DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción ha interpuesto una querella por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos contra Antoni Pascual Ribot, actual vicepresidente del Consell de Mallorca por Unió Mallorquina (UM) y responsable del área de Carreteras de dicha institución desde 1999 hasta hoy.
De forma paralela, anticorrupción y la Policía desataron ayer la operación Peaje, contra una supuesta trama de corrupción relacionada con el desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor, que se saldó con siete registros en sedes de empresas, ocho detenidos y varios imputados más. Entre los arrestados destaca Francisco Orejudo, ingeniero jefe del proyecto de las obras de la autovía y alto cargo del Consell Insular de Mallorca. También fue arrestado otro funcionario, Gabriel Mestre, encargado de la vigilancia. Son los únicos que han pasado la noche en los calabozos policiales.
Secreto de sumario
La querella contra Antoni Pascual fue interpuesta la semana pasada y correspondió, por reparto, al juzgado de instrucción 5. La magistrada Ana María San José decretó el secreto de sumario y ayer su juzgado se encargó de varios de los registros en sedes palmesanas de sociedades relacionadas con la UTE adjudicataria de la "autovía" de Palma a Manacor.
Anticorrupción investiga si con ocasión de las obras de construcción del desdoblamiento de la carretera de Manacor, que tuvo un coste de unos 140 millones de euros y fue impulsado por el anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM con el apoyo del Partido Popular, pudieron producirse desvíos millonarios de fondos; pago de sobornos (cohechos) en metálico o mediante favores, como la realización de obras particulares; falsedades documentales; malversación de caudales y otras corruptelas.
La operación Peaje se desarrolló ayer de forma coordinada entre los juzgados de Manacor, Palma e Inca. Varias comisiones judiciales practicaron siete registros en los domicilios y sedes de empresas relacionadas con la carretera de Manacor.
Las pesquisas se centran, de momento, sobre la UTE adjudicataria del desdoblamiento, una ampliación de la antigua carretera que se hizo para canalizar el intenso tráfico entre las dos ciudades, acabar con puntos negros y no tener que construir un nuevo trazado.
La unión de empresas sospechosa se llama UTE Desdoblamiento C-715 (antiguo nombre de la vía). Tiene su sede social en la calle Ter, 12 de Palma, un inmueble que fue registrado por una de las comisiones judiciales.
Unión de empresas
Las adjudicatarias del concurso convocado por el Consell para el desdoblamiento fueron: Electro-Hidráulica; Obras y Pavimentos Man (Mansa); Aglomsa-Sacyr; Melchor Mascaró; e Itinere Infraestructura S.A. En las obras trabajaron otras muchas sociedades en calidad de subcontratistas o colaboradoras de las adjudicatarias.
El secreto de sumario impidió ayer conocer detalles sobre las pesquisas en marcha. Sí que se pudo saber que una de las líneas de investigación pasa por esclarecer si algunas de las numerosas sociedades intervinientes en la obra pública realizaron trabajos particulares para políticos, altos funcionarios o técnicos del Consell o terceras personas ajenas al desdoblamiento.
También se sospecha que se pudieron pagar sobornos en metálico o desviar partidas importantes a fines ajenos al proyecto. Anticorrupción y Policía buscaron ayer facturas en soporte papel y otros documentos en soporte digital para tratar de aclarar si se perpetraron los delitos investigados. Al igual que en otros casos de presunta corrupción con fondos públicos investigados por los fiscales Carrau y Pedro Horrach en el caso Peaje también se están manejando numerosas facturas presuntamente falsas.
Los investigadores sospechan que algunas facturas pagadas con fondos públicos a empresas participantes en las obras no correspondían a la contraprestación real de servicios o trabajos. Algunos detenidos confesaron anoche estas irregularidades e implicaron directamente a Orejudo.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 17.03.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
El fiscal se querella por corrupción contra el vicepresidente del Consell
El juez para el polígono de Soria por daños 'irreversibles' a Numancia
ELMUNDO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Soria ha acordado una segunda suspensión cautelar de la expropiación de las 117 hectáreas de terreno, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Soria del 1 de agosto para la construcción del polígono industrial Soria 2, que promueve la empresa pública Gesturcal, para evitar vulnerar el "interés general".
