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LARIOJA* : Los juzgados de La Rioja investigan actualmente tres casos de posibles delitos de corrupción urbanística en la comunidad. Se trata del expediente de la urbanización Las Rozas, en Lardero, la conocida como 'Casa de las Colonias', en Santurde, ambos a la espera de una sentencia, y de la construcción de un edificio en Briñas. En los tres casos estudiados por el Ministerio Fiscal de La Rioja están implicados los ex alcaldes de estas localidades.
En el sumario de Lardero, los juzgados están a la espera de determinar si la promoción de viviendas denominada Las Rozas, al igual que sucedió con el edificio Alfil, es ilegal y debe ser demolido (o indemnizados los vecinos, en su defecto) por exceder los metros cuadrados construidos. En este caso, el ex alcalde del PP, Pedro Vallejo, participaba en las obras a través de una empresa de la que era accionista.
Mientras, en Santurde, la Justicia deberá determinar si existe delito en la compra de un solar en el centro del pueblo por parte del ex alcalde 'popular', Jesús Montoya, quien, posteriormente, recalificó esos terrenos para la construcción de decenas de chalés y un hotel, que podrían generar unas plusvalías superiores a los 7 millones de euros.
Por otra parte, en Briñas, se investiga al ex alcalde socialista, Roberto Salinas, por permitir mayor edificabilidad en unas parcelas pertenecientes a familiares directos.
Según el fiscal superior de La Rioja, Juan Calparsoro, pese a estos tres sumarios que continúan abiertos, «en La Rioja cada vez se producirán menos delitos urbanísticos porque va creciendo la conciencia social y ha caído el 'boom' de la construcción. Los temas urbanísticos que han ocurrido en algunos municipios de La Rioja casi seguro que no vuelven a pasar en el futuro», explica.
Eso sí, los delitos denunciados no son todos los que existen. El informe anual de la Fiscalía reconoce abiertamente que no todos los casos llegan a investigarse «por la renuencia de la Administración para informar sobre hechos que puedan constituir delitos contra la ordenación del territorio». Es decir, que la cooperación no es suficientemente fluida porque «estos delitos tienen mayor incidencia política, pudiendo afectar a cargos públicos». «En Fiscalía tenemos nuestras limitaciones y si no hay un verdadero afán de colaborar por parte de la Administración, no podemos llegar al fondo de los temas», asegura Calparsoro.
A la Fiscalía tampoco han llegado casos de incompatibilidades de políticos que, tras ejercer su labor pública, se integran en una constructora. «Realmente no es ilegal pasar a una promotora. Cada persona tiene su ética y debe evaluarse. Pero es llamativo y es consecuencia de este sistema económico del ladrillo», justifica.
Casillas ilegales
En lo que la Fiscalía ha constatado una notable impunidad es en la edificación de casas de recreo en zonas rurales que superan el tamaño permitido. «Se ha consentido por parte de los ayuntamientos una actividad que se debería prohibir», indica Calparsoro.
«En vez de imponer una multa y permitir que la casilla continúe en pie, habría que derribarla para restaurar la situación previa. Es complicado porque hay muchos intereses, pero en ocasiones es la única manera posible de solucionar el problema», concluye.
* La Rioja - V. SOTO - 30 junio 2008
Foto: Construcciones investigadas en Santurde, junto a la antigua Casa de las Colonias. / A.I., larioja.com
Los juzgados mantienen abiertos tres casos por posibles delitos urbanísticos en La Rioja
Bruselas vuelve a tener dudas sobre el puerto de Granadilla
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CANARIAS7* : La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife asegura que todo está listo para empezar las obras del puerto de Granadilla, pero en Bruselas no lo tienen tan claro. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo quiere profundizar en las quejas presentadas por colectivos sociales y ecologistas tras oírlos el pasado martes.
Las reiteradas quejas presentadas en la Unión Europea (UE) por colectivos sociales y ecologistas han tenido su efecto y esta semana la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo quiere profundizar en esas denuncias e investigar si realmente se está cumpliendo con los requisitos que se impusieron para autorizar el puerto de Granadilla.
