Lezama impulsa a hurtadillas otro plan urbanístico tras el escándalo

ELPAÍS/Vizcaya* : El Ayuntamiento de Lezama ha impulsado a hurtadillas un nuevo plan urbanístico para el municipio, tras la polémica suscitada con la recalificación de los terrenos de la familia de la alcaldesa, la peneuvista Alaitz Etxeandia. El consistorio aprobó el inicio del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) el pasado 15 de marzo en un pleno extraordinario que había sido convocado de urgencia tres días antes, justo la jornada (el 12 de marzo) en la que el EL PAÍS desveló un acuerdo de los Etxeandia con dos constructoras que les pagan 5,3 millones por la venta de sus terrenos, ocho meses antes de que se recalificaran.

Aquella sesión fue justificada por la alcaldesa para acceder a las subvenciones que otorga la Diputación al desarrollo de planes urbanísticos. Y el único acuerdo adoptado, sólo con los votos favorables del PNV, que tiene 8 de los 10 corporativos, fue la adaptación del PGOU a la ley del Suelo. Ni la edil del PSE ni la de EB se enteraron que se aprobaba iniciar los trámites para un nuevo plan urbanístico.

Entonces y en los siguientes días, este diario contactó con el Ayuntamiento de Lezama para que explicara el acuerdo adoptado. "Lo que se hizo fue tomar el acuerdo de formulación del Plan General para adaptarlo a la Ley del Suelo de 2006", señaló reiteradamente un portavoz, sin aclarar si era una normativa y si suponía derogar el actual o mantenerlo.

La puesta en marcha de un PGOU, el principal instrumento de gestión de un ayuntamiento junto a los presupuestos ya que marca el desarrollo futuro de la localidad, no se adoptó además previamente en una comisión de Urbanismo, lo habitual en todo tipo de asuntos relacionados con el urbanismo, como se expresa en los reglamentos orgánicos municipales. "La explicación es que busquen dar cobertura a los nuevos aprovechamientos, entre ellos los terrenos de la alcaldesa, en caso de que se anulen definitivamente las normas actuales. Es un mecanismo que se ha utilizado en otros sitios, como en Tarragona, para no cumplir sentencias que anulen planes, aunque han sido luego otra vez anulados por el Tribunal Supremo".

El actual planeamiento urbanístico de Lezama está en vigor desde octubre de 2007, pero fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia el pasado año (ha sido recurrido por el ayuntamiento y la Diputación de Vizcaya ante el Supremo), y debería tener una validez durante cerca de 10 años. "Extraña que al de dos años se saquen otro plan", afirman los expertos consultados.

La confirmación de que se impulsa un nuevo plan vino el pasado 28 de abril, cuando el ayuntamiento convocó a la apertura de las plicas para contratar a los redactores del documento. El pasado viernes, durante el primer debate en las Juntas Generales sobre la polémica recalificación, la diputada vizcaína de Urbanismo, Pilar Ardanza, dijo, textualmente: "Ahora no hay en la Diputación ningún expediente urbanístico pendiente del Ayuntameinto de Lezama".

Ardanza no respondió a la pregunta de la juntera de Ezker Batua, Ana Tellería, sobre si el consistorio ha solicitado subvenciones para la elaboración del PGOU, una petición que siempre es tramitada por los municipios. El asunto fue comentado, en el mismo debate, por la representante del PSE Susana González, quien calificó de "esperpéntico" que la alcaldesa haya dicho en un pleno que no sabía de quiénes eran los terrenos de su familia, que el único proyecto urbanístico desarrollado en Lezama sea éste -el contrato firmado con las constructoras obliga a concluir los trámites urbanísticos en 2011 y, si no, deben reintegrar lo cobrado- y que exista un auto judicial explicando el acuerdo privado anterior a la recalificación. "No es esperpéntico a la vez que se ponga en marcha un nuevo plan general. ¿No es eso un despilfarro?".

El caso de los terrenos de los Etxeandia ha causado una revolución en Lezama, un pequeño municipio de 2.400 habitantes. Aunque el PNV no ha emitido ninguna declaración pública de apoyo e incluso la Diputación de Vizcaya apoyó la apertura de una investigación oficial por parte de la Fiscalía, en marcha desde marzo, los nacionalistas han cerrado filas y han vuelto a presentar como candidata a la alcaldía a Etxeandia, que lleva tres años en el cargo.





* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com

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Madrid: Pelotazo urbanístico para un amigo del número tres de Aguirre

PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Valdemoro, gobernado por el PP, ha puesto en bandeja un pelotazo urbanístico a un promotor inmobiliario cercano al número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre y secretario general del partido en la comunidad, Francisco Granados. El pelotazo, que los socialistas cifran en más de 15 millones de euros, tendrá una consecuencia directa para los habitantes de este municipio de 62.000 habitantes: las 693 viviendas que, en una nueva zona de expansión, habían sido calificadas como de protección pública básica, es decir, las más baratas, han pasado a tener la categoría de viviendas de precio limitado, lo que encarece su precio y dispara el beneficio, dado que los costes, según los socialistas, apenas varían.

La modificación, acusa el PSOE, se hizo vulnerando la legislación urbanística y provocará que cada piso cueste en torno a 40.000 euros más.

El principal beneficiario del cambio introducido por el Gobierno local del PP en esa zona, conocida como Las Zanjas Norte, es el promotor David Marjaliza. El consejero Francisco Granados y alcalde de Valdemoro hasta 2003 le vendió en 2006 un chalet en Marbella y, en 2007, un terreno heredado de su familia. Ese mismo año, una empresa en la que participan socios de Marjaliza entregó al Ayuntamiento de Valdemoro un local de 4.000 metros. A cambio, y en concepto de permuta, el consistorio compensó a la empresa con suelo para construir 129 viviendas de venta libre.

Caso Gürtel

Marjaliza fue presidente local de NNGG y concejal del PP en Valdemoro hasta 1995. Granados, Marjaliza y el actual alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, son amigos de juventud. En una de las conversaciones intervenidas en el caso Gürtel, el ejecutivo de un grupo inmobiliario asegura a un ex concejal del PP que Marjaliza es "el tapado de Granados".

La modificación del plan parcial de Las Zanjas Norte se hizo sin informe previo de la Comisión regional de Urbanismo pese a que la ley así lo exige si la modificación altera la llamada ordenación de usos pormenorizados, por ejemplo, el tipo exacto de vivienda que su puede construir. El PP vetó hace tres semanas en la Asamblea de Madrid una pregunta sobre este asunto formulada por el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.

Si hay denuncia, "se estudiará"

A preguntas de Público, un portavoz de la Consejería de Ordenación del Territorio subrayó que la comunidad no conoce el nuevo plan parcial dado que la ley otorga la potestad para su aprobación a los municipios cuando su población supera los 15.000 habitantes. Y añadió que, si se produce alguna denuncia ante el departamento de disciplina urbanística, la consejería "estudiará" el referido plan parcial para comprobar si se ajusta al plan general de Valdemoro. Si hay alguna irregularidad, "se actuará", dijo el citado portavoz.

La modificación del plan parcial fue aprobada definitivamente por el Gobierno local del PP el pasado 16 de marzo. La iniciativa de cambio partió de la junta de compensación de la zona, que agrupa a los propietarios de suelo y está presidida por Marjaliza como titular mayoritario. Los dueños de los terrenos argumentaron que, si se les obligaba a construir sólo viviendas con protección pública básica, ganarían menos dinero.

Este diario preguntó al Ayuntamiento de Valdemoro por qué, en un momento de crisis lacerante, accedió a encarecer el precio de la vivienda protegida. No hubo respuesta. "Están desvirtuando la defensa del interés general y primando el beneficio de los promotores", acusa el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo. La portavoz del PSOE en Valdemoro, la edil Margarita Peña, ya recurrió hace dos meses la nueva redacción del plan parcial de Las Zanjas Norte.

Carlos de Santiago, portavoz de David Marjaliza, precisó que el promotor posee el 60% de los suelos de Las Zanjas Norte. Admitió que las viviendas de precio limitado son más caras pero aseguró que no ha habido ningún cambio sustancial en el plan. Y negó que el beneficio adicional se cuantifique en 15 millones, pero no dio cifras.

Un dictamen obligado por la Ley del Suelo

La Ley del Suelo de Madrid establece que cualquier cambio que altere la llamada ordenación pormenorizada de una zona (el tipo exacto de viviendas, por ejemplo) requiere el dictamen previo de la Comisión de Urbanismo de la comunidad. En este caso, no existió tal dictamen. Esa misma ley establece que, en cada área de suelo urbanizable, el 45% de las viviendas proyectadas deben gozar de algún tipo de protección pública. Y que sólo una de cada cuatro viviendas protegidas puede ser de "precio tasado", figura ahora equivalente a la de precio limitado. Tras el cambio aprobado en Valdemoro, el 100% de las viviendas protegidas de Las Zanjas Norte se venderá en la categoría de precio limitado. Una portavoz del consejero Francisco Granados aseguró que el número tres de Aguirre nada tiene que opinar al respecto.





* Público - 30.05.10
Foto: Esperanza Aguirre junto a su número tres en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. - G. del Río, publico.es

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Valencia: Anticorrupción investigará a «más de medio centenar» de altos cargos de Camps

LAVERDAD* : «Ahora comienza la investigación con mayúsculas». La frase es de uno de los máximos responsables de la investigación del 'caso Gürtel' el pasado jueves, horas después de que se conociera que el juez Antonio Pedreira enviaba a Valencia parte del sumario al constatar que hay indicios delictivos que apuntan a varios aforados de esa comunidad. Anticorrupción pidió esa inhibición, a su pesar, porque de no acelerar la instrucción en Valencia el delito electoral -financiación irregular- podría prescribir. La Fiscalía quería esperar hasta recibir de la Generalitat la relación de los responsables de 17 departamentos del Gobierno de Francisco Camps que contrataron con las empresas de Francisco Correa, según constató la Intervención General del Estado.

