LAPROVINCIA/LasPalmas* : La asociación de vecinos de Ciudad Alta Avecalta presentará la próxima semana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar "un pelotazo" la operación por la que el Ayuntamiento que presidía José Manuel Soria (PP) permutó terrenos municipales a Urbacan, propietaria del suelo del actual parque del Canódromo.
La denuncia vecinal, la primera que se concretará en Anticorrupción pese a anuncios anteriores, incluirá sendos certificados del Registro de la Propiedad en los que se recoge que dos parcelas entregadas por el Ayuntamiento a Urbacan como compensación por la cesión de los 20.000 metros del parque, y tasadas en 5,5 millones de euros, fueron vendidas apenas unas semanas después por esta empresa a Realia por casi el triple, 14,5 millones.
La primera de estas parcelas permutadas es un suelo municipal situado en Las Torres, valorado en 3.043.405 euros y entregado a Urbacan en junio de 2002, empresa que sólo una semana después lo vendió a Realia por 7.518.661 euros. La otra parcela es la esquina del propio parque del Canódromo donde Realia construye actualmente las torres de 15 pisos. Ese suelo municipal fue valorado en 2003, con Pepa Luzardo (PP) ya en la Alcaldía, por 2.571.627 euros y entregado a Urbacan, que un mes después la vendió por 7.052.756 euros.
Existe una tercera parcela que se entregó como compensación a Urbacan en Almatriche, y que también se vendió a Realia, pero que los abogados de Avecalta no han podido localizar al carecer de número de registro pero que podría incrementar el montante de las operaciones de permuta y posterior venta. Estos abogados estiman que la enorme diferencia entre el valor del suelo cuando era de propiedad municipal y el precio final de la venta a Realia, con plazos tan cortos como seis días en uno de los casos, son suficientes para sospechar que la operación de permuta podría incurrir en irregularidades que supuestamente afectarían a los regidores municipales del PP. Por esta causa, los abogados de Avecalta denunciarán ante la Fiscalía la existencia de indicios de que se pudo cometer un delito de malversación de fondos y otro de maquinación para alterar el precio de las cosas.
AHORRO. El grupo municipal del PP, por su parte, defendió la limpieza de la operación de permuta de estos terrenos y avaló su legalidad. "El Ayuntamiento no pagó ni ingresó un euro por la diferencia en la valoración de ese suelo", aseguró el portavoz y ex concejal de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber, "y si triplicamos el valor de los 20.000 metros del parque del Canódromo, como pasó con las fincas vendidas, el Ayuntamiento tendría que haber desembolsado suelo a Urbacan por valor de casi 90 millones de euros, y no fue así, por lo tanto el Consistorio se ahorró un montón de dinero en la operación".
Afonso insistió en que nunca se le dio dinero a Urbacan sino aprovechamientos urbanísticos similares a los que habría obtenido de construir en Schamann. "Si el suelo que nosotros permutamos lo vendieron luego por más dinero es un asunto entre dos empresas privadas", añadió.
* La Provincia - RAÚL GIL - 16.10.2008
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - canarias7.es
Vecinos de Schamann denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción la operación de Soria en el Canódromo
El alcalde de Atarfe declara ante el juez que investiga si Medina Elvira fue legal
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IDEAL/Granada* : Las sospechas sobre la legalidad de grandes operaciones urbanísticas planean sobre el Área Metropolitana de norte a sur. Después del Parque Nevada, cuyas supuestas irregularidades han enumerado hasta el infinito un grupo de peritos expertos en un informe reciente, es Atarfe quien protagoniza ahora las investigaciones judiciales en materia urbanística.
El complejo residencial y turístico Medina Elvira, promovido -entre otras- por Vladigolf, es esta vez el objeto de investigación penal. Y el alcalde de la localidad metropolitana, Víctor Sánchez, uno de los primeros imputados que comparece para someterse al preceptivo interrogatorio judicial.