La Comisión Europea autorizó en noviembre de 2006 la construcción del puerto industrial de Granadilla, asumiendo las «razones imperiosas de interés público» esgrimidas por el Gobierno de España, pero advirtiendo a las autoridades españolas sobre la necesidad de aplicar una serie de medidas compensatorias por el daño que causará a los ecosistemas de su entorno. Entre esas medidas, la Comisión Europea obligaba a la creación de una fundación independiente para «garantizar que el puerto se construya y gestione de manera respetuosa con el medio ambiente». La fundación está creada, pero Bruselas ahora quiere saber con certeza si es independiente o si, como denuncian los colectivos ciudadanos y ecologistas, está «absolutamente controlada» por la Autoridad Portuaria.
De entrada, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó el martes solicitar a la Comisión de Medio Ambiente un informe exhaustivo sobre la independencia de la FundaciónObservatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, pero, además, los coordinadores de la Comisión de Peticiones decidirán a mediados del próximo mes de julio si envía una misión a Tenerife para conocer y valorar sobre el terreno el cumplimiento de las medidas compensatorias así como la independencia de la Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, denunciada por la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla y por Ben Magec-Ecologistas en Acción.
Queja
La queja de estos colectivos al respecto fue tratada por la Comisión de Peticiones el martes en Bruselas, hasta donde se desplazaron miembros de la plataforma y el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Anatael Meneses, que actuó de portavoz de estos colectivos y denunció que «las autoridades canarias han roto su compromiso de crear una fundación independiente para supervisar la construcción del puerto». Muy al contrario, dijo, «que siete u ocho de sus miembros han sido asignados a dedo» por la Autoridad Portuaria.
Meneses quiso además dejar patente que tampoco la Autoridad Portuaria está cumpliendo con el dictamen de autorización del puerto de Granadilla emitido por la Comisión Europea en lo que a la incorporación de un mecanismo de trasvase de arena de norte a sur en el proyecto del muelle, pues en lugar de incorporar el by-pass de arena al proyecto, la Autoridad Portuaria, dicen los denunciantes, pretende tramitar conjuntamente la redacción del proyecto y la ejecución de la obra,
También viajó hasta Bruselas el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granadilla, Antonio Cabrera, quien reclamó ante las autoridades europeas la presencia del Consistorio en el patronato de la fundación, habida cuenta de que, explicó Cabrera, «la obras se van a realizar en el municipio y lo lógico -dijo- es que el Ayuntamiento esté presente y también vigile las obras».
* Canarias 7 - R. R.
Santa Cruz de Tenerife - 30 junio 2008
Foto de archivo de Granadilla, donde se construirá el nuevo puerto, que está siendo mirado con lupa desde la Unión Europea/ canarias7.es
Objetivo: plantar cara a los 'asustaviejas'
ADN/EFE* : Lavapiés en Madrid. Ciutat Vella en Barcelona. Triana en Sevilla. Tres ejemplos, tres escenarios urbanos de ese drama silencioso que es el mobbing inmobiliario, un acoso que soportan sobre todo personas mayores con escasos recursos económicos y al que la Justicia y los Ayuntamientos empiezan a plantar cara.
El problema es de tal magnitud que hasta Naciones Unidas ha puesto el grito en el cielo a través de Miloon Kothari, relator especial para asuntos de vivienda de la organización, quien tras un reciente viaje a España calificaba la situación de "muy grave".
Kothari, que estuvo en San Sebastián, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, entre otras ciudades, alertaba en un informe sobre la "vulnerabilidad" de las víctimas -ancianos, discapacitados, mujeres, jóvenes...- ante la falta de escrúpulos de los especuladores inmobiliarios, los asustaviejas como son conocidos popularmente, y se sorprendía por la "tímida" actuación de los jueces en estos casos.
La semana pasada uno de Barcelona condenaba a una inmobiliaria a rehabilitar "a fondo" un edificio en el que viven, en condiciones muy precarias, con ratas correteando a sus anchas por el inmueble, ocho vecinos, en su mayoría ancianos, que habían denunciado a su "casero" por usar "métodos de extorsión" y "presión psicológica" en un intento por hacerles abandonar sus pisos de renta antigua.
Este de Barcelona es uno de los miles de casos de mobbing inmobiliario registrados en España en los últimos años, con un escenario casi siempre común: los cascos antiguos de las ciudades.
Suculenta presa para especuladores
Allí proliferan edificios mal conservados, infraviviendas muchas veces, que son presa suculenta para los especuladores, además de, una vez rehabilitados, objetos de deseo para una élite económicamente pudiente que ahora quiere vivir en el centro.
