ELCONFIDENCIAL* : Un nuevo caso de corrupción, esta vez en Castilla y León, le puede amargar al PP el arranque del curso político. Cuando aún no se han apagado los ecos de la malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven de Baleares, que ha salpicado a varios altos cargos del ex presidente Jaume Matas, la sombra de la sospecha se cierne ahora sobre el Ejecutivo autonómico que preside Juan Vicente Herrera.
El PSOE de Castilla y León va a solicitar hoy mismo en el Parlamento regional, según confirmaron ayer a El Confidencial fuentes socialistas, la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades por la presunta adjudicación fraudulenta de licencias para la puesta en marcha de plantas de energía solar a empresas que son propiedad o están participadas por altos cargos de la Junta de Castilla y León o sus familiares.
De momento ya son seis los cargos de confianza de la Junta que han sido destituidos por su presunta implicación en la trama de concesión de licencias para la instalación de plantas de energía fotovoltaica en León, Valladolid y Zamora, entre ellos el secretario general de la Delegación de la Junta en León, Javier Lasarte. Pero al menos otros siete altos funcionarios están bajo sospecha, según ha reconocido el propio PP, que asegura haber abierto una investigación interna.
Sin embargo, Herrera, un hombre de la máxima confianza de Mariano Rajoy, se ha negado hasta la fecha a comparecer en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones, como le exigen los socialistas. Amparándose en su mayoría absoluta, los populares han rechazado hasta ahora todas las iniciativas parlamentarias de la oposición, y nada hace pensar que la comisión de investigación que los socialistas reclamarán hoy se vaya siquiera a constituir. La única concesión del PP ha sido convocar la Diputación Permanente del Parlamento autonómico, que se reunirá hoy mismo, para que comparezcan los consejeros de Economía, Tomás Villanueva, y de Administración Autonómica, Isabel Alonso.
"Herrera y el PP se están burlando del Parlamento autonómico, porque se niegan a dar la cara para tranquilizar a los ciudadanos y lavar el nombre de muchos empresarios honestos que han invertido en el sector de las energías renovables", señaló ayer a este periódico Oscar López, diputado socialista en el Congreso y futuro secretario general del PSOE en Castilla y León. Los socialistas consideran que, como mínimo, ha habido tráfico de influencias e información privilegiada, y están decididos a utilizar este caso para tratar de desgastar políticamente al PP y erosionar su hegemonía incontestable en esta comunidad autónoma.
Las plantas de energía solar fotovoltaica, también conocidas como huertos solares, han experimentado un auge extraordinario en Castilla y León desde que, hace cuatro años, se aprobó una nueva legislación que obliga a las compañías eléctricas a comprar los kilowatios producidos en esas plantas. Miles de inversores se han lanzado a este negocio -hay actualmente más de 2.500 instalaciones de este tipo en la región-, ya que, aunque la inversión inicial es considerable, las subvenciones también son cuantiosas. O al menos lo eran, ya que está previsto que en septiembre entre en vigor la nueva normativa estatal del sector, que limitará la producción de energía en los huertos solares y reducirá sustancialmente las primas que ahora cobran sus propietarios.
Cuatro de los seis altos cargos de la Junta que ya han sido destituidos habían obtenido licencias para levantar varias plantas de energía solar en la localidad vallisoletana de Torrecilla de la Abadesa. Lasarte, en concreto, logró 11 concesiones para crear otros tantos huertos de casi 500 paneles solares cada uno, varios de ellos en terrenos que son propiedad del jefe de Tesorería de la Consejería de Hacienda, Manuel Ballesteros. También la responsable de Fomento en León, Ana Suárez, y el de Industria, Emilio Fernández Tuñón, obtuvieron concesiones de forma irregular en esa misma localidad.
La Junta ha negado hasta ahora que haya habido tráfico de influencias o información privilegiada en la concesión de las licencias, y ha justificado la destitución de los altos cargos argumentando una pérdida de confianza en éstos, al considerar que ocultaron sus vinculaciones con las empresas beneficiadas.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de León ha anunciado que, a menos que la Junta presente en las próximas semanas una denuncia contra los altos cargos implicados, abrirá una investigación de oficio que, según fuentes de la Fiscalía, podría derivar en un procedimiento penal.