La cita tiene lugar durante la mañana de hoy en el juzgado de Instrucción número 4 de Granada, cuyo titular inició las diligencias de investigación tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada.
El Ministerio Público, a raíz de los escritos presentados por colectivos ciudadanos e IU aludiendo a presuntas irregularidades, estudió los trámites que sirvieron para dar luz verde y construir el complejo de Medina Elvira Residencial, que contemplaba 3.500 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos, entre otros servicios.
Cuatro supuestos delitos
Finalmente, y contando con la defensa de la legalidad aportada por el Ayuntamiento de Atarfe para diversas cuestiones puestas en entre dicho, el fiscal consideró que había indicios suficientes para presumir la comisión de varios delitos por parte, tanto del alcalde, como de los representantes de dos promotoras principales, Nadasol y Vladigolf.
Según la denuncia de la Fiscalía, a la que tuvo acceso IDEAL, firmada el 10 de abril de 2008, los delitos supuestamente cometidos serían cuatro: de prevaricación administrativa y urbanística, así como falsedad y construcción ilegal. Los hechos se refieren a la zona denominada Regadíos del Cubillas, donde desde el año 2005 se construyen diversos edificios del citado proyecto.
Entre las presuntas irregularidades, destaca la consideración de «suelo no urbanizable especialmente protegido» que el POTAUG hace de unos terrenos en los que sí se ha edificado.
Las obras se amparan en proyectos que sí definían la zona como urbanizable algo que, según el fiscal, se logró «porque se falsificó la planimetría presentada por Vladigolf». Junto a ello, la licencia otorgada a la construcción de un hotel dentro del complejo que contraviene las normas del POTAUG.
Advertencias
En el pleno en el que se aprobó, cita el fiscal en su denuncia, ya se advirtió de la posible prevaricación cometida en este punto.
Entre la denuncia de la Fiscalía y la declaración del alcalde atarfeño hoy ante el juez ha pasado casi medio año. En este tiempo, el juzgado que abrió diligencias al recibir -tras el preceptivo reparto- el caso, ha esperado la llegada de varios informes periciales sobre la operación urbanística. Tanto de la tramitación de los convenios y su materialización, como de las normas del POTAUG supuestamente contravenidas con la construcción del complejo residencial y el campo de golf.
Hasta hace unas semanas, las diligencias realizadas en este caso han estado bajo el secreto de sumario dictado por el juez. El objeto de este celo en la investigación no era otro que evitar cualquier tipo de interferencia en la misma, ya que ninguna de las partes implicadas tenía acceso a los trabajos periciales elaborados.
* Ideal - 16.10.08 -R. MENDOZA Y Q. CHIRINO
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
El lento fin del mercado de La Cebada
ELPAÍS/Madrid* : El polideportivo que alberga, el único del distrito Centro, lleva cerrado dos meses. Cuando una delegación del COI viaje a Madrid el próximo mayo para evaluar la ciudad, es probable que el Ayuntamiento no les lleve a ver dónde practican deporte los vecinos de Centro. No lo harán porque no hay adonde.
El único polideportivo de ese distrito, el de La Cebada, que da servicio a 150.000 vecinos, lleva cerrado desde el 1 de agosto, supuestamente porque iban a empezar las obras de demolición y construcción de un nuevo centro deportivo y de un mercado. Pero los recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón han aplazado el proyecto sin fecha.
El viejo mercado, un erial que funciona hoy al 50% de su capacidad (200 puestos), deberá continuar aguantando las embestidas del tiempo con lo puesto. El proyecto que el Ayuntamiento presentó para la reforma en mayo de 2007, dentro del plan de reconversión de los mercados municipales (ya se han remodelado cinco instalaciones), dibujaba un escenario moderno y competitivo. Un nuevo aparcamiento, un polideportivo renovado y un mercado mixto que combina un centro comercial y los puestos tradicionales.
