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ELNORTEDECASTILLA* : La Audiencia de Valladolid ha revocado el auto del juez de Instrucción número 1 de Valladolid mediante el cual se archivaba el 'caso Arroyo' y ordena al magistrado investigar el presunto entramado económico de personas y cargos públicos relacionados con el desarrollo urbanístico de este municipio, que hasta el pasado mes de junio estuvo gobernado por el Partido Popular. La Sala pide que se tome declaración al alcalde, a Dionisio Miguel Recio, al arquitecto municipal, a su esposa, al presidente de la constructora Mahía y a un vocal de Emuva.
El sobreseimiento provisional decretado el pasado 22 de junio por el instructor se llevó a cabo con la oposición de la Fiscalía de Valladolid y de la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI, que ejerce la acusación popular, y después de que el propio juez que abrió las diligencias de oficio optase por el archivo tras trece meses de investigación.
La decisión de Sección Cuarta de la Audiencia, que preside el magistrado José Luis Ruiz, supone la vuelta al instructor de la mayor parte del procedimiento penal incoado, que se inició en mayo del 2006 tras varias informaciones publicadas por este diario relacionadas con la recalificación del SAU 9. Este sector, propiedad de la constructora Mahía, obtuvo la autorización del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para edificar 2.984 viviendas en dicho terreno, catalogado inicialmente como industrial.
Sin embargo, la reapertura de las diligencias penales ordenadas por la Audiencia provincial, a las que se había opuesto Javier Gómez de Liaño, abogado del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y del ex concejal de Obras, Javier Cruz, limitan al juez cualquier investigación relacionada con esta área urbanística.
Los tres jueces de la Sección Cuarta entienden que, aunque la causa tuvo su origen en dicha recalificación, la múltiple documentación aportada por la Consejería de Fomento de la Junta demuestra que tal cambio de uso de los 335.000 metros cuadros «no se consumó» por cuanto los correspondientes controles «llevaron a que la Administración autonómica informase desfavorablemente la modificación del PGOU». «En consecuencia, en principio, no se considera que haya datos para que la investigación siga adelante en relación con esta materia», dice la Sala.
Las indigaciones comenzaron después de que se conociese que el alcalde de Arroyo, ahora en las filas del grupo Independientes por Arroyo (IA), hubiera pactado mediante un convenio urbanístico la recalificación con María Iluminada Miguel Fernández, una ex empleada suya e hija del responsable de Política Municipal del PP en Valladolid y presidente del Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio.
En el nuevo auto del pasado 30 de octubre, la Audiencia sostiene que el juez de Instrucción número 1 deberá centrar su investigación en aquellos aspectos que se recogen en los más de 40 tomos de documentación que constan en las diligencias relacionados con un «círculo de influencias» que pudiera haber utilizado sus relaciones para beneficiarse.
Entre las circunstancias que se deberán de esclarecer están las relaciones laborales y comerciales entre el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y su antigua empleada en Recreativos Dema, María Iluminada Miguel Fernández, que ha actuado como apoderada de la promotora Mahía y con la que suscribió en junio del 2005 el convenio para recalificar el sector SAU 9 de Mahía.
Por ello, la Audiencia indica al magistrado que deberá tomar declaración a María Iluminada Miguel, que también ejerció como apoderada de Maexpa, una sociedad del Grupo Mahía. Tal y como informó este diario, en mayo del 2006, Iluminada Miguel firmó una escritura de venta de un piso en Villagarcía de Arosa, en el verano del 2004, para el regidor José Manuel Méndez. El inmueble a pie de playa se escrituró en 79.000 euros.
El juez deberá además tomar declaración al presidente de Mahía, Ramón López, que a su vez es administrador de la constructora Binurba, que ha edificado un complejo de 108 apartamentos en la avenida de Salamanca.
Precisamente en el escrito remitido por la Audiencia se ordena además tomar testimonio al arquitecto de esta obra y vocal de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (Emuva), Francisco Javier González Barriuso. Este facultativo fue en 1998 el director de obra del chalé particular del alcalde José Manuel Méndez, y figura citado en un informe policial elaborado por la Jefatura Superior de Castilla y León sobre una «Presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda», que no consta en las diligencias abiertas.