"El problema es más grave de lo que a primera vista pudiera parecer", asegura Marina Parés, presidenta de la ONG Servicio Europeo de Información sobre Mobbing, para quien la solución está en los ayuntamientos, "porque tienen la competencia y la obligación de evitar la degradación de barrios y edificios".
Más de 200 casos en Barcelona en 2007; 137 "posibles" en Madrid desde 2003, según Juan José de Gracia, responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda; 160 edificios sevillanos con "patologías graves de deterioro de la edificación" y unos propietarios que no garantizan las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato.
Son cifras que ponen al descubierto una realidad que el Ministerio de la Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han propuesto combatir con un teléfono gratuito que desde comienzos de año está a disposición de quienes se sienten víctimas de acoso inmobiliario.
A esta iniciativa se han acogido, de momento, diez municipios -A Coruña, Fuenlabrada y Getafe en Madrid, Gijón, L Hospitalet de Llobregat en Barcelona, Denia y Elche en Alicante, Vitoria, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria- y hay otros interesados en sumarse.
Esos ayuntamientos tomarán en cuenta las denuncias telefónicas -hasta el momento unas quinientas, y procedentes de toda España, según Vivienda- y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso de acoso lo requiera, además de dirigir a los ciudadanos hacia servicios de orientación y asistencia jurídica gratuita.
De momento, en el Código Penal no está tipificado como delito el mobbing inmobiliario, si bien estas conductas de violencia psicológica y presión pueden calificarse como constitutivas de un delito o falta de coacciones recogidas en los artículos 172 y 620.2, castigadas con multas y hasta prisión.
Reformar el Código Penal
Desde diferentes ámbitos se ha reclamado ir más allá, reformando el Código para incluir éste y otros tipos de mobbing. "La Justicia no es lo suficientemente sensible en estos casos", apunta María Isabel Torralba, presidenta de la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, quien habla de la necesidad de una legislación "tajante" y de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que haya juicios rápidos.
En el Ayuntamiento de Barcelona son partidarios de la mediación, de "explorar la autoridad moral" del consistorio, y de la coordinación, porque, destaca Itziar González, concejala responsable del distrito de Ciutat Vella, cuando no existe "la impunidad es más fácil".
González, arquitecta y vecina de su distrito, ha sido la principal impulsora del acuerdo suscrito por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y la Fiscalía de Cataluña para crear la primera fiscalía de España especializada en mobbing inmobiliario.
"Que sirva como aviso a los especuladores para que tomen nota y vean que el Ayuntamiento se toma muy en serio el problema", destaca Antonio Sorolla, delegado de Vivienda en el consistorio barcelonés.
La concejala de Ciutat Vella abunda en la misma idea. "Hemos levantado el brazo en un gesto de autoridad para decirles a los acosadores que su actitud no quedará impune", comenta.
Los planes a corto y medio plazo de la Fiscalía General del Estado, informó un portavoz, no contemplan extender la iniciativa a otros lugares de España, si bien hay ya voces en la oposición municipal madrileña que la reclaman para la capital.
A cara de perro
En Sevilla, la lucha a cara de perro de su Ayuntamiento contra los acosadores es más efectiva desde que en 2004 se creara la Oficina de asesoramiento a inquilinos en situación de abuso (OTAINSA), que desde entonces ha mantenido reuniones con inquilinos de más de 350 edificios del casco histórico.
"Las condiciones de inhabitabilidad de los edificios provocan en sus moradores un estado grave de desesperanza y desasosiego" que obliga a intervenir con carácter de urgencia a la autoridad urbanística, dijo Antonio Rodrigo Torrijos, delegado de OTAINSA, oficina dentro de la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad.
El primer objetivo de OTAINSA, informa su delegado, es exigir a los propietarios el cumplimiento "escrupuloso" del deber de conservación de los edificios. Si no es así puede llegarse a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor. Actualmente hay abiertos 25 expedientes en uno u otro sentidos.
"Pretendemos contribuir -insiste- a la implantación de una cultura en la que sean plenamente compatibles los derechos de propiedad y los de arrendamiento".
El Ayuntamiento de Madrid apostó hace tiempo por el "control preventivo", con la puesta en marcha de la ITE, la inspección técnica de los edificios antiguos. Pese a ello, continúa el goteo de denuncias de acoso. "Se ha rehabilitado mucho, pero siguen dándose casos", afirma Manuel Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos "La Corrala", en el centro de la capital.
