,+ayuntamiento+-++efe.jpg)
ELPAÍS/Barcelona* : La gestión urbanística que se articuló en los últimos tres años en Santa Coloma de Gramenet a través de su constructora pública Gramepark -investigada por el caso Pretoria- está plagada de irregularidades. La auditoría encargada por el Ayuntamiento señala que al menos 29 adjudicaciones de la sociedad pública se realizaron de forma irregular desde 2007. Son contratos de obras y servicios, según el informe, que suman 35 millones de euros, de los que 26,3 corresponden a proyectos encargados a dedo.
La auditoría elaborada por Deloitte y a la que ha tenido acceso EL PAÍS destapa que en los dos últimos años de mandato del ex alcalde socialista Bartomeu Muñoz, imputado por el juez Baltasar Garzón, Gramepark encargó 29 proyectos saltándose las normas de contratación pública. Y lo hizo, según la auditora, sin "justificación". Los incumplimientos más graves son las adjudicaciones a dedo de 14 contratos, en alguna ocasión tapadas con procedimientos negociados -concursos restringidos- que eran irregulares porque superaban la cantidad de un millón de euros, el máximo permitido por la ley.
La constructora Proinosa, presidida por Josep Singla, que está en libertad bajo fianza por este caso, se llevó de manera directa tres de los mayores proyectos. La empresa se hizo con el garaje del edificio Cubics, que investiga Garzón como epicentro de la trama. Según el informe, el ex arquitecto Jordi Nadal, apartado por la Oficina Antifraude por trabajar simultáneamente para Proinosa, defendió que la constructora de Singla era "la única empresa" que podía ejecutar el garaje al estar construyendo ya los edificios. Gramepark se lo adjudicó a dedo por 2,28 millones.
Nadal emitió otro informe, según Deloitte, para adjudicar las obras del aparcamiento de la calle de Banús por 3,76 millones a Proinosa. Este contrato se realizó tras un procedimiento negociado que se publicitó en la web de Gramepark, cuando la sociedad fijó, de acuerdo con la ley, que sólo podía usar este proceso de adjudicación con obras de menos de un millón.La constructora Proinosa fue entre 2007 y septiembre de 2009 la primera adjudicataria de obras de Gramepark, según Deloitte. Se llevó contratos por 13 millones de euros. Entre ellos, un aparcamiento en la calle de Moragues que está investigando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Proinosa se hizo con el proyecto por 3,16 millones de euros a pesar de quedar por detrás de otra constructora. Lo mismo sucedió con otro garaje de la calle de Verdi, que quedó, con mucha diferencia, por detrás de Excover, otra empresa que también optaba a los trabajos. Aun así, Proinosa se quedó con las obras, por las que se embolsó 2,06 millones.
Proinosa, que fue la constructora que más proyectos ganó en los últimos tres años, no fue la única que recibió los presuntos favores de Gramepark. La segunda constructora, Faus, de la que Deloitte no obtuvo respuesta para elaborar la auditoría, se hizo con el proyecto de la plaza de Olimpo por más de seis millones de euros, pese al informe negativo de la interventora. Y la quinta, Gecoinsa, se llevó la construcción de un garaje en Can Franquesa por 1,7 millones tras un procedimiento negociado que excede lo legalmente previsto.
El informe de Deloitte, además, confirma la "sombra de sospecha" que, según la oposición de Santa Coloma, hay en la obra pública que impulsó el ex alcalde Muñoz. Porque incluso proyectos tan emblemáticos para la ciudad como el Front Fluvial aparecen salpicados. La auditora detecta un sobrecoste "no contemplado" de 1,94 millones en una promoción de vivienda pública que facturó Construcciones Edisan, vinculada al presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, que continúa en prisión.
Además de esos contratos, Deloitte señala que tampoco salieron a concurso los encargos de varios proyectos de redacción y dirección de obras. La concurrencia, en este caso, es obligatoria cuando superan los 50.000 euros. En tres casos, el adjudicatario fue Borja Carreras Moisy, ex director general de Arquitectura y Vivienda con Felipe González y ex gerente de Urbanismo de Barcelona. Estos contratos, que suman 1,13 millones, siempre se dieron "de forma directa", según la auditora.