Deberán declarar también el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde, y su esposa Nerea Santiago, que pese a no tener relación profesional con el sector de la construcción fue socia en la empresa Arquiduero al 50% con el vocal de Emuva, González Barriuso.
Los tres magistrados de la Audiencia de Valladolid ordenan por último al juez que reciba el testimonio tanto de Dionisio Miguel Recio, que fue vocal de Emuva a propuesta del alcalde José Manuel Méndez, como de su hijo, Julio César Miguel, que aparece entre la documentación como socio accionista de Construcciones y Reformas Dafranma.
Esta constructora creada en Pedrajas de San Esteban en junio del 2003, pasó de tener en algo más de un año 18 empleados a 93, y a facturar importantes cantidades por obras a Mahía y Maexpa.
Fuentes de la investigación indicaron que las declaraciones comenzarán en los próximos días y recordaron que existen otras empresas constructoras, con facturaciones que se investigarán, cuyos directivos serán llamados también a declarar.
* El Norte de Castilla - J. MORENO - 7 noviembre 2007
Foto: Sede en Pedrajas de la constructora Dafranma, cuya actividad se investigará / EL NORTE
La Audiencia de Valladolid reabre el 'caso Arroyo' para investigar el entramado urbanístico
Valencia: Un juzgado investiga si el Consell prevaricó con el Plan Forestal
LEVANTE-EMV* : La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha requerido al letrado mayor de las Corts para que acredite la condición de aforado del ex conseller Esteban González Pons, tras las diligencias previas de investigación abiertas en un juzgado de Castelló. El TSJV ha abierto el rollo penal 28/2007 tras la denuncia presentada por un particular contra el ex conseller González Pons, actual portavoz parlamentario del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, por un presunto delito de prevaricación.
Tras la apertura del rollo penal la Sala del TSJ que dirige el propio presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, se ha dirigido al Secreatario Primero de Les Corts Valencianes «a fin de que certifique si la persona denunciada, D. Esteban González Pons, es Diputado a les Corts en la actualidad». El objetivo de esta diligencia es determinar si la Sala es competente para la investigación de los hechos denunciados -lo es cuando se acredita la condición de aforado de la persona implicada- o, en caso contrario, está obligada a devolver la investigación al lugar de dónde partió: el Juzgado de Instrucción número 2 de Castelló (Diligencias Previas 3367/2007).
La investigación trae causa de la denuncia presentada por un miembro Asociación Ciudadanos de Benicàssim, que preside Juan José Salvador Tena por un presunto delito de prevaricación que atribuye al entonces conseller por continuar aplicando el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunitat Valenciana (PGORF) «a pesar de que esta norma ha sido derogada por sentencia dfirme del TSJCV a principios de año». Juan José Salvador Tena preside una asociación cívica opuesta al desarrollo de la actuación integrada Benicàssim Golf en la localidad castellonense y forma parte como vocal de medio Ambiente de Abusos Urbanísticos No.
Levante-EMV informó en exclusiva de la anulación del Plan General Forestal en el que se apoyan decenas de planes urbanísticos en localidades que poseen, aunque sea en pequeña proporción, terrenos de naturaleza forestal. Según desveló este diario, la conselleria de Territorio y Vivienda, bajo el mandato de Esteban González Pons, siguió aplicando el contenido del PGORF al menos hasta el mes de junio de 2007, cuando se publicó la noticia, pese a que el auto del TSJ anulando la norma databa de enero de 2007.
* Levante-EMV - 07 de noviembre de 2007
Foto: Valencia, protesta Abusos Urbanísticos No - abusos-no.org
Tenerife: Los tribunales dan la razón al movimiento ciudadano en La Orotava
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E.A.ELRINCÓN* : En una sentencia muy contundente y crítica con el Cabildo tinerfeño, el ayuntamiento orotavense y hasta con el juez que respaldó las tesis de esas instituciones, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima el recurso vecinal e impide la creación de los 51 pisos, locales y garajes por los que se derribó el teatro y casas con valor patrimonial. La satisfacción vecinal no puede ser mayor "porque la lucha no ha sido en vano y teníamos razón".