* ADN - Carlos Mínguez (EFE) - 28.06.2008
Foto: Mobbing, vecinas de la corrala madrileña del Ventorrillo - A.García, elpais.com
El Gobierno ha recurrido desde 2005 unos 80 planes urbanísticos
ELPAÍS/Valencia* : El Gobierno ha impugnado en los últimos tres años la aprobación de unos 80 planes urbanísticos por parte de la Generalitat y de algunos ayuntamientos porque no respetan sus competencias, según datos de la Delegación del Gobierno. Más de 60 recursos -de los que seis han supuesto la suspensión cautelar de los planeamientos- están a la espera de sentencia y otros siete se han resuelto de forma extraprocesal, es decir, se han corregido los defectos antes de que acabe el proceso.
Dos de los recursos se han fallado en contra de la reclamación del Gobierno y uno, a favor. Y es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acaba de invalidar el plácet dado por la Generalitat al plan del Pinaret, en Ador, porque carecía del informe de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
"Esperamos muchos más", advierten desde la Delegación del Gobierno, que desde 2005 hasta el pasado mayo ha impugnado 82 aprobaciones, ya sea por parte de las comisiones territoriales de urbanismo o de ayuntamientos, al considerar que no respetan las competencias estatales. Un gran número de estos planes o no tiene informe de aguas de las confederaciones o éste era negativo. Otros planes se han impugnado por problemas de movilidad (falta de capacidad de las carreteras) o porque invadían el dominio público de los cauces de los ríos.
La nueva Ley del Suelo eleva el nivel de exigencia para la aprobación de futuros proyectos. Si la Ley del Agua -a la que se refieren la mayoría de recursos del Estado- sólo considera preceptivo, no vinculante, el informe de la confederación, la nueva norma ve sus dictámenes "determinantes". "El agua es una cuestión crucial en la fase de planeamiento y los tribunales lo han dejado claro", defiende el subdelegado del Gobierno de Valencia, Luis Felipe Martínez.
El balance de impugnaciones es aleccionador. Desde finales de 2005, el Gobierno central ha recurrido macroproyectos urbanísticos como la Vega de Cullera (12.000 viviendas) -más conocido como el Manhattan-, el de Brosquil en esta misma localidad de La Ribera, el de Nou Mil·leni de Catarroja, el de Gran Manises (10.000 viviendas), el de las lagunas de Rabassa o Porxinos (2.700 casas). Todos estos recursos, presentados por cuestiones hídricas, están admitidos a trámite y a la espera de resolución judicial.
El Ejecutivo central ha cosechado varios fracasos a la hora de suspender cautelarmente algunos de ellos. Es el caso de la Vega-puerto de Cullera, Porxinos en Riba-roja o el Pinaret de Ador. Sí ha conseguido detener provisionalmente, según datos de la Delegación del Gobierno, el concierto previo de Llaurí, un plan en Loriguilla, el plan general de Enguera, el plan de San Diego en Alfara del Patriarca o el plan parcial de Segaria, en Benimeli. El caso más sonado fue la paralización de la revisión del plan general de Benimuslem, un pequeño pueblo de La Ribera Alta de 600 habitantes, donde se prevé la construcción de 1.500 nuevas casas. La sala no vio probada la existencia de agua suficiente.
Un tercer bloque de recursos se ha saldado con lo que técnicamente se conoce como satisfacción extraprocesal, es decir, tras la impugnación, los consistorios han corregido los problemas. En esta situación están el plan parcial de mejora en Gilet, el Parque Empresarial Circuito de Cheste -un proyecto de 900.000 metros cuadrados donde los promotores no acreditaron la existencia de agua para albergar un centro logístico y una ciudad circuito con hoteles y servicios-. El TSJ desestimó la suspensión provisional pedida por los abogados del Estado porque los promotores probaron la existencia de agua. Completan la lista otro plan de mejora en Oliva, el plan general de Alfara de Algimia, un proyecto en Aldaia o el plan general de Algar del Palancia. En esta última localidad, la Delegación del Gobierno envió un escrito al juzgado dando luz verde al PGOU. El Consistorio garantizó a la CHJ el abastecimiento de agua a los 1.600 nuevos residentes.
Otras organizaciones ajenas al Estado han impugnado, con desigual suerte, otros planes urbanísticos. Es el caso de Ecologistas en Acción, movimientos vecinales y partidos políticos.
