería una catástrofe" porque "hay muchísimas familias que ya están ahogadas y no tienen de donde sacar otros bienes para hipotecar".
En este sentido, afirmó que se trataría de "una ley abusiva de cabo a rabo" que vulneraría los derechos constitucionales. "Lo que significa es cargarse de golpe y plumazo derechos tales como el derecho a la propiedad o el derecho a la libre contratación", aseguró.
"Se trata de una modificación unilateral de un contrato pactado en libertad entre un banco y su cliente. Y lo que no se puede hacer es que un banco decida mandar un tasador a una vivienda a la que ha concedido un préstamo y obligar al consumidor hipotecado a hipotecar otros bienes por valor de un 20 por ciento. Hacer esto de una forma unilateral es inconstitucional", subrayó.
Así, señaló que la OCU ha recurrido ante los tribunales alguna "medida parecida en contratos de adhesión de bancos" y los jueces siempre han fallado en favor de los consumidores porque entendían que se trataba de "cláusulas abusivas". "Pero esto no sería una cláusula abusiva de un contrato, sería una ley abusiva, que es mucho más grave", denunció.
La reacción de Ausbanc
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) denunció hoy que el sistema bancario español está "excesivamente protegido" por los poderes del Estado, y reclamó nuevas normas que potencien el equilibrio entre las entidades y sus clientes.
La asociación reaccionó así a informaciones sobre el borrador del real decreto de la Ley Hipotecaria, que permite a las entidades exigir a los prestatarios garantías adicionales en el supuesto de que el valor del bien hipotecado baje más de un 20%.
Ausbanc subrayó que esta posibilidad no es ninguna novedad, ya que está recogida en el real decreto de desarrollo de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario de 1982, aún en vigor, por lo que figura en los contratos de hipotecas de vencimiento anticipado.
El real decreto 685/1982 especifica que si el valor del bien hipotecado desmerece de la tasación inicial un 20%, la entidad financiera acreedora podrá exigir al deudor la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la diferencia entre el valor del bien y el crédito.
* El Economista - 7/04/2008
Foto: eleconomista.es
Acusan a altos cargos de prevaricación en el campo de golf de Alcalá
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ELPAÍS/Madrid* : La ONG Ecologistas en Acción ha denunciado hoy en un comunicado a dos directores generales de la Comunidad de Madrid y al alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González (PP), de ser "juez y parte" en el macrocomplejo de golf Alcalá Natura, ya que han emitido informes favorables al proyecto al tiempo que forman parte de su Consejo de Administración.
Ecologistas considera que los tres altos cargos -González, el director de Agricultura, Luis Sánchez; y el de Medio Natural, Miguel Allué-, pueden haber incurrido en un "presunto delito de prevaricación" y estudia emprender acciones por la vía penal.
El consejo de Gobierno de Madrid aprobó un plan especial para la construcción de un campo de golf en la localidad el 27 de septiembre de 2007. El campo, que tendrá dos recorridos de 18 hoyos cada uno, estará en la finca El Encín, propiedad del Gobierno regional y de 158 hectáreas. El plan nace a principios de 2005, cuando el entonces consejero de Economía, Fernando Merry del Val, anunció que su departamento promovería un gran centro de ocio, deportivo y urbanístico. El consejero pretendía edificar hoteles y salas de congresos en la zona en el suelo público.
Juez y parte en el proyecto
Según explica la ONG, la empresa pública Alcalá Natura 21 SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), se constituyó por autorización de acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de junio de 2005. A su juicio, esta empresa se creó "con el claro objetivo de transformar la finca pública de investigación agroambiental", El Encín, en un "macrocomplejo de golf" para ser gestionado por la empresa privada Desprosa. Los ecologistas explican que para conseguir este objetivo, la Comunidad de Madrid "despliega" todo un conjunto de actuaciones en las que están involucradas "personas claves" para que el proyecto salga adelante.
Merry del Val, de quien depende El Encín, es el socio único de la empresa Alcalá Natura 21 y, como tal, designa al Consejo de Administración que está formado, entre otros, por el director general de Agricultura, como presidente de Alcalá Natura 21, el alcalde de Alcalá, como consejero, y el director del Medio Natural, también como consejero. Los tres cargos públicos forman parte del Consejo de Administración de la empresa promotora del macrocomplejo de golf desde el año 2005, y, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, están "obligados a abstenerse de intervenir" en todo lo relativo al procedimiento promovido por Alcalá Natura 21, asegura Ecologistas en Acción.
"Muy al contrario", afirma la nota, "los tres cargos han sido juez y parte", ya que han desempeñado un papel esencial en la viabilidad del complejo deportivo, como lo es "modificar del Plan General de Alcalá" para autorizar el golf, ya que este "uso estaba prohibido expresamente". Dicho plan general, cuya modificación ya ha denunciado la ONG a nivel administrativo, consideraba la finca como "no urbanizable y de especial protección agropecuaria". Tanto el presidente -el director general de Agricultura-, como los dos consejeros -el director General del Medio Natural y alcalde de Alcalá- han participado "activamente" en el procedimiento al emitir informes favorables, sin los cuales hubiera sido imposible autorizar los proyectos de Alcalá Natura 21, sostiene la ONG. Además, recuerda la existencia de informes técnicos y jurídicos contrarios a la modificación puntual del Plan General de Alcalá y a la autorización del golf en la finca El Encín.