Las irregularidades van más allá de las adjudicaciones directas. La auditoría, cuyo diagnóstico coincide con el de la Oficina Antifraude, advierte de que el Ayuntamiento encargó obras sin el encargo específico del Consistorio, "amparándose en el convenio marco firmado entre el Ayuntamiento y la sociedad", así como en las "aprobaciones de la junta de gobierno", algo que el informe rechaza. Asimismo recuerda que la ex interventora Maite Carol ya emitió informes negativos sobre estas operaciones, que en este periodo sumaron 835.000 euros. Sin embargo, la consultora no evalúa su impacto económico, legal o financiero, por quedar fuera "del alcance del trabajo" encargado. El último bloque de irregularidades corresponde a proyectos que se licitan antes de que termine el plazo de exposición pública. De acuerdo con el informe, así se adjudicaron 10 contratos de obras y servicios que sumaban 7,39 millones de euros. En la mayoría de estos casos, sin embargo, se da más de una irregularidad. Por ejemplo, en el caso del contrato de urbanización del pasaje de Caralt, de 309.000 euros, no sólo no se licitó antes de que terminara el periodo para informar a los ciudadanos, sino que incluso se dio el contrato de ejecución. Y en el caso de la urbanización del centro de educación Primavera, sin encargo local, el informe sobre el análisis de las plicas es anterior a la reunión de la mesa de contratación.
A fecha de 30 de septiembre, la deuda de Gramepark era de 60 millones de euros. Esta cantidad es 15 millones inferior a la que el juez Baltasar Garzón anunció en su primer auto sobre el caso Pretoria. Ello se debe que el magistrado incluyó también proyectos que debían empezar a ejecutarse a finales de año.
* ELPAIS.com - 12.03.10
Foto: Santa Coloma (Barcelona), ayuntamiento - efe
Santa Coloma: Gramepark adjudicó 29 proyectos de forma irregular por valor de 35 millones de euros
El cerco contra el urbanismo ilegal se salda con tres implicados en Coín
,+edificaciones+ilegales+-+malagahoy.es.jpg)
MÁLAGAHOY* : La lupa del urbanismo ilegal se centra ahora sobre Coín. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del municipio, Andrés Mérida (PA), el secretario municipal y un promotor están supuestamente implicados en un nuevo caso destapado por la Guardia Civil. Están acusados de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad documental y desobediencia.
El motivo: la construcción supuestamente irregular de un alojamiento rural sobre una antigua granja-escuela sin la correspondiente licencia, sin un proyecto y sobre suelo rústico.
El juzgado de instrucción número 3 de Coín recibió el pasado martes las diligencias presentadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que inició la investigación hace más de un año. Según explicaron a este periódico fuentes judiciales, los hechos se remontan a febrero de 2008 cuando el promotor implicado inició presuntamente unas obras sobre la antigua granja-escuela del municipio, ubicada en el paraje conocido como Cortijo Benítez y que llevaba en desuso casi veinte años. Al parecer, la Policía Local de Coín fue la primera en percatarse de la presunta irregularidad de esta obra en la que se aprovechó la existencia de tres naves localizadas en una parcela de algo más de mil metros cuadrados para levantar sobre ellas edificaciones hormigonadas y distribuidas por dentro en pequeños apartamentos, decorados con todo tipo de detalles de lujo como suelo de mármol e incluso un jacuzzi, además de una enorme piscina en el exterior.
Las mismas fuentes aseguraron que el concejal de Urbanismo fue presuntamente informado de la situación en ese momento, aunque al final la Policía Local no llegó a levantar acta de denuncia contra el promotor ni el Ayuntamiento inició un expediente sancionador ni de paralización de la obra. Hasta que el Seprona no se percató de la existencia de la obra y advirtió de la presunta irregularidad en mayo del año pasado, según fuentes judiciales, el Ayuntamiento de Coín no publicó un decreto para parar los trabajos.
Sin embargo, las obras continuaron a pesar de la denuncia de la Guardia Civil, que descubrió meses más tarde en una inspección rutinaria en helicóptero que los operarios seguían trabajando en la zona y que las distintas edificaciones estaban casi terminadas. La investigación que se inició entonces concluyó con que los servicios técnicos municipales no habían realizado ninguna inspección a la obra durante ese tiempo y que no había constancia escrita de que debía hacerse ese seguimiento por tratarse de una obra en suelo rústico que no contaba con licencia municipal ni con un proyecto previo que la avalara.
