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LEVANTE* : La Fiscalía de Castelló y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Castelló han puesto en jaque al urbanismo ilegal en Castelló. El Seprona realizó en 2009 unas 70 actuaciones por presuntas irregularidades contra la ordenación del territorio, y a estas alturas mantiene abiertas investigaciones por construcciones ilegales en "casi todos" los municipios de la provincia, según explicaron fuentes de la unidad de la Guardia Civil.
El ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, admitió en una reciente visita a Castelló que la administración se relajó en exceso en la etapa de crecimiento, y una de las principales consecuencias de este "laissez faire" es la profusión de edificaciones ilegales. El Seprona investiga por este motivo en la práctica totalidad de las localidades de Castelló, aunque de momento elude concretar el número total de casas que contravienen la legislación territorial y urbanística vigente.
Fuentes del servicio de la Guardia Civil afirman que tienen constancia de un centenar de viviendas construidas en suelo no urbanizable o parajes protegidos en Castelló capital (en la Marjaleria y Desert de les Palmes), 80 en la marjal de Nules-Burriana, 120 en la desembocadura del río Millars en Almassora y 50 en Segorbe. También tiene en su mira casas de Almenara, Peñíscola (Serra d'Irta), Alcalà de Xivert, Borriol y Cortes de Arenoso, entre otras poblaciones. En 2009 ya realizó unas 70 operaciones por infracciones contra la ordenación del territorio. A este respecto, instruyó 17 diligencias e imputó a dos personas por delitos relacionados con edificaciones y construcciones ilegales. Además, detectó una decena de infracciones y elaboró 40 informes.
El Seprona señala que no hay una mayor inspección y control sobre el urbanismo ilegal en Castelló. Sin embargo, tanto el balance de 2009 como el elevado nombre de viviendas que investiga (al menos 400) reflejan un aumento considerable de las actuaciones contra los delitos medioambientales en los últimos años. Cabe tener en cuenta que el actual fiscal jefe de Castelló, Javier Carceller, nombró, nada más tomar posesión de su cargo en 2007, a una responsable delegada en Medio Ambiente. Desde entonces, la fiscal Dolores Ofrecio se ha encargado exclusivamente de los temas medioambientales.
Cambio de cultura
El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) estima que existen viviendas en suelo no urbanizable en todas las poblaciones de Castelló. A juicio del portavoz de la plataforma, Francisco González, "hay que romper con la dinámica del desorden, del no pasa nada. Es inconcebible que se pueda edificar una casa en suelo industrial no urbanizable y al revés. Hay que racionalizar los usos para que todos tengan cabida", apuntó. Gecen ha presentado denuncias contra casas ilegales de la marjal de Nules, desembocadura del Millars y Desert de Les Palmes.
* Levante-EMV - 17.02.10
Foto: El Seprona investiga las casas ilegales levantadas en la marjal de Nules. levante-emv
Jaque al urbanismo ilegal en Castelló
Un afectado de Trampolín Hills presenta la primera denuncia en la Unión Europea
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LAVERDAD/Murcia* : El escándalo de la urbanización Trampolín Hills en Campos del Río ha llegado a la Unión Europea. Uno de los perjudicados ha denunciado ante la comisión de Peticiones lo que considera una presunta estafa a nivel europeo de este resort que ha dejado en la estacada a unos 2.000 afectados, principalmente españoles, británicos y noruegos. Las autoridades comunitarias y del Parlamento Europeo, que estudian la queja, están muy sensibilizadas con las irregularidades y desmanes urbanísticos en el mediterráneo español.
Los eurodiputados ingleses son los más beligerantes, sobre todo cuando hay compatriotas suyos de por medio.
Trampolín Hills Golf Resort se encuentra en concurso de acreedores. Vendió 2.200 viviendas en Campos del Río de las 2.500 proyectadas y obtuvo unos ingresos de 52 millones de euros por parte de unos potenciales propietarios que adelantaron de media entre 18.000 y 35.000 euros.
J. L. B. N., vecino de Valencia, entregó 50.000 euros a Trampolín Hills por una vivienda en Campos de Río que parecía una ganga debido a su precio final -100.000 euros- y a los servicios que ofrecía. Gastó su dinero para darle un doble uso a su propiedad: invertir sus ahorros para conseguir un beneficio futuro y al mismo tiempo disfrutarla. Ahora se encuentra sin poder dar de comer a su hijos y «viviendo de la caridad de un familiar», declara. J. L. B. N. recurrió primero al Defensor del Pueblo en Madrid, que le recomendó que acudiera a la jurisdicción civil, para desconcierto de este afectado, que creía que esta institución debe controlar a las administraciones públicas que han tolerado en este desaguisado.