Tras los tensos días 10 y 11 de marzo de 2005, aquellas 19 noches de acampada al frío villero, aunque con el calor humano de los sentimientos compartidos, de la valentía frente a los poderes de distinto signo, el amor al patrimonio arquitectónico, cultural y sentimental de un pueblo y, por qué no, la defensa de sus propios intereses y criterios, no fueron sólo la reacción romántica y contestataria de "los cuatro de siempre", como se les ha censurado desde entonces.
No se puede negar la voluntad y convicción del Movimiento Vecinal Atlante y de la Coord. El Rincón-Ecologistas en Acción, sus argumentos y lucha merecían elogio más allá de si finalmente le daban la razón los juzgados. El pasado viernes, el respaldo que le ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es tan contundente que, en las primeras horas, hasta le costaba creérselo a sus miembros más activos.
En una sentencia que no tiene desperdicio y que deja en muy mal lugar al gobierno orotavense (CC), al Cabildo tinerfeño y hasta al juez que previamente había rechazado los argumentos de los vecinos, el TJSC da la razón al Movimiento Atlante y anula el decreto local por el que se le concedió a la empresa Pejomar el 30 de agosto de 2004 licencia para construir 51 viviendas, locales y garajes en el solar donde previamente había derruido el histórico teatro Atlante y hasta cinco casas, dos con valor patrimonial reconocido por el propio Cabildo con posterioridad, inmuebles ubicados entre la calle Juan Padrón y Nicandro González, en pleno casco histórico de la Villa.
Además, anula el decreto del Cabildo de 7 de marzo de 2005 por el que se autoriza la edificación, "dictada justo un día antes del decreto de 8 de marzo por el que el ayuntamiento ratifica la licencia". También deja sin valor el decreto de 8 de marzo de 2005 por el que, "una vez concluida la delimitación del Entorno de Protección del Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico Villa de La Orotava (22 de febrero de 2005), inmediatamente informada en sentido favorable (7 de marzo de 2005) por la Comisión Insular de Patrimonio, se ratificó la aprobación de la licencia, que ya había sido concedida bajo el número 155/2004".
Tras este contundente fallo, que consta de nueve folios y que, aunque sin mencionarlo, deja abierta muchas opciones para que se renegocie con la constructora, se recupere el espacio para uso público y se reconstruya el teatro o, por lo menos, su fachada, el portavoz del gobierno local, Francisco Linares, y el abogado de Pejomar, Manuel Estévez, prefirieron ayer no hacer declaraciones, si bien CC estudiará la sentencia y seguramente se pronunciará después.
La satisfacción vecinal no puede ser mayor "porque la lucha no ha sido en vano y teníamos razón".
Argumentos "insólitos"
La sentencia que firma Pedro Hernández Cordobés como presidente y que tiene de magistrados a Adriana Fabiola Martín y Juan Ignacio Moreno (ponente) recalca que la parcela se hallaba en el casco histórico declarado como Conjunto Histórico Artístico y subraya que así se recogía en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de La Orotava de 1996, aludiendo a algunos inmuebles como "muy interesantes". Por eso, tilda de "verdaderamente insólito" que en un informe del Cabildo se afirme que antes de la suspensión cautelar de las obras acordada por el consejero el 17 de julio de 2003 "ya se habían demolido los inmuebles parcialmente, no siendo justificable su preservación". Para el TSJC, esta afirmación resulta "insólita" si se atiende a que "los decretos de demolición del consistorio son de 2004, es decir, posteriores". También recalca que el Cabildo falsea la situación al afirmar que las demoliciones no requerían autorización por estar fuera del conjunto histórico, cuando, en realidad, "no existía delimitación y, sin embargo, se encontraban catalogados como patrimonio". El fallo critica otras razones locales e insulares por insostenibles, cree que algunas licencias contienen "vicios de nulidad" y "legitiman lo imposible en un espacio que la administración estaba obligada a proteger". Censura que se hayan incumplido "todos" los plazos para aprobar el Plan del Casco y que, en vez de proteger, se permitieran edificios con "parámetros obsoletos y anteriores al espíritu de la ley". A su juicio, la "vulneración" de la ley de Conjuntos Históricos de Canarias resulta "flagrante".