Esos contratos van a ser el origen de una parte de la investigación que Anticorrupción ultima para Valencia si, como se espera, el nuevo instructor del caso, José Flors, decide unificar el 'caso de los trajes' con la pieza del sumario remitida desde Madrid la pasada semana. A la espera de recibir los nombres de los consejeros, presidentes y directores de los departamentos de la Generalitat, la Fiscalía cifra en «más de medio centenar» los altos cargos que van a ser investigados y, quizás en breve, imputados.
A falta de esa lista, desde enero la Fiscalía Anticorrupción tiene encima de su mesa un listado de 17 nombres, entre ellos Camps y varios de los miembros de su Gobierno, para pedir su imputación por «cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal». Con esa panoplia de acusaciones, avisan los responsables del caso, la investigación se va a prolongar «meses, si no años».
Anticorrupción, siempre que Flors acepte, va a emplear el sistema que ha utilizado en Madrid para expurgar las cuentas, movimientos financieros, patrimonio y declaraciones de Hacienda de los sospechosos, entre los que hay aforados, pues la Fiscalía cree que entre los firmantes de los contratos bajo sospecha van a aparecer consejeros de Camps «sin ningún género de dudas».
Cinco departamentos
Para esta investigación, como se hace en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se repartirá el trabajo entre cinco departamentos: la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, el servicio antiblanqueo del Banco de España (Sepblac), la Intervención General del Estado y el Consejo General del Notariado.
Esta investigación de los contratos persigue afianzar dos de los delitos que Pedreira estima que pudieron cometerse: cohecho y prevaricación. Y quizás un tercero: asociación ilícita.
El segundo eje que va a alargar la investigación en Valencia durante meses, aunque es algo más sencillo de que el de las adjudicaciones, según admite la UDEF, es la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana y los ilícitos conexos a ese «delito electoral»: falsedad documental, blanqueo de capitales y delitos contra el fisco. Éste último preocupa a los expertos de Hacienda, ya que en algunos casos estas irregularidades están cerca de prescribir. La Agencia Tributaria y los especialistas de la Policía Judicial, hasta el momento, sólo han estudiado el ejercicio de 2007, en el que ya han detectado un posible allegamiento de fondos 'opacos' al PP de 345.200 euros de empresarios afines al partido.
Quedan por esclarecer otros 2,5 millones de euros que aparecen a nombre de la formación en los libros de Orange Market y cuyo pago no figura en los asientos.
Prescripción
El objetivo de la ONIF, una vez que la Policía remita sus nuevos atestados, es estudiar 2008 y los primeros meses de 2009. El resto de los ejercicios, por ahora, no son prioritarios, ya que cualquier irregularidad anterior estaría prescrita en el plano fiscal, que no en el penal. Aun así, la UDEF cree imprescindible expurgar también los ejercicios de 2004, 2005 y 2006 para comprobar si hubo condonaciones de deuda del PP por parte de la trama y si éstas se tradujeron en favores por parte de la administración, un nexo -financiación irregular-contratos irregulares- que no se ha probado aún.
En el punto de mira de esta parte de la investigación hay una decena de personas -seis empresarios, cuyas cuentas ya han comenzado a estudiarse en Madrid al no ser aforados y cuyos datos serán entregados al tribunal de Valencia una vez acepte la inhibición- y Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización de la formación en Valencia; Yolanda García, diputada autonómica y tesorera del PP valenciano, y Cristina Ibáñez, gerente del partido.
Entre las primeras diligencias que Anticorrupción reclamará a Flors estará la de rastrear todos los movimientos económicos de estos aforados. La única sin protección parlamentaria es Ibáñez y sus cuentas ya han comenzado a auditarse.
Así las cosas, los responsables de la investigación y la Fiscalía Anticorrupción creen que Flors podría enfrentarse a una investigación «aún más compleja que la abierta en Madrid», pues la rama de la supuesta financiación irregular nunca ha aparecido en las filas de Esperanza Aguirre. Flors, anticipan las fuentes, como ya hiciera Pedreira, va a necesitar crear «con toda probabilidad» una unidad de auxilio judicial, con la adscripción a su juzgado de inspectores de Hacienda y miembros de la Intervención del Estado para gestionar la avalancha de decenas de miles de folios que se avecina.

NUEVOS DELITOS CON AÑOS DE CÁRCEL

Cohecho agravado
Prisión de dos a seis años. Inhabilitación para empleo o cargo público de siete a doce años. Incurre en este delito del 419 del Código Penal «la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere dádiva o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito».

Delito contra Hacienda
Está castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión. Conlleva además el pago de una multa equivalente a una sexta parte de la cantidad defraudada. Incurre en este ilícito «el que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, exceda de 120.000 euros».

Prevaricación
Esta actitud delictiva está castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público entre siete y diez años, pero no lleva aparejada la pena de privación de libertad. Incurre en este delito, según el artículo 404 del Código Penal, aquella «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».

Falsedad documental
Esta castigado en la normativa vigente con entre tres y seis años de cárcel, y también acarrea la inhabilitación especial para su autor entre dos y seis años siempre que el que cometa la falsedad sea una autoridad o un funcionario público. Pero si el autor del delito es un ciudadano particular, la pena es, según el artículo 392 del Códio Penal, de de seis meses a tres años de prisión.

Blanqueo de capitales
Pena de prisión de seis meses a seis años e inhabilitación de uno a tres años. Incurre en el delito el que «el que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos».

Asociación ilícita
De uno a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público entre seis y doce años. Incurren en el ilícito los que pertenezcan a organizaciones que «tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada».

Delito electoral
Está castigado con prisión menor y multa de entre 180 y 18.000 euros. Incurren en este delito aquellos «administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables».





* La Verdad - 31.05.10
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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Las Palmas: Las pistas del 'caso Canódromo'

CANARIAS7* : La investigación judicial del convenio urbanístico del Canódromo dará un giro radical en los próximos meses. El juez que lleva el caso quiere reunir todos los detalles de la operación financiera. Una denuncia vecinal exige que se aclare si hubo malversación de fondos públicos, entre otras cosas. La investigación judicial sobre el Canódromo acaba de empezar. Nueve años después de que se iniciaran los trámites del convenio urbanístico más polémico de los años del PP en el gobierno municipal, y después de anulados todos los procedimientos urbanísticos que se aplicaron en este caso, el juez quiere despejar la incógnita que todavía les queda a los vecinos.

«Queremos saber por qué la ciudad no obtuvo el beneficio que se llevaron los intermediarios», explica Ángeles Sánchez, presidenta de Avecalta y promotora de todas las denuncias que han salpicado el caso.
En términos económicos, lo que el Ayuntamiento no vio fueron los 9 millones de euros que obtuvo de beneficio la empresa Urbacan, que se había hecho con una opción de compra en el año 2000. Un paso decisivo para convertir la parcela de 20.009 metros cuadrados en lo que hoy es el parque más grande de Schamann. Porque todos los planes generales de la ciudad siempre dibujaron un parque en ese solar, pero nunca hubo acuerdo hasta que llegó su último propietario.
El concejal de Urbanismo de entonces, Juan José Cardona, fue el encargado de la negociación y de la firma. El precio quedó fijado en noviembre del mismo año 2000; el convenio final se firmó el 2 de abril de 2002, y en junio se había pagado el primero de los plazos; la parcela registrada con el número 52.103, ubicada en Las Torres (junto al Hospital Doctor Negrín), y hoy urbanizada como Mirador de la Pradera. El Ayuntamiento la tasó en 3 millones de euros, y seis días después de que Urbacan la inscribiese a su nombre, la vendió a Realia por 7,5 millones de euros; obtuvo 4,5 millones de euros de plusvalías.
El segundo pago siguió un proceso simétrico; en diciembre de 2003, cuando ya era alcaldesa Pepa Luzardo, se inscribió a nombre de Urbacan la finca registral número 77.838, la llamada Esquina del Canódromo donde hoy se levantan las torres. Estaba valorada en 2,5 millones, pero apenas un mes más tarde, se vendió, también a Realia, por el triple (7 millones). El beneficio, otros 4,5 millones. Balance provisional, 9 millones de euros.





* Canarias 7 - 31.05.10
Foto: Las Palmas, torres del Canódromo - canarias7.es

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El partido de un humorista se hace con la alcaldía de Reikiavik

PÚBLICO/Islandia* : El Partido Mejor, una formación protesta encabezada por el humorista Jón Gnarr, fue la gran sorpresa de las elecciones municipales islandesas al obtener el triunfo en Reikiavik, según los resultados difundidos hoy por las autoridades electorales. Esta agrupación política, nacida hace 6 meses, logró el 34,7% de los votos y 6 escaños, desbancando al Partido de la Independencia, que ostentaba la alcaldía y se quedó con 5, los socialdemócratas, con 3, y el Movimiento de Izquierda Verde, con 1.

En el resto del país se constató el retroceso del Partido de la Independencia, tradicional dominador de la política islandesa, aunque mantiene la mayoría en cuatro de las diez principales poblaciones del país.

El Partido Mejor, al que hace una semana las encuestas colocaban con mayoría absoluta en la capital, nació como una parodia frente a las formaciones tradicionales, acusándolas de la crisis económica que en octubre de 2008 colocó a Islandia al borde del colapso al desmoronarse su sistema bancario, que tuvo que ser nacionalizado.

De ahí que afirmó desde el principio que no cumpliría ninguna de sus promesas electorales y que a diferencia de los otros partidos, que eran corruptos en secreto, sería abiertamente corrupto, esgrimiendo lemas como "diles a los okupas [por los políticos] que es hora de irse", al ritmo de Simply The Best, de Tina Turner.
Prometieron traer un oso polar al zoo de Reikiavik

Durante la campaña, Gnarr defendió traer un oso polar al zoo de Reikiavik, un Parlamento libre de drogas en 2020 y todo tipo de beneficios para los fracasados. La primera ministra, la socialdemócrata Jóhanna Sigurðardóttir, declaró hoy que el éxito de la agrupación de Gnarr marcaba el fin del sistema tradicional de cuatro partidos en Islandia.

Los socialdemócratas y el Movimiento de Izquierda Verde gobiernan con mayoría absoluta desde abril de 2009, cuando obtuvieron el primer triunfo de la izquierda en unos comicios, adelantados esa vez por la dimisión del gobierno anterior por la protesta popular.