* El Confidencial - José L. Lobo28/08/2008
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org
Nuevo caso de corrupción en el PP: al menos 13 altos cargos en Castilla y León bajo sospecha
Los Cármenes, al banquillo judicial
IDEAL/Granada* : LA Audiencia Provincial de Granada retoma la actividad en sus salas de vistas judiciales a lo grande. El mes de septiembre comienza con uno de los juicios más esperados, y a la vez complejos, de la Justicia granadina de la última década. Se trata del conocido como 'Caso Los Cármenes'.
Los magistrados que compongan el tribunal de la sección primera concluirán ahora, tras diez años de procedimiento judicial, si se cometieron delitos relativos al mercado, falsedades y prevaricación -entre otros- con la venta de los terrenos del antiguo estadio, allá por el año 1997. Y como no podía ser de otro modo, el acontecimiento llena de 'macrocifras' la sala de la sección Primera de la Audiencia, en la Real Chancillería, a partir del miércoles día 3 de septiembre.
Quince personas se sientan en el banquillo de los acusados, nueve como imputados a título individual y el resto como personas jurídicas en representación de empresas, inmobiliarias de renombre entre otras. 32 testigos, más dos peritos están llamados a declarar durante los siete días reservados para desarrollar un juicio que, vista su trayectoria, se avecina farragoso. No en vano, el procedimiento acumula nada menos que 17.000 folios.
Nombre propio
La instrucción lleva el sello inconfundible de Miguel Ángel del Arco, el juez de Instrucción número 6 de Granada que batirá de nuevo su récord cuando concluya el conocido como caso Alhambra que ya supera la anterior cifra.
Pero no lleva el sello del juez sólo por la profusión en el papeleo, sino por varias circunstancias que han captado la atención del público por este caso a lo largo de los últimos diez años. La más notable de ellas fue la disparidad diáfana de criterio entre el juez y la Fiscalía. El representante de esta última no vio más que comportamientos «poco éticos» en algunas de las partes implicadas en la venta de los terrenos, el ex directivo del Granada C. F., Cándido Gómez. Y pidió que se archivaran las actuaciones al no encontrar ningún indicio de delito que justificase el juicio. La opinión de la Fiscalía suele influir en la decisión final del juez de seguir o no adelante con el caso. Al menos, en un altísimo porcentaje de supuestos. Pero en éste no fue así. La acusación particular, ejercida por la Asociación Socios de 20 años del Granada CF y Alfonso Suárez Mendía -presidente del club en el año 1984-, es la única que se mantuvo inamovible en sus tesis acusadoras y solo con ellas el juez dio el paso para que se celebrase el juicio que ahora se llevará a cabo. En su auto de apertura de juicio oral, emitido en octubre de 2004, señalaba el juez los delitos de maquinación para alterar el precio del mercado, delito societario, estafa, delito contra la hacienda pública, prevaricación y falsedad.
En resumidas cuentas, la acusación sostiene que las inmobiliarias compradoras modificaron en documentos privados las condiciones de la venta, pagaron al presidente del Granada y lograron las escrituras de los terrenos sin haber pagado el precio total de la venta. Por otro lado, acusa a los ex directivos del Granada CF al considerar que si la colaboración de estos, las inmobiliarias no hubiesen conseguido acudir a una subasta en la situación más ventajosa: «sin postores».
Defensa de la limpieza
Las defensas, por su parte, siempre han defendido que el proceso fue limpio, que la subasta cumplió con la obligatoria publicidad en los periódicos y que se realizó ante notario.
Las personas implicadas en esta operación inmobiliaria son los llamados a partir del miércoles al banquillo de los acusados: un notario, un registrador, los responsables de seis inmobiliarias (Lazasur, que integra José Julián Romero, Francisco Millán y Francisco Salas) y la ex directiva del Granada CF.
