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ELPAÍS* : El llamado caso Castro de Rei, que propició la detención del alcalde socialista Juan Valiño y de la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Lara Méndez, entre otros catorce imputados, bajo los focos de los medios de comunicación, va camino de extenderse por el resto de la provincia. La declaración del ingeniero responsable de obras nuevas de la institución provincial, José Antonio Mondelo, ha dado un giro a la instrucción y ha llevado al fiscal jefe de Lugo, Javier Rey Ozores, a pedir que se amplíen las investigaciones a otros siete municipios, cinco de ellos con alcalde del PP.
En su escrito incluido en el tomo cinco del sumario que ya acumula más de dos mil folios, el ministerio público advierte que se desprenden "posibles actuaciones ilícitas, indiciariamente constitutivas de delitos de tráfico de influencias y cohecho, presuntamente llevadas a cabo en el ámbito territorial de los Ayuntamientos de O Vicedo, Ourol, Muras, Cospeito, Negueira de Muñiz, Ribeira de Piquín y Becerreá". El fiscal entiende que "procede la remisión de los correspondientes testimonios a los juzgados territorialmente competentes" para que sigan con las pesquisas.
Y apunta directamente a los folios que contienen la declaración de Mondelo. Sentado ante la juez Estela San José, que instruye esta causa, el ingeniero de obras públicas que acudió voluntariamente a declarar contó -pese a las adveretncias de su abogado para que no lo hiciese- con pelos y señales el procedimiento utilizado por los regidores para inflar los presupuestos de los contratos.
La lista del jefe de obras de la Diputación incluyó a los alcaldes populares de O Vicedo, Jesús Novo; de Muras, Issan Algnaghn; de Cospeito, Armando Castosa; el anterior regidor de Ourol, Guillermo Salgueiro, además del regidor socialista de Castroverde, José María Arias, que es también diputado provincial, y los alcaldes de Becerreá, Manuel Martínez, y Negueira de Muñiz, José Manuel Braña, ambos socialistas.
El jefe de obras contó en el interrogatorio que los alcaldes acudían a la Diputación para pedir ayuda en la configuración de presupuestos para obras. Luego engordaban esos presupuestos que llegaban a superar entre un 22% y un 28% los precios de mercado. Citó un caso, el del ayuntamiento de Muras presidido por el popular Issam Algnaghn, cuyos sobreprecios alcanzaron el 50%.
Precisamente ayer, tres de los alcaldes del PP, los de O Vicedo, Muras y Cospeito, emitieron un comunicado en el que niegan cualquier irregularidad en la contratación de obras. Los tres regidores rechazan las afirmaciones efectuadas por el ingeniero de la Diputación y se ponen a disposición de la autoridad judicial a la que ofrecen toda la documentación relacionada con los expedientes de las obras.
Tras conocer el levantamiento del sumario, también el secretario provincial de los socialistas de Lugo, Ricardo Varela, quiso "ratificar" ayer su confianza en la "honradez" del alcalde de Castro de Rei. Varela afirmó que del sumario "no se desprende ninguna actuación punible, ninguna actuación que ponga en cuestión la honradez de Juan Valiño ni de los concejales de Castro de Rei" y añadió que no se puede sacar, a la vista de la instrucción, que se destape "ninguna actuación que suponga ningún tipo de apropiación o de aprovechamiento de su cargo público".
No obstante, reconoció que en las conversaciones captadas al alcalde, "se pueda recoger o trasladar el deseo y el interés de éste por que empresas de su municipio, de su comarca, pudieran trabajar en obras de la comarca, siempre respetando la legalidad que permiten los procedimientos". El dirigente socialista aseveró además que "esta voluntad por parte del mandatario, siempre que encajara en los procedimientos legales, sintoniza plenamente con la filosofía que respaldaba el Plan E, es decir, distribuir fondos para obra pública trasladándolos a los ayuntamientos más pequeños".
