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ELPAÍS* : La reposición de la legalidad urbanística pone a los ayuntamientos contra la pared. Las sentencias judiciales firmes con ese objetivo, que pasa por anular licencias municipales y, subsiguientemente, ordenar la demolición de las obras ilegales, se convierte en una amenaza drástica para el funcionamiento económico de los municipios y, por extensión, para la economía civil generada por el anterior auge de la especulación inmobiliaria.
El alcance de esta amenaza se hace patente en A Guarda, el primero de los ayuntamientos sacudidos por los tribunales: su presupuesto no alcanza ni para la primera tanda de derribos por licencias mal concedidas, y aún hay más sentencias pendientes de ejecución. En esa tesitura se verán a corto plazo otros ayuntamientos, especialmente del sur de Pontevedra, sobre los que en los próximos meses, según fuentes jurídicas consultadas, caerá una oleada de sentencias de idéntico contenido.
La situación es comparada en medios judiciales, por sus efectos económicos, con las primeras acciones contra el narcotráfico en la comarca de Arousa. La persecución alcanzó entonces a numerosos negocios que acabaron cerrados o sometidos a crisis de supervivencia con efectos sobre el empleo. Ahora los tribunales, con sentencias firmes en causas iniciadas hace cuatro años y más, pondrán en jaque muchas de las plusvalías obtenidas con la especulación. "La Administración ha sido muy tolerante y casi nadie de los afectados es inocente en estos resultados", explican fuentes de la Fiscalía de Pontevedra, que atribuyen la situación al exceso de normas que marcan el funcionamiento del sector y a la proclividad a cambiarlas de los responsables políticos, incurriendo con facilidad en la generación de inseguridad jurídica.
En los ayuntamientos la crisis del ladrillo ya ha provocado una merma drástica en sus ingresos por la concesión de licencias. Ahora, además, tendrán que afrontar los costes de la reposición de la legalidad urbanística, bien directamente o repercutiéndolos, allá donde proceda, sobre las empresas o particulares que promovieron las obras ilegales. Unas se realizaron sin licencia, otras recibieron licencias que contravienen la legislación vigente y otras, en fin, desbordan el marco de actuación de los permisos que recibieron. La reposición de la legalidad pasa a ser en todas ellas una responsabilidad municipal y, aunque nadie adelanta cifras, tampoco nadie duda de que tendrá una incidencia capital sobre las economías locales afectadas.
En A Guarda, por citar el último caso, la anulación de las licencias de construcción de 21 viviendas unifamiliares y la demolición en marcha de las que se construyeron conlleva la indemnización a los afectados, porque actuaron con todas las de la ley, con unos siete millones de euros, equivalentes al presupuesto municipal del año. En este caso el ayuntamiento se apresta a dirimir con la Xunta en los tribunales a quién le corresponde pagar, pero en los próximos meses tendrá que afrontar otros fallos análogos.
Situación similar se produce en los tres ayuntamientos del Val Miñor (Baiona, Nigrán y Gondomar) y en Oia, que puede pasar por un paradigma del desastre. En los próximos meses se esperan sentencias firmes sobre decenas de edificios construidos en las proximidades de la costa, todos ellos ilegales. El caso más relevante es el del hotel-balneario Talaso Atlántico, que se construyó de acuerdo con una ordenanza que el Ayuntamiento nunca publicó y cuya demolición tendrá que ejecutarse previsiblemente en unos meses.
En Oia está asimismo pendiente el derribo de una nave industrial del actual edil de Urbanismo de Gondomar, Alfonso de Lis, quien la defiende con el argumento de que tenía licencia municipal, aunque obvió la de la Xunta, preceptiva para toda edificación en suelo rústico. El actual alcalde, Alejandro Rodríguez, se resiste a ejecutar el derribo con el argumento de que la empresa genera empleo. Mandará ejecutarlo "cuando empiecen a demolerse las muchas naves que hay en su misma situación en la provincia", afirma.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 15/12/2009
Foto: A Guarda (Pontevedra), derribos - lavosdegalicia.es
Galicia: Una oleada de derribos amenaza las arcas de municipios costeros
Málaga: El PGOU recalifica una finca contigua al centro ruso de Pinares a demoler
La maniobra de los técnicos encargados de la revisión únicamente beneficia a los propietarios de la citada pastilla, sin que la misma tenga efectos sobre el suelo, también no urbanizable, en el que Vladimir Beniachvili ha levantado en los últimos once años varias edificaciones de forma presuntamente ilegal.
El diferente trato que el nuevo Plan General da a ambos espacios crea ciertas incertidumbres, puesto que según indicaron a este periódico miembros de la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón y expertos, podría abrir una puerta inesperada al promotor del hispano-ruso para tratar de normalizar dichas irregularidades. Según las fuentes consultadas, podría llegar a reclamar al Ayuntamiento el mismo trato que se da a los propietarios de al lado y apuntaron que incluso podría presentar un recurso contencioso-administrativo contra el PGOU, "con el objetivo de ralentizar aún más las actuaciones municipales". "Habría que explicar muy bien por qué siendo suelo del mismo tipo se cambia uno y no el colindante", añadieron.