Desde que se emitió este auto hasta la celebración del juicio han pasado cuatro años. Un margen de tiempo que no contrasta en absoluto con el resto del procedimiento. ¿La razón? Entre otras, la cantidad de recursos que han sido interpuestos por todas las partes a cada paso dado por el juez, así como las repetidas peticiones de archivo ante la Audiencia.
Tanto es así que, a pesar de que el juicio comienza de forma inminente, sigue viva la incógnita de si los elementos que hasta ahora lo componen sufrirán alguna alteración. Es decir, las partes representadas en el proceso, tanto acusadores como defensas, tienen previsto presentar una serie de alegaciones -cuestiones previas- al procedimiento y en contra de éste el primer día. Por ello, los magistrados de la Audiencia han sido previsores y se han reservado cinco días para estudiarlas y emplazan el seguimiento del juicio al día 8 de septiembre.
Toda precaución es poca tratándose de un pleito que lleva tantos años, desde 1997, en boca de todos y en el que se juega mucho, y no precisamente en el sentido deportivo. Los terrenos no están en el fondo del interés del caso: hoy albergan una urbanización construida por Lazasur. Lo que está en juego realmente es mucho dinero. La fianza impuesta a los acusados habla por sí sola: 2,6 millones de euros. El resultado está por ver. Mientras tanto, a la ex directiva del club le toca banquillo.
* Ideal - 01.09.08 -R. MENDOZA
Foto: HOY. Los terrenos del antiguo estadio, cuya venta se discute ahora ante la Justicia, albergan una urbanización de lujo./ ideal.es
Los vecindarios del entorno de Vigo se alzan contra las nuevas carreteras
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ELPAÍS* : En Gondomar la oposición a la autovía programada por la Xunta dentro del plan Vigo Íntegra es un clamor al que se han sumado todos los grupos políticos, las asociaciones locales y hasta el cura párroco, que el pasado domingo, en misa de 12, instó a su público a apuntarse a la plataforma que cataliza las protestas y que, hasta que concluya el periodo de información pública, espera duplicar las mil alegaciones que ya hay formuladas contra el proyecto.
Las plataformas vecinales contra las nuevas carreteras afloran en ese ayuntamiento y en Mos, que fue la primera, en Tomiño, Nigrán, Redondela Soutomaior y en la misma Pontevedra, cuyo ayuntamiento también ha saltado unánime contra los proyectos de la Xunta.
Todos, miles de vecinos de esos ayuntamientos próximos a Vigo, están preparando o firmando ya las alegaciones y se aprestan a encarar el otoño con movilizaciones, que en muchos casos continúan las previas al verano, contra los modernos viales que ha dibujado la Consellería de Política Territorial en el plan Vigo Íntegra y que, sin embargo, se reciben como latigazos en el territorio y paisaje familiares. "Los autores del plan piensan que el centro es Vigo y que lo que hay alrededor es más Vigo, y no es así", explica Antón Araúxo, alcalde de Gondomar.
La primera plataforma vecinal que se activó, en Mos, trata de impedir la construcción de una nueva autovía Vigo-Porriño para no aumentar la ya pesada carga de infraestructuras que dan servicio a Vigo y pasan por el municipio. Propone, a cambio, la gratuidad de un tramo de la AP-9, hasta Porriño, que hoy apenas registra tráfico, para ahorrarse gastos y destrozos.
En Gondomar dan una alternativa análoga. Aquí, según Araúxo, la solución estaría en sacar el peaje de la autopista del Val Miñor (Vigo-Baiona), en cuya propiedad participa la Xunta y también tiene escaso uso, para resolver la movilidad de la población de la comarca (Gondomar, Nigrán, Baiona) y de cada municipio con Vigo. Bastaría con construir unos accesos razonables que ahora no tiene, dice el alcalde. Pero la Xunta propone dos nuevos viales: una denominada "circunvalación", que es un ramal directo desde la autopista al centro de la villa, y una autovía que parte el valle por la mitad "y que nadie pidió".