Su siguiente paso ha sido acudir a Bruselas. Su petición la está estudiando la comisión de Peticiones, cuyos funcionarios han registrado su denuncia y le han pedido tiempo para hacer averiguaciones antes de decidir si la admiten o no a trámite. Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por 'La Verdad' creen que esta denuncia no caerá en saco roto, sobre todo si aparecen más afectados que emprenden el mismo camino y, principalmente, si hay de por medio ciudadanos británicos.
En la comisión de Peticiones llueve sobre mojado cuando se trata de denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas en España. Los eurodiputados ingleses son los más sensibilizados con estos casos y los que más presión meten en Bruselas para que se investiguen lo que consideran falta de garantías de los compradores y propietarios de segundas residencias.
Hasta ahora se han abierto tres investigaciones en el seno del Parlamento y la Comisión Europea en torno a presuntas irregularidades y abusos en municipios levantinos; a la falta de garantías de suministro de agua a nuevas urbanizaciones en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Segura y a la denuncia de ANSE contra 43 municipios de la Región por no cumplir la legislación medio ambiental en los planes urbanísticos. Esto sin contar con los casos de La Zerrichera de Águilas y la construcción de la dársena de Puerto Mayor.
Anima a otros damnificados
J. L. B. N. espera que otros damnificados del Grupo Trampolín sigan sus pasos. Así se lo recomendó a la asociación de afectados. La comisión de Peticiones le contestó hace dos semanas y cree que el proceso será largo, lo cual no le desanima en su objetivo de conseguir, al menos, recuperar el dinero que ha invertido. En su denuncia las autoridades europeas, este afectado relata que el Ayuntamiento de Campos del Río dio «informaciones positivas cada vez que los compradores acudían a pedir asesoramiento sobre el proyecto. Todo era un sueño virtual en el que no se disponía de suelo urbanizable ni control por parte de las administraciones públicas», señala. Reprocha a las autoridades que no existiera un sistema de control para asegurarse de que todo se hacía según la ley. Pide que el Estado se haga cargo del problema y que construya las viviendas con su intermediación.
PETICIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO
¿Quién la puede presentar? Todo ciudadano de la UE o residente en uno de sus países miembros, actuando a título individual o junto con otros, puede ejercer su derecho de petición ante el Parlamento Europeo (PE). También empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la UE.
¿Sobre qué? Sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Una petición puede consistir en una queja relativa a la aplicación del Derecho comunitario, o un llamamiento dirigido al Parlamento Europeo para que tome posición ante un asunto concreto y puede estar relacionada con asuntos de interés público o privado. Pero no sobre las políticas de la UE.
¿Cómo se presenta? Se puede enviar por correo ordinario o electrónico. El formulario online está colgado en la web del Parlamento Europeo.
¿Cuántas solicitudes se presentan? España fue el segundo país que más peticiones (226) presentó al Parlamento Europeo en 2008, sólo superado por Alemania (256). En total, se recibieron 1.886 peticiones, aunque un 40% fueren inadmitidas. La mayoría de peticiones trataron sobre temas de medio ambiente. Durante la anterior legislatura europea, la mitad de las peticiones sobre urbanismo procedieron de España.
¿Qué curso siguen las peticiones admitidas a trámite? La comisión de Peticiones (integrada por 34 europarlamentarios, 4 de ellos españoles) puede pedir a la Comisión Europea que inicie una investigación; pedir colaboración a las autoridades nacionales y locales para resolver el problema; y, en casos excepcionales como el de las quejas por el urbanismo salvaje en el levante español, hacer una visita para recoger datos sobre el terreno y presentar un informe al plenario del PE. Sus resoluciones no son vinculantes.
* La Verdad - 17.02.10
Foto: Afectados por la paralización de la urbanización de Trampolín Hills en Campos del Río durante la asamblea del pasado día 7. :: JUAN LEAL, laverdad.es
La Guardia Civil incluye al ex alcalde de El Puerto en una trama urbanística
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DIARIODESEVILLA/Cádiz* : Ellos se lo guisaban, ellos se lo comían. Los técnicos municipales preparando el papeleo necesario para regularizar los chalés ilegales, promovidos en El Puerto fundamentalmente por chiclaneros. Y los políticos, concediendo licencias o firmando decretos para legalizar las viviendas. La operación Tequila, de la Guardia Civil, ha descubierto una trama dedicada a la especulación urbanística en El Puerto de Santa María durante el anterior gobierno de Independientes Portuenses (IP).
