,+zona+trama+Obra+Nueva+-+diariodecadiz.es.jpg)
ELPAÍS* : Comprar una parcela, contratar a un arquitecto técnico para obtener un certificado falso de obra, construir una casa sin licencia en suelo no urbanizable y después revenderla conlleva penas que pueden alcanzar los ocho años de cárcel. Es lo que ya ha pedido la Fiscalía en uno de los primeros casos de este tipo detectados en la provincia de Cádiz.
Después de este vinieron más que la Guardia Civil agrupó bajo el nombre Operación Obra Nueva. La investigación para desmantelar una trama dedicada a la falsificación de certificados de obra con el objetivo de simular la legalidad de casas construidas sin permiso avanza en los despachos policiales y judiciales. La Fiscalía estudia la posible división del caso en varias piezas para tratar de agilizar su tramitación.
Uno de esos primigenios casos se juzgará el próximo 22 de octubre en la Audiencia Provincial de Cádiz. En el banquillo se sentarán seis personas, entre propietarios, arquitectos técnicos y constructores. Ocurrió en Chiclana en 2003. La propietaria de una constructora, María Ángeles G.U., vendió una finca en la zona conocida como Pago Melilla. Previamente había conseguido de un arquitecto técnico, Francisco Carlos T.S., una escritura en la que figuraba que en esa finca existía una construcción de cinco años de antigüedad. Algo, según la Fiscalía, completamente falso puesto que se trataba de un solar vacío.
De esa forma la promotora validaba la existencia de unas casas que construyó después, gracias a un constructor, José O.G., también imputado. Viviendas que se levantaron sin ningún permiso en suelo no urbanizable. Las nuevas casas contaron con un certificado de obra nueva de un ingeniero técnico industrial, Diego G.G., con lo que la apariencia de legalidad era absoluta.
Con todos esos papeles obtenidos de forma fraudulenta, según la Fiscalía, vendieron las casas a unos particulares, mayoritariamente extranjeros, quienes desconocían el origen ilícito de las casas. El Ministerio Público ha pedido penas para los seis acusados que oscilan entre los dos años y ocho años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio, falsificación de documentos oficiales y otro continuado de estafa. Los principales perjudicados son los compradores finales de las casas porque la Fiscalía pide también su derribo aunque, a cambio, solicita que se les indemnice con el dinero que pagaron y los intereses correspondientes.
Se trata del mismo modus operandi que el desvelado el año pasado por la Guardia Civil en la operación Obra Nueva que, de momento, lleva 38 implicados. Aquella investigación policial puso la lupa en operaciones ilícitas que se llevaban desarrollando de manera habitual desde hacía tiempo. Los trabajos del Instituto Armado desvelaron que en muchos de los casos detectados coincidían muchos nombres. Ahora el Ministerio Público estudia si pedirá mantener la unidad de todo el caso bajo una misma causa judicial o proponer su división en varias piezas.
"Todavía es pronto para tomar una postura", explica el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez. Con todo, resalta la ventaja que supone la división del caso. "No todos los hechos van al mismo tiempo. Así que a medida que se vayan terminando algunas investigaciones, podríamos ir cerrando algunas diligencias. En la medida de lo posible, desde luego, es conveniente la división para agilizar".
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 13/10/2008
Foto: Chiclana (Cádiz), zona trama Obra Nueva - diariodecadiz.es
Cádiz: La Fiscalía pide mano dura en los permisos falsos para casas ilegales
Uno de cada tres planes urbanísticos investigados por la UE son alicantinos
LAVERDAD* : Los planes urbanísticos que tienen el discutible privilegio de estar incluidos en un listado que investiga la Unión Europea, a través de la propia Comisión (CE) con sede en Bruselas y a propuesta del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy (que asumió a su vez una denuncia del eurodiputado valenciano de Los Verdes David Hammerstein), no entienden de color político ni de enclaves geográficos.
Del total de 129 planes, sobre los que el Gobierno de España debe informar en el plazo máximo de dos meses, 37 están aprobados (definitiva o provisionamente) y proyectados en zonas de la provincia de Alicante.
Entre todos los pueblos afectados por esta investigación comunitaria destaca Jijona, con seis planes urbanísticos cuestionados por carecer de agua o por no tener garantizado el recurso hídrico al cien por cien. Jijona y Alicante cobran notoriedad por la monumentalidad de sus megaproyectos.