El trazado se dibujó sobre una cartografía obsoleta que se lleva por delante 83 casas, patrimonio cultural, la casa del cura, una galescola, el cuartel de la Guardia Civil, un geriátrico que acaban de construir... Los planos en exposición son disímiles, tampoco cuadran con la memoria del proyecto que los acompaña y ninguna de las dos cosas con la realidad. "Todo es un disparate, o dos", concluye Araúxo.
Por el momento, el trazado de esa autovía acaba en seco en Gondomar, sin definir su continuidad hacia Tomiño porque aquí, en Tomiño, todos tienen ahora la vista puesta en las trazas de la autovía Tui-A Guarda, que no encuentra sitio. La anterior Xunta del PP presentó cinco trazados alternativos, todos rechazados. La actual ha presentado otros tres con idéntica suerte. El gobierno local pide a Política Territorial otro que tenga menos impacto sobre las propiedades y más consenso en la población. Ahora hay más de 2.000 alegaciones presentadas, y la plataforma vecinal, cuyos portavoces han ido cambiando así la balanza se inclinaba hacia un trazado u otro, regresa en sus preferencias a la denominada "alternativa 2", alentada por el PP, que la metió en aquel paquete de cinco de la anterior legislatura, pese a conocer sus contraindicaciones: amuralla el estuario del Miño, lo que imposibilita su aceptación por Europa, y se aleja del polígono industrial y de los núcleos de población, que están más al interior.
Por el norte, la autovía Pontevedra-Vigo del Vigo Íntegra levanta ampollas en la propia Pontevedra y Soutomaior, cuyos ayuntamientos ya se pronunciaron en contra y añaden a la respectiva plataforma vecinos de Canicova, Pontesampaio y Arcade, más algunos barrios de Redondela, aunque la corporación municipal transija. El conflicto en este caso no lo suscita la autovía, sino la denominada "alternativa 5", elegida entre las 21 que se barajaron y pese a haber sido antes ya descartada. Va de la Nacional 550, en Vilaboa, hasta el aeropuerto de Peinador y arrasa unas 108 casas en unos 28 kilómetros de trazado paralelo al de la autovía, con el que ocasionalmente toca para separarse un máximo de 2,5 kilómetros. "Todo eso ahorra dos minutos en llegar al aeropuerto: un despilfarro", apunta la plataforma.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 01/09/2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Los hogares españoles dedican el 46,1% de su renta bruta a financiar la compra de vivienda
ELMUNDO* : Las familias españolas destinaron el 46,1% de su renta bruta disponible a financiar la compra de vivienda en el segundo trimestre de 2008. Esta cifra está dos puntos por encima que la registrada en el mismo periodo del año anterior y cuatro décimas por debajo que en el conjunto de 2007, según un informe publicado por el Banco de España.
Con estos datos sobre la mesa, el valor de una casa es siete veces la renta disponible de los hogares.
El porcentaje aún contrasta con el 36,4% de la renta bruta familiar que era necesario destinar a tal fin en 2005 y con el 35% que destinaban las familias a la compra de vivienda en 2004.
Los datos de la autoridad monetaria indican que el endeudamiento de los hogares por la compra de vivienda se mantiene en niveles muy elevados tras las subidas registradas en el pasado ejercicio. Entonces, el esfuerzo familiar para la compra de una vivienda pasó de situarse en un 43,3% de la renta en los tres primeros meses de 2007, al 44,2% en el segundo trimestre, 45,4% en el tercero y 46,3% al cierre del año.
A pesar de esto, el importe medio de las hipotecas cayó un 4,56% en junio en comparación con el mismo periodo del año anterior y se situó en 141.939 euros. No obstante, el Euribor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, se situó en ese mismo mes en el 5,361%, mientras que cerró agosto en el 5,323%, por lo que aún se mantiene en máximos históricos, por encima del 5,248% que marcó en el mes de agosto del año 2000.
Por su parte, el precio medio de la vivienda se situó en 2.095,7 euros por metro cuadrado al cierre del primer semestre del año. Esta cifra supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo del año anterior, tres puntos por debajo de la inflación registrada en el mismo periodo (5%), con lo que se constata una bajada real del precio de la vivienda.