* ELPAIS.com - 17.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org
Lugo.- El fiscal ve indicios de tráfico de influencias y cohecho en siete alcaldes
La presunción de inocencia permite a tres alcaldes continuar en el cargo
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IDEAL* : Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Es una máxima que asume todo el ordenamiento jurídico democrático -no sólo el español-. Y es una garantía de que las leyes son, cuanto menos, justas para aquellos que, aún existiendo indicios de presunta comisión de delitos o irregularidades, aún no se han sometido a juicio. El sistema jurídico español comparte estas garantías, no sólo para los actores privados, sino también para los públicos. Es por ello que nada inhabilita a un cargo público, electo o no electo, a volver a ocupar el sillón de la administración mientras que una sentencia judicial lo impida.
Obviamente, esta máxima también se aplica a diputados, senadores y, como no, también concejales y alcaldes. El caso del alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), que abandonaba la prisión de Albolote el pasado martes y, sólo un día después, ayer, volvía a dependencias municipales, no es extraño. Enciso estaba en prisión provisional, una medida preventiva -igual que las que le impiden actualmente abandonar el país o las que le obligan a presentarse semanalmente en los juzgados- que en nada le impide continuar desempeñando el cargo para el que le habilitaron las urnas.
La imputación de cinco delitos -cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y tráfico de influencias- es, de momento, eso, una imputación. De mantenerse las sospechas explicitadas en el sumario -la parte sobre la que se levantó el secreto habla de que la figura de Enciso aparece domo «no ajena a lo que está sucediendo» e incluso se indica que podría estar «vinculado» a Alemán y a la «infraestructura organizada» que podría «procurarse favores de naturaleza mercantil, así como lucrarse de las subcontratas» de la empresa Elsur- deberá ser un tribunal el que dictamine sobre si realmente hay pruebas que determinen una conducta delictiva o no. Mientras tanto, puede continuar siendo alcalde con todas las de la Ley. Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, es imposible una inhabilitación para cargo público sin juicio. «Existen medidas preventivas como la prisión, pero para inhabilitación no hay ninguna», indica a este periódico una abogada. Es decir, Enciso solo dejaría de ser alcalde, mientras no haya juicio, perdiendo unas elecciones o mediante la renuncia voluntaria.
El caso de Enciso, que después de permanecer un tiempo entre rejas de forma preventiva, ha vuelto a ocupar la Alcaldía, no es un caso aislado. Ha ocurrido -está ocurriendo- en otros lugares del país. Por ejemplo, en La Muela (Zaragoza). Allí, la alcaldesa, María Victoria Pinilla (del Partido Aragonés Regionalista, PAR), fue detenida el 18 de marzo del pasado año en el marco de la Operación Molinos, una macrooperación contra una presunta trama de corrupción urbanística que sumaría ya 36 imputados. A la primera edil se le imputan 11 delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Para abandonar la prisión (en la que permaneció la mitad de tiempo de Enciso) tuvo que pagar una fianza de 800.000 euros. No obstante, continúa ostentando la Alcaldía de la pequeña localidad aragonesa de apenas 5.000 habitantes.
En Castro Urdiales (Cantabria) el primer edil, Fernando Muguruza, que fue declarado tránsfuga en 2007 por la Comisión del Pacto Antitransfuguismo, permaneció en prisión algo menos de un mes tras la solicitud de esta medida cautelar por dos organizaciones vecinales, que habían encontrado «indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva» al incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo. Acumula más de una docena de imputaciones en varios casos. Y a pesar de que, incluso el Ministerio Fiscal calificaba al alcalde de «peligro social», nada ha impedido que volviera a presidir los plenos de Castro Urdiales. Por cierto, también en este caso el PP pedía la disolución de la Corporación para impedirlo.