Con campo de golf aparejado o sin él, en un entorno estrictamente rural o dentro del casco urbano. La CE ha puesto sus ojos en la provincia de Alicante para analizar si disponen de suficiente agua o si, además, penden sobre ellos informes negativos del organismo de cuenca correspondiente (en todos los casos investigados la Confederación Hidrográfica del Júcar).
La Comisión Europea se centra únicamente en lo planes urbanísticos que han sido aprobados en los años 2006 y 2007. Afectan a un total de 56 municipios, de los que 23 son alicantinos. Estos municipios, incluida la capital Alicante, proyectan miles de viviendas, zonas urbanizadas y campos de golf en torno a un total de 37 planes urbanísticos u homologaciones de los planes generales de ordenación urbana.
Bruselas quiere saber de primera mano si los planes fueron aprobados por la Administración autonómica y local sin tener garantizada el agua o incluso con un informe negativo, aunque se no vinculante, de la confederación hidrográfica de la cuenca correspondiente.
Aunque la provincia de Valencia es la más afectada, con el 50% de todos los planes investigados, la de Alicante destaca por la monumentalidad de las actuaciones urbanísticas previstas.
Rabasa, a punto
El controvertido Plan Rabasa, que está pendiente de la aprobación definitiva, la cual podría producirse en las próximas semanas, es uno de los planes investigados, según la información a la que ha tenido acceso este diario. Prevé la construcción de 12.000 pisos, de los que unos 7.000 serían de protección oficial. El programa de actuación se desarrollaría en su caso sobre una superficie superior a los cuatro millones de metros cuadrados en un enclave privilegiado, frente a la Universidad de Alicante, la Autopista del Mediterráneo y el área de expansión natural de Alicante por su zona noroeste, tal y como ya recoge el PGOU.
La Confederación del Júcar emitió en su día un informe contrario a esta actuación urbanística al alegar que no podía garantizar, a futuro, el agua necesaria para los nuevos moradores (una nueva pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes). El conseller García Antón dijo en una entrevista a este diario hace tres semanas que discrepaba de dicho informe, que ha sido recurrido en los tribunales, pese a lo cual no bloqueará la tramitación administrativa en la Conselleria de Urbanismo. Antes de finalizar el año podría estar definitivamente ratificado, tras la aprobación por la Comisión Provincial de Urbanismo el pasado junio.
El otro PAI monumental estaba proyectado en Jijona, y lo sigue, pese al dictamen en contra de un juez de Alicante que bloqueó el proyecto en el paraje de El Espartal, conocido así porque allí crecen las esparteras y poco más debido a su climatología en proceso de desertificación. El juez tumbó el propósito de una promotora vinculada al empresario valenciano Bautista Soler debido a que no estaba justificado el «interés general».
Desde el Ayuntamiento y los colectivos vecinales se había cuestionado dicho PAI, entre otras razones, por no está garantizada el agua potable en un municipio que lleva desde 1996 con un decreto, en vigor, de sequía, después de que la Administración local interviniera total y parcialmente las dotaciones utilizadas por los regantes en aplicación de la Ley de Aguas para asegurar el abastecimiento público.
En el municipio turronero hay seis PAI investigados por la UE, uno de ellos aprobado definitivamente por todas las Administraciones y situado en otro paraje semi desértico conocido como El Vergeret.
Campos de golf
Tanto uno com otro plan urbanístico de Jijona está vinculado a campos de golf. No son los únicos casos. También destacan en esta misma línea el proyecto Pego Golf y el de la Serreta Golf en Novelda, así como Xirillent, en Alcoi, por lo que respecta a la provincia de Alicante. En el caso de Aigües, Bruselas cuestiona su plan de ordenación urbana y en Sanet i Negrals se plantea la modificación parcial o total de su PGOU por no estar garantizado el suministro hídrico.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aseguran que no les consta ningún listado concreto hacia dicha investigación, pero que «circulan» varias de esas listas negras. La Conselleria, no obstante, ya ha dicho que informará puntualmente al Gobierno de España.
* La Verdad - BERNAT SIRVENT - 13.10.2008
Foto: EN MARCHA. Un vecino observa una de las lagunas de Rabasa, incluida en el plan parcial adjudicado a Ortz e Hijos. / ÁLEX DOMÍNGUEZ, laverdad.es
Un informe jurídico rechaza legalizar 300 viviendas costeras de Marín
,+puerto+-+wikipedia.org.jpg)
ELPAÍS/Pontevedra* : La amenaza de derribo por el deslinde marítimo-terrestre pende sobre 300 viviendas repartidas en cinco núcleos de Marín, después de que el Consello Consultivo tumbara la pretensión de la Consellería de Política Territorial de legalizar su situación mediante la revisión de oficio de las normas subsidiarias de la localidad.