La medida de suspensión cautelar se mantendrá "en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento principal". Es decir, y tal y como explicó el abogado de la familia Marichalar, José Joaquín Díaz de Aguilar, hasta que haya un pronunciamiento firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el fondo de la cuestión.
A este respecto, hay que recordar interpuso ante este tribunal, en noviembre del año 2007, un recurso cotencioso administativo argumentado que existían "múltiples y gravísimas irregularidades" en los acuerdos para modificar el PGOU, con el que se autorizaba la edificación del polígono industrial Soria II y cuya construcción afectaría a 117 hectáreas del paraje El Cabezo.
El TSJ de Castilla y León rechazó en ese momento la suspensión de la modificación del PGOU del polígono industrial Soria II al considerar que prevalecía el interés público de la actuación urbanística.
Protección de Numancia
La principal novedad en el auto dictado ahora por el magistrado del Contencioso de Soria, Norberto Freire Santos, es que afirma que "es indudable que existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de las obras del futuro polígono industrial".
El auto añade que en este sentido "se han pronunciado instituciones tan ilustres como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia".
A este respecto, desde el bufete Díaz de Aguilar también se recuerda que el pasado mes de enero el Procurador del Común de Castilla y León solicitó que se defienda el paisaje de Numancia y su entorno y que se respetara el Convenio Europeo del Paisaje.
De esta manera, el auto del Contencioso Administrativo atiende la solicitud de Ignacio Javier Marichalar y Sáenz de Tejada, al entender que con la inmediata ejecución de la expropiación podría producirse "si no una situación irreversible, sí podrìa causarle al recurrente perjuicios irreparables o difíciles de reparar".
Según explicó el abogado de la familia Marichalar, este auto atiende la petición de "medidas cautelares", puesto que "si se construye el polígono industrial Soria 2" antes de que haya sentencia firme que ponga fin al procedimiento principal "no se produciría la tutela judicial".
En otro punto del auto, el magistrado explica en sus razonamientos jurídicos que "el posible perjuicio al interés público o no existe o es mínimo porque en primer lugar no se está ante un procedimiento de expropiación urgente". De lo expuesto, reitera, "no se atisba una perturbación grave de los intereses generales si se adoptara una medida temporal de suspensión del procedimiento expropiatorio".
Este es el segundo auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo decretando una suspensión cautelar del procedimiento expropiatorio de los terrenos.
* El Mundo - Isabel Rodríguez - 16.03.09
Foto: Vista Numancia - elmundo.es
Chiclana: Justicia o agravio comparativo
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LAVOZ/Cádiz* : El Ayuntamiento y los sucesivos Gobiernos municipales; el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana; los técnicos o los escasos medios con los que cuentan para controlar la edificación ilegal; los propietarios; los promotores que hicieron negocio durante años; o la tendencia habitual en todo el litoral español. La respuesta a la pregunta de quién es el responsable de que en Chiclana haya actualmente más de 15.000 casas edificadas sin permiso y fuera de control urbanístico alguno, seguramente, sea una mezcla de todas estas opciones.
Y es que el derribo, ejecutado el pasado jueves, de la primera vivienda ilegal en la historia de la localidad, ha reabierto el debate sobre quién tiene la culpa de una situación que «no tiene parangón en toda Europa» según el ex-delegado de Urbanismo chiclanero, José Pedro Butrón.
Esta demolición, que no tuvo tintes dramáticos por la buena actitud de la familia y por tratarse de una segunda residencia levantada hace relativamente poco tiempo en suelo no sectorizado (no legalizable a medio plazo) en Majada de los Chivos, no será la última. Desde Urbanismo se avisa de que hay abiertos expedientes similares que podrían tener el mismo final una vez se resuelvan.