Este extremo, no obstante, fue descartado desde la Gerencia de Urbanismo. Teresa Domingo, jefa de departamento de Disciplina Urbanística, explicó que la decisión de otorgar la calificación de urbanizable no consolidado al terreno aledaño "no afecta para nada a los suelos sobre los que ha construido el promotor del centro hispano-ruso". En este sentido, cerró que ello sea una forma de legalización y que se contemple un cambio en el uso previsto. Según la ficha técnica, en la parcela objeto del cambio de uso, de 17.424 metros, se permitirán hasta 10 viviendas unifamiliares.
En relación con la larga espera que acumula el posible derribo de lo construido en la parcela de calle Halepensis, dijo que esa demora responde a "la enorme complejidad" del expediente y a que "no se ha sido suficientemente ágiles", lo que vinculó con la disposición de menos medios de los necesarios. En cualquier caso, la responsable técnico insistió en que desde Urbanismo se ha actuado "en todo momento" tras detectarse las primeras irregularidades.
Sobre la orden de demolición, explicó que si el propietario no actúa de forma voluntaria en el plazo fijado legalmente tras serle notificada la orden de demolición, será el Ayuntamiento el que acometa el derribo de lo construido. No obstante, este paso podría demorarse si el dueño impidiese el paso a las máquinas, lo que obligaría a tramitar una orden judicial. Si ello ocurriese, la Gerencia empezaría a imponer de forma inmediata las primeras sanciones coercitivas, que pueden ser hasta 12 y por el 10% del valor de lo construido ilegalmente. En este caso, la cuantía global de las obras ronda los 865.000 euros.
* Málaga Hoy - S. Sánchez - 15.12.09
Foto: Suelo contiguo al promotor del hispano-ruso que cambia de uso. - malagahoy.es
Detienen a seis empresarios por corrupción urbanística en Llíber
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INFORMACIÓN/Alicante* : La vorágine urbanística que vivió Llíber -un municipio del interior de la Marina Alta de 1.001 habitantes- entre 1999 y 2003 tenía gato encerrado. Agentes de la Guardia Civil detuvieron entre el domingo y ayer por la mañana a seis empresarios que durante esos años ejercieron presuntamente de intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables o directamente construyeron y vendieron chalés ilegales a residentes extranjeros.
A los seis detenidos se les imputa un delito de estafa y otro de asociación ilícita para delinquir. Sus promotoras y sociedades estuvieron detrás de la construcción de entre 300 y 350 viviendas en suelo protegido.
El alcalde de Llíber en aquellos años, José Mas Avellá, del PP, y el entonces arquitecto técnico municipal, Amador Signes, también están imputados por un delito contra la ordenación del territorio. Es una causa distinta, pero con el mismo origen. Ambos permitieron supuestamente que se edificaran los chalés ilegales. El Ayuntamiento no emitió ninguna orden de paralización de obras. Por el contrario, concedió licencias para restaurar casas en ruinas o levantar almacenes agrícola con parte habitable para construcciones que, en realidad, eran chalés de nueva planta.
En algunos casos, ni siquiera existía la ruina para cuya reconstrucción se pedía permiso de obra. Sin embargo, el Ayuntamiento hacía la vista gorda y permitía que en parcelas de menos de 10.000 metros (en esa superficie sí se podía construir una vivienda) se levantaran varios chalés. Sus propietarios no pueden ahora legalizar sus casas y se ha creado en Llíber un grave problema de ordenación del territorio. La instrucción de este caso, por el que también estuvo imputado el ex edil de Urbanismo, quien ha fallecido, ya está cerrada y ahora debe celebrarse el juicio en el juzgado de Benidorm.
De cinco de los seis empresarios detenidos trascendió ayer la identidad. Son Miguel M., un promotor que también en Xàbia tiene abierto un expediente de infracción urbanística y, además, estaba vinculado a uno de los PAI de Parcent; el español Pedro E.O., relacionado también con el sector inmobiliario; Trevor B., un constructor de nacionalidad inglesa, y los alemanes Michael y Trauder W., según informaron fuentes próximas al caso. Los detenidos pasarán hoy o mañana a disposición judicial.
La investigación, que todavía ayer no se había dado por cerrada, la lleva a cabo el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Comandancia de Alicante y no se descartan nuevas detenciones.
Estafados
Afectados por la presunta estafa urbanística de Llíber relataron a este diario cómo actuaba uno de los empresarios detenido. Comentaron que ejercía de intermediario en la venta ante notario de los terrenos en suelo no urbanizable. Para ello, contaba con poderes de los propietarios, a menudo agricultores de Llíber. Al comprador le garantizaba que no iba a tener ningún problema para conseguir la licencia y construirse un chalé. De hecho, ya le ponía en contacto con un técnico municipal (supuestamente, el entonces aparejador Amador Signes), quien le explicaba los pasos a seguir para conseguir el permiso de obras.