El informe del órgano asesor es concluyente: la pretendida revisión es en realidad "una modificación del planeamiento" urbanístico que, de llevarse a cabo, "puede dar lugar a consecuencias contrarias a la equidad entre los ciudadanos de Marín".
La consellería que dirige María José Caride dio por solucionado el conflicto en febrero de este año, cuando firmó la resolución por la que Urbanismo iniciaba el procedimiento de revisión de oficio del planeamiento de ese municipio. El objetivo consistía en que esos núcleos costeros -Loira, Aguete, A Teoira, Casás y Mogor- fueran reconocidos como suelo urbano, lo que permitiría reducir a 20 metros la zona de servidumbre de protección y, por lo tanto, legalizar las viviendas afectadas. La memoria de las normas subsidiarias de Marín, de 1978, reconoce expresamente los asentamientos como núcleos rurales, pero en los planos aparecen como zona litoral dentro del suelo no urbanizable.
El Consello Consultivo rechaza de plano que se solucione el limbo urbanístico de los cinco núcleos mediante la revisión de oficio de acto nulo de las normas subsidiarias. Este sistema "constituye una fórmula privilegiada y excepcional", dado que su fin es privar de toda eficacia decisiones anteriores "viciadas de nulidad". "No conviene olvidar que la facultad revisora de los actos declarativos de derechos se concibe como un procedimiento en el que interesa, ante todo, el restablecimiento de la legalidad quebrantada; sin embargo debe también cumplir una función de garantía", advierte el Consultivo.
En el caso de Marín, agrega el informe, "no se busca simplemente declarar nula la disposición o norma urbanística relativa a la clasificación como zona litoral en suelo no urbanizable", sino que se va "en la búsqueda de establecer una clasificación urbanística diferente". Se intenta "establecer una nueva ordenación urbanística" para los núcleos rurales, lo que significa que "la finalidad real perseguida en este caso es una alteración concreta de la ordenación urbanística".
"Pero eso es lo que se llama una modificación del planeamiento, finalidad que tiene establecido en el ordenamiento jurídico un procedimiento específico a tal fin", agrega el autor del informe, aprobado por unanimidad por el pleno del Consello Consultivo. Tras esta observación, el informe propone precisamente abordar los cambios en un nuevo plan general, "pues comprende las garantías precisas" para modificar la clasificación urbanística.
Otra de las razones del rechazo a la revisión de oficio es precisamente el proceso de elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Marín, aprobado inicialmente por el ayuntamiento el 26 de febrero de 2007. "La normativa vigente no permite la modificación del planeamiento cuando está en tramitación un nuevo plan general o su revisión", advierte el Consultivo, que cita la Ley del Suelo de Galicia, que circunscribe la prohibición al período que va de la aprobación inicial a la definitiva.
En la propuesta de Política Territorial, además, "no se explica suficientemente para qué se acomete esta modificación, después de que transcurrieran treinta años desde la aprobación" de las normas subsidiarias, máxime cuando está en tramite un plan "en el que se podría recoger la alteración de que se trata".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 13/10/2008
Foto: Marín (Pontevedra), puerto - wikipedia.org
¿Por qué no bajan los pisos? Gobernantes y banqueros se alían para evitar un desplome
CARLOS SÁNCHEZ* : Primero, los datos. Resulta que en EEUU los precios de la vivienda –según el índice Case-Shiller- han caído un 17% en los últimos doce meses (julio sobre julio). Este índice recoge información estadística sobre la evolución de los precios en 20 grandes ciudades de EEUU, y pasa por ser el más fiable sobre lo que sucede en el mercado inmobiliario estadounidense. Como toda estadística, puede ser criticable, pero hoy por hoy es la más representativa.
En el Reino Unido las cosas no son muy distintas. El índice Nationwide -uno de los más utilizados- refleja un descenso anual (septiembre sobre septiembre) equivalente al 12,4%, lo que da idea de la intensidad del ajuste inmobiliario. Teniendo en cuenta el efecto de la inflación, esto significa que en términos reales los precios de las casas han caído entre un 15% y un 21% en ambos países. Se trata de una media, por lo que en algunas zonas el recorte ha sido, incluso, mayor.