Esta drástica medida, que los populares, junto con IU, han reclamado por activa y por pasiva para El Ejido, sólo se ha ejecutado en una única ocasión: en Marbella. La disolución de la Corporación ha sido la única ordenada por el Gobierno del Estado en la historia de la democracia. Precisamente un ex alcalde de dicho Consistorio, Jesús Gil, ostentó la máxima representación municipal después de permanecer en prisión preventiva por diversas imputaciones de diferente orden.
La inhabilitación para cargo público, que es lo único que impide a alguien continuar en la alcaldía, viene generalmente ligada a sentencias que dictaminan delitos relativos a la administración pública, terrorismo o las penas de cárcel iguales o superiores a diez años. Pero sólo cuando hay sentencia.
* Ideal - 17.06.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es
Cádiz.- El suelo público y nuestros administradores en el Ayuntamiento
R.GARÓFANO* : Parece ser que nuestros administradores en el Ayuntamiento (el PP y la Alcaldesa no son otra cosa) manejan un concepto equivocado muy perjudicial para los intereses de los gaditanos. Hace tiempo que ciertas actuaciones con las vallas publicitarias municipales lo venían apuntando pero ahora, con ocasión de los locales de hostelería que autorizaron y de la sentencia judicial en contra, se ha puesto claramente de manifiesto. Nuestros administradores municipales no hacen la distinción básica entre suelo de propiedad pública y de propiedad privada, sino que utilizan el concepto 'suelo municipal' como si se tratara de un tercer tipo de suelo: 'el de ellos'.
Cuando desde el gobierno municipal del PP se habla de suelo municipal, todo parece indicar que no se hace para distinguir el suelo que está bajo su competencia administrativa de los otros suelos públicos adscritos a otras administraciones, sino para diferenciar 'sus suelos' de los suelos públicos. Pero lo grave es que nuestros administradores actúan en consecuencia y, considerándolas 'suyas', aminoran y ponen en peligro el valor de 'nuestras' escasas propiedades de suelo.
En la ciudad de Cádiz, dadas sus condiciones geográficas y urbanas, los espacios abiertos que configuran nuestras calles y plazas son tan escasos, que una tarea básica de nuestros administradores debe ser, mediante planes de urbanismo y ordenanzas, preservarlos, cuidarlos y, en la medida de lo posible, ampliarlos. El suelo de nuestras calles y plazas debe ser tenido en altísima consideración, ya que es el lugar más abierto e igualitario en el que se desarrolla la vida social de la ciudad y esto, en una sociedad democrática, trasciende cualquier otra consideración de carácter técnico o económico. Los espacios abiertos, las calles y las plazas públicas de Cádiz, son los lugares en los que, por excelencia, reside el alma popular y colectiva de la ciudad.
Entiendo (he trabajado en varias administraciones públicas) que para hacer más atractiva la estancia convivencial en algunos espacios públicos y plazas, se puedan autorizar ciertas actividades en precario, sin ocupación permanente de suelo, con proporcionalidad y escaso impacto visual. Llevamos décadas viendo las plazas de las grandes ciudades europeas con un día de mercado de frutas y verduras (de los que no queda ni rastro una hora después de su finalización) o alamedas y glorietas con mesas y sillas de hostelería, incluso quioscos, que más que reducir añaden actividad social y visitantes. En la propia ciudad de Cádiz existe una tradición en este sentido. Pero no estamos hablando de eso, aunque nos lo quieran presentar como tal, ni siquiera estamos hablando de proporcionalidad, no, estamos hablando de cosas cualitativamente diferentes, de dos concepciones distintas sobre lo que son los suelos públicos y su adecuada administración. Estamos hablando de sustraer espacios públicos autorizando en ellos la construcción de edificios de hostelería en los que ciertos particulares desarrollarán actividades comerciales y lucrativas de carácter privado.