Al frente de esa red los investigadores sitúan a cuatro personas manejando los hilos: el ex alcalde, Hernán Díaz, que tuvo que dejar la Alcaldía al ser inhabilitado por un delito de prevaricación -nombró a dedo al jefe de la Policía Local-, su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y dos técnicos del Área de Urbanismo: el jefe de Licencias, Fernando Jiménez Fornell, y su novia, Milagros Trigo, delineante del Servicio de Infraestructuras de Urbanismo, que en la actualidad siguen en los mismos puestos. Ella figura al frente del estudio de arquitectura Tec, pieza clave de la trama.
En total, son 11 las personas que han sido imputadas en la trama. Junto a estas cuatro, están implicados otros arquitectos, como Isabel Ruiz Vázquez, trabajadora del estudio Tec, autora de varios de los proyectos que siempre lograban informes a favor de Jiménez Fornell y los consabidos decretos de regularización y las licencias municipales, que rubricaban Díaz o Rodríguez, además de varios promotores de Chiclana. Todos ellos han sido imputados por la Guardia Civil en la supuesta comisión de delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.
La investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de El Puerto, se inició a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz de la agrupación local de Izquierda Unida hace ya más de dos años. Fue a finales de 2007 cuando IU denunció la supuesta comisión de irregularidades por parte de ex dirigentes de IP y técnicos municipales.
Las pesquisas emprendidas por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz han determinado que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto entre 2004 a 2007 concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las actuaciones serían legales al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano ó aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".
* Diario de Sevilla - 17.02.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Sueca cierra la empresa municipal de urbanismo con 500.000 euros de deuda
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ELPAÍS/Valencia* : El Ayuntamiento de Sueca ha decidido cerrar la empresa municipal Sueca Urbanisme i Gestió, SA (Surge, SA). El alcalde Joan Baldoví (Bloc) y una representación de concejales lo comunicó a los diez trabajadores el lunes tras una reunión de portavoces. Surge, SA, arrastra deudas no desveladas por los regidores y que, según el equipo de gobierno (Bloc, PSPV y Compromís per Sueca) hacen inviable su continuidad.
A los empleados se les adeudan unos 200.000 euros, según afirman. El pasado 18 de diciembre fue renovada una póliza de crédito, descubierta en su totalidad según la oposición, por valor de 560.000 euros. Baldoví declinó ayer hablar sobre las cuentas y remitió al "trabajo de deberán hacer los liquidadores".
La mercantil fue creada en 2000, con Alfredo Guillem (EPI-PV) como alcalde en virtud del pacto firmado con el Bloc y PP. Fue rentable hasta 2005. A partir de 2006 se produce la caída en barrena. En ese ejercicio, con el arquitecto urbanista Salvador Gil (PSPV) como alcalde, que en su día se opuso a su creación, las pérdidas ascendieron a 209.486,40 euros, según una memoria de la propia empresa de mayo de 2009. Las cuentas negativas del año siguiente ascendieron a 388.765,70. Baldoví llegó a la alcaldía ese verano por el pacto entre nacionalistas, PSPV y CpS. El balance negativo de 2008 fue de 145.998,63, según las mismas fuentes.
El gobierno local decidió el pasado verano transferir dinero de las arcas municipales a Surge ante la crítica situación. Miquel Torres, interventor de fondos municipales desde pocos meses antes, elaboró un informe-propuesta en el que recordaba que la mercantil nunca había sido objeto de control por parte de dicho departamento. En el documento se solicitaba, de acuerdo con ley, la realización de una auditoría de cuentas desde su creación, en el año 2000, hasta el 2008, el último ejercicio teóricamente cerrado. Además, pedía de la gerencia la totalidad de los balances contables desde 2001 hasta 2008. La Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta el pasado mes de julio, si bien en septiembre decidieron contratar el citado estudio centrado en los ejercicios de 2007 y 2008. Gil justificó dicho recorte "por falta de dinero".
* ELPAIS.com - 17.02.10
Foto: Sueca (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org
Urdax: El TSJN anula la adjudicación del proyecto de la travesía de Dantzarinea
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NOTICIAS/Navarra* : La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado la adjudicación del proyecto de ampliación la travesía de Dantzarinea en la 121-B. En concreto, la sentencia anula la resolución de alcaldía del 10 de octubre de 2007, procedimiento por el cual fueron adjudicados los trabajos de proyectos de estudio de seguridad y salud para la urbanización de la travesía a la empresa VS Ingeniería y Urbanismo SL.