* Ecologistas en Acción de El Rincón - 5 de noviembre
Foto: La Orotava (Tenerife) - Wesisnay (wikipedia.org)
Santiago: La Fiscalía sospecha que hubo una estafa en la Cidade da Cultura
PÚBLICO* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia considera que "resulta sospechosa" la desviación presupuestaria que acumula el complejo arquitectónico de la Cidade da Cultura. El proyecto ideado por el Ejecutivo autonómico del ex presidente Manuel Fraga iba a costar 108 millones de euros en 2001. Hoy se habla de un presupuesto superior a los 400 millones. "La Fiscalía no puede dar por buenas según qué cosas", dice José Ramón Piñol, portavoz de este organismo. Han decidido recurrir el archivo de la denuncia interpuesta por el sindicato nacionalista Converxencia Intersindical Galega (CIG) para que se investigasen las obras.
La CIG solicitó en agosto una investigación judicial sobre las desviaciones y los manejos presupuestarios de la Cidade da Cultura. Aportó como material para la investigación un informe hecho por el organismo que fiscaliza las cuentas públicas en Galicia, el Consello de Contas.
La denuncia fue archivada el pasado viernes. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago consideró que la vía penal no es la adecuada para llevar adelante el proceso. "Hay que desarrollar una investigación profunda, seria y pormenorizada de los aspectos relativos a la obra, su adjudicación y el gasto", estima José Ramón Piñol. En su opinión, sería "dejación de funciones" que la Fiscalía no actuase ante un caso como éste. Han presentado un recurso de reforma a la decisión de la juez.
La historia es sabida. En febrero del año 2001 comenzaron las obras de un proyecto que buscaba un "efecto Guggenheim" para Galicia. Se trataba de hacer un megacomplejo arquitectónico denominado Cidade da Cultura. Los antiguos responsables del proyecto dicen que la desviación es normal y la atribuyen, en todo caso, al arquitecto, el estadounidense Peter Eisenman.
Irregularidades
El PP insiste en que hasta ahora nadie ha detectado ninguna "irregularidad". Políticamente, el debate camina por otros fueros. La Fundación que gestionaba las obras tenía tres personas contratadas como personal de "alta dirección", dos de ellas familiares de destacados miembros del PP gallego. La tercera, el responsable financiero de la entidad, es el cuñado de Mariano Rajoy, Manuel Fernández Balboa.
"Si se trató de una estafa, sería la estafa más grande de la que tengamos noticia en la historia de la autonomía de Galicia", explica el fiscal y portavoz Piñol. En su opinión, "no resulta muy creíble" que se puedan cometer "errores", al elaborar un presupuesto, que impliquen desviaciones de la magnitud de las acumuladas en la Cidade da Cultura. "Podría haber situaciones que justifiquen una desviación del 10, del 20 o del 30%, o más si pasa algo importante, si se hunde algo, por ejemplo", explica, "pero resulta sospechosa una desviación" del 300%.
José Ramón Piñol llamaba ayer a la prudencia. Quizás consciente de que sus palabras podrían ser utilizadas para avivar el debate político en Galicia, insiste en que sólo se trata de saber por qué "no se acomoda la divergencia entre lo previsto y lo que se va a gastar al final". Y deja claro que, "si las actuaciones fueron de buena fe, no serían punibles".
Recuerda, eso sí, que "cualquier familia hace su presupuesto y puede haber un margen de error", pero el 300% le parece exagerado. El ex presidente Manuel Fraga y el actual líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijoo, comparecerán hoy ante la comisión del Parlamento de Galicia que investiga lo sucedido. Quizás sus palabras aporten más luz sobre el caso.