Las fuentes insistieron en que el Ayuntamiento de Coín no remitió hasta septiembre la documentación requerida por los agentes del Seprona sobre el desarrollo de esa edificación y que "en ese tiempo se intentó regularizar la situación". De hecho, a principios del pasado mes de octubre el equipo de gobierno del municipio, formado por el PSOE y el PA, aprobaron la admisión a trámite del proyecto de actuación sobre la antigua granja-escuela por su interés social.
Según las diligencias que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Coín, el promotor está acusado de los presuntos delitos de ordenación del territorio por construir sobre suelo rústico sin licencia y por desobediencia al no haber acatado la supuesta orden de paralización que emitió el Ayuntamiento de Coín el 14 de mayo de 2009. Al secretario municipal, en cambio, se le acusa de un presunto delito de falsedad documental, mientras que al concejal de Urbanismo se le imputa además un delito de prevaricación por omisión.
Sin embargo, el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del municipio, el andalucista Andrés Mérida, aseguró que ha actuado "desde la más estricta y absoluta legalidad" y confió "plenamente" en que las diligencias iniciadas por el juzgado sean archivadas. El alcalde del municipio, Gabriel Clavijo (PSOE), prefirió no pronunciarse de momento sobre el caso.
Los tres implicados, que declararon hace unas semanas ante la Guardia Civil como detenidos, quedaron en libertad a la espera de que comparezcan ante el juez que instruye el caso.
* Málaga Hoy - 12.03.10
Foto: Edificaciones presuntamente irregulares construidas en el paraje Cortijo Benítez de Coín. - malagahoy.es
Madrid entrega suelo público a cuatro religiones
PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Madrid ha cedido de forma gratuita cuatro parcelas de suelo público a sendas congregaciones religiosas (Testigos Cristianos de Jehová, y las iglesias evangelista, bautista y ortodoxa rumana). Esta promoción, la primera que sacó a concurso público el consistorio, en 2009, entregará espacios con valores que oscilan entre los 1.502.274,14 euros y los 1.035.340,14 euros. La adjudicación de una quinta parcela ha quedado desierta.
La promoción cuya cesión definitiva se publicó el martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid pretende compensar a congregaciones que aún no se habían beneficiado de las concesiones municipales.
41 parcelas del arzobispado
En 1997, el ayuntamiento se comprometió a entregar al Arzobispado de Madrid 41 parcelas por un periodo de explotación máximo de 75 años. "En algunas aún no se ha construido ni desarrollado ningún proyecto", denuncia el portavoz de Urbanismo del PSOE en Madrid, Daniel Viondi. Trece años después de su adjudicación oficial, siete de los terrenos siguen sin edificarse.
El concejal socialista denuncia que en dos de las parcelas la Iglesia católica proyecta la venta de plazas de aparcamiento. "No sólo se les ha regalado el suelo, sino que también se les permite ahora sacar un provecho lucrativo", critica Viondi. Denuncia, asimismo, que la Administración también da un trato de favor al clero en la tramitación de sus documentos, "mucho más rápidos que para el resto de las personas".
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001 impidió la cesión directa de terrenos municipales (lo que ocurrió en 1997). Desde entonces, se dejaron de entregar a dedo.
Una vez alcanzada esta meta, el objetivo de la oposición es que el equipo de Gobierno municipal bloquee la entrega de espacios gratuitos a los credos, sobre todo en zonas que carecen de servicios sociales básicos.
Las otras congregaciones que han recibido en alguna ocasión terrenos gratis en Madrid fueron la Comunidad Marroquí Musulmana (en 1986), la Liga del Mundo Islámico (1989) y la Unión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (2001).
* Público - 12.03.10
Foto: Madrid, protesta contra el miniVaticano (archivo) - publico.es
El fiscal investiga viviendas de tres ediles de Alhaurín el Grande
ELPAÍS/Málaga* : La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer si tres concejales del equipo de gobierno en Alhaurín el Grande, del PP, han podido cometer un delito al construirse sus viviendas en suelo rústico no urbanizable. La investigación judicial intentará aclarar si las viviendas en cuestión han sido construidas sin ningún tipo de licencia o autorización, o si fueron autorizadas por el Ayuntamiento en contra de la legislación urbanística y de las propias normas del planeamiento local.