Me atrevería a intuir el mecanismo mental de nuestros administradores municipales a la hora de cometer las referidas actuaciones: por el deseo de "poner en valor" ciertos espacios públicos y la dificultad de gestionar unos quiosco de hostelería de reducidas dimensiones, con mesas y sillas al descubierto, se autoriza la construcción de unos edificios en la Caleta, en los jardines de Varela o en la plaza de Santa María del Mar. Pero esas decisiones no se tomarían si de verdad se creyese que esos espacios son públicos, se toman por considerar los espacios municipales como 'suyos'. Efectivamente es un asunto de 'valores' y algunos creemos que con este tipo de actuaciones lo que se hace es devaluar los espacios públicos. Unas actuaciones incorrectas de nuestros administradores, un asunto políticamente importante bajo el que subyace una escala de valores tan ultraliberal como poco democrática. El suelo público no se debe ocupar de esa forma y si jurídicamente se puede, por resquicios legales o trampas leguleyas (no son edificios de hostelería, sino dotacionales-culturales, etc.) no se debería y los gaditanos tendríamos que pedir cuentas políticas a nuestros administradores. Lo que se ha hecho con estas actuaciones es una especie de expropiación al revés, hurtándole al común lo suyo y poniéndolo al servicio de no se sabe qué intereses de los administradores.
Hay sensaciones que pueden unirse a los razonamientos: si usted va paseando desde la Facultad de Filosofía y Letras, por la arbolada avenida Gomez-Ulla, al llegar a las inmediaciones de la antigua Escuela de formación Marítimo-Pesquera, donde el espacio se abría a la contemplación de la Caleta, ahora el espacio lo han cerrado nuestros administradores municipales. Si usted va paseando por la Avenida, por la acera de la izquierda en dirección salida de Cádiz, al llegar a la esquina donde el espacio se abría a los jardines de Varela, ahora el espacio lo han cerrado nuestros administradores municipales con una gran valla de autopropaganda y otro edificio de hostelería.
Por último, una llamada de atención a nuestros administradores en la Junta de Andalucía: esperamos que no se aprueben determinaciones del nuevo PGOU de Cádiz que conculquen nuestros derechos de propiedad y disfrute sobre los espacios públicos de la ciudad y que los espacios abiertos de competencia municipal sigan siendo públicos, a pesar de nuestros administradores en el Ayuntamiento.
* El Diario de Cádiz - Opinión - 17.06.10
Padrón.- Los vecinos de Pazos y Extramundi se oponen a la planta de hormigón
LAVOZDEGALICIA* : Vecinos de Extramundi y de Pazos, en el municipio de Padrón, lo dejaron ayer bien claro: se oponen de forma rotunda a la instalación en un polígono próximo a estos núcleos de una planta de hormigón, un proyecto vinculado a las obras del AVE y que promueve una empresa de Ourense. Un grupo de vecinos de Extramundi, concretamente de los núcleos de Lamas y Agronovo, junto con el representante de Pazos y el de los pescadores del Club W. Latorre, manifestaron su opinión en la reunión convocada por el gobierno municipal y a la que, según explicó el alcalde Camilo Forján, también estaban convocados empresarios con parcelas en el polígono, además de la Sociedad de Caza y Pesca de Padrón.
No obstante, el representante legal de los empresarios, así como uno de ellos a título personal, desmintió de forma tajante que fueran llamados a la reunión, pese a que el pasado día 8 presentaron un escrito en el Ayuntamiento en el que, entre otros puntos, solicitaban con la «máxima urxencia» una reunión con el equipo de gobierno.
En el encuentro de ayer, al que también asistió el teniente de alcalde, del concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal, el alcalde quiso aclarar que lo único que hay con respecto a la planta de hormigón es un proyecto, cuya tramitación no se ha iniciado ya que deberá esperar «a que lle toque o turno». Por ello, no hay licencia concedida, recalcó Camilo Forján.
Lo primero que hará el Concello es saber si este tipo de actividad puede ubicarse en el polígono de Pazos, concebido como comercial y de servicios, dijo. Para ello, el asesor jurídico del Ayuntamiento tenía previsto hablar ayer mismo con Xestur, la empresa con participación pública que se encargó de la ejecución del parque. La opinión de Xestur no es «vinculante», una vez que el polígono es competencia del Concello, según dijo el gobierno local, que se comprometió con los afectados a mantenerlos informados de los informes que recabe.