Como se sabe, EEUU y Reino Unido han vivido en los últimos años una burbuja inmobiliaria similar a la española, pero he aquí la paradoja. Los precios de la vivienda en España se resisten a bajar, y ello pese a la espectacular caída de la demanda, provocada tanto por la subida los tipos de interés como por las dificultades para obtener un préstamo. Vayamos de nuevo a los datos. Según el Índice de Precios de Vivienda -que publica Estadística- los precios de los pisos han descendido un 0,3% en el último año (segundo trimestre sobre segundo trimestre), como se ve muy por debajo de lo que ha ocurrido en los dos países anglosajones anteriormente citados.
El precio no sólo ha caído de manera irrelevante teniendo en cuenta las circunstancias del mercado, sino que lo ha hecho de manera dispar. Mientras que el importe medio de la vivienda de segunda mano ha retrocedido un 4,9%, los pisos nuevos han desafiado a las leyes más elementales de la economía. No sólo no han bajado, sino que han subido un 5,3% (por encima incluso de la inflación), lo cual no deja de sorprender en un contexto de destrucción de empleo y de restricción del crédito. Aunque pueden existir razones metodológicas que expliquen en parte lo sucedido (los precios de la vivienda en el momento de la escritura corresponden a lo pactado entre comprador y vendedor hace ahora 18 o 24 meses), lo cierto es que sorprende la escasa elasticidad del precio de la vivienda a las circunstancias de mercado. En cualquier caso, mucho menor que en otros países. No se trata de un fenómeno nuevo. Históricamente, como dice un conocido urbanista, el precio de la vivienda ha bajado en España menos que en el resto de los países desarrollados, “probablemente debido a que siempre se ha visto la vivienda en propiedad como una especie de hucha familiar hacia la que se han destinado todos los ahorros”.
Inmuebles inmunes
Se trata, sin embargo, de un fenómeno verdaderamente peculiar que no deja de sorprender a muchos analistas extranjeros: en España los precios de los inmuebles son prácticamente inmunes a la caída de la demanda, al contrario que en el Reino Unido o EEUU. ¿Tenemos en ciernes algún Premio Nobel de Economía? No parece que vayan por ahí los tiros.
Se equivoca quien busque una respuesta económica a lo que ocurre en el mercado de la vivienda. Los precios de las casas no bajan, precisamente, por que no hay mercado. Ahí está la paradoja. Las causas parecen tener más que ver con la existencia de una especie de pacto de sangre (o de silencio, según se mire) entre la clase política, la autoridad monetaria y el mundo del ladrillo y de la banca para que no baje el precio de los activos inmobiliarios más allá de lo que se considera razonable. Lo cual es especialmente preocupante teniendo en cuenta que el Banco de España ha estimado que la vivienda está sobrevalorada en más de un 20% respecto a su valor de equilibrio.
Con esta estrategia, se pretende evitar una situación parecida a la que ocurrió en Japón a principios de los 90, cuando el desplome del inmobiliario se llevó por delante establecimientos financieros que en su balance contaban con hipotecas que valían menos que las propias casas a precio de mercado, lo que les obligó a depreciar el valor de sus activos para dar una imagen fiel de su patrimonio. Es como si en lugar de dar una hipoteca sobre el 80% de valor de tasación de un inmueble se hubiera concedido sobre el 120% o el 130% (como, por cierto, ha ocurrido en EEUU con las hipotecas subprime). Imagínense la situación. La garantía hipotecaria (el valor del piso) es inferior a lo que se refleja en libros, lo que desde luego crea un problema tanto para el banco como al propietario, que está pagando intereses por algo que vale menos de lo que recibió prestado.
Ni que decir tiene que los paganos de esta situación son los ciudadanos que quieran adquirir una vivienda, incapaces de comprender por qué los pisos no bajan de forma relevante cuando la economía está al borde de la recesión.
Y aquí entra la perversión del sistema actual: bancos y cajas de ahorros prefieren engordar su patrimonio inmobiliario (convertirse en la primera inmobiliaria del país) antes que sacar las casas al mercado al mejor postor, lo que exigiría un recorte de precios. Un dato puede ilustrar la naturaleza del problema. Los créditos dudosos vinculados al sector inmobiliario (con garantía hipotecaria) equivalían en el segundo trimestre del año a 9.022 millones de euros, es decir el triple que hace apenas un año (2.282 millones de euros).