Las diligencias se han abierto en tres casos independientes, por decreto del fiscal encargado de los delitos contra la ordenación del territorio, Juan Calvo-Rubio, firmado el pasado 2 de marzo, en el que da por "comprobada la existencia de una serie de indicios que hacen pensar en la posible existencia de hechos delictivos". Se da la peculiaridad de que uno de los ediles implicados es el responsable de Seguridad Ciudadana, Sebastián Burgos -que precisamente tiene entre sus cometidos la disciplina urbanística en el suelo no urbanizable- que se construyó dos viviendas en la misma parcela.
Los otros dos ediles implicados son la primera teniente de alcalde, Antonia Ledesma, que tiene inscrita la vivienda construida de forma presuntamente irregular y en la que reside habitualmente a nombre de sus padres; y Diego Burgos, concejal de Medio Ambiente, que tiene la vivienda a nombre de su esposa en el Registro de la Propiedad, pero sin dar de alta en el catastro.
Además, otra concejal, Josefa Brescia, está pendiente de la próxima celebración de un juicio oral por la construcción en suelo rústico no urbanizable de la vivienda en la que reside habitualmente, caso por el que un juzgado de Coín abrió diligencias en 2006.
Ninguno de los concejales implicados quiso ayer pronunciarse sobre la apertura de diligencias penales. El alcalde, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, están acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el denominado caso Troya por el presunto cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos.
* ELPAIS.com - 12.03.10
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento (archivo)- J.Domínguez, EFE
´España corre el riesgo de acabar como la Italia de la operación ´Manos Limpias´
LAPROVINCIA* : El creciente protagonismo judicial en el urbanismo y la gestión del territorio en España centra esta entrevista -primera entrega de una serie periodística- con Luciano Parejo, uno de los 'nombres propios' del urbanismo en España. Asunto caliente, espinoso, de múltiples dimensiones y repercusiones sociales, Parejo entra en materia sin dilación y con su acostumbrada contundencia. El asunto a analizar es la creciente intervención de la justicia en el urbanismo en España. En síntesis, en lo que toca a castigar la corrupción y a proteger el medio ambiente, es genial; no tanto lo es ya la tendencia paralela a sustituir al poder ejecutivo en planificar el territorio.
- Bueno, lo que hay en la actualidad es una cierta confusión [en el ámbito judicial] al respecto: Sintetizando mucho, hay un proceso de quiebra de las relaciones coherentes entre el derecho administrativo y el penal y, por lo tanto, entre ambas jurisdicciones. Como cada vez más el derecho penal utiliza conceptos del administrativo se produce un solapamiento. Me ha impresionado una reciente sentencia del Supremo que condena penalmente a un alcalde de Mallorca por haber autorizado una vivienda en suelo rústico. Esa sentencia hace una serie de consideraciones y sostiene que como el derecho administrativo no sirve, pues no funciona nada, como el sistema administrativo no reacciona [ante las vulneraciones], lo que es cierto en gran medida, entonces tiene que intervenir la justicia penal y vamos a condenar ejemplificadora mente. Seguramente el alcalde se merecía la condena, pero no está claro esta extensión del alcance penal. Aquí la justicia penal actúa abandonando su posición tradicional de ser la última ratio, el principio de limitación.
- A su juicio, pues, más parece una dislocación penal de los conflictos administrativos.
- Por eso digo. Y, claro, ahí se produce una pérdida de la seguridad jurídica. Está bien que, si existe un vacío, digamos, el derecho penal dé respuesta, como usted decía, pero en tanto que es una alteración, ésta lo es a veces con serias consecuencias.
- ¿Por ejemplo?
- No obstante, hay delitos urbanísticos y medioambientales tipificados penalmente. Ese margen parece estar reglado...
- Pero, por ejemplo, cuando hay decisiones discrecionales, como una calificación de suelo o un convenio urbanístico, el juez penal puede interpretarlo al margen de la lógica jurídico-urbanística, no teniendo en cuenta los límites de la validez e invalidez desde el punto de vista administrativo. Y califica directamente actos lícitos administrativamente desde el código penal, considerándolos como delito.
- Pues parece muy distorsionante del Estado de Derecho.
- Sin duda, y si queremos que las cosas vuelvan a funcionar bien tenemos que restablecer el orden, por así decirlo. No negar a lo penal lo que es penal, sin duda, porque si perdemos eso estamos perdidos, pero que el penal no actúe distorsionando.