Los vecinos denunciaron que, pese a que las obras están paralizadas, la empresa continúa con la actividad y, en concreto, hablaron de que llevó a la parcela del polígono, cuya propiedad está vinculada al alcalde de Rois, tres silos. Por ello, reclamaron una y otra vez al gobierno padronés que «vigile» la zona para evitar que la empresa trabaje «pouco a pouco» y, con ello, finalmente logre hacer la obra pese a que carece de licencia.
Consecuencias
Tanto el representante de los vecinos de Pazos como los de Extramundi mostraron su gran temor a las consecuencias que pude conllevar la instalación de una planta de hormigón tan próxima a las viviendas que, en el primer caso, se sitúan a unos 500 metros y, en el segundo, a apenas 100 metros. «¿Sodes conscientes do que pode traer a planta de hormigón?», preguntó el vecino de Pazos quien dijo estar preocupado por el río Sar y los árboles pero mucho más por la salud de la personas. Por esta razón, todos los presentes pidieron a las autoridades municipales que «busquen alternativas» para que la planta de hormigón no se ubique en Pazos, en caso de que reúna las condiciones para obtener la licencia municipal, algo de lo que dudan.
* La Voz de Galicia - 17.06.10
Foto: Vecinos de Extramundi denunciaron ayer que siguen llevando material a la parcela de la obra paralizada - lavozdegalicia.es
Barcelona.- Millet y Montull declaran ante el juez por el caso del hotel del Palau
ELPERIÓDICO* : Los dos principales imputados en el saqueo del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, han llegado esta mañana a la Ciutat de la Justícia para declarar ante el juez por el caso del hotel que había de construirse junto al recinto musical, acompañados por sus respectivos abogados, Pau Molins y Jordi Pina. La Fiscalía de Barcelona presentó la semana pasada una querella contra Fèlix Millet, expresidente de la Fundació Orfeò Català-Palau de la Música, y Jordi Montull, su mano derecha, por la operación urbanística diseñada para construir un hotel de lujo en las calles de Sant Pere Més Alt y de Amadeu Vives.
La acusación pública les imputa un presunto delito continuado de tráfico de influencias (considera que se valieron de su relación con diversos altos cargos para persuadirles de llevar adelante el proyecto) y otro de apropiación indebida.
El fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, abrió en octubre una investigación a raíz de una denuncia presentada por dos asociaciones de vecinos. Pelegrín expone en la querella que los dos exdirectivos de la entidad diseñaron un proyecto dirigido a lograr «importantes ganancias económicas» bajo el pretexto de obtener mejores vistas de la fachada del Palau de la Música con la creación de una plaza y dotar a Ciutat Vella de una infraestructura hotelera para potenciar el turismo en el distrito.
Convenio para la permuta
Los acusados, «empleando la especial posición de sus cargos y aprovechando las relaciones personales generadas» y su «posición dentro la sociedad civil y política catalana», contactaron a finales del 2005 y principios del 2006 con varios altos responsables del Govern de la Generalitat a fin de ejercer «presión» en favor de la operación. Esta vía les condujo hasta el conseller de Economia i Finances, Antoni Castells, que firmó un convenio con la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música el 8 de marzo del 2006 para la permuta de unos terrenos. Está previsto que Castells declare como testigo el lunes y dos días después el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramón García-Bragado, entre otros altos cargos municipales, y el candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, con el que Millet también contactó para defender el proyecto
Los hechos se remontan al 2003, cuando el Palau se planteó la posibilidad de aprovechar tres solares en la calle de Sant Pere Més Alt para edificar un hotel de lujo y un aparcamiento subterráneo. Los solares fueron cedidos al Palau por el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas, que es la orden religiosa que gestiona la escuela La Salle Comtal de la calle de Amadeu Vives. A cambio, la entidad musical se comprometía a sufragar con 4,48 millones la remodelación de la escuela. Bajo la batuta de Millet, el Palau logró que estos inmuebles destinados a equipamiento docente (dos estaban registrados como bien de interés cultural) fueran recalificados como suelo residencial por el Ayuntamiento de Barcelona.