Una casa cuesta casi siete veces la renta disponible
En el segundo trimestre del año el precio de una vivienda de tipo medio (93,75 metros cuadrados) era 6,9 veces superior a la renta bruta disponible de un hogar mediano, una décima menos en que el conjunto del 2007 y el 2006.
Descontando las deducciones de las que se benefician las familias por compra de vivienda a través del IRPF (un 15% con carácter general hasta un máximo de 9.015 euros anuales), los hogares destinaron el 37,1% de su renta bruta disponible a financiar la adquisición de su vivienda entre abril y junio. Esto es dos décimas menos que al cierre de 2007, pero muy superior al 29,9% que fue necesario en el 2006 y al 25,5% que se necesitó en 2005.
* El Mundo - Europa Press - 01/09/2008
Foto: Viviendas, bloques recientes - elmundo.es
Nuevos barrios: ni se compra ni se vende
ELPAÍS/Madrid* : El parón inmobiliario se agudiza en zonas como Las Tablas y Sanchinarro. El centro comercial inmobiliario del Ensanche de Vallecas era un desierto en agosto. Y no sólo por el calor. De la veintena de casetas instaladas en la calle Real de Arganda, apenas cuatro o cinco mantenían sus puertas abiertas.
"La crisis se está notando mucho. Hace un año y medio yo tenía a gente esperando para informarles de los pisos, aunque fuera agosto. Ahora no hay nadie. Apenas si atendemos a una persona o dos cada día", explica Francisco Javier Barba. La promotora para la que trabaja ha construido un bloque de edificios en el barrio, pero no han vendido todos los pisos, por lo que el inicio de su segunda promoción, también en ese PAU, deberá esperar. "Estamos en crisis, la gente no compra pisos y las promotoras prefieren esperar a vender lo anterior para empezar obra nueva".
A varios kilómetros de Vallecas, en la calle de Adriano de Utrecht de Sanchinarro, una valla impide el paso a una parcela aún sin construir. No hay cartel de obra, ni información sobre el destino de la finca. El portero del bloque de viviendas situado justo enfrente tampoco sabe nada. "Eso se lo dicen en el Ayuntamiento", dice mientras se encoge de hombros a la sombra de su garita.
Según los datos del Ayuntamiento de Madrid, el ritmo de licencias de obra otorgadas en los nuevos barrios "es bueno". Así, mientras que en el PAU de Carabanchel (11.467 viviendas previstas) se habría dado luz verde al cien por cien de las mismas, en otros barrios, como Sanchinarro (13.568 viviendas) y Las Tablas (12.272 viviendas), las licencias de construcción entregadas superan ya el 90%. Los barrios más retrasados -el Ensanche de Vallecas (26.046 pisos) y Montecarmelo (8.547 pisos)- cuentan con el 83 y el 78% de las licencias de obra otorgadas. Urbanismo, sin embargo, asegura "desconocer" cuántas de estas viviendas no se han empezado a construir aún.
La realidad es un tanto diferente a las cifras. Bien lo saben los vecinos de estos nuevos desarrollos residenciales. "El Ayuntamiento podrá decir que ha entregado todas las licencias, pero, por ejemplo en Carabanchel hay aún un 10% de las parcelas sin edificar y ni siquiera tienen cartel que anuncia una promoción futura", destaca Juan Fernández, presidente de la asociación de vecinos del Ensanche de Carabanchel, el más avanzado de los cinco en marcha. Pero la crisis del ladrillo también se nota allí. Los bloques de color blanco de la calle de Joaquín Turina son un ejemplo: "La manzana es de 246 viviendas, pero sólo está vendido al 30% o el 40%", reconoce José María Flor, empleado de la empresa que los comercializa.