Opiniones hay para todos los gustos. Hay quien piensa que «pagarán justos por pecadores», y que en pie quedarán muchas viviendas que han servido a sus propietarios para eludir impuestos y especular. En el otro lado de la balanza están fundamentalmente los propietarios y las AAVV que los amparan y aglutinan, que defienden la autoconstrucción casi como «una tradición antigua, que pasó de padres a hijos en ésta y otras ciudades del entorno».
Llama la atención que en estos últimos días que no se hayan pronunciado sobre el derribo de la vivienda de la familia Utrera cerca del Pinar de los Franceses ningún partido de la oposición.
Indudablemente el asunto es espinoso y susceptible de restar votos y popularidad entre la ciudadanía a los políticos, aunque lo sensato sea pensar que la legalidad debe imperar siempre.
Algunas voces alertan ya de que las responsabilidades deberían caer también «sobre quienes se han enriquecido durante todo este tiempo», promotores y constructores fundamentalmente, que han vendido parcelas e inmuebles sin control durante años.
Actualmente el departamento de Disciplina Urbanística de la GMU cuenta con 3 inspectores, que pasarán a ser 5 en breve. Con un PGOU recurrido al Tribunal Supremo y un proceso de regularización que afecta a 18 millones de metros cuadrados en 9 Áreas de Gestión Básica aún pendiente, nadie se atreve a aventurar cuántas casas más se derribarán ni cuándo podrán tener quienes viven en el extrarradio unos servicios dignos del siglo XXI.
chiclana@lavozdigital.es Construirse una casita en el campo fue el sueño de miles de familias gaditanas en la pasada década de los años 90. La mayoría de ellos, ahora, pagan el precio de tener un chalet tipo de 500 metros cuadrados, con jardín y piscina en muchos casos. Y es que en algunas zonas de Chiclana ni siquiera llega el cableado de telefonía y no es posible, por ejemplo, tener una conexión a internet. A ese hándicap se suma el problema de la conexión eléctrica, irregular mediante enganches al cableado o poste de red por regla general, así como al esfuerzo económico que supone mantener una fosa séptica y un pozo de agua subterráneo con una bomba de extracción eléctrica.
Zonas como Batería Colorada, El Sotillo o Pago del Humo soportan una densidad de población muy superior a la capacidad que tienen sus carriles y caminos, la mayoría sin asfaltar. Otra de las problemáticas es la falta de equipamientos. Ir al supermercado, al médico o al estanco supone tener que usar el coche y recorrer varios kilómetros. Los núcleos del diseminado se cuentan por docenas y todos tienen el mismo perfil. Casas aisladas, parcelación ilegal y desorden.
LOS DATOS
15.000 viviendas ilegales: Es la única estimación oficial, de hace varios años, que existe. Algunas voces hablan de que la cifra podría superar las 30.000 casas sin permiso.
Regularización y PGOU: El proceso iniciado hace varios años sigue en suspenso. La nulidad del PGOU, que sigue vigente pero que está recurrido ante el Tribunal Supremo tras su anulación, es un hándicap en contra de un proceso que será muy costoso para los propietarios.
Derribos: Urbanismo acometió el primer derribo de una casa ilegal el pasado jueves. En los próximos meses se producirán más demoliciones similares de viviendas.
* La Voz Digital - JESÚS M. ARAGÓN J. M. A - 17.03.09
Foto: DEMOLICIÓN. Primera vivienda ilegal derribada en Chiclana. / ROMÁN RÍOS. lavozdigital.es
El Supremo sostiene que el cambiazo en el plan de Ourense "no fue un error"
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Ourense puede quedarse en unos meses sin planeamiento urbanístico. Ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han declarado ilegal el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) por diversas causas. El Gobierno local ha presentado recursos con la única intención de demorar su anulación y ganar así tiempo para redactar uno nuevo. Pero uno de los recursos no prospera.