"Tenemos que hablar con Urbanismo y buscar una fórmula de financiación para el proyecto. Tal y como está planteado, quedaría aplazado", explicó hace dos semanas a este periódico el concejal de Hacienda, Juan Bravo. Según el concejal de Hacienda hay tres posibilidades: "No hacer nada y que se quede como está; modificar el proyecto para que sea viable; o hacer el polideportivo solamente y renunciar al resto [remodelación del mercado] para la legislatura".
La Concejalía de Urbanismo tiene que proponer alguna modificación. Pero por ahora no se dan por aludidos. "En este momento se están ultimando aspectos técnicos y de tramitación, pero no se ha paralizado el proyecto", explican. Según una portavoz, las obras siguen adelante, pero matiza que "podrían comenzar en 2009", y no en 2008, como se dijo al presentarse el plan.
La obra tenía que comenzar en septiembre con la demolición de la parte del polideportivo, donde ahora se ubicaría el nuevo mercado. Una vez terminada esa fase, los tenderos se mudarían a la zona nueva y se derribaría el viejo mercado, donde se construiría el nuevo centro deportivo. Además, se construirán más aparcamientos para residentes y usuarios de las instalaciones.
Para los tenderos del mercado la situación no es tan desastrosa como para los usuarios del polideportivo o para las floristerías que fueron desalojadas de los bajos del edificio. "Nosotros, a esperar. Aquí seguimos vendiendo y de momento no nos afecta", explica el dueño de una de las fruterías de la planta baja del edificio.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 16/10/2008
Foto: Puestos cerrados del mercado de La Cebada- CRISTÓBAL MANUEL, elpais.com
Condenado el ex alcalde de La Iruela por permitir urbanizaciones ilegales
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IDEAL/Jaén* : Habrá quien diga que la condena de seis meses de inhabilitación al ex alcalde de La Iruela, Antonio C.L., y otros cuatro compañeros de Corporación (todos del PSOE) por delitos urbanísticos se queda en nada, pues ya ninguno ocupa cargo público. Sin embargo, la sentencia, que ya es firme pues se obtuvo por conformidad, marca un hito: por primera vez se condena a un responsable político en la provincia por permitir que en el territorio de su competencia proliferen urbanizaciones ilegales.
Y nada menos que en Arroyo Frío, pedanía de La Iruela y lugar de máxima proliferación del ladrillo en el parque natural señero de la provincia y uno de los más importantes por su valor ecológico de toda Andalucía.
Antonio C.L. y sus compañeros de Corporación miembros de la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 Serafín V.T., José Ramón G.P., José Luis G.R. y Martín F.L. se declararon ayer culpables ante el magistrado José Antonio Lucini, titular del Penal 1. Así que admitieron que permitieron «a pesar de tener conocimiento» -según la acusación del Fiscal con la que se mostraron conformes- «la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas» en suelo especialmente protegido. Hay viviendas construidas sin proyecto, una urbanización de apartamentos y viviendas que se hizo en tres fases, otra urbanización de apartamentos y hasta un campamento juvenil.
Suavizó los cargos
El Fiscal pedía inicialmente dos años de inhabilitación para empleo o cargo público contra los acusados. Sin embargo, suavizó los cargos que presentaba para lograr una conformidad: eliminó de su escrito de acusación la referencia al artículo 74 del Código Penal que indicaba que los responsables políticos de La Iruela actuaron según «un plan preconcebido» a la hora de consentir las irregularidades urbanísticas. De forma que sólo dejó el reproche para la omisión de deber de vigilancia, sin considerarlo un delito continuado como sostenía en principio. Así que la pena que finalmente reclamó, y que fue aceptada por los condenados, fue de seis meses, la mínima que contempla el Código Penal para este tipo de conductas.
También se elimina de la sentencia cualquier responsabilidad civil que pudieran tener los acusados en la reparación del daño causado por su actuación (en este caso, por su no actuación). El fallo será comunicado a Medio Ambiente para que la Junta tome, si lo estima oportuno, medidas de reparación del daño causado a la naturaleza desde el ámbito administrativo.