La denuncia interpuesta por vecinos de la zona contra el Ayuntamiento de Urdazubi-Urdax señala que el alcalde de la localidad, Santiago Villares, "adjudicó directamente en procedimiento negociado sin publicidad la elaboración de un proyecto de trazado de una travesía o vial". Esta resolución obliga a la empresa a devolver los 89.500 euros, precio fijado para la redacción de los proyectos de las obras de ampliación de la travesía que fueron inauguradas en noviembre de 2009. Los demandantes piden que al no tener validez ahora el proyecto, se readapte la obra o se devuelva a su estado original. Esta resolución llega tan tarde porque el proceso judicial ha pasado por varias fases y ha tardado mucho tiempo en resolverse. El proceso comenzó en 2008 pero el recurso interpuesto por los vecinos en los juzgados no fue admitido a trámite por "falta de legitimación al no haber participado en el proceso de adjudicación". El recurso de apelación fue remitido a la Sala de lo Contencioso Administrativo donde se admitió y se llegó al fondo. "Si la justicia fuera rápida, la travesía hoy en día no estaría hecha", dijo el abogado de los demandantes.
La intervención vino motivada por la gran intensidad diaria vehículos (9.772), de los que un 1,9% son pesados. Un tráfico generado, en un alto porcentaje, por la actividad comercial que se desarrolla en la zona. El alcalde de la anterior legislatura aprobó un proyecto de variante y travesía para solucionar el problema de la congestión de tráfico. Cuando este proyecto se estaba redactando llegaron las elecciones municipales y la alcaldía cambió de manos a pasando a Santiago Villares, quien resolvió los contratos con todas las empresas alegando que el consistorio no contaba con liquidez para hacer frente a esas obras. Villares comenzó otra intervención que prescindía de la variante. "Este proyecto no termina con el problema del tráfico, para el que sería necesaria una variante, y además dirige a los turismos hacia una zona comercial concreta, dejando de lado a otros establecimientos. Es decir, favorece los intereses particulares de dos empresas y no el interés público", dijeron los demandantes. Los vecinos consideran que es "un paso muy importante" y esperan que la sentencia "tenga la eficacia que merece". "Este proyecto no debería de haberse hecho, hemos informado al Gobierno en muchas ocasiones y nunca nos han hecho caso, han dado subvenciones a una obra ilegal y ahora sale la verdad", afirman.
* Noticias de Navarra - 17.02.10
Foto: Urdax (Navarra) - navarra.es
El fiscal pide 8 años al ex alcalde de La Campana por prevaricar
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ADN/Sevilla* : La Fiscalía ha pedido una condena de ocho años de inhabilitación y cuatro meses de prisión para Francisco Vargas Cabello (IU), ex alcalde de La Campana (Sevilla) por "tolerar" la construcción de un hotel que incumplía las propias normas urbanísticas del Ayuntamiento.
El fiscal especial para delitos de Medio Ambiente, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, dice que los dueños de un restaurante junto a la carretera N-IV decidieron iniciar unas obras de ampliación "sin licencia de ninguna clase" y "contra la expresa condición" del Ministerio de Fomento de que se debía construir a más de 25 metros de la carretera.
La edificación adicional consistía en 270 metros cuadrados en dos plantas, con capacidad para 16 habituaciones, precisa el fiscal.
Pese a la "manifiesta ilegalidad de la construcción", el entonces alcalde "para dar apariencia de legalidad" de su decisión de continuar las obras, firmó un convenio urbanístico con los dueños del restaurante.
En él, el Ayuntamiento "tolera de forma provisional y en precario" las obras y "se compromete a otorgar, en su momento, la licencia" todo ello "en base al principio de igualdad de trato con otras edificaciones del entorno".
Este acuerdo permitió continuar las obras con la "tolerancia" municipal, y el 30 de septiembre de 2004 el Ayuntamiento revocó un acuerdo propio de julio que había ordenado paralizar las obras, según explica el fiscal.
El 18 de noviembre, el Consistorio acordó pedir al ministerio de Fomento la "ampliación puntual" de la distancia de la carretera a la línea de edificación "para adaptarla a la obra de ampliación ya ejecutada".
La petición del fiscal incluye que los promotores de la obra derriben a su costa la construcción ilegal, en un coste estimado en 117.557 euros.
El fiscal imputa a los dos dueños del restaurante "Apolo XV" y al arquitecto que firmó el proyecto un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide para cada uno 8 meses de prisión, y para el ex alcalde, como cómplice de este delito, pide cuatro meses de cárcel y multa de 9 meses, con cuota diaria de 10 euros.
Por un delito de prevaricación el fiscal solicita para Vargas Cabello 8 años de inhabilitación para el cargo de alcalde o concejal y para cualquier cargo o empleo público relacionado con la actividad urbanística.
* ADN - 17.02.10
Foto: La Campana (Sevilla) - Olegario, panoramio.com