* Público - 30.05.10
Foto: Jón Gnarr, del Partido Mejor, en una imagen que figura en su cuenta de Facebook.- publico.es

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Bochorno sociovergente

NEUS TOMÀS/TONI SUST* : El caso Pretoria y sus detalles han deprimido un tanto a la clase política catalana, sobre todo, a la franja sociovergente, a los dos grandes partidos, el PSC y CiU. Entre los socialistas impera la perplejidad por lo abultado de los cifras que manejaban los ya exmiembros del partido. En el caso de los nacionalistas, al margen de que algunos asistan con desagrado a la voracidad económica de dos de sus más relevantes exdirigentes, se impone el sentimiento de que existe una campaña que persigue impedir que Artur Mas se convierta en president tras las autonómicas previstas para otoño. Las cúpulas de ambos partidos coincidían en poner la mano en el fuego por los dirigentes relevantes que recibieron la llamada de los hoy imputados y que aparecen en el sumario de Pretoria. Es decir, subrayaron ayer que no existe dudas sobre la actuación de Antoni Castells, la de Joaquim Nadal y la de Artur Mas.

En el PSC han pasado de la conmoción que provocó la detención del exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y otros cargos muncipales, a la estupefacción por las cifras que los implicados en la trama se embolsaron. «¿Cómo puede ser que estos tíos tuviesen todo esto montado y no fuésemos capaces de detectarlo?», se pregunta uno de los dirigentes más importantes del PSC. Los socialistas saben que su electorado, inmerso en la crisis, no perdona la corrupción, aunque confían en que la contundencia con la que actuó el partido al expulsarlos de manera inmediata sea entendida por sus votantes.

EL PIJO Y EL CHORIZO / Muñoz era el pijo del PSC. Se desplazaba en Mercedes, jugaba a golf, y para hablar de negocios invitaba a cenar en restaurantes caros. ¿Nadie sospechó? Algún dirigente del partido se atreve a confesar que en el PSC había quien especulaba que este tren de vida «tan poco socialista» no podía pagarse con el sueldo de alcalde. Pero la respuesta siempre era la misma: «Su familia tiene dinero y la de su mujer todavía es más rica». Y así pasaron los años. En cambio, uno de sus estrechos colaboradores, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, también implicado, no levantó ninguna sospecha. «Era un hombre de partido», asegura un dirigente. «El sumario confirma que fue el tonto útil», asegura otro.
Si Muñoz era el pijo, Luis García, Luigi, era el «chorizo». «En el PSC lo sabía todo el mundo». La frase es de un dirigente socialista que recuerda que cuando le expulsaron del partido en 1992 ya fue por su vinculación con negocios sucios. De hecho, hay quien asegura que incluso antes de llegar a diputado, tras las autonómicas de 1984, algunos socialistas ya sabían que acababan de fichar a un personaje peligroso. Luigi empezó su carrera en la UGT y en el sindicato todavía hay quien se acuerda de él: «El secretario general de la UGT, Justo Domínguez, envió a Luigi a negociar con el PSC los nombres de la gente del sindicato que irían en la lista al Parlament. Y cuando regresó de la reunión, compungido, aseguró que el partido solo aceptaba a un sindicalista. ‘¿A quién?’ le preguntó Domínguez. ‘A mí’, contestó Luigi»
Ocho años después, como recuerda un antiguo cargo socialista, cuando se descubrió que su constructora AGT-Agrotecsa estaba implicada en un delito de estafa, quien decidió echarlo fue el ahora primer secretario y presidente de la Generalitat, José Montilla. «A Montilla nunca le gustó», asegura uno de sus colaboradores. Una vez expulsado, y aunque sospechaba de sus trapicheos, el PSC miró hacía otro lado. Ya no era uno de los suyos aunque la cúpula del partido sabía que todavía tenía amigos en ayuntamientos controlados por el PSC. Amistades sobre todo entre miembros de la antigua federación del PSOE de la que procedían también otros implicados como el exalcalde de Santa Coloma y su concejal de Urbanismo. Pero, aunque sea un consuelo menor, un destacado dirigente insiste en que el sumario confirma que la dirección del PSC renegaba de García antes de que se supiese que era el cerebro de la trama Pretoria. «Si Luigi no aparece en las conversaciones con consellers es porque era perfectamente consciente de que él no conseguiría nada», afirman fuentes del partido.

DUELO COMPLETADO / Sorprendidos por la magnitud de las operaciones que perseguían y consumaban Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, algunos integrantes de CiU se mostraban en privado sorprendidos por su actuación. Un parlamentario lamentaba el descrédito que se ocasiona a la política. Pero junto con esta actitud, convive la de denunciar que existe una campaña para contrarrestar los buenos pronósticos de las encuestas, que indican que CiU está cerca de gobernar. Una visión que deja en segundo plano la sorpresa por las operaciones de Prenafeta y Alavedra: «El duelo ya estaba hecho», afirma un dirigente aludiendo al momento en el que fueron detenidos el exsecretario y el exconseller, en octubre.
Ahora la prioridad es alcanzar la presidencia, y tanto los nuevos datos del caso Millet como del caso Pretoria son interpretados como palos puestos en la rueda de la federación nacionalista. El propio Mas desarrolló esta idea al comentar las revelaciones sobre Prenafeta y Alavedra. En declaraciones a TV-3, el líder de CiU negó toda relación con las operaciones de los exaltos cargos. «Yo duermo tranquilo. Duermo poco, pero duermo tranquilo», afirmó. El líder nacionalista aseguró que la de Pretoria no era «una red transversal» y subrayó el papel de «socialistas con cargos públicos». Preguntado por una conversación que aparece en el sumario en la que Prenafeta le informa de que un empresario que quiere «facilitar las cosas» desea almorzar con él, y que no quiere decir su nombre por teléfono, el nacionalista no entró en la cuestión.
«¿Dónde están los hechos concretos?», se interrogó en referencia a pruebas que le incriminen. «Yo no mando», dijo dando a entender que desde la oposición tiene escasas opciones de ejercer influencias. Y denunció la presunta campaña: «Determinada gente no quiere el cambio en Catalunya». Mas miminizó el papel de Prenafeta y Alavedra: «No es lo mismo lo que puede hacer un particular que un alcalde en ejercicio». Y consideró lógico que dos expolíticos utilizasen los contactos que habían logrado en su carrera en la vida pública para sus intereses: «Eso lo hace todo el mundo».
«Si Prenafeta y Alavedra han hecho algo malo, que lo paguen. Pero no dejarán de ser de los nuestros», afirmó un dirigente de CDC. Así están las cosas.





* El Periódico - Opinión - 28.05.10

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Altea: El TSJ anula un PAI con 6.000 casas y un campo de golf

LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado estimar el recurso interpuesto por el Bloc de Altea y anular, por tanto, el PAI Puentes del Algar. El tribunal "tumba" de esta forma la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante adoptada el 31 de enero de 2006 por la que se aprobaba definitivamente una modificación puntual del Plan General y la homologación del citado sector urbanístico. Este plan parcial pretende urbanizar 500.000 metros cuadrados en el entorno a una zona húmeda de especial protección -el río Algar-, con la construcción de unas 6.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y tres macroáreas comerciales.

La sentencia fue notificada el viernes y tiene fecha del 8 de mayo.
El tribunal fundamenta su decisión en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de una de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, en concreto la relativa a la desclasificación de suelo público en el Plan Especial El Áramo. Ese suelo estaba calificado como no urbanizable y debería pasar a protegido. Con gobierno del PP se inició la tramitación, aunque antes de finalizar su mandato se paralizó, según explicaron fuentes del Ayuntamiento. Con la llegada del nuevo gobierno, PSOE-Cipal, se decidió desestimar la tramitación "hasta que no se solucionara el conflicto existente con las propiedades de algunos vecinos".
Aquel conflicto tenía su origen en que el Consistorio tenía registradas a su nombre algunas parcelas de particulares. La sentencia también pone de manifiesto que el expediente de desclasificación del suelo se puso en marcha "sólo con posterioridad a la interposición del presente recurso". Por ello, para el tribunal "carece de relevancia si dicho expediente ha sido continuado o paralizado con posterioridad, o si introduce nuevos elementos territoriales".

"Se cometieron ilegalidades"
Quienes más satisfechos se encontraban por la resolución eran los ediles del Bloc porque la sentencia "confirma los argumentos contra la urbanización de este paraje y justifica la larga y persistente lucha ante los tribunales". A su juicio, queda acreditado que "el proyecto es insostenible desde el punto de vista medioambiental y, además, que se cometieron ilegalidades en su tramitación y en la adjudicación a la urbanizadora".
Los concejales nacionalistas creen que la petición de 14 millones de euros de la empresa "no tiene fundamento". En opinión de los regidores, el fallo es "un nuevo revés a la política de depredación urbanística a la que nos han sometido tanto el gobierno autonómico como el anterior gobierno municipal del PP". Los ediles Narbó y Ripoll instaron al actual gobierno a tomar medidas para proteger el río Algar.





* Levante-emv - 30.05.10
Foto: Imagen de los terrenos en los que estaba previsto desarrollar el plan parcial. Información

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'Pretoria': Las alcantarillas del oasis

ELPERIÓDICO/Barcelona* : «La política se hace en las alcantarillas», manifestó el exconseller de Economia Macià Alavedra en una conversación telefónica mantenida el 17 de abril del 2009 con el exsecretario general de Presidència Lluís Prenafeta. Los 10.643 folios del sumario del caso Pretoria –en los que se incluye la transcripción de la citada conversación de los dos exaltos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, entre otras muchas– son, hoy por hoy, una prueba concluyente de que Alavedra tienen razón. Cada vez que sale a la luz un episodio de prácticas políticas de particular sordidez, los principales dirigentes de los partidos del país suelen cantar a coro una letanía conocida: son casos aislados, estas cosas ocurren en todos los ámbitos, la política es una actividad noble, no todos somos iguales... Sin embargo, sus voces difícilmente pueden neutralizar el impacto que hoy causa la lectura de diálogos como este...