Sanear el balance
La lógica económica diría que cualquier entidad que se queda con un piso debe tener prisa por venderlo para sanear su balance (sobre todo en estos tiempos que corren), pero la realidad es muy distinta. La oferta de viviendas apenas ha crecido por esta vía. Y eso que la demanda sigue ahí. Por mucha crisis que haya, cada año se crean en España, según la EPA, unos 420.000 hogares, que podrían tener acceso a viviendas más baratas con una línea de financiación pública a precios de mercado. Se evitaría de esta manera que los españoles sin vivienda tengan que subvencionar a quienes sí tienen oportunidad de comprársela. Con ello, se alimentaría el ciclo inversor y, por lo tanto, el empleo.
No se trata de un asunto menor. Los 9.000 millones de euros que tienen lo bancos en mora equivalen al valor de unas 60.000 viviendas que deberían salir al mercado para abaratar precios. No se ha hecho, precisamente, para evitar una depreciación de sus activos. Las pujas que se han hecho hasta ahora son simbólicas.
En coherencia con esta estrategia, la banca ha asumido que es mejor negociar con las inmobiliarias (incluso en algún caso entrando en su capital) antes que instar a unas suspensión de pagos, algo que iría contra su balance. Evidentemente, no en todos los casos.
Martínsa-Fadesa cayó, y lo mismo le ha sucedido a otras muchas inmobiliarias pequeñas, pero como regla general la banca ha apostado por ejecutar los créditos impagados, con lo que evita que la sociedad en dificultades se vea obligada a acudir a un concurso de acreedores. Una suspensión de pagos obligaría a la empresa afectada a desprenderse de parte de sus activos para pagar sus deudas, pero esto no ocurre simplemente por una razón: la banca acreedora prefiere quedarse con esos activos antes que depreciarlos. Algunos economistas consideran que estamos ante una especie de morosidad encubierta que no aparece en las estadísticas oficiales. Tampoco se trata de un asunto menor. Las inmobiliarias deben a los bancos 313.176 millones de euros, de los que 6.203 millones están ya en mora (seis veces más que hace un año). Y si de pronto el valor de esos activos (con garantía hipotecaria) cae un 20 o un 30%, el daño para su patrimonio es evidente. No hay auditor que autorice tasar esos activos muy por encima del valor de mercado.
Según los expertos, otro factor puede estar influyendo en la resistencia de los precios a bajar en línea con lo que sería razonable en un contexto macroeconómico como el actual. La mayoría de los gobiernos autonómicos ha alcanzado acuerdos con los promotores inmobiliarios con el fin de reconvertir la vivienda libre en otra a precio concertado, lo que significa que el valor de las promociones tiene un suelo que no se puede sobrepasar. Una medida que impide que el mercado funcione, en este caso con el objetivo de favorecer a quienes quieran comprar una vivienda. En una palabra, no puede haber demanda cuando la oferta potencial no se adecua a la realidad económica por intereses de parte.
* El Confidencial - 10.10.2008
Marbella: El nuevo PGOU legaliza las naves de La Cañada y autoriza hoteles en suelo previsto para equipamiento
SUR* : Las modificaciones al Plan aprobado inicialmente por el pleno dan luz verde a la construcción de más de 200 viviendas en Plaza de Toros. El edificio de Radio Nacional pierde el uso cultural que se había previsto. El Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento de Marbella aprobará en pleno el próximo 22 de octubre guarda importantes diferencias con el que obtuvo la aprobación inicial en julio del año pasado, apenas un mes después de la llegada de Ángeles Muñoz a la alcaldía.
En aquella ocasión, el nuevo gobierno municipal dio su visto bueno al documento redactado bajo la dirección de la Junta de Andalucía sin apenas estudiarlo y con la intención de no prolongar la situación de inseguridad jurídica que suponía continuar con el Plan de 1986, pero el periodo de revisión de las alegaciones ha permitido avanzar en un documento más al gusto de los responsables municipales.
Durante estos meses, el área de Urbanismo ha mantenido un absoluto secretismo sobre el curso de las negociaciones para modificar el documento aprobado, en las que han participado algunos de los empresarios cuyos edificios se levantaron durante el gilismo al margen de la ordenación vigente.
Estos empresarios y los responsables municipales, en algunas ocasiones la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, se desplazaron en repetidas oportunidades a la ciudad de Jerez, donde el arquitecto redactor del Plan, Manuel González Fustegueras, tiene su estudio.