Mismo arquitecto
La documentación que el consistorio y la Generalitat manejaron a lo largo del proceso urbanístico reflejaba que quien pretendía levantar el hotel era el Orfeó Català. Sin embargo, el Palau cedió el uso de los terrenos en el 2006 a Olivia Hotels, una empresa propiedad de Manuel Valderrama, que era vocal de la Fundació Orfeò. El arquitecto encargado del proyecto del hotel era Òscar Tusquets, el mismo que realizó la ampliación del Palau. En una escritura firmada entre el Palau y Olivia Hotels, la constructora se comprometía al pago de todas las obligaciones económicas derivadas de la recalificación y a abonar una compensación al Orfeó de 3,6 millones de euros. La pregunta es si ese dinero hubiera ido a parar al Palau o a los bolsillos de sus exdirectivos. Según la querella, el constructor Manuel Valderrama adelantó a Millet y Montull una cantidad de dinero para le adjudicaran la construcción del hotel.
* El Periódico - 17.06.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Málaga.- El parón de la construcción pone en jaque 200 millones en convenios urbanísticos
SUR* : El Ayuntamiento se las prometía muy felices hace dos y tres años cuando firmó con diversas promotoras los convenios urbanísticos asociados al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se trata de unos acuerdos programados para aportar a las arcas municipales unos considerables beneficios económicos a cambio de aumentar los derechos edificatorios en determinados sectores de la ciudad, en los que se han proyectado elevadas torres de pisos como hitos del paisaje urbano de la Málaga del futuro. Sin embargo, las condiciones del mercado inmobiliario con las que se rubricaron estos convenios no son ni por asomo las actuales y la actual crisis pone en jaque el cobro de todos los que están pendientes, que suman más de 200 millones de euros.
Así lo entiende el grupo municipal del PSOE que, en la comisión de Movilidad y Urbanismo celebrada ayer, cuestionó sobre este asunto al concejal de Urbanismo. El edil socialista Sergio Brenes llegó a insinuar que el retraso en la aprobación del PGOU se debe a que el propio equipo de gobierno no tiene prisas por dar luz verde al documento debido a que, de tenerlo en vigor, no podría hacer caja con los convenios porque el sector inmobiliario está totalmente parado y sin solvencia económica para hacer frente a las elevadas cantidades que se fijaron en su momento. «Si al Plan General se le caen los convenios, ya no le merece la pena al PP, que no tiene interés en aprobarlo», declaró Brenes.
El responsable municipal de Urbanismo, Manuel Díaz, le contestó que si el PGOU no está aprobado no es por culpa del Ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía, que lo rechazó en julio del año pasado en lugar de aprobarlo parcialmente. Díaz afirmó en su comparencia en la comisión que «los convenios están firmados y están para cumplirlos». «No vamos a bajar ni un euro de lo acordado. Exigiremos los pagos por nuestro sentido de responsabilidad cara a los ciudadanos», aseguró.
No obstante, al término de la reunión, reconoció a los medios de comunicación que, como adelantó este periódico ( SUR 8/2/2010), hay varias promotoras que han solicitado la negociación de nuevas condiciones del pago de las cantidades acordadas por la crisis. En concreto, se trata de las empresas vinculadas al convenio de La Térmica (58 millones de euros) y de Martiricos (23 millones). A estas cantidades hay que añadir los 28,7 millones que están pendientes del proyecto de Sánchez Blanca, que no depende del nuevo PGOU, sino del actual, y que está parado por la crisis. De hecho, Urbanismo tenía previsto financiar este año inversiones con una primera parte de los 28 millones y ha tenido que echar mano de partidas por gastar de presupuestos anteriores para no parar actuaciones como la rehabilitación de la Tabacalera. Díaz aseguró que si se accede a algún aplazamiento de los pagos se exigirá la actualización de las cantidades en función del interés legal del dinero.