El Tribunal Supremo remitió hace unos días al Ayuntamiento una providencia que hace temer lo peor a los técnicos municipales.
El alto tribunal cifra en al menos dos las causas para rechazar el recurso de casación contra la sentencia del TSXG, que anula el plan basándose en que los planos expuestos al público no eran los que se habían aprobado inicialmente en el Ayuntamiento, ya que variaba la edificabilidad. En la providencia se da un plazo, que acabó ayer, para presentar "otra crítica razonada". El Gobierno local ya ha enviado las nuevas argumentaciones, aunque duda que prosperen, ya que el auto del Supremo deja claro que el cambio de los planos "no puede considerarse un error".
"Es un mal presagio", destacó ayer el alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, que responsabiliza al futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por haber autorizado el PXOM cuando era conselleiro de Política Territorial, "a sabiendas de que era ilegal". "Tendrá que responder de ello", advirtió el regidor. El líder del PP gallego autorizó en 2003, como responsable de Ordenación del Territorio, el PXOM de Ourense pese a tener constancia documental, según Rodríguez, de que había un cambiazo en los planos expuestos al público respecto a los aprobados inicialmente. El alcalde orensano responsabiliza al PP y a Núñez Feijóo de la "adjudicación ilegal" del plan de ordenación urbanística. Su anulación dejará a Ourense con el planeamiento de 1986, lo que sitúa en el limbo urbanístico el desarrollo de la ciudad desde aquel año e impide el crecimiento previsto.
El regidor orensano transmitió la inquietud del gabinete jurídico municipal "y de otro exterior" que su equipo ha consultado. Todos coinciden en que Ourense está "en situación de emergencia". Por ello, reclama al presidente in péctore de la Xunta un "inmediato pronunciamiento" sobre su disposición a mantener la hoja de ruta garantizada por el presidente en funciones, Emilio Pérez Touriño "para evitar que Ourense se paralice". "Feijóo aparece continuamente en los medios de comunicación con propuestas de gobierno, pero no dice nada sobre el futuro de esta ciudad", reprocha el alcalde socialista. El mandatario orensano lo emplazó ayer públicamente a que garantice "la salida responsable, mesurada y jurídicamente segura a la que se había comprometido Touriño".
La hoja de ruta que reclama el alcalde para solventar "esta herencia envenenada que dejó el PP" pasa por la colaboración entre Xunta y Ayuntamiento. El alcalde reclama el apoyo del Gobierno gallego en la tramitación "del nuevo planeamiento que se está redactando y que, mientras tanto, no se perjudique a los orensanos". Exige que la Xunta garantice el desarrollo urbano de la ciudad hasta que no se redacte el nuevo PXOM. Y solicita también a Feijóo un "compromiso público" que garantice la tramitación urgente de los proyectos estratégicos aprobados para la ciudad. Entre ellos destaca los de la Ronda Bulevar, el Plan de Termalismo, el Plan Especial de la Universidad y la integración del AVE en la ciudad. Además, solicita la redacción de medidas especiales para los proyectos comerciales previstos (la instalación de El Corte Inglés y de Eroski) en la finca Santa Marina y en A Farixa.
El regidor reclama prudencia a su antecesor, el actual portavoz del PP en la Corporación, Enrique Nóvoa. "Sigue diciendo frivolidades como que es suficiente con hacer unos retoques en el PXOM", reprueba Rodríguez. "Feijóo debe hacerle entender que cuando un planeamiento se anula por ilegal hay que redactar otro nuevo".
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 17/03/2009
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Vecinos de la Costa regresan a sus países de origen por la falta de servicios básicos
INFORMACIÓN/Alicante* : Vecinos de la urbanización Triana I de la costa oriolana no pudieron reprimir ayer el llanto al explicar a los medios de comunicación que no tienen luz desde el jueves y que algunos residentes de otras zonas con el mismo problema se han visto forzados a volver a su lugar de origen, en el Reino Unido.