Alavedra: Nos hemos dejado tomar el pelo por esta gentuza de mierda. Yo estoy indignado. Ahora me gustaría que me dijeran con quién pactarán [CiU] si ganan. Pueden hacer Gobierno con quien convenga, pero con cualquiera, sin complejos. También con el PP, coño. El ejemplo del PSC...
Prenafeta: En 23 años de gobierno un día hubiéramos podido meter una hostia a alguno, fuerte.
A: Pues no, no lo hemos hecho. [...] Y en vez de meter a alguno en la cárcel, nos querían meter a nosotros.
P: Sí, que no hemos ido de puro milagro. Mira a Servitje [exsecretario general de Treball, condenado a cuatro años y medio de prisión por malversación de fondos], al final lo enganchan en una cornada. Pobre Servitje, siempre pringa...
A: Sí. ¡A la cárcel, cojones! [...]
P: Por 45.000 euros.
A: Por 45.000 euros, que es un bote. Pero son muy imbéciles, y la culpa es de haber ganado el tema de Banca Catalana y que a Pujol no le pase nada. Y a partir de ese momento, Pujol se ha desentendido de todos.
P: Como a él ya no le volverán a encausar, ha dicho: «Oye, yo ya estoy tranquilo. [Los exfiscales] Villarejo y Mena no volverán a por mí, que destrocen a quien sea». Y, coño, un poco más y nos destrozan a nosotros. A mí, de milagro...
A: Nos han hecho sufrir estos cabrones. Por nada, por hacer un sacrificio por el país. Y, cojones, no te lo agradece nadie.
La última afirmación de Alavedra –«no te lo agradece nadie»– es cuanto menos discutible a juzgar por las revelaciones del sumario del caso Pretoria, que describe cómo, años después de haber abandonado toda actividad pública, los dos exaltos cargos nacionalistas desarrollaban una productiva actividad como comisionistas a base de aprovechar sus contactos en las altas esferas de la política catalana. En síntesis, el papel de Alavedra y Prenafeta en la trama de Pretoria, tal como aparece descrito en la investigación, consistía en interceder ante distintas autoridades, valiéndose de su relación personal con estas, para que favorecieran determinados proyectos urbanísticos o inmobiliarios. Por esta labor recibían entre un 3% y un 5% del total de la operación, dinero que cobraban a través de sus respectivas sociedades (Versabitur SL y Poliafers SA).
Las presiones del dúo Alavedra-Prenafeta no se dirigían hacia cargos intermedios o periféricos, sino que apuntaban al centro mismo de la administración catalana. Un ejemplo: conocedores de la intención del Govern de la Generalitat de ir trasladando las sedes de las conselleries que se hallaban en inmuebles alquilados a edificios de propiedad pública (un proyecto que empezó a tomar cuerpo en la época de Pasqual Maragall), los comisionistas pretorianos no dudaron en acudir a las más altas instancias para mediar en favor de una inmobiliaria (Espais, del empresario Lluís Casamitjana) que les retribuía generosamente sus servicios. Las más altas instancias no eran otros que los propios consellers competentes en cada caso.
El conseller que aparece citado más veces en el sumario del caso Pretoria es el de Economia, Antoni Castells, que, por lo que se desprende de las conversaciones incluidas, mantenía una relación de cordial camaradería (no sería un exceso verbal decir amistad) con el que había sido su antecesor en la época de Pujol. Macià Alavedra no tuvo reparo en utilizar ese vínculo personal para pedir reiteradamente a Castells que actuara en favor de la venta de un edificio de Espais a la Generalitat para ubicar allí la sede de la Conselleria de Acció Social i Ciutadania. Prenafeta también trató de persuadirle. La operación no prosperó. Los diálogos entre ellos no permiten inferir, en ningún caso, que el conseller colaborara con los comisionistas, pero sí revelan que conocía de primera mano los manejos de la pareja en las alcantarillas de la política, por emplear la elocuente expresión de Alavedra.
La siguiente conversación tuvo lugar el 20 de abril del 2009.

Alavedra: Hemos quedado para el día 19.
Castells: Sí, eso me han dicho ahora.
A: Pero tengo al pequeño [Prenafeta] que no deja de marearme.
C: ¿Por qué? ¿Está nervioso? Si yo pensaba que la cosa con el Salazar... [se refiere a Miquel Salazar, que en esas fechas acababa de dejar el cargo de secretario de Política Financera y había sido relevado por Jordi Pericàs].
A: Que dice que te quiere ver.
C: Pero [...] una reunión él, tú y yo, es que es muy raro, a ver si me entiendes. Él a veces con quien tiene que verse..., ya se ve con quien toca.
A: Yo no tengo que estar para nada.
C: Ya le llamaré. Yo ya he hecho una reunión con él, con Casamitjana, con Salazar [...]. Hemos reconducido las cosas y me consta que se estaban haciendo. [...]
A: Dile que a mí no me moleste más, que está como desesperado.
C: Me ha llamado aquí. Mi secretaria dice que el señor Prenafeta... si podemos hacer una reunión el señor Alavedra, él y...
A: El señor Alavedra para nada.
C: Es que queda muy raro, Macià. Es mezclar las cosas.
A: Es que es tonto este tío.

De la investigación del caso Pretoria se deduce que, en cualquier caso, el acoso de los comisionistas a la administración autonómica no dio fruto. Más suerte tuvieron en el ámbito municipal. Y ahí resultó fundamental el concurso de Luis García, Luigi, un exdiputado del PSC con una agenda telefónica de lo más provechosa (más de 400 números, preferentemente de políticos y empresarios de la construcción) y excelentes contactos en diversos ayuntamientos de los alrededores de Barcelona: Badalona, Sant Andreu de Llavaneres, Montcada i Reixac y, por encima de todos, Santa Coloma de Gramenet. Los pelotazos urdidos por Luigi –la operación Pallaresa, en Santa Coloma; Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres, y Marina Badalona–, ya han sido prolijamente relatados, pero el seguimiento de la connvivencia entre el conseguidor Luis García y el entonces alcalde colomense, Bartomeu Muñoz, ha permitido además destapar unos modos de hacer política municipal radicalmente alejados de los principios de honestidad, transparencia y ecuanimidad que llegado el momento de las campañas electorales se convierten en divisa de todo candidato.
El sumario describe un episodio que nada tiene que ver con las irregularidades urbanísticas pero sí mucho con la corrupción entendida como una espiral de injusticia y degradación moral que, una vez liberada, se apodera de todos los ámbitos de la actividad pública:
En mayo del 2009, Bartomeu Muñoz recibe una llamada de una mujer, R.M., que le comunica que se presenta a unas oposiciones para auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y le explica que hay 36 plazas para 38 candidatos. El alcalde le dice «que ya se ocupa él, que se quede tranquila». Poco después, Muñoz llama a Pascual Vela, director de servicios del consistorio, y le explica el caso. «Tengo altísimo interés en una tía», le dice. Las llamadas para interesarse por el caso se repiten, y Vela le aclara que uno de los candidatos no reúne las condiciones y que ya solo hay que suspender a uno. Una vez pasado el examen, el alcalde vuelve a hablar con su director de servicios.

Vela: El tribunal decidió que el profesor que habían tenido en el curso de formación les corrigiera el examen. Entonces, ahí no podemos hacer nada. [...]
Muñoz: A este profesor, ¿quién le paga?
V: Nosotros, nosotros.
M: Eh, que suspenda alguien, tú. [...]
V: A ver, nosotros, lo que hemos mirado es que sí sale. Pero, claro, el problema está en que quien corrige los exámenes esta vez es el que les dio clases.
M: Sí, pero, este tío querrá seguir dando clases, ¿no?




* El Periódico - 27.05.10
Foto: Luis García, ‘Luigi’, recoge sus pertenencias al llegar a la Audiencia Nacional el 30 de octubre del 2009. - elperiodico.com

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El Consell rebaja los requisitos para construir en suelo no urbanizable

ELPAÍS/Valencia* : El Consell ha decidido revolucionar las normas urbanísticas por decreto ley y sin consenso político. La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, anunció ayer -en ausencia del titular de Medio Ambiente, el vicepresidente Juan Cotino- la aprobación de un decreto destinado a facilitar "la implantación en suelo no urbanizable de actividades productivas". La nueva regulación pretende estimular la instalación de "casas rurales, tiendas de productos agrícolas o de plantas ornamentales y frutales, estacionamientos de vehículos y maquinaria, campamentos de turismo y centros deportivos o recreativos, y centros educativos y sanitarios" en suelo no urbanizable.

Para ello, la nueva regulación establece "un nuevo procedimiento de urgencia" para tramitar la implantación de actividades productivas en suelo no urbanizable que permitirá obtener en un plazo máximo de tres meses la declaración de interés comunitario. El decreto elimina la obligación de que las casas rurales se sitúen a más de cinco kilómetros de distancia del casco urbano y permitirá que la parcela sea inferior a la media hectárea si la Consejería de Turismo considera que el establecimiento tiene interés. A los campamentos de turismo y centros deportivos se les exime de la obligatoriedad de reservar al menos la mitad de la parcela para uso agrario o forestal. A los centros educativos y sanitarios se les permitirá que computen sus espacios libres (pistas deportivas o aparcamientos) en la obligación de dejar sin edificar la mitad de la parcela no urbanizable.

La nueva normativa anula la reversión automática del suelo que haya sido reclasificado a urbanizable en caso de que no se ejecute el plan de actuación urbanística (PAI) previsto. La medida, válida hasta 2013 con posibilidad de prorrogarse, pretende que los ayuntamientos puedan volver a poner en marcha sus proyectos urbanísticos cuando pase la crisis o, si lo deciden expresamente, revertir el suelo a no urbanizable.El decreto ley, que abre la mano a la implantación de negocios en suelo no urbanizable, modifica parcialmente la Ley Urbanística Valenciana (LUV), la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) y la Ley de Suelo No Urbanizable y sus reglamentos. Una legislación que el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, quiere reformar y simplificar. El pasado mes de febrero Cotino presentó el borrador, encargado por su antecesor ya fallecido José Ramón García Antón, y elaborado por algunos de los mejores especialistas de España para acabar con una etapa de caos legislativo y urbanismo salvaje que mereció la reprobación de la Unión Europea. El decreto ley es un avance del proyecto que prepara Cotino.

La norma aprobada por el pleno del Consell reduce la burocracia, pero también la publicidad y la transparencia de los planes urbanísticos. Así, se elimina la obligación de publicar los planes urbanísticos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). A partir de ahora solo será necesario publicar el acuerdo de aprobación y la normativa del plan urbanístico, sin los planos de ordenación, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La nueva norma suprime el concierto previo para la tramitación de planes generales, la preceptiva cédula territorial de urbanización para tramitar planes que modifiquen la estructura del plan general y la necesidad de que los suelos dotacionales de red primaria (parques, infraestructuras de transportes y comunicaciones, etc.) adscritos a un sector estén colindantes con este.