El empresario explicaba a sus clientes que en Llíber se aplicaba una curiosa práctica urbanística. Debían pedir una licencia para restaurar una ruina o para construir un almacén con una parte habitable, aunque edificaran un chalé de nueva planta.
El Colegio de Arquitectos de Alicante presentó una denuncia contra esta artimaña urbanística, de ahí la imputación posterior del ex alcalde y del que fue su aparejador municipal. Los proyectos, supuestamente de obra menor pero que en realidad eran para construir un nuevo chalé, los visaba un arquitecto técnico y no uno superior.
* Información - A. P. F./P. C. - 15.12.09
Foto: Chalés ilegales en la montaña de Llíber que ardió en septiembre de 2008 - INFORMACION
Cartagena: Condenan a Urbanismo por derribar sin razón una casa en La Aljorra
LAVERDAD* : El Ayuntamiento de Cartagena tendrá que indemnizar con 92.405,61 euros a uno de los propietarios de una vivienda de La Aljorra que declaró en ruina inminente y derribó sin un informe justificado en el año 2006. Así lo establece una sentencia del Juzgado de Contencioso Administrativo nº1 de Cartagena del pasado 20 de octubre, que considera injustificada la actuación municipal.
La resolución judicial, recurrible al Tribunal Superior de Justicia, da la razón a Miguel Ángel C. G. Éste impugnó el decreto de ruina inminente del 9 de mayo del 2006 con el que el entonces vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo, Agustín Guillén, autorizó el derribo en un plazo máximo de 48 horas.
El concejal actuó a instancias del arquitecto jefe, José Amorós, quien inspeccionó el inmueble el 3 de diciembre y emitió un informe según el cual la casa había sufrido derrumbes interiores por unas lluvias, y era necesario demolerlo. Había riesgo de caída de «elementos estructurales de fachadas» a la calle.
La edificación estaba en las calles Salvador García y Antonio Pascual o Mayor, junto a la antigua carretera de Fuente Álamo, «una zona de gran tráfico». La demolición total de la casa, de 123 metros cuadrados, fue el 12 y el 13 de mayo.
El dueño exigió daños y perjuicios, pues el inmueble «era susceptible de venta, alquiler o uso», y ya sólo le quedó su «participación de una cuota de un solar en proindiviso». La indemnización equivale al valor de reposición de la casa.
El afectado basó su demanda en en tres informes de arquitectos, pero el juez desechó el contenido y encargó un informe pericial para compararlo con el municipal.
Ni fotos ni inspección total
El perito judicial no vio proporcionalidad entre el informe y la medida adoptada, y señaló que la calificación correcta habría sido ruina ordinaria o parcial. Vio datos «imprecisos» en el estudio del Ayuntamiento, como el hecho de no incluir documentación gráfica sobre los derrumbes o que, en tres fotos de las fachadas, «no existía ningún balcón, marquesina, letrero o anuncio» que pudiera caer a la calle.
Además, el técnico municipal «reconoció que no visitó la edificación en su conjunto» y que «se deberían haber adoptado medidas de seguridad» exterior.
El juez ha determinado que se vulneró el artículo 62, apartado e, de la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Eso sí, no ha advertido ni mala fe ni temeridad.
* La Verdad - J. A. G. - 15.12.09
Foto: Cartagena, ayuntamiento - cartagena.es
A Ría non Se Vende presenta una demanda penal contra la cúpula del puerto vigués
LAVOZ/Vigo* : La red de colectivos A Ría non Se Vende presentó ayer en el juzgado de Instrucción de Guardia nº7 de Vigo una denuncia penal contra los responsables de la Autoridad Portuaria de Vigo (Corina Porro, y Luis Lara Rubido, entre otros) por presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, contemplado en los artículos 325 a 331 del Código Penal, y otro de presunta prevaricación, según lo estipulado en el artículo 404 del mismo texto, ambos relacionados con las obras iniciadas en el muelle del Areal.
La denuncia se basa en la falta de cobertura legal de unas obras que se están ejecutando «sin -según dice el escrito- que el proyecto de las mismas fuera tramitado y aprobado debidamente según la legislación vigente, sin haber sido sometido tampoco a la preceptiva exposición pública, claramente prejudiciales para el medio ambiente y los recursos naturales, y que se están realizando sin que se cuente con el indispensable Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Vigo. De todo lo dicho son conocedores los citados responsables de la Autoridad Portuaria de Vigo, por lo que están incurriendo en un delito de prevaricación».
Se pide en la denuncia que «se adopten cuantas medidas cautelares se entiendan oportunas a fin de evitar los hechos irreversibles que supondría la realización de la obra». A Ría Non Se Vende continúa adelante con la tramitación de los recursos contencioso-administrativos contra los proyectos de ampliación del relleno de Bouzas, del muelle de A Laxe con el puerto anexo y del citado del Areal.
* La Voz de Galicia - 12.12.09
Foto: Panorámica muelle de Guixar - cope.es