En el mismo juicio fue absuelto Pablo B.S., técnico del Ayuntamiento, contra el que el Fiscal retiró los cargos por ser beneficiario junto a su esposa de la licencia para construir un hotel. El Ministerio Público modificó su escrito de acusación para afirmar que no queda acreditado que fuera funcionario público. Letrados del resto de acusados indican que estaba contratado por obra y servicio en el Ayuntamiento, pero que no incurrió en negociación prohibida a funcionario porque no era funcionario. Le pedían la condena más dura, de nueve meses de prisión.
INHABILITACIONES
• Primera condena a un alcalde por urbanismo: Lo más parecido fue la inhabilitación de Juan Ramón Romero (La Guardia) por prevaricación al modificar días antes de salir de la alcaldía un convenio urbanístico del Ayuntamiento con un histórico militante socialista.
• ¿Habrá más?: Media docena de alcaldes de la provincia han sido imputados en casos similares.
* Ideal - JUAN ESTEBAN POVEDA J. E. P - 16.10.2008
Foto: La Iruela (Jaén), ayuntamiento - cazorla.es
Denuncian las intenciones del Gobierno de Canarias de liquidar la moratoria turística
Una vez obtenido el visto bueno del Parlamento de Canarias sobre el cumplimiento de todos los requisitos para la discusión sobre el trámite de la ILP presentada en marzo (avalándose casi 40.000 firmas de las 45.000 presentadas), Ben Magec – Ecologistas en Acción* denuncia que el Gobierno de Canarias pretende desvirtuar una vez más esta propuesta (recordar ILP Granadilla), y sustituirla por una Ley de Medidas Urgentes para la Ordenación del Turismo que pretende abrir las puertas a un incremento desaforado de las nuevas camas turísticas.
La propuesta del Gobierno de Canarias, que se ha tramitado con urgencia desconocida hasta el momento, es totalmente opuesta a la Iniciativa de Ley Popular presentada por la Federación ecologista. Además, tiene el dudoso mérito de haber sido rechazado por todos los agentes sociales (sindicatos, patronal turística, ecologistas...). Entre otras barbaridades, se puede llegar a cambiar una cama turística que se renueva por hasta siete nuevas (1x7), lo cual es una auténtica puñalada a la moratoria, que se ve acrecentada con la posibilidad de concesión de licencias a nuevos hoteles de cinco estrellas bajo la categoría de Hoteles Escuela, utilizando mano de obra en prácticas, con lo que además, abaratarán mucho sus costes de personal.
Por otra parte, se recoge la posibilidad de recalificar nuevo suelo o de ocupar suelo catalogado, pero no construido, si la ampliación resultante de las compensaciones por la renovación lo requiere. Esta medida significa que volverán a abrirse nuevos frentes en Islas ya saturadas de alojamientos turísticos, y con muy pocas zonas vírgenes o resguardadas del avance de la construcción.
Según Francisco Castro, portavoz de Ben Magec, “las Islas de La Palma y La Gomera fueron las que, porcentualmente, más apoyaron la Iniciativa de Ley, consecuencia del anhelo de otro modelo turístico que quiere la ciudadanía de estas islas, que sin embargo quedan fuera de l la propuesta que el Gobierno de Canarias quiere aprobar en vez de la propuesta ecologista, ya que las únicas restricciones (si es que se les puede llamar así) que hay, se seguirán aplicando a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y se seguirán manteniendo los desproporcionados incrementos turísticos previstos para La Palma y La Gomera”.
Ben Magec – Ecologistas en Acción, quiere recordar a Paulino Rivero que, en su reunión mantenida con el Presidente y el Responsable de Organización de esta Federación, el día 24 de enero, se comprometió expresamente a llevar al debate parlamentario esta Ley, y que su intención era ser consecuente con su discurso de que el desarrollo de Canarias tiene que ir por “no consumir más suelo”.
* Ecologistas en Acción de Canarias - 14.10.2008