Entre las medidas que incluye el decreto está la eliminación de la declaración de interés comunitario para reformas sin ampliación exterior de edificios autorizados en suelo no urbanizable. Con el decreto, los ayuntamientos podrán reducir hasta la mitad el canon por actividades en suelo no urbanizable y otorgar prórrogas o fraccionamientos del mismo. El dinero que recauden los municipios por estas actividades en suelo no urbanizable se podrá gastar sin necesidad de tramitar programas de sostenibilidad, como hasta ahora. El dinero se podrá destinar a vivienda protegida y, si el municipio ya tiene sus necesidades cubiertas, a parques, casas de cultura, polideportivos, etc.

También se eliminan restricciones para actuaciones de renovación o reforma interior en centros históricos o barrios con industria.

Por otra parte, el pleno del Consell también aprobó ayer la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial del Corpus Christi en Valencia, que incluye la catedral y la práctica totalidad de las parroquias del centro de la ciudad y elementos muebles como las rocas y la indumentaria de los personajes de la procesión.

En la misma reunión del Consell se decidió convertir el decreto de autoridad del profesorado en proyecto de ley y ampliar su ámbito de aplicación a la escuela concertada. El Ejecutivo de Francisco Camps también decidió destinar 13 millones de euros a construir los accesos del futuro aeropuerto de Castellón.

La nueva regulación urbanística

- Los antecedentes. La aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) alentó un urbanismo salvaje, que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) solo complicó más. Tras las denuncias de la Unión Europea, el Consell anunció una ley negociada con la oposición que acabase con la inseguridad jurídica y simplificase los trámites.

- El decreto-ley. Permite adelantar los aspectos que el Consell considera prioritarios de la nueva reglamentación urbanística en preparación, que refundirá todas las leyes. Se aprueba tras hablar con ayuntamientos y promotores, pero no con la oposición.

- Las novedades. Pretende fomentar la implantación en suelo no urbanizable de negocios que generen empleo; impide que la caducidad de un PAI signifique la desclasificación del suelo como urbanizable, y reduce la burocracia pero también la transparencia.





* ELPAIS.com -30.05.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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La Xunta debería derribar diez obras ilegales cada semana para resolver las órdenes dictadas

FARODEVIGO* : Tras décadas de vista gorda por parte de la administración, las excavadoras irrumpen en los solares para tumbar cientos de edificaciones ilegales. Desde la creación en 2008 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la Xunta derribó ya 50 obras construidas sin licencia municipal ni autorización autonómica. Ocho de ellas en lo que va de año –cuatro en la provincia de Pontevedra y otras tantas en Lugo–. Pero la lista de viviendas, hoteles y naves amenazadas por la piqueta va en aumento. En la actualidad, el Gobierno gallego tiene sobre la mesa un total de 286 demoliciones pendientes de ejecución, lo que supondría una media de diez derribos a la semana en lo que resta de año para dar carpetazo a las órdenes irrevocables de derribo dictadas por la APLU.

El balance de los dos últimos años puede parecer pequeño, pero supone un paso de gigante si se compara con las demoliciones ejecutados durante los últimos años. Antes de la creación de APLU por parte del bipartito, y tras casi tres décadas con las competencias en materia de urbanismo transferidas , el Gobierno gallego sólo consiguió completar con éxito la demolición de una vivienda. Fue a partir de 2008 cuando la Xunta dio un impulso a los derribos de obras ilegales con la puesta en marcha de la agencia de control urbanístico: cinco obras ilegales demolidas en 2008, 37 en 2009 y ocho entre enero y abril de este año.
Para impulsar los trabajos de demolición de obras ilegales, el Gobierno de Feijóo –pese a recortar las competencias y el personal de la APLU tras la destitución del anterior director– ha reservado para este año 600.000 euros, lo que supone un 25% más del presupuesto asignado el año pasado y cuatro veces más que el de 2008.
89 en Pontevedra
De las 286 órdenes de demolición pendientes de ejecutar, la provincia de A Coruña es el mayor volumen con un total de 104 (36,3%), seguida por Pontevedra, con 89, lo que suponen un 31,1% del total. Mientras que el interior de Lugo y Ourense registran la tasa más baja de órdenes de ejecución, con un total de 45 y 48 respectivamente. En cuando a las ejecutadas en lo que va de año, según datos de la Consellería de Medio Ambiente, dos se llevaron a cabo en el municipio de Poio –ambas obras demolidas eran viviendas–, una en Bueu, también una casa; otra en Nigrán –una nave industrial–, así como tres demoliciones de viviendas en las localidades lucenses de Palas de Rei, Conturís e Vilamarín, y un remolque situado en suelo rústico de protección natural en Foz.
Una de las últimas órdenes de demolición de la APLU fue dictada a finales de abril y afecta a 52 chalés construidos a cien metros de la playa de Balea, en O Grove. Tres meses es el plazo del que dispone la promotora que levantó la urbanización para demoler las casas y restituir la situación original.
Y uno de las primeras sentencias de derrumbe promulgadas por la agencia de control urbanístico afectó a una vivienda de la provincia de A Coruña. Los inquilinos del chalé de planta baja construido en Arteixo en el punto de mira de la APLU no contaban con el correspondiente permiso de la Xunta. La orden derribo de la vivienda, de 122 metros cuadrados en suelo rústico protegido por la normativa de costas, se dictó enero de 2008 y fueron necesarias varias multas coercitivas para lograr que los dueños restituyeran la legalidad.
Y es que antes de que una orden de demolición sea firme, el propietario suele agotar todas las vías administrativas y judiciales a su alcance. E incluso una vez agotadas, la APLU debe cumplir hasta 16 pasos diferentes (iniciar el expediente de contratación del derribo, encargar el proyecto de coordinación y seguridad, presentar la solicitud ante la autoridad judicial competente…) para poder ejecutar la demolición. Una vez que la Xunta emite una orden de derribo, son los propietarios los responsables en primera instancia de su ejecución. Pero si no acatan la orden, la ley permite imponer multas coercitivas para forzar al infractor a cumplir. Si tras siete apercibimientos por parte de la agencia urbanística, con sus correspondientes multas, el infractor no ejecuta la demolición ordenada, la APLU se hará cargo de forma subsidiaria asumiendo todos los gastos, que podrá reclamar después al responsable.
La compleja y larga tramitación de los expedientes de derribo explica por qué las órdenes de demolición fueron casi anecdóticas en Galicia durante las últimas décadas, cuando las únicas construcciones que se derribaron fueron obras menores como muros o galpones.
Pero desde la creación de la APLU, las excavadoras echaron abajo chalés e incluso edificios enteros construidos en suelo rústico sin contar con la licencia municipal o la preceptiva autorización por parte de la Xunta.





* Faro de Vigo - 30.05.10
Foto: Nigrán (Pontevedra) - mma.es

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La otra cara de la burbuja inmobiliaria

RAMÓN LÓPEZ* : Magnífico el artículo de José Ignacio Torreblanca (EL PAÍS, 24 de mayo). Un país que presume de tener más kilómetros de autopistas y de AVE por millón de habitantes que nadie y que ha construido durante años más viviendas que toda Europa central junta tiene bastante de caja tonta, es como un ordenador de última generación sin programas y con un usuario digitalmente analfabeto. La otra cara de la sobreinver-sión en infraestructuras no es desde luego hacer el país más competitivo o más eficaz, sino simplemente apoyar el despliegue de la sobreurbanización de la costa y de las periferias próximas y lejanas de sus áreas urbanas y metropolitanas. Ambos excesos, el boom de las infraestructuras y el del ladrillo, pueden verse como dos caras de la misma moneda: enterrar la inversión pública y el ahorro privado -y buena parte de la deuda exterior- en bienes improductivos, al menos a partir de un cierto nivel que hemos sobrepasado hace al menos una década.

Se recorta el presupuesto de Innovación y Desarrollo, se escatima en educación técnica y superior o en gasto social, pero se pretende seguir construyendo cientos, si no miles, de kilómetros de autopistas infrautilizadas, se exige que Santander y Teruel estén directamente conectados por AVE y se permite clasificar y urbanizar suelo para centenares de miles de nuevas viviendas a decenas de kilómetros de Madrid. El perfecto retrato de un modelo de desarrollo anticuado e insostenible.

Pero en cuanto se suavice la crisis insistiremos en él, sea quien sea el partido que ocupe el poder. Recordemos que el PEIT (Plan Especial de Infraestructuras del Transporte) del PSOE es un calco del PEIT que en su día aprobó el PP, y la costa andaluza, de algún modo, un remedo marítimo de los secarrales periféricos madrileños o vallisoletanos.


* RAMÓN LÓPEZ, (Catedrático de Planeamiento Urbanístico en la Escuela de Arquitectura.) - Madrid




* ElPAIS.com - 28.05.10

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Galicia: Medio Ambiente desprotege el Miño para construir una autovía

ELPAÍS* : La desembocadura del río Miño es costa a todos los efectos. Tanto es así que está afectada por el deslinde de dominio público marítimo-terrestre hasta más allá de Tui, adonde llegan los efectos de las mareas. Es además Red Natura y está declarada Reserva de la Biosfera, pero el Plan de Ordenación del Litoral (POL) no la protege. "No reúne las condiciones geomorfológicas ni paisajísticas necesarias", sostiene la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. La desprotección de la ribera a la altura de Tomiño permitirá a la misma consellería construir una autovía pegada al cauce del río.

El pasado marzo, la Xunta anunció que descartaba el trazado del tramo central de la vía de alta capacidad Tui-A Guarda que había seleccionado el Gobierno bipartito, que circunvalaba Tomiño por el norte. Se decantaba por el trazado sur, pegado al río. Por las mismas fechas, la consellería que dirige Agustín Hernández ultimaba el Plan del Litoral. En lo que afecta al Miño, el POL establece distintos tipos de protección desde A Guarda hasta el puente internacional de Goián. Ahí es donde empieza el tramo de autovía paralelo al río, y ahí es donde la protección del Miño desaparece por completo.

Todo ello, a pesar de que la ribera de los ríos merece en el Plan del Litoral la mayor de sus categorías de blindaje, la de área de protección, que afecta a 200 metros a cada lado del cauce. Esta reserva, que se aplica incluso a regatos por los que no fluye el agua desde hace años, como han denunciado numerosos ayuntamientos, no será efectiva Goián arriba en el caso del Miño.