- De todas formas esto sucede porque se ha dado una situación excepcional de corrupción urbanística en esta fase de globalización turística española.
- Por supuesto. La culpa no la tiene el sistema penal, que viene a cubrir un vacío, insisto. Y en el origen está que el sistema administrativo se ha ido degradando, porque se ha planteado a la Administración normativamente como un ser monstruoso frente al cual hay que establecer todo tipo de garantías en favor del ciudadano. Sólo se ve desde esa óptica mala, cuan do la mayoría de sus actuaciones tienden a facilitar la vida al ciudadano.
- Pero esa es una perspectiva siglo XIX. La lógica interna del desarrollo de la jurisprudencia lo arrastra anacrónicamente a un tiempo en que prima el interés general. ¿No hay cierto divorcio de la realidad?
- Sí es cierto que la relación entre derechos individuales e interés general no está bien representada en el ámbito del urbanismo y las sentencias. Lo que pasa es que la lógica del juez es distinta porque el sistema está distorsionado. Aquí, por la degradación del funcionamiento de las administraciones públicas, cuando un ciudadano recibe una notificación lo primero que piensa es dónde tiene que recurrir. Entonces colocamos a los jueces en una posición que no le corresponde, forzándolos a que sean los únicos que toman decisiones. Cuando se deja todo en sus manos aparecen los 'salvadores', y a veces mueren justos por pecadores. España corre el riesgo de acabar como en la Italia de los ochenta, con fenómenos como el de 'Manos Limpias'.
- Con todo, también es cierto que el abuso de posición dominante de, por ejemplo, ayuntamientos en su relación con el ciudadano a veces es tremendo.
- No, por supuesto. Y cuando es así hay que ir con todas las de la ley contra la Administración. El problema es que sólo se ve esa dimensión. Y en este punto, vuelvo atrás, el juez juzga un caso concreto, no puede velar por el cumplimiento general de las normas. Es la Administración la que debe hacerlo. Y no lo hace. Es más, el juez ve el caso particular frente a una definición desastrosa del interés general que ha habido en España. Y claro, al final, por ejemplo, ejecutar una sentencia de demolición de una vivienda ilegal hoy es casi imposible, porque hay una resistencia ciudadana, todo muy degradado.
- Vayamos ahora a la discrecionalidad del juez en relación con el planeamiento urbanístico. ¿Ve correcto que se paralicen, como ocurre en Canarias, un montón de planes generales por cuestiones de forma?
- Depende. Como se sabe, un plan general es algo muy complejo, en el que concurren infinitos intereses y variables. La mala realización de una información pública, por decir algo, en cuanto que omite la participación ciudadana, que es capital, pues es motivo de paralización. Y ésta es una cuestión de forma.
- De forma sí pero no formal.
- Del mismo modo cuando la Administración tiene que adoptar decisiones discrecionales, la observancia del procedimiento es la única garantía. Ahora bien, otra cosa es la búsqueda forzada, otorgando relevancia a un vicio formal que no sea esencial, para decidir la paralización de un plan, eso no es correcto.
- Pero se hace.
- Sí, se hace. Es humano [risas]. No, no, mire, se trata de una patología que debe erradicarse.
- ¿Qué le parece el criterio de lucro cesante por el cual se han calculado las indemnizaciones millonarias por la moratoria turística en Canarias?
- El margen que tiene el urbanismo para determinar las valoraciones es en caso de expropiación. Pero esas sentencias, creo, hacen referencia a la cuestión de la responsabilidad patrimonial. Y ahí hay una ley general con un sistema libre de valoración. Lo que ha hecho la nueva ley del suelo para evitar valoraciones exageradas cuando el empresario invoca que le han enervado no un suelo sino la actividad empresarial que iba a desarrollar en éste es que la actividad que invoque sea sólo la contemplada en el plan general cuando se adquirió el suelo. Y luego que esas indemnizaciones procedan en el caso de que se haya invertido, se haya iniciado la urbanización, movilizado recursos o, por ejemplo, se haya pedido un crédito y éste se haya perdido y fuera indispensable. Daños acreditados, vamos. La mera expectativas no es indemnizable. Y no lo era ya en la anterior Ley del Suelo, la de 1992. Los jueces están muy sensibilizados con la afección de la propiedad privada pero se exceden. Hay que ver también el interés general.
* La Provincia - Entrevista - 5.03.10