* Público - PANCHO TRISTÁN - Santiago de Compostela - 06/11/2007
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - cidadedacultura.es
Castellón: La amenaza del urbanismo más duro
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ELPAÍS* : El ladrillo ha sustituido a la agricultura en la provincia de Castellón. El más claro ejemplo es Marina d'Or, la macrourbanización que el plan de choque contra el urbanismo salvaje del Ministerio de Medio Ambiente quiere limitar. Para ello propondrá que no se permitan más recalificaciones. Castellón es ejemplo de lo que no se debe hacer, si la intención es apostar por el desarrollo sostenible. Y el futuro pinta aún más negro en un litoral donde el cemento ha ganado la batalla a la agricultura, hasta hace poco dueña de los terrenos más preciados. El peligro es que invada también los espacios protegidos, que aún "sostienen" amplios márgenes junto a las playas.
El desarrollismo eclosionó en Castellón en los 90. Los remedios para paliar la barrera urbanística ya existente son muy escasos. Las vacunas, muy caras. Y el diagnóstico, muy grave. La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa -el amplio diagnóstico sobre el estado del litoral que Medio Ambiente ha elaborado en dos años de trabajo y al que ha tenido acceso EL PAÍS- lo especifica en la radiografía sobre el litoral de Castellón.
"Presión urbanística muy fuerte", "playas encajadas", "riesgo de saturación", "incremento de demandas de playas" son algunos de los conceptos que utiliza el plan de choque de Medio Ambiente contra el urbanismo salvaje al analizar Castellón.
Las estrategias para salvaguardar este litoral, tal como señala el documento, pasan por la adquisición de terrenos en una franja de 500 metros, la protección de los parques naturales costeros amenazados y por dejar "fuera de ordenación" los puntos en los que existe una edificación masiva en el límite de la línea de costa como al norte de Peñíscola, Marina d'Or y su área de expansión, y la zona comprendida entre el puerto de Castellón y Burriana.
Esto significa que en decenas de miles de viviendas sólo se permitirían obras de conservación y mantenimiento de los edificios pero no grandes modificaciones ni cambios de uso.
Sobre Marina d'Or afirma que "las intervenciones urbanísticas de gran impacto que se están llevando a cabo al norte de Oropesa suponen un modelo urbano duro, que entra en fuerte contradicción con las condiciones ambientales de la zona. Generan una barrera en el frente litoral y provocarán una presión humana sobre el mismo, insostenible en términos de futuro". El ministerio de Medio Ambiente no sólo se ha fijado en el espacio ya construido, para el que propone una "mejora de la calidad paisajística" y su declaración como "fuera de ordenación", sino que hace referencia a las previsiones de desarrollo urbanístico que quiere "vigilar".
El hecho es que la expansión de la macrourbanización Marina d'Or se sitúa junto a un parque natural, el Prat de Cabanes-Torreblanca, que no cuenta con ningún "colchón" que imposibilite que a dos metros del límite del parque se estén construyendo edificios.
Además, en el mismo término de Oropesa, pero más al interior, está pendiente de aprobación una macrourbanización de más de 18 millones de metros cuadrados, proyectada bajo "el amparo" de la construcción de un parque temático. La urbanización, que promueve también Marina d'Or, prevé un aumento de población de hasta 200.000 habitantes, cuando la actual es de 10.000, e incluye 40.000 viviendas, tres campos de golf, seis hoteles con 7.500 plazas, una pista de esquí artificial, un casino, 12.000 plazas de aparcamiento privadas, además de otros aparcamientos públicos y residenciales, una zona nocturna de ocio con 34 locales y sus propios parques de atracciones, uno de civilizaciones y otro acuático.
Las previsiones apuntan a que la macrourbanización precisará de 20 millones de metros cúbicos de agua al año, poco más de lo que consume la ciudad de Albacete.
"La invasión" del litoral no afecta sólo a este tramo, ya que la delegación de Costas ha realizado un inventario en el que especifica la existencia de unas 600 edificaciones que invaden el dominio público marítimo terrestre a lo largo del litoral castellonense. La estrategia se basa también en recuperar este terreno, actuar contra los infractores y en retirar concesiones.