La Xunta ha optado por declarar la zona como prelitoral, libre por lo tanto de cautelas ambientales especiales. La explicación de la consellería es que ni la salinidad del agua ni la influencia de las mareas son "variables definitorias" para establecer ámbitos de protección. En el caso de la salinidad, por ser "muy variable temporal y espacialmente", y en el de las mareas, porque carecen "de rango fijo". "En ríos franceses este influjo supera los 100 kilómetros", argumenta la Xunta. Sí son definitorias para el POL, en cambio, las formaciones vegetales de la ribera y la morfología del canal, valores que la consellería no aprecia en ese tramo del Miño.

No habrá por lo tanto entre Goián y Tui cautelas ni siquiera paisajísticas, que de establecerse impedirían la construcción de este tramo del vial, de 10 kilómetros. La mitad de ellos, los más próximos al puente de Goián, ocupan una franja muy próxima al río, con terraplenes y viaductos incluidos. Uno de ellos, de 1.900 metros de longitud y apoyado en columnas de 11 metros de altura. Según sus detractores, se convertirá en un muro entre el río y los valles de Tomiño, que contrasta con las cuidadosas actuaciones de conservación que se llevan a cabo del lado portugués.

El impacto ambiental de la alternativa sur, cuyo presupuesto es superior en un 22% al de la norte, está provocando una fuerte contestación social y política. Los socialistas han presentado iniciativas en el Parlamento para reclamar al Gobierno de Feijóo que retome el trazado que propuso el bipartito. El Ayuntamiento de Tomiño, mientras, mientras, ha alegado con un informe en el que reclama que se abandone la alternativa elegida. Un grupo de 220 vecinos también ha creado una plataforma de rechazo.

Los efectos de la autovía contrastan con los objetivos que cita el Plan del Litoral, que propone dotar a las riberas de los ríos de "un valor añadido como espacios necesarios para el buen funcionamiento del sistema". El POL aboga por "preservar la biodiversidad de los ecosistemas" de los ríos y por la "puesta en valor de ese rico patrimonio". Para la Xunta, el patrimonio del Miño acaba en Goián.

Denuncia admitida

Mientras la Xunta sigue adelante con su proyecto, los afectados no se han quedado quietos. Unos 200 se han constituido en una plataforma que pretende paralizar lo que consideran una aberración medioambiental. Han presentado una denuncia en la que reclaman la paralización del proyecto, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la ha admitido a tramite. Se trata de un recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación de afectados Plataforma Cidadá para a Vía de Alta Capacidade, en contra de la resolución de la Dirección Xeral de Infraestructuras en la que se aprueba el estudio informativo del tramo.

Tanto los vecinos como el Ayuntamiento de Tomiño recuerdan que el tramo elegido oficiosamente por la Xunta -los dos están expuestos al público, pero la consellería ya se decantó por el sur- no dispone de declaración de impacto ambiental. La Consellería de Medio Ambiente trata de sacar adelante el proyecto con el estudio de otra alternativa anterior, manejada en el Gobierno de Fraga, sólo similar a la que ahora se propone. "Su caducidad es patente", sostienen las alegaciones del ayuntamiento. El proyecto carece además de proyecto de integración paisajística, programa de vigilancia ambiental y métodos de control.





* ELPAIS.com - 29.05.10
Foto: Tui (Pontevedra), desembocadura Miño - pueblos-espana.org

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Martín Pallín alerta de que la llegada de mafias está ligada a la ´locura urbanística´

INFORMACIÓN/Alicante* : El mensaje fue claro y preciso: "Pérdida de ética y corrupción de la clase política, derivada del urbanismo especulativo que financia a los partidos políticos". Esa fue una de las conclusiones de la jornada sobre Urbanismo Insostenible y Corrupción Política celebrada ayer en Almoradí, que ofreció una visión crítica del desarrollo urbanístico y la corrupción desde el punto de vista económico, judicial y político.

El magistrado emérito de la Sala II del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín dibujó un panorama sombrío al analizar las aspectos más negativos de "la locura" urbanística que se ha cebado especialmente en zonas económicamente dependientes de la construcción como la provincia de Alicante. "No sólo porque la crisis mundial aquí tiene mayor incidencia. También porque se trata de un sector que ha ido en contra de un turismo que debe ser atractivo, sostenible y rentable". Un sector, aseguró el veterano jurista, que tiene mucho que ver en la aparición de mafias relacionadas con el tráfico de armas y drogas, y "todo, por el dinero fácil y la falta de escrúpulos", aseguró Pallín.
El magistrado alertó sobre la envergadura de la corrupción asegurando que "nunca una sociedad democrática ha sido derribada por el terrorismo, pero por la corrupción sí". Y fue más allá al relacionar la corrupción urbanística con entidades financieras "normales y legales" que "mantienen actividades paralelas en paraísos fiscales. La única forma de desactivar las finanzas ilegales y los paraísos fiscales es disminuir la corrupción, un negocio con infinidad de variedades". Tras destacar la "inseguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas" valoró que las penas de prisión no sólo deben ser aplicadas a aquellas personas no integradas en la sociedad "también por aquellas integradas que han alcanzando un alto estatus económico, y social, de conocimientos, pero que han fallado en lo ético y lo social dejando de lado la legalidad y cogido el atajo de actividades ilícitas".

Decomiso
En este sentido dijo que el Código Penal "se resistía" hasta ahora a que por este tipo de delitos se entrara en prisión. Sobre la legislación urbanística dijo sentirse "desmoralizado" porque muchas sentencias de derribo no se cumplen, por ello, y como vía alternativa apostó por que "se decomise el producto al igual que cuando se detiene a un traficante con un kilo de cocaína".





* Información - 29.05.10
Foto: En el encuentro sobre urbanismo de ayer en Almoradí participó el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín, en el centro - diarioinformacion.com

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Álora: Una denuncia del Seprona salpica al Consistorio por prevaricación omisiva

MÁLAGAHOY* : Un nuevo caso de urbanismo irregular se cierne sobre la comarca del Guadalhorce. En esta ocasión es el Ayuntamiento de Álora el que se ha visto implicado a raíz de una denuncia que la Guardia Civil ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente por la supuesta construcción de forma irregular de una vivienda sobre suelo no urbanizable y por la que el alcalde del municipio, el socialista José Sánchez, podría verse salpicado por un presunto delito de prevaricación por omisión.

* Málaga Hoy - 29.05.10
Foto: En las diligencias puestas en conocimiento del fiscal, se hace también referencia al constructor y al promotor de la construcción, al parecer, un extranjero de origen británico propietario de la parcela que podrían ser responsables de un presunto delito contra la ordenación del territorio al haber llevado a cabo una obra no autorizable en suelo rústico, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.

La vivienda en cuestión fue descubierta por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en una inspección rutinaria llevada a cabo en la zona. Lo que llamó la atención de los agentes es que además de está casa, ya construida con una superficie aproximada de 300 metros cuadrados y una piscina de unos 168 metros cuadrados, había otra en obras y una pequeña piscina también en ejecución.

Esta segunda construcción estaba a una distancia de entre 300 y 400 metros de la residencia principal y tras la averiguaciones de la Guardia Civil se determinó que contaba con una licencia municipal pero únicamente para levantar una nave de aperos. Sin embargo, en las diligencias realizadas por la Guardia Civil consta que, al parecer, se había construido un porche y se había distribuido su interior. En cuanto a la piscina, el propietario de la finca tampoco contaba supuestamente con permiso.

El Seprona requirió entonces por escrito al Ayuntamiento de Álora información sobre la situación de esta construcción, aunque supuestamente no constaba que se hubiera abierto ningún expediente ni sancionador ni de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada. Y eso a pesar de que, al parecer, la Policía Local del municipio realizó una inspección a la construcción hace dos años.

Sin embargo, según precisaron las mismas fuentes, el Ayuntamiento no incoó entonces ningún expediente y la construcción continuó supuestamente adelante.

Fue a raíz de la investigación llevada a cabo por los agentes del Seprona cuando, al parecer, el Consistorio inició un procedimiento administrativo contra el promotor de la obra presuntamente irregular que se estaba ejecutando sobre suelo no urbanizable.

De ahí, que la Guardia Civil haya remitido al fiscal de Medio Ambiente unas diligencias en las que el alcalde de Álora podría estar implicado en un presunto delito de prevaricación omisiva, ya que el instituto armado entiende que debería haber actuado paralizando la obra en el momento que se tuvo conocimiento de su supuesta irregularidad.

Este periódico se puso en contacto con el alcalde de Álora, José Sánchez, que aseguró ayer "no tener ni idea del tema porque nadie me ha dicho nada", aunque matizó que su Ayuntamiento "siempre ha abierto un expediente sancionador cuando ha habido que hacerlo" al igual que se le aportado al Seprona "toda la documentación requerida".

Ahora será la Fiscalía de Medio Ambiente la que tendrá que decidir en base a la investigación del Seprona si sigue adelante con este caso, en el que no se descarta que haya más implicados.

Es el segundo caso de presunto urbanismo ilegal en la comarca en apenas dos meses después de otro destapado en Coín.





* Málaga Hoy - 29.05.10
Foto: Álora (Málaga), vista - malaga101.com

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'Pretoria' se extiende por el Barcelonès

ELPAÍS/Barcelona* : La mancha de la corrupción se extiende por el Barcelonès. La revelación del sumario del caso Pretoria -que implica a los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres- añade más administraciones a la lista. Un informe de la Guardia Civil, basado en escuchas y seguimientos, revela que el gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, Imanol Pujana, y el alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús María Canga, ambos socialistas, intentaron amañar un concurso -finalmente impugnado- para que el arquitecto del agrado de la trama diseñara un tanatorio.

Bartomeu Muñoz, el ex alcalde de Santa Coloma imputado en el caso, propuso el negocio a Luis García Sáez, Luigi, el cerebro de la trama. Muñoz llamó a Luigi y le aconsejó sobre cómo convencer a los dos responsables políticos para amañar la adjudicación: de Pujana le explicó que buscaba colocar a su hijo, arquitecto, en un gabinete reputado; de Canga le detalló que buscaba trabajo para su esposa. "Esto te lo arreglo yo en tres minutos", le respondió Luigi.

Luigi empezó a mover los hilos y se citó con Pujana, que, según la investigación, asumió el apaño con la aquiescencia de Canga, informado de todos los movimientos por el propio Luigi. Estos hablaron varias veces, y en una ocasión Canga le dejó claro que las adjudicaciones se presentaban "mangoneadas ya" en el pleno municipal.