Por otro lado, Sergio Brenes recordó que, según lo estipulado en el convenio con los promotores del proyecto de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, las condiciones del acuerdo podrán ser revisadas por las partes si el PGOU no está aprobado antes del 21 de marzo del año que viene. La entrada en vigor del documento para esa fecha no está del todo garantizada a tenor de las diferencias que aún mantienen el Ayuntamiento y la Junta para una cuestión clave, como es la obtención de Arraijanal. Así, no está del todo claro que el Consistorio pueda ingresar finalmente los 82 millones de este convenio, si bien Díaz aseguró que sus promotores no han planteado por ahora ni aplazamiento ni reducción.
LOS CONVENIOS
Repsol. Supondrá unos ingresos de 82,3 millones de euros por el proyecto de las torres de pisos.
Térmica. Implica unos 58 millones de euros por el proyecto residencial en esta zona industrial.
Martiricos. La ciudad ingresará 23,2 millones de euros por esta actuación, que incluye dos torres.
Sánchez Blanca. Están por cobrar 28,7 millones por este barrio junto a la carretera de Cártama.
Hipercor. La ampliación del centro comercial repercutirá en 7,5 millones de euros.
Málaga Wagen. Por la construcción de pisos en la manzana se ingresarán 2,6 millones.
* SUR - 17.06.10
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
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La CHJ rechaza el PAI Alt Fardatxo de Peñíscola por falta de recursos hídricos
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LASPROVINCIAS/Castellón* : El urbanismo castellonense vuelve a sufrir un nuevo revés por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Como ya ha sucedido con varios proyectos urbanísticos de la provincia, la CHJ ha informado desfavorablemente el PAI Alt del Fardatxo de Peñíscola alegando que el proyecto residencial y de golf presentado no respeta el dominio público hidráulico y no acredita la disponibilidad de recursos hídricos. La falta de estudios sobre la incidencia en el régimen de corrientes sobre la cercana Rambla d'Alcalà es otra de las argumentaciones del informe.
El PAI prevé 3.967 viviendas y 1.500 plazas destinadas a dotación hotelera, así como una superficie de 34.000 metros cuadrados para uso terciario, 170.000 metros cuadrados para zonas verdes y 826.468 para uso deportivo y recreativo (campo de golf). El informe recoge que el emplazamiento del PAI ocuparía parte de los cauces de la Rambla d'Alcalà, el barranc de la Garrotxa y otros cuatro cauces sin nombre definido. Esto supondría afectar a un dominio público hidráulico, por lo que debería quedar fuera del proceso de urbanización a tenor de la propia Ley de la Generalitat Valenciana de Suelo No Urbanizable. El informe recuerda que los terrenos que lindan con los cauces tienen una zona de policía de 100 metros de anchura que debe quedar expedita o autorizada por el organismo de cuenca.
El documento realiza un estudio en base a la demanda bruta anual de agua, que sería de 2,36 millones de metros cúbicos: 1,2 millones de las casi 4.000 viviendas con 3,5 habitantes/día; 219.000 metros cúbdicos de las 1.500 plazas hoteleras; 148.920 metros cúbicos al año de uso terciario; 186.150 de las zonas verdes; y 590.292 para el campo de golf. La demanda neta se limitaría a 1.584.2.2 metros cúbicos al año que, según la CHJ, no podría ser cubiertos con los dos pozos en los que el consistorio tiene derechos, como son la Font de Dins y Campament. La concesión es de 1.110.000 metros cúbicos al año.
* Las Provincias - 15.06.10
Foto: Imagen de los terrenos que ocupa el PAI Alt del Fardatxo.- lasprovincias.es