Al norte de la provincia, el estudio de Medio Ambiente describe un tramo en el que la edificación "coloniza de manera casi continua" el litoral, mientras que la demanda de playas es superior a las posibilidades que ofrece la costa, por lo que propone "no realizar más construcciones cercanas" a la línea marítima. Entre Vinaròs y Benicarló, se apuesta por contener la urbanización en primera línea, ya que aún existe una franja de suelo no urbanizable que "constituye una banda de permeabilidad medioambiental muy positiva".
Entre Peñíscola y Alcossebre se encuentran más de 10 kilómetros de frente litoral protegido en la Serra de Irta, declarado parque natural y Lugar de Interés Comunitario. Allí "debe evitarse el proceso urbanizador, a toda costa". Sin embargo, existe un riesgo de saturación urbanística en sus límites, por lo que Medio Ambiente plantea endurecer los criterios de protección frente a la presión urbanística.
El norte de Oropesa está marcado por Marina d'Or, con "peligro de colmatación humana" y sin posibilidad de realizar espigones de estabilización de la playa para controlar la regresión de la costa. Mientras, el sur del término municipal se plantea como una zona muy vulnerable, en la que todavía existe la posibilidad de contener la urbanización. Para ello, el proyecto propone la compra de los terrenos de la línea de costa para ejecutar un recorrido turístico cultural y natural para peatones y bicicletas.
Entre Benicàssim y Castellón se perfila una "costa caótica", con edificaciones prácticamente en la línea del mar y una playa en constante regresión. Sin embargo, poco se puede hacer ya en una zona tan consolidada y, al margen de medidas para liberar las franjas de servidumbre, las propuestas de actuación apuntan a la realización de un estudio global de estabilización de la costa.
Al norte de Castellón aún existe alguna posibilidad, con lo que Medio Ambiente propone ampliar el parque del Pinar hasta la desembocadura del Riu Sec, en una zona que actualmente se usa como aeródromo. "Deberá conseguirse especialmente la no consolidación urbana", dice como propuesta. Sin embargo, ya existe un proyecto para este tramo, la Ciudad de las Lenguas que aún está por definir.
Al sur del puerto de Castellón, la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa apunta otra gran propuesta: declarar fuera de ordenación los terrenos situados desde el extremo sur portuario hasta la desembocadura del río Mijares, que está protegido, lo que abarca el frente litoral de Almassora. Más al sur, apuesta por recuperar los antiguos terrenos de dominio público de la playa del Arenal, en Burriana, y demoler un espigón del puerto de este municipio.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 06/11/2007
Foto: La gran urbanización Marina d'Or, en Oropesa del Mar - carles francesc (El País)
Cerca de 300 km de la primera línea de playa de Andalucía ya están construidos
20MINUTOS* : Carreteras, paseos, chalés y urbanizaciones de lujo... En Andalucía, cerca de 300 kilómetros de primera línea de playa (los primeros 500 metros de costa) están ya construidos, según datos de la Consejería de Medio Ambiente. Lo peor es que la situación no es reversible. No se puede derruir nada, aunque las administraciones se lo propongan. Se entiende que los suelos están sellados. Esta cifra supone el 29% de los 500 primeros de costa (desde el mar al interior) de los 918 kilómetros del litoral andaluz. Los ladrillos no se han detenido ante nada.
De los 334 kilómetros protegidos, hay construcciones en seis (el 1,7% del total).
Málaga y Cádiz son las que ostentan las peores notas: el cemento acapara el 50% y el 30% del primer kilómetro de sus costas y playas.
más datos
Insalvables. Los Barrios (Cádiz), junto a poblaciones como Torremolinos, Fuengirola, Marbella y la propia capital en Málaga tienen más de un 70% de primera línea de costa edificado. Los Barrios es el peor. Su polígono químico ocupa casi el 80% de esta franja.
Costas. De los 62 municipios con costa en la comunidad autónoma, 11 tienen sellado más de un 50% del primer kilómetro desde la costa al interior; 23 más del 30%; y 44 más de un 10%. En esta lista se encuentran pueblos como Rincón de la Victoria (Málaga), El Puerto de Santa María (Cádiz) o Mojácar y Carboneras (Almería).
Más respeto. Huelva es la que menos espacio sellado tiene:13%. Sin embargo, superan la media Lucena del Puerto (casi un 60%) e Isla Cristina y Punta Umbría (más de un 20%).