Los edificios en construcción no se detienen, pero no se venden la totalidad de sus viviendas. Las parcelas vacías se quedan como están a la espera de tiempos mejores. "Las empresas se están planteando esperar un par de años para empezar obras", indica José Antonio de las Heras en Vallecas. Su empresa ha construido dos bloques: de uno, con 77 viviendas, quedan por vender ocho; el otro está en construcción. "En el primero ya estamos haciendo un descuento de un 20%", precisa.
"Es verdad que ahora se vende menos, pero eso de que bajan los precios es un cuento", recalca la comercial de un bloque de medio centenar de pisos en Sanchinarro. En los barrios del norte no bajan de los 400.000 euros. Uno de 3 habitaciones en Las Tablas cuesta 582.000 euros y en Sanchinarro 475.000 euros. En Vallecas y Carabanchel el coste es menor: 365.000 por un piso de 3 habitaciones y 321.000 euros por uno de 2 habitaciones.
Si la venta de vivienda nueva se ha complicado en el último año, la de segunda mano afronta una situación aún peor. "Trabajamos más el alquiler. Tenemos casi 150 pisos a precios que van desde los 1.190 a los 1.250 euros, con dos habitaciones", explica la encargada de una inmobiliaria en la calle de Miralles (Las Tablas).
En Sanchinarro hay un cartel de "se vende" en un balcón de la calle de Isabel de Valois. Miguel ofrece su piso de un dormitorio con tres años de antigüedad, con garaje y trastero, por 370.000 euros "negociables". Lleva varios meses y aún no ha tenido suerte.
"Cuando se entregaron los primeros pisos florecieron los carteles de venta de pisos. Ahora, que han pasado 2 o 3 años, casi no hay ninguno", señala Alberto Navazo, presidente de la asociación de vecinos de Montecarmelo. "El 80% de los pisos están entregados, pero sólo un tercio está ocupado realmente. Quien compró para vender ahora no puede hacerlo".
La crisis no sólo afecta a la compraventa de pisos. Apenas si hay locales comerciales ocupados en la zona -los precios alcanzan 6.000 euros el metro cuadrado-. "Vivimos en barrios fantasma", explica Eloísa de Dios, vecina de Sanchinarro. Cualquier acto cotidiano es un problema. Paz Rodríguez vive en Montecarmelo, pero sigue empadronada en el barrio de sus padres. Donde vive no hay un centro de salud. "Andando sólo puedo ir a comprar el pan, para el resto tengo que utilizar el coche", cuenta.
Olga Hernández vive con su novio en un piso en el Ensanche de Vallecas y sabe bien lo que es un barrio sin servicios: "Aquí sólo hay bancos y cajas de ahorro, nada más".
Las Tablas: No tiene ambulatorio
El barrio de Las Tablas tiene unos 25.000 vecinos en las más de 9.000 viviendas ya terminadas y con licencia de primera ocupación. Cuando esté acabado, contará con 12.272 pisos.
Pese al gran número de vecinos, no cuenta con un centro de atención primaria. Hoy es la prioridad número uno para las familias. "Tenemos a todo el mundo movilizado por la causa. Hace unos meses ya entregamos 14.000 firmas en la Consejería de Educación para el ambulatorio, que estaba previsto en 2006", explica el portavoz de la asociación de vecinos, José Antonio Real. Tienen que conformarse con ir a Sanchinarro.
El centro de salud no es la única necesidad. La asociación de vecinos exige la construcción de un instituto y dos escuelas infantiles de 0 a 3 años, que se sumen a la que ya existe. La consejería construye un segundo colegio de primaria, que empezará a funcionar este curso.
"Hay otras peticiones que no se han cumplido, como un polideportivo, un centro cultural o una comisaría", destaca Real, quien asegura que aún existen "miles de metros cuadrados para equipamientos sin desarrollar" en el barrio.
Sanchinarro: Un instituto y una comisaría
En Sanchinarro viven cerca de 20.000 personas. De los más de 13.500 pisos previstos, 11.064 están ya acabados, según el Ayuntamiento. Sin embargo, el de los equipamientos es, como en el resto de los PAU, la asignatura pendiente. "No se han hecho bien las cosas. El crecimiento de los barrios debería haber ido en paralelo a la construcción de servicios para quienes vivimos aquí", señalan en la asociación de vecinos.