La respuesta de la Comunidad
Aseguran que en julio de 2006 el ex director de Urbanismo, Enrique Porto Rey informó favorablemente la construcción de diversas edificaciones en El Encín y la transformación del centro de investigación en hospedería tres meses antes de su dimisión. "Por esas fechas Porto Rey venía realizando trabajos, a título particular, para la empresa Prointec, empresa colaboradora de Alcalá Natura 21 en el proyecto de complejo de golf y también debería haberse abstenido de participar en el procedimiento", apuntan.
Desde el Gobierno regional, se ha pedido a Ecologistas que "no invente falsas acusaciones" sobre El Encín, ya que en su opinión "se está cumpliendo con la legalidad vigente, en materia urbanística, medioambiental y administrativa", y se está realizando "con total transparencia". La Comunidad subraya que el deber de abstención -contemplado en el artículo 28 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas-, existe sólo cuando se tienen "intereses personales" en alguno de los procesos, algo que no ocurre en este caso ya que se trata de "una empresa 100% pública", donde ambos directores generales están presentes para defender los intereses de los ciudadanos. El Ejecutivo regional recomienda a la ONG que "se estudie en profundidad las leyes" antes de lanzar falsas acusaciones.
* ELPAIS.com - Madrid - 08/04/2008
Foto: Alcalá de Henares (Madrid), terrenos finca de El Encín - L.Magán (El País)
Activistas que 'barren' en los tribunales
SOITU/Cantabria* : El reciente fallo judicial contra la estación de esquí de San Glorio ha dado una nueva victoria a la organización ARCA en los tribunales. Otra más. No existe otra asociación ecologista con más sentencias favorables como este pequeño grupo cántabro de 700 socios.
Para darse cuenta de la contundencia de su lucha ante las ilegalidades que afectan al medio ambiente basta repasar las resoluciones judiciales de demolición en su haber: 144 viviendas en playa de la Arena, 91 chalets en la Llana I, 22 chalets en Las Llamas II, 20 apartamentos en playa de Cuchía, un polideportivo municipal en San Vicente de la Barquera, una depuradora en Suances...
En total, esta organización cántabra creada en 1986 ha sacado ya de los tribunales sentencias en firme de demolición para casi 500 viviendas construidas de forma ilegal en Cantabria. Pero, además, hay otro medio millar de casas con una resolución de demolición que está pendiente de un fallo definitivo.
"¿Nuestro secreto? Las administraciones nos lo ponen facilísimo, pues están amparando negocios privados por encima del interés general", comenta Gonzalo Canales, presidente de ARCA, que desvela cómo sólo cuentan con un único abogado para las decenas de pleitos que tienen ahora mismo abiertos. "Puede asombrar, pero es que nosotros no tenemos la posibilidad de trabajar con todo un bufete".
Un sólo abogado (del que la asociación no da datos para evitar las presiones) no parece suficiente para explicar la enorme eficacia de esta organización dentro de la complicada maquinaria de la justicia. En realidad, la respuesta está en la propia forma de actuar de la asociación cántabra: "Nosotros orientamos todo desde el principio pensando siempre que vamos a llegar a los tribunales", comenta Canales, que hace tiempo que dejó de creer en otro tipo de vías distintas a la judicial. "En lo que son las alegaciones, las administraciones no nos hacen ni caso".
El último triunfo ha sido muy sonado. Nada menos que contra la estación de esquí de San Glorio, proyectada dentro de un espacio protegido de la Cordillera Cantábrica al amparo del Gobierno de Castilla y León. Y uno de los mayores frentes de lucha del conservacionismo español en los últimos años. En concreto, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaraba nulo el Decreto por el que la administración autonómica había modificado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina para anular la prohibición expresa de construir pistas de esquí.
"Estaba cantado que íbamos a ganar"
Este ha sido uno de los fallos judiciales que más satisfacción ha dado a los integrantes de ARCA, que hace dos años tuvieron que modificar sus estatutos para poder actuar en otra comunidad autónoma distinta a Cantabria. "Estaba cantado que íbamos a ganar", detalla Canales, que explica que el tribunal basa la sentencia en tres puntos: la importancia de la afección al espacio protegido, el que no estuviera justificada la modificación del PORN y la incorrecta tramitación de la modificación del PORN.
Como incide el presidente de ARCA, otras sentencias con un significado especial fueron la del Alto del Cuco, en Piélagos, o la de la depuradora de Vuelta Ostrera, en Suances. "La del Alto del Cuco era contra uno de los principales promotores del país, Fadesa, y la otra vino a inaugurarla la propia ministra de Medio Ambiente, pero a los dos meses teníamos sentencia de demolición".
Como es lógico, estas sentencias también han proporcionado a la organización muchos enemigos. Sin embargo, Canales lo tiene muy claro: "Nosotros no imponemos nada a nadie, sólo vamos a los tribunales a verificar que se cumpla la Ley".
Creada en 1986, la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) nació en principio para defender al oso pardo o al urogallo, pero sus integrantes pronto se dieron cuenta de que lo más urgente era detener la destrucción del territorio. Aparte de pasarse el día en los tribunales, su caballo de batalla ahora es que se cumplan las sentencias conseguidas. Como cuenta Canales, todavía no se ha demolido ni una sola del medio millar de viviendas con sentencia en firme.
* Soitu.es - CLEMENTE ÁLVAREZ - 07-04-2008
Foto: Viñeta humorística de la web de ARCA.