Estos residentes, la mayoría británicos, pero, remarcaron, "ciudadanos oriolanos" que viven todo el año en Orihuela, fueron acompañados por la concejal del PSOE, Rosa Martínez, en su comparecencia para explicar su situación. Muy afectada, Mandy Tipling, presidenta de la comunidad de propietarios, explicaba que en el residencial viven una docena de familias; entre ellas, una española con un niño pequeño que han tenido que dejar su casa.
Estos residentes adquirieron su vivienda en 2002 a la empresa promotora y urbanizadora Tecnología Urbanística. Tienen escrituras de sus casas, pero no cédula de habitabilidad y viven con luz y agua de obra desde entonces porque la urbanización no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento al no estar concluida, algo que sucede en numerosos puntos de la costa. En el caso de Tecnología Urbanística el problema tiene difícil solución porque, según fuentes municipales, la empresa, que ha construido miles en la comarca, no está en condiciones ni de abonar más facturas de luz y agua de obra ni mucho menos de concluir lo que empezó debido a la crisis.
Los residentes especificaron que no tienen deuda con Iberdrola porque en 2008 ya se encargaron de pagar los recibos. Tipling dijo que explicaron su problema en el Ayuntamiento de Orihuela Costa sin obtener respuesta y se preguntaba por qué han cortado la luz si abonan las facturas. La presidenta de esta comunidad afirma que ellos "no son culpables de los problemas de Iberdrola con la promotora". En casos similares, con la misma empresa implicada, el problema es que Iberdrola no puede formalizar el suministro para pasar del de "obra" al individual porque en la urbanización aparecen más casas de las que se proyectaron en su día y por lo tanto hay que ofrecer más potencia de la prevista, según fuentes del PSOE.
Finca
Rosa Martínez explicó que los residentes "no han encontrado respuesta ni de la constructora, ni de la administración de la finca y tampoco del Ayuntamiento que mira para otro lado mientras que decenas de residentes de Orihuela costa tienen que abandonar sus casas y volver a su país. Muchos de ellos sin casa en su lugar de origen porque las vendieron para poder venir a Orihuela", aseguró. Para la edil, la situación es fruto de un "urbanismo salvaje y desmesurado, sin ordenamiento previo y en ocasiones ilegal" que provoca "verdaderos dramas humanos y este caos".
Martínez advirtió de las "ciudades fantasma" que se están creando por los abandonos "masivos" de residentes y recordó que la alcaldesa, Mónica Lorente, "vende" el turismo residencial "como algo consolidado" pero la situación real "es cada día más insostenible y dura, tanto para el turismo de futuro, como para los residentes que se en despojados de sus casas y de sus derechos".
Una solución temporal
José Antonio Aniorte, edil de Infraestructuras en la Costa, aseguró que Iberdrola ha cortado el suministro "de obra" en esta urbanización por un problema de inseguridad en el tablero de instalación, y no por impago de la constructora o de los vecinos, como ha ocurrido en otras ocasiones. En este sentido aseguró que ayer mismo la cuadrilla de mantenimiento del Ayuntamiento se iba a poner en marcha para solventar el problema de forma provisional. Aniorte admitió que se han dado una docena de casos en los últimos meses de impago y corte de luz de obra en comunidades de propietarios que se han solventado con la domiciliación directa de la factura a los vecinos.
En este caso el tablero eléctrico presenta unos problemas de inseguridad que Iberdrola no está dispuesta a asumir porque "cualquiera que lo tocara podía sufrir un accidente grave". El problema de fondo sigue siendo el mismo en todos los casos: Años después de ocuparse las urbanizaciones no están terminadas y los servicios básicos son de "obra".
* Información - D. PAMIES - 17.03.09
Foto: orihuela costa - loquo