Cuentan desde hace algunos meses con un centro de salud; sin embargo, ahora piden un centro de especialidades que les permita no tener que desplazarse hasta Hortaleza. También tienen un colegio público que, a partir de este curso, incorporará nuevas aulas para educación infantil en el tramo de 0 a 3 años. Sin embargo, carecen de instituto de secundaria.
"Para este año estaban presupuestados un polideportivo municipal y un centro cultural, pero no tenemos noticias. Esperamos que, al menos, empiecen a construirse antes de acabar el año". Otro de sus anhelos, una comisaría, cuenta con el beneplácito de la Delegación del Gobierno, aunque se hará realidad "a medio o largo plazo".
Montecarmelo: Algún tipo de servicio cultural
De los nuevos barrios que han ido poblando el norte de Madrid, Montecarmelo es el que cuenta con menor número de habitantes, unos 10.000 según los cálculos de la asociación de vecinos. De las 8.547 viviendas que tendrá en el futuro, actualmente están terminadas algo más de 6.000. Puede que la construcción vaya a buen ritmo, pero en el barrio se consideran "abandonados" por las administraciones en lo que a equipamientos públicos se refiere.
"La previsión ha brillado por su ausencia y ahora nos faltan equipamientos básicos", insiste el presidente de la asociación de vecinos de Montecarmelo, Alberto Navazo. Entre las muchas carencias que hay que reivindicar, un centro de salud ocupa el primer lugar de la lista. Detrás le siguen un instituto y un segundo colegio de primaria, así como algún tipo de servicio cultural, del que actualmente carecen.
"La respuesta suele ser siempre la misma, ya sea el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid: decir a todo que sí, incluso situarte la parcela en la que se construirá el equipamiento. Pero luego añaden que no hay dinero", se queja Alberto Navazo.
PAU de Carabanchel: Otro colegio público
El Ensanche de Carabanchel parece a simple vista un barrio totalmente consolidado. En parte es cierto. Es el más avanzado de los cinco nuevos PAU de Madrid. Viven más de 20.000 personas y se han entregado 10.181 viviendas de las casi 11.500 previstas inicialmente. Sin embargo, bajo ese aspecto exterior de barrio "completo", hay aún muchas carencias, en opinión de los vecinos que ya viven allí.
"El Ayuntamiento cedió hace tiempo una parcela para un centro de salud en el barrio, pero no tenemos ni siquiera plazos de construcción", denuncia el presidente de la asociación vecinal del PAU de Carabanchel, Juan Fernández. Algo similar ocurre con el instituto previsto en el barrio: "Existe una parcela, pero nada más".
Las reivindicaciones no paran ahí. Los vecinos piden un colegio público que se una al ya existente y a los dos centros concertados, uno ya en marcha y el otro en construcción. Por suerte, en septiembre abrirá sus puertas el nuevo polideportivo, aunque "con mucho retraso", recuerdan los portavoces vecinales, que también echan en falta un centro cultural o una biblioteca pública.
PAU de Vallecas: Sin espacios deportivos
El PAU de Vallecas es la "joya de la corona" de los nuevos desarrollos. Al menos en relación a su número de viviendas: 26.046, de las que se han entregado ya 8.400. Lo de los servicios y los equipamientos ya es otro cantar para los cerca de 15.000 vecinos del barrio.
"Nos hace falta un colegio público que complemente al que ya existe y en el que ahora mismo se están mezclando en una misma aula alumnos de diferentes cursos", explica la presidenta de la asociación vecinal, Rosa María Pérez Mateo. Este curso abrirá sus puertas una nueva escuela infantil, acabada hace ya más de un año.