Y vino Ador
Desde la Generalitat, las cosas no se ven del mismo modo. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente explica que casos como el de Ador -que la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia aprobó sin la existencia del informe de aguas que debe elaborar la Confederación Hidrográfica del Júcar- pueden considerarse un error o un caso aislado. Insisten en que tras la cruzada del Gobierno central contra las resoluciones de la Generalitat, no hay más que una bronca política, por lo que apuestan por colaborar con las confederaciones hidrográficas para acreditar la existencia de agua de algunos planes urbanísticos.
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana considera, sin embargo, la sentencia de Ador -que la Generalitat acata y no recurrirá ante el Tribunal Supremo como le permite el TSJ- de "histórica", al ser la primera que se pronuncia sobre uno de los asuntos de fondo de la polémica urbanística de los últimos años. Y es que, se tenga en cuenta o no, la Generalitat no puede aprobar un plan urbanístico sin el preceptivo dictamen de los organismos reguladores de cuenca. El fallo de Ador se añade a la paralización cautelar conseguida en su día por afectados por varios programas urbanísticos en la localidad alicantina de Parcent. La CHJ emitió a principios de año un informe desfavorable a los tres PAI impulsados en Parcent por no tener garantizada la disponibilidad de agua.
Situación de los recursos del Gobierno
- Más de 60 recursos han sido admitidos a trámite desde principios de 2005 hasta el pasado mes de mayo. Entre los más grandes están la Vega de Cullera, Nou Mil·leni de Catarroja, Gran Manises o Porxinos, en Riba-roja.
- Dos recursos -el plan Molí Nou de Benaguasil y el PAI de Urbacón Levante, en Villalonga- se han fallado de forma desfavorable.
- El TSJ ha dictaminado las suspensiones provisionales de 6 planes urbanísticos en: Llaurí, Benimuslem, Loriguilla, Enguera, Alfara del Patriarca y Benimeli.
- La sentencia sobre el Pinaret, en Ador, es la primera que se pronuncia sobre el asunto de fondo: si son precisos o no los informes de las confederaciones.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 30/06/2008
Foto: Cullera - Representacion_Manhattan -elpais.com
Los especuladores devuelven pisos que habían comprado a los promotores
DIARIODEMALLORCA* : El parón en las ventas inmobiliarias está provocando la devolución a los promotores de viviendas que únicamente se habían adquirido con fines especulativos, según han asegurado algunas de las empresas afectadas.
Las estimaciones de la patronal realizadas en 2007 indicaban que cada año se estaban vendiendo en las islas unos mil pisos en esas condiciones, el equivalente a un 15% de los que se edificaban.
La operación estaba resultando hasta hace poco sumamente rentable. Una persona compraba una o más viviendas en una misma promoción cuando las obras ni siquiera se habían iniciado, por lo que sólo tenía que abonar en torno a un 20% de su valor, quedando el resto pendiente de pago para el momento en que la construcción ha concluido y se produce la entrega de las llaves, lo que puede suponer un plazo de 18 meses.
Sin embargo, antes de llegar a esa última fecha el comprador inicial ya había procedido a la reventa del inmueble por su valor total, consiguiendo un apreciable beneficio gracias a las fuertes revalorizaciones que se registraban antes de que diera comienzo la crisis inmobiliaria a mediados de 2007 y que durante los últimos ejercicios se han movido por encima del 10% anual.
El problema radica ahora en que los pisos que se adquirieron con fines especulativos no están encontrando demanda para proceder a la reventa, y se acerca el momento en que el comprador va a tener que abonar el precio total del mismo, en la mayoría de los casos subrogando la hipoteca del promotor. Pero una buena parte de estas personas no dispone de capacidad económica para hacer semejante desembolso.
La opción que algunos de estos inversores están comenzando a adoptar es renunciar a la adquisición definitiva del inmueble en el momento de la entrega de las llaves y aceptar perder a cambio la cantidad inicial que abonaron como garantía.
Perjuicio para las empresas
Según destacó uno de los promotores que reconoce haberse visto afectado por esta situación, este hecho no supone una ventaja real para la empresa, ya que aunque se queda con la cantidad inicialmente desembolsada, rompe los planes que se habían realizado en materia de ingresos, dado que se daba por hecho que se iba a cobrar el total del valor del piso. Sobre este punto, se recuerda que en este momento no se pone en marcha ninguna nueva promoción hasta que no está vendida la mayor parte de la anterior.