Luigi movió los contactos y habló con el arquitecto Josep Ribas -elegido por el promotor de Cubics en Santa Coloma, Enric Viñas- para redactar el proyecto. La licitación se fechó en octubre de 2009. Cinco meses antes del concurso, Ribas visitó el terreno donde se ubicaría el tanatorio y recibió de Pujana las instrucciones para ganar la adjudicación. "En tus manos está ", le dijo Luigi al arquitecto, y le tranquilizó: "Lo tengo clarísimo. El tanatorio, al señor Ribas". La llamada, concluye el sumario, deja claras las "intenciones del grupo: la adjudicación del concurso al señor Ribas con la intermediación de Luis García y la influencia de Muñoz, Pujana, y Cangas".

Una vez cerrado el contrato, Pujana y Luigi hablaron de comisiones: "Primero hace falta saber quién da todo y después cómo repartimos", le avisó el gerente comarcal, que aparece en el sumario relacionado con otros negocios ilegales en Santa Coloma.

El amaño del tanatorio se truncó porque las otras empresas que pujaron por la adjudicación la impugnaron. Sin embargo, las diligencias de la Guardia Civil dejan claro que, pese a que falló el negocio, se realizaron "todos los actos necesarios para la adjudicación a estas personas del concurso".

Los implicados negaron ayer las acusaciones que se desprenden de la investigación. Fuentes del Consejo Comarcal del Barcelonès aclararon que el proyecto nunca se adjudicó porque "poca gente muere en Sant Adrià". Su alcalde desmintió haber negociado con el cerebro de la trama: "Con Luigi he hablado mil veces. La habilidad que he tenido yo es sacarme a este tío de encima como buenamente he podido", aseguró Canga. También negó haber dicho que las adjudicaciones estaban "mangoneadas". "Es imposible. ¿Cómo voy a decir eso?".

Ribas, que reconoció haber contratado "en prácticas" al hijo de Pujana, aseguró que solo fue consultado por el gerente porque había diseñado otros tanatorios y aclaró que nunca aceptaría "concursos amañados". La misma versión sostuvo el gerente ante la Guardia Civil. Los interrogadores aseguran que mintió.





* ELPAIS.com - 28.05.10
Foto: Badalona (Barcelona) - J.Sánchez (El País)

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"Si la gente se entera... nos harán la piel tireta"

ELPAÍS/Barcelona* : En la agenda de Luigi, como se conoce a Luis García Sáez -el presunto cerebro de la trama Pretoria-, aparece en no pocas ocasiones el nombre "E. Mas". Luigi mantenía una relación fluida con Emili Mas, ex gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), dependiente de la Generalitat, un hombre por el que el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, no dudó en poner "la mano en el fuego". Pero el fiscal considera que podría haber cometido un delito de asociación ilícita y de negociaciones y actividades prohibidas a un funcionario público.

Según el sumario, Mas elaboró un informe para Santa Coloma siendo gerente del Incasòl y pudo intervenir en los pelotazos de Cerdanyola y El Prat. Mas también despachaba los asuntos de Santa Coloma y su constructora municipal, Gramepark, con Luigi cuando este no tenía ningún cargo dentro de la empresa ni en el Consistorio.

-¿No tenemos una ARE [área residencial estratégica]? ¿Y no tenemos terrenos en la ARE? Que no lo haga Regesa, lo concesionamos y el que compra la concesión compra una parte de la propiedad de Gramepark y nos salva del lío -le indica Luigi.

-En eso estoy, te lo cuento el martes.

Mas conocía, según la conversación, cuál era ese "lío", presuntamente la situación precaria de las finanzas de Gramepark, de acuerdo con las conversaciones que hay en el sumario. En esa llamada, Luigi y Mas negocian sobre la edificabilidad del área residencial estratégica, que en principio está pensada para vivienda pública. Pese a ello, Mas espeta: "¿Y dónde está dicho que tenga que ser vivienda de protección residencial. Tú, le pagamos en libre por el importe de la hipoteca y a tomar viento". Emili y Luigi están de acuerdo en que la ARE debe plantearse desde un punto de vista empresarial.

-Si la gente se entera, me matarán.

-Nos harán la piel tireta, y más cuando ves que la lista son moritos -dice Mas, en una supuesta referencia a los adjudicatarios de vivienda social.

Mas comentaba con Luigi la posibilidad de que Gramepark accediera a créditos del Instituto Catalán de Finanzas. Un informe de la Guardia Civil se refiere a la "relación profesional" entre ambos, "encaminada a la búsqueda de soluciones para los diferentes proyectos municipales". Es más, Emili Mas entraba dentro de esa rueda en la que todos descalificaban a todos. Luigi se refería al ex alcalde Bartomeu Muñoz como "el señorito", y este, a su vez, hablaba de Mas como "el tonto del haba de Emili".

En otra ocasión, el 11 de mayo, Luigi habla con el constructor Jordi Mensa sobre una cita que tiene con Emili Mas un viernes. El empresario se queja de que Mas piensa que su empresa ya tiene muchas obras adjudicadas. "No es así", sostiene. Luigi le sugiere que le pase una nota para Emili Mas, a lo que responde el empresario, refiriéndose a una lista de obras públicas que quiere levantar:

-Te hago una que esté en color verde. Que el color verde es como un semáforo, que es la que nos gusta, y hay unas que están en amarillo, en ámbar, que dices: hombre, si no nos pueden dar una de las verdes, que nos den una de las amarillas.





* ELPAIS.com - 28.05.10
Foto: Santa Coloma (Barcelona), ayuntamiento - efe

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Tres oportunidades para jugar a la ruleta rusa del crecimiento irracional

El comienzo del año 2010 ha traído varias noticias relacionadas con el dinero público en nuestra ciudad y cómo el Ayuntamiento se dispone gastarlo. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* de Alcalá de Henares procura no seguir la zanahoria y el palo que desde los gabinetes de prensa de los distintos poderes locales nos suelen mostrar, y por ello hemos esperado a que se produjeran varias acciones políticas para poder tener una visión más global e integrada del gasto público local. Así, hemos esperado a que terminase el periodo de exposición pública del presupuesto municipal 2010 y las posibles alegaciones, que era lo último cronológicamente, para ofrecer nuestra opinión al respecto.

El Plan Estatal para el Fomento y la Sostenibilidad con el cual se accedía a más de 22 millones, debía promover, entre otras sostenibilidades, la sostenibilidad ambiental (ahorro y eficiencia energética y de recursos hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana sostenible; refuerzo de medios de transporte menos contaminantes), y para el cual Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares ofreció al gobierno municipal varias decenas de propuestas.

La resolución del Plan ES fue una auténtica decepción. Los proyectos adjudicados para preservación del medio ambiente o para los proyectos sostenibles ambientalmente eran testimoniales. Tres únicos proyectos para la sustitución de luminarias en las vías públicas (4,7% del presupuesto total) y el proyecto de seguir perpetrando “vías ciclables” por la ciudad (6,8% del total).

Y si en el Plan ES fue decepcionante, el anuncio de las inversiones previstas de más de 16 millones con cargo al Plan Prisma 208-2011 fueron la reiteración en el error de seguir configurando una ciudad inviable en un futuro próximo. Casi 50 infraestructuras nuevas para fomentar la peor movilidad posible: la particular, individual y motorizada. Eso sí, con la guinda “verde” de una pasarela para el puente del Zulema.

En ninguno de los dos casos nada nuevo ha salido de las oficinas municipales para intentar cambiar el modelo productivo e intentar asegurar la sostenibilidad futura de la ciudad. Más de lo mismo para seguir jugando a lo mismo que nos ha metido en la profunda crisis ambiental, económica, social y financiera que vivimos.

Finalmente quedaba por saber cual sería la apuesta del presupuesto municipal 2010 en este momento de cambio necesario y urgente. Y la apuesta del gobierno municipal fue volver a jugar en la ruleta del casino del crecimiento irracional.

Ni un solo cambio en el modelo de ciudad, ni en el modelo productivo, ni en fomentar una ciudad sostenible. Aunque es verdad que esta vez se hace un esfuerzo de gasto… basado en fomentar las dinámicas de nueva construcción y actividad comercial o industrial sea la que sea.

La presentación mediática de los presupuestos por capítulos sin hacer referencia a los programas y a las partidas dentro de esos programas que aparecen, desaparecen o cambian es hacer una lectura parcial y no objetiva de los mismos. Por eso es siempre más democrático dejar que los/as cidudadanos/as alcalainos/as puedan acceder directamente a los datos. De ello hablaremos más adelante.

Tomemos como ejemplo el presupuesto destinado a Medio Ambiente. Oficialmente se anuncia que se mantendrán los servicios del año anterior, pero que el presupuesto aumenta un 16,7%. Se nombran cosas obvias, pero simplemente leyendo partida a partida son detectables partidas que provocan preguntas tanto por lo que enuncian y por el silencio de los cargos públicos sobre alguna de ellas.

El dinero asignado al abastecimiento energético casi llega a 900,000 euros. Sin modificación respecto a 2009 ¿Donde están los planes de ahorro energético y las inversiones del Plan ES? Partida nueva de “Control de Zonas Verdes”, 60,000 euros ¿para controlar el trabajo de la concesión de la limpieza, cuando los responsables municipales de medio ambiente no se han cansado de repetir que es un servicio eficiente y ya controlado? A la “Campaña de Educación Ambiental” no le afecta la subida del 16,7% general y se queda en los 2,000 raquíticos euros de 2009.

Mucho han hablado los responsables municipales sobre las sentencias de los barrancos del antiguo vertedero, asignadas a Urbanismo, pero Medio Ambiente tiene la suya también, de la que no se han dado detalles: 800,000 euros con el epígrafe “Sentencia Zonas Verdes”. Todo lo anterior dando una hojeada al presupuesto de Medio Ambiente, pero parece que no esta claro de quien son las competencias sobre ciertos asuntos, pues en el programa de Turismo se prevé gastar 296,000 en “Recuperación Huertos de los Leones–Jardín de la Palabra”.

Hay números muy fáciles de hacer ¿Cuánto es el porcentaje que suponen 400,000 de 215,6 millones) Exactamente 0,185%. Eso es lo que dedica nuestro Ayuntamiento a Cooperación Internacional y ayuda humanitaria de emergencia. Ni siquiera eso, porque de ese dinero una parte se dedica a actividades de sensibilización.