No obstante, las principales carencias se centran en materia deportiva y cultural. El Ayuntamiento se ha comprometido a levantar un polideportivo en la zona, pero no estará listo "hasta 2010 como pronto", precisa Pérez Mateo. Asegura "no tener claro" si la ciudad deportiva del Rayo Vallecano que se levantará en la zona dará servicio a los vecinos. La lista de peticiones se completa con una comisaría o un centro de especialidades que evite que los residentes tengan que trasladarse al de Puente de Vallecas.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Madrid - 01/09/2008
Foto: Madrid, las Tablas - madridiario.es
Valencia street circuit
FRANCESC DE P. BURGUERA* : Pasaron las vacaciones. Los valencianos volvemos al tajo después de gozar -es un decir- del novedoso espectáculo de la Fórmula 1 y su recién inaugurado circuito: el VALENCIA street circuit. Naturalmente, y como era de esperar, ¡el mejor del mundo!, según nuestras primeras autoridades encabezadas por doña Rita Barberà, y el señor Francisco Camps. Un circuito urbano que ha sido construido en un tiempo récord.
Leo en el diario Las Provincias del pasado miércoles un artículo de Toni Clemente en el que dice lo siguiente. "Te traen la Fórmula 1 a Valencia y el negocio se lo hacen desde Castellón. Se construye un circuito en ocho meses y tardan diez para hacerme una prueba de esfuerzo de diez minutos para poder controlar mi pasada operación". Estoy con Toni Clemente. Mi médico de cabecera me entregó un volante, el pasado 5 de agosto, para que acudiese al Centro de Especialidades y me diesen hora para el especialista. Allí acudo y me dan la correspondiente cita ¡para el 11 de marzo de 2009! Para fallas, vamos. ¡Ocho meses de espera! Lo que tarda en construirse un street circuit.
El presidente Camps, se vanagloriaba de este récord diciendo que somos capaces de cosas increíbles. ¡Y tan increíbles! ¿Existe algo más increíble que nuestros gobernantes autonómicos, después de endeudarse hasta las cejas, no cesen de gastarse el dinero que no tienen en grandes "eventos" como el de la Fórmula 1, mientras Toni Clemente, un servidor de ustedes, y miles y miles de valencianos tengamos que esperar el tiempo que se tarda en construir una street circuit para ser atendidos por los servicios sanitarios de la Comunitat? "Somos la admiración del mundo entero", proclaman nuestros próceres mandatarios. ¡No me extraña! Y eso que el "mundo entero" no conoce la realidad, no saben que todos estos grandes "eventos" se llevan a cabo mediante la aportación de los contribuyentes valencianos que tenemos que soportar una atención sanitaria calamitosa. De saberlo, la admiración del mundo se duplicaría.
Y no hablemos de la educación. En el curso que ahora comienza, 25.000 alumnos deberán estudiar en 1.300 barracones. Los sindicatos, tanto UGT como el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv-Iv), han denunciado esta situación y anuncian movilizaciones. Recuerdo que el presidente Camps, durante la campaña electoral de hace dos legislaturas, al referirse a la educación prometió que "iba a inaugurar un colegio cada semana". Y es que el señor Camps promete muchas cosas. A ese ritmo no debería existir, ya, ni un solo barracón. Pero por prometer que no quede.
Uno ya es viejo y no está para estos menesteres. Pero alguien -un joven estudiante de periodismo, por ejemplo- podría acudir a las hemerotecas para elaborar un Florilegio de frases célebres del presidente Camps. Frases en que prometía cosas y frases en las que se vanagloriaba de los eventos. Rastreando mi archivo por otras circunstancias me he encontrado con esta "perla". Abril de 2003. La ministra del PP, Pilar del Castillo, recuerda la obligatoriedad de las cuatro horas de enseñanza del castellano, según la Ley de Calidad. La respuesta del señor Camps, candidato a la presidencia de la Generalitat, fue la siguiente: "No daré un paso atrás en la defensa y proyección del valenciano porque el Consell tiene competencias absolutas, independientemente de leyes, directivas y decretos, nacionales europeos". ¡Ahí queda eso! Palabras, palabras, palabras. Vean cómo está hoy la defensa del valenciano que tanto prometía el señor Camps. Verborrea. Però de forment ni un gra.
fburguera@inves.es
* ELPAIS.com - Opinión - 01/09/2008