Hasta ahora, los promotores reconocían que las citadas operaciones con fines especulativos les daban mayor tranquilidad, ya que ayudaban a que en torno a un 20% de los pisos estuvieran vendidos antes de iniciar las obras y el 50% cuando la edificación se encontraba ya a la mitad.
* Diario de Mallorca - F. GUIJARRO. PALMA - 29.06.2008
Foto: Antes de la crisis, muchas viviendas se vendían mientras aún no estaban construidas. / Manu Mielniezuk, diariodemallorca.es
Ladrillos en primera línea
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MÁLAGAHOY* : Ladrillos en primera línea. Eso es lo que se puede encontrar a lo largo del 90 por ciento del litoral de Estepona según denuncian Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja a través de un informe en el que analizan la situación urbanística del municipio a raíz de la puesta en marcha de la operación Astapa contra la presunta trama de corrupción municipal destapada en el Ayuntamiento de Estepona.
Según explican, el 90 por ciento del litoral oriental "está ocupado por urbanizaciones que llegan a asentarse en dominio público marítimo-terrestre e incluso por debajo del nivel de pleamar en algunos casos". Desde el citado colectivo señalan que solo resisten en este tramo las zonas de dunas de Casasola, Punta del Saladillo y la desembocadura de Guadalmansa.
Desde Ecologistas en Acción propusieron en 2006 la protección de unos tres kilómetros del tramo litoral de El Saladillo-Matas Verdes comprendido entre las desembocaduras de los ríos Guadalmansa y Guadalmina.
En cuanto al tramo occidental, desde Ecologistas apuntan que "los escasos hitos que quedaban libres de urbanización se puede considerar que ya no lo están, pues nuevas promociomes los han ocupado".
En el citado informe aseguran que "no se puede considerar que el gobierno intervenido en junio de 2008 sea el único culpable de la situación a la que se ha llegado, pues todos los partidos de la oposición han participado en esta política urbanística o han mirado para otra parte".
De hecho, Ecologistas se remonta a los años 80, momento en el que se levantó la urbanización Forest Hill "en una de las fincas con mayor valor ecológico del territorio esteponero: Las Abejeras". Posteriormente, entre 1990 y 1994 el citado colectivo denunció la construcción del edificio Jacaranda en el límite oriental de la playa de La Rada, vulnerándose la ley de costas, mientras que en 1995 llamaron la atención sobre el gran incendio que arrasó los terrenos en los que se levanta actualmente el parque Selwo.
Según el informe de los Ecologistas, "en 1995, con el GIL recién llegado, se produjo ese fuego. Inmediatamente salió a la luz pública el proyecto de parque zoológico". El grupo naturalista Grusberg "fue el único grupo social o político que se atrevió a decir que ubicar esa instalación en la zona quemada, suponía una ilegalidad y que el fin último era dedicar esa zona, no urbanizable, a la recalificación por suelo residencial", especifican en el escrito. Posteriormente, en 2006, gobernando Antonio Barrientos (PSOE) con José Ignacio Crespo (PES), se anunció la intención de reclasificar 600.000 de los 90.000 metros cuadrados del recinto de ocio si bien finalmente no prosperó esta operación.
En 1999, el gobierno del GIL adjudicó a una empresa la explotación de los usos del monte público de Sierra Bermeja, proyecto que, según los Ecologistas, trató de continuar el gobierno del PP que dirigió Rosa Díaz, actualmente miembro del equipo de gobierno por Estepona 2007. En esta ocasión Grunsberg presentó un recurso contencioso administrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en la actualidad está en fase de conclusiones.
A modo de conclusión, Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja recuerda que en 2003, Estepona ya había cambiado su PGOU de 1994 en más de 70 unidades de ejecución. "Los recursos naturales y culturales del municipio están prácticamente sepultados bajo innumerables urbanizaciones". Como muestra señalar el proyecto del Parque Central, donde "los terrenos están mayoritariamente ocupados hoy por grandes bloques de pisos de renta libre".
* Málaga Hoy - Encarna Jerez / Estepona - 29.06.2008
Foto: Estepona, en una imagen aérea que muestra la expansión de la ciudad hasta la orilla de la mar/ malagahoy.es