Reunión
En una de estas reuniones con la alcaldesa y González Fustegueras participó el propietario de la Cañada, Tomás Olivo, para analizar las compensaciones que el empresario debería entregar al Ayuntamiento, según explicaron a este periódico fuentes municipales, que sin embargo no han confirmado cuáles son las modificaciones introducidas en el Plan. Olivo es el propietario de suelo que mayores compensaciones deberá realizar.
Según información a la que ha tenido acceso este periódico, los cambios más importantes introducidos en este periodo van en la dirección de legalizar la situación de los inmuebles irregulares, en algunos casos a costa de que la ciudad pierda la posibilidad de contar con suelo para equipamiento en zonas estratégicas. A cambio, se ha blindado a los compradores de pisos para que no tengan que asumir compensaciones.
El caso de regularización posiblemente más importante es el de la tercera fase de La Cañada, en la zona donde se encuentran las naves paralizadas por un Juzgado de Málaga por haber sido construidas en suelo rústico. El Plan aprobado en julio bloqueaba la consolidación de esta zona comercial al calificarla como suelo para equipamiento público. La intención inicial era destinar esa área al nuevo recinto ferial. Sin embargo, las negociaciones llevadas a cabo en Jerez por el propietario del recinto, Tomás Olivo, han dado sus frutos.
El nuevo Plan cambia a uso comercial la calificación del suelo, lo que da luz verde a la ampliación de complejo. El Ayuntamiento se adelantó días atrás a este cambio previsto en el PGOU al autorizar en la zona la celebración de un evento comercial patrocinado por la multinacional Audi, que ha alquilado el recinto en más de 200.000 euros. Ahora se sabe que el uso comercial en ese sector no será provisional, sino permanente.
El nuevo Plan es un cúmulo de buenas noticias para Olivo, ya que se reduce a la mitad el sector reservado para el traslado del polígono industrial que pasa de un millón de metros a unos 480.000. Asimismo, la zona del alcornocal destinada en principio a reserva medioambiental también se reduce para dar paso al recinto ferial.
Las buenas noticias para el empresario no se acaban ahí. El emblemático edificio de Radio Nacional en la avenida Ricardo Soriano, que Olivo obtuvo en subasta pública en 2005 por 15 millones de euros, también ha cambiado su calificación. El Plan consideraba este inmueble como de equipamiento cultural, pero la calificación ha sido modificada y ahora será de uso hotelero. Olivo podrá levantar un hotel de seis plantas, y a cambio deberá ceder al Ayuntamiento 2.000 metros construidos, lo que equivale a media planta.
Edificio de Correos
Olivo no es el único empresario imputado en la 'operación Malaya' cuyos intereses se han visto favorecidos en la tramitación del Plan General llevada a cabo en los últimos meses. El antiguo edificio de Correos de la calle Adolfo Bazán, propiedad de una empresa relacionada con el también imputado Juan Hoffmann, también cambiará su destino. Este inmueble, paralizado por haber modificado el uso original y que recibió una sanción de cuatro millones de euros por parte de la gestora, figuraba como equipamiento público en el Plan original. Ahora podrá ser destinado a hotel.
Otra de las modificaciones introducidas en el Plan que favorecerá a los promotores afectará a la barriada de Plaza de Toros, donde la empresa Jotsa, propiedad de la familia García Obregón, podrá ejecutar su proyecto para construir más de 200 viviendas en un solar que originalmente estaba destinado a parques y jardines y equipamiento escolar. Este proyecto, defendido por el Ayuntamiento, ya ha levantado una agria protesta por parte de los vecinos de la zona.
San Pedro Alcántara
Otros dos edificios cargados de polémica también encontrarán amparo en el nuevo Plan General. Se trata de Jardines de la Costa, situado en San Pedro Alcántara, y Jardines del Príncipe.
El primero, de 61 viviendas, fue levantado con una licencia ilegal impugnada por la Junta de Andalucía. El nuevo documento urbanístico no preveía su legalización, por lo que en las negociaciones llevadas a cabo con el Ayuntamiento para permitir la concesión de licencias provisionales mediante el adelantamiento de la ejecución del Plan, la Consejería había puesto a este inmueble como ejemplo de lo que se debía demoler. Ahora, el Ayuntamiento lo legaliza.
La misma buena suerte correrá Jardines del Príncipe, un conjunto de 81 viviendas situado junto al Palacio de Ferias que se levantó en su día sobre suelo calificado para viviendas unifamiliares, zona verde y de viales.El nuevo Plan lo considerará legal a cambio de que se cedan los bajos al Ayuntamiento.
* SUR - HÉCTOR BARBOTTA - 12.10.2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