Los fondos dedicados a Cooperación han sido durante los últimos años los mismos, lo cual dice que cada vez Alcalá de Henares se aleja más del 0,7% recomendado por las Naciones Unidas. Cada vez es menos solidaria. La situación empeora más teniendo en cuenta que el año pasado no hubo ningún dinero para Cooperación. Precisamente cuando la situación de crisis en donde más golpea es los países empobrecidos.

Dejamos para el final la valoración sobre transparencia y acceso a la información de la ciudadanía a las cuentas públicas municipales. La información telefónica respecto a la consulta en exposición pública (obligatoria por ley) del presupuesto municipal es muy deficiente. La consulta debe ser físicamente en el edificio de la Casa Consistorial en día laborable en horario de mañana. Sin descentralizarlo. No hay ningún espacio habilitado para la consulta de un documento de más de un centenar de páginas con abundante información. No hay servicio de copias inmediatas y mucho menos digitales.

Procedimientos de hace doscientos años en el mismo ayuntamiento que ha dispuesto en su sitio web la tributación digital y otras herramientas facilitadoras de la información y gestión municipal. No es un problema de recursos, es solamente una cuestión de decisión política Y esto es más grave porque denota una actitud anti-participativa y de negación de los recursos para la información a los/as ciudadanos/as.

En noviembre pasado el concejal responsable de Relaciones con los Vecinos , Francisco Bernáldez anunciaba que los presupuestos participativos serían posibles, aunque ahora mismo no es el momento más idóneo. Siempre habrá una excusa.





* Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares - 27.05.10

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'Villa Miseria' - El Roto

Viñeta: El Roto - 28.05.10, elpais.com

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Los ‘conseguidores’ cobraban del 3% al 5% de los proyectos

ELPERIÓDICO/Barcelona* : El polémico 3% que citó Pasqual Maragall en el Parlament cuando era president y que levantó tanta polvareda coincide con el porcentaje mínimo que cobraban los dirigentes de la trama Pretoria, aunque en muchos casos llegaba al 5%, por sus gestiones para conseguir cambios de uso de edificios, recalificaciones de terrenos, o compradores institucionales para solares o edificios de constructoras e inmobiliarias privados. En las tres operaciones más destacadas de la causa, las del proyecto Cúbics de Santa Coloma de Gramenet, o las ventas de terrenos en Marina Badalona y los cambios de usos en Sant Andreu de Llavaneres, Luis Andrés García (Luigi), Macià Alavedra y Lluís Prenafeta cobraron en conjunto una media de un millón de euros, aproximadamente, en cada caso.

PAGOS A CARGOS LOCALES / A esta cifra hay que añadir los pagos a autoridades municipales, entre las que destaca el exalcalde Bartomeu Muñoz, que ingresó más de un millón de euros en una ocasión de una tacada, según el instructor, Entre los cobradores hay cargos relacionados con el planeamiento urbanístico autonómico, así como concejales y técnicos municipales que intervienen de forma decisiva en la adjudicación de obras municipales de todo tipo.
En proyectos basados en la venta inicial de terrenos públicos por unos 10 millones de euros, la Guardia Civil calcula que entre la adjudicación inicial a una empresa, el posterior cambio de propietario y la recalificación del proyecto, todo ello controlado o auspiciado por la trama con sus contactos, provocan el consiguiente aumento del valor del solar con unos beneficios por el incremento del precio de «unos 10 millones de euros de media aproximadamente» en un año. Pero esas cantidades «no revierten en los consistorios sino en los inversores o intermediarios y gestores».
Alavedra, Prenafeta y Luigi actuaban de forma coordinada desde el 2002, según el sumario, participando en operaciones en «distintos municipios de la provincia de Barcelona en las que se observan irregularidades en adjudicaciones aparentemente ilegales y un manejo de los tiempos del urbanismo, la información privilegiada que se tiene antes de que los proyectos estén ofertados, en beneficio de un reducido grupo de empresarios».Entre los afortunados destacan Josep Singla, de Proinosa y Lluís Casamitjana, de Espais, ambos imputados. «Todos ellos pagan comisiones por consecución de obras a Luis García, Prenafeta y Alavedra».
Existen «tres ligeras variantes del mismo negocio», utilizando las palabras del sumario. La primera y más sencilla es la obtención de una comisión (del 3% al 5%) por conseguir una obra local para una empresa, ya sea amañando concursos o utilizando información privilegiada. Esto sucede en muchas obras menores de Santa Coloma. La segunda afecta al ámbito autonómico, intercediendo a favor de un empresario para lograr compraventas. Y la tercera, más compleja, interviniendo en un desarrollo urbanístico para lograr modificaciones de usos.





* El Periódico - 28.05.10
Foto: Los edificios del proyecto Cúbics, en Santa Coloma de Gramenet.- elperiodico.com

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'Caso Pretoria': La trama intentó su último 'pelotazo' en la plaza de Europa de L'Hospitalet

ELPAÍS/Barcelona* : Unos terrenos ocupados durante décadas por chatarreros se convirtieron de repente en solares codiciados por el gremio del ladrillo. El soterramiento parcial de la autovía de Castelldefels a su paso por L'Hospitalet era una asignatura pendiente que cosió el urbanismo de esta ciudad hace ya seis años. En aquellos terrenos se levantan ahora flamantes edificios de oficinas, hoteles de diseño y las sedes corporativas de diversas sociedades, Proinosa entre otras.

La plaza de Europa de L'Hospitalet se ha convertido en el espacio de centralidad de la zona y eso era conocido por la trama pretoriana, que si algo sabía era anticiparse a la revalorización de los terrenos, aunque hubiera que forzarla con actuaciones susceptibles de ser incluidas en el Código Penal.

Para acometer el soterramiento de la autovía, desde el barrio del Gornal hasta la plaza de Cerdà, la frontera con Barcelona, se creó un consorcio público en enero de 2002, siendo alcalde Celestino Corbacho, ahora ministro de Trabajo e Inmigración. Tras la reparcelación, a la sociedad Inmuebles Godó, SA, le fueron adjudicadas cinco parcelas. Como se le exigieron 6,3 millones de euros en concepto de cargas urbanísticas, optó por vender dos de esos solares a la sociedad Doskasde, SA, en enero de 2003. Cada parcela tenía 2.371 metros cuadrados de superficie y 7.661 de techo edificable. En ambos casos eran de uso residencial y se pagó un total de 22,98 millones de euros.

En esa venta actúan dos intermediarios. Uno fue Enrique Lacalle, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, quien percibió 1.124.853 euros más IVA a través de sociedades de su propiedad. Él mismo mostró las facturas a la Guardia Civil cuando declaró el pasado 6 de febrero en el cuartel de Sant Andreu de la Barca.

Apenas año y medio después de comprar, el 19 de agosto de 2004, Doskasde, SA, firmó un contrato privado de compraventa con Espais, la inmobiliaria del imputado Lluís Casamitjana, que luego vendió dos solares al Incasòl en Cerdanyola y El Prat, y que pinchó con la venta un edificio de la avenida Diagonal a la Generalitat. Por la compra de las dos parcelas de la plaza de Europa, Espais pagó 32,2 millones y ese mismo día firmó un contrato con Poliafers, SA, la sociedad instrumental de Lluís Prenafeta, por el que este cobró 1.107.600 euros, IVA incluido, de los que 458.200 se los quedó él, 348.000 fueron para Macià Alavedra y los restantes 301.400 para Luigi. El motivo oficial que siempre aparece en las facturas es "trabajos de asesoramiento", pero la Guardia Civil explica en el informe entregado al juez que la intervención de Poliafers "sigue patrones semejantes a los propios" de las operaciones de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres supuestamente delictivas, si bien en este caso no hubo una recalificación urbanística de los usos. El informe policial recuerda que fue otra empresa distinta a Poliafers la que asesoró a Espais, por lo que se sugiere que "esta cuestión posiblemente debería ser aclarada por Lluís Prenafeta".

En esas parcelas se están construyendo dos torres que tendrán un máximo de 15 plantas cada una y que Espais está promocionando como viviendas. Sin embargo, el año pasado se ofrecieron los edificios a la Generalitat para que se trasladara allí la sede del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Fue a través de una carta remitida el 5 de marzo de 2009 a la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, y de diversas llamadas y reuniones en las que tampoco se llegó a nada.

"Únicamente ha quedado pendiente conocer el objeto concreto de la sociedad Poliafers" y otras, que "están vinculadas a la operativa" de Prenafeta, Alavedra y García Sáez, admite la Guardia Civil en su informe dirigido al juzgado. La investigación sigue abierta y habrá que esperar.
El interrumpido sigilo policial

El souflé mediático del caso Pretoria estaba desinflado a primeros de febrero. Entonces ya empezaban a circular los comentarios de los agoreros de turno que pronosticaban "otra garzonada", una expresión acuñada para desacreditar al juez de la Audiencia Nacional.

Suele ser propia de los que confunden el deseo con la realidad, hasta que ésta les desborda. Y más después de que Alavedra, Prenafeta y Muñoz se hubiesen comido los turrones en casa, se les hubiesen rebajado las cuantiosas fianzas que prestaron para quedar en libertad y solo Luigi permaneciese entre rejas.

Los tiempos periodísticos nada tienen que ver con los policiales, y mucho menos con los judiciales. La Guardia Civil, actuando a las órdenes del juez luego defenestrado, seguía trabajando en sigilo, pero trascendió que un grupo de agentes llevaban semanas en Barcelona con los flecos de la trama. Se ignoraba dónde ni qué investigaban, porque el caso seguía bajo secreto de sumario.

El levantamiento de esa medida, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimase un recurso de la abogada de Luigi, ha revelado que aquellas pesquisas se centraban en dos parcelas de la plaza de Europa. La investigación policial se recoge en un informe de la Guardia Civil fechado el 3 de mayo, en el que se sugiere que se vuelva a tomar declaración a Prenafeta para que aclare el cobro de comisiones a través de Poliafers, la sociedad instrumental que creó para estos fines.

Ahora le toca mover ficha al juez Santiago Pedraz o al sustituto de Garzón que nombre el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí que ha producido un indisimulable alborozo en aquellos agoreros. Y se ha perdido el sigilo del que disfrutó la Guardia Civil para trabajar. Nada es lo mismo.





* El País - 28.05.10
Foto: L'Hospitalet (Barcelona), plaza Europa - elperiodico.com

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