Riqueza natural. El litoral andaluz tiene 82 puntos reconocidos por la Unión Europea como de interés comunitario (albergan 371 especies de flora y fauna). Y 40 espacios protegidos entre parques nacionales y naturales, parques periurbanos, reservas naturales...
40% de las poblaciones. Tres millones de personas viven en la costa andaluza, lo que supone el 40% de la población de la comunidad. A ellos, hay que sumar los seis millones de personas que visitan año tras año esta parte de la región.
Gasto de agua alto. Andalucía ostenta el segundo puesto del país en lo que a consumo de agua se refiere, según Greenpeace. La media es de 180 litros por persona y día, cantidad que sube hasta 400 litros por vecino y jornada en zonas como la Costa del Sol de Málaga y localidades de Almería.
8.000 km de litoral español
España cuenta con más de 8.000 kilómetros de litoral, de los cuales más de 4.000 son acantilados y otros 2.000 son de playas.
La mano del hombre ya ha conseguido transformar artificialmente unos 600, según los datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente.
No será la única transformación que sufra el litoral. El cambio climático reducirá el ancho de la mayoría de las playas, lo que significa que comunidades como Andalucía, las islas y las que dan al Mediterráneo estarán expuestas a sufrir daños «significativos» por la acción del mar.
* 20minutos - JAVIER LUQUE. 02.11.2007
Foto: Benalmádena (Málaga), Torrequebrada - UrbPatasArriba
Vivienda y medio ambiente
ÁNGEL B. GÓMEZ PUERTO* : El debate político y social sobre el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda vuelve a estar de actualidad. Recordemos que el artículo 47 de nuestra actual Constitución de 1978, declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
El pasado 1 de julio entró en vigor una importante norma, la nueva ley reguladora del suelo (Ley 8/2007), que tiene como fundamento constitucional el precepto antes señalado. Es la respuesta contundente del legislador, y de la sociedad en su conjunto, a tanto desorden urbanístico sufrido en los últimos años en demasiadas zonas del territorio nacional, siendo el caso de Marbella el más señalado.
El objetivo que las Cortes Generales pretenden con la nueva ley es regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal, así como establecer las nuevas bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, de su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en materia de suelo.
Entre los principios generales que informan el contenido global de la ley del suelo se encuentra el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, en base al cual, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.
Además, y en virtud del objetivo de desarrollo sostenible, todas esas políticas públicas han de propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, la salud y seguridad de las personas, y la protección del medio ambiente.
Sistemáticamente, el nuevo texto legal se estructura en cinto títulos, a cual más importante. En los 36 artículos de la norma, se abordan elementos tan esenciales como los derechos y deberes de los ciudadanos en esta materia, su contenido y su modo de ejercicio, los criterios básicos de utilización del suelo, el régimen jurídico de las valoraciones del suelo, o la expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.
Es muy importante destacar un derecho que se consagra al ciudadano: el de acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados. Por otra parte, se establece la obligación ciudadana de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos en la materia.
El último título de la ley se dedica a la cuestión más importante, al menos desde mi punto vista: la función social de la propiedad y la gestión del suelo. En este apartado, se dedica un capítulo propio a los patrimonios públicos de suelo, como instrumento jurídico de regulación de los mercados de terrenos, de obtención de reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y como medio para facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística. Es este un instrumento jurídico esencial para el desarrollo de políticas públicas de viviendas.
Esperemos que con la entrada en vigor de la nueva regulación se sienten las bases de un nuevo modo de entender el respeto a los bienes comunes, de una ordenación justa y racional del territorio, y del fin de la especulación urbanística. Y que se posibilite en cualquier territorio de España el ejercicio eficaz de derechos constitucionales tan transcendentales como el “derecho a la vivienda digna y adecuada” (artículo 47 de la Constitución), o el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” (artículo 45 de la Constitución). Al respecto, el pasado 24 de octubre se publicó en el BOE una nueva e importante norma en la materia, la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental.
(*) Abogado y Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Córdoba
* La República - 3 de noviembre
