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EUROPAPRESS/Toledo* : El Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo) ha admitido a trámite la denuncia presentada a principios del mes de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde de Seseña (Toledo) durante los años 1999 a 2003, el socialista José Luis Martín, por las irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora "El Quiñón".
Según informaron fuentes judiciales a Europa Press, la admisión a trámite de la denuncia por parte del Juzgado de Instrucción número 4, cuya titular es Carmen Martín, se produjo hace unos días, y con ella se inicia la fase de apertura de diligencias previas.
El Juzgado, que se ha hecho cargo del caso por el ser que el que estaba de guardia al presentarse la denuncia, tiene previsto comenzar la fase de citación de las personas que considere que deberán declarar la próxima semana, según las mismas fuentes.
En su denuncia, el Fiscal aprecia la existencia de los delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, en la tramitación del PAU que la empresa Onde 2000 SL presentó ante el Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2002, y que incluía la recalificación de 1.833.147 metros cuadrados de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes.
Ese mismo año y coincidiendo con la presentación del PAU, el alcalde "sin que conste el origen del dinero", suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente y adquirió un bien inmueble en la provincia de Málaga por 9.617 euros. Sus salarios, en las fechas comprendidas entre los años 2001 a 2005, ascendieron a la cantidad de 27.806 euros brutos, a excepción del año 2003, cuando tras abandonar su cargo percibió 17.074 euros brutos, de los que 12.667 procedían del Ayuntamiento.
En cuanto a la tramitación del PAU, la denuncia de la Fiscalía recoge que ese trámite requería una consulta previa a la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, que en diciembre de 2002 comunicó al Ayuntamiento la necesidad de tramitar un Plan Especial de Infraestructuras (PEI) previo, para determinar la viabilidad de la actuación propuesta.
El PEI, que fue redactado por Onde 2000 SL, fue sometido a aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento el 13 de marzo de 2003, siendo aprobado sólo con los votos de la mayoría socialista, después de que los grupos de la oposición pusieran de manifiesto la falta de informes preceptivos, circunstancias que el alcalde conocía.
El día 22 de abril de ese año, el alcalde convocó un nuevo pleno para aprobar definitivamente el PEI, tras las alegaciones formuladas y las rectificaciones realizadas por la Comisión de Urbanismo, aunque volvió a aprobarse sólo con los votos favorables del Grupo Socialista, pues la oposición insistía en sus argumentos contrarios.
Como la propuesta de Onde 2000 SL incluía un PAU que comprendía la reclasificación de terreno rústico mediante la modificación de las normas del Ayuntamiento, eran necesarios los informes preceptivos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Estos informes no constaban en el expediente, a pesar de lo cual, el alcalde volvió a celebrar el día 8 de mayo un nuevo pleno para aprobar el PAU, donde aseguró, ante las críticas de la oposición, que los informes sí constaban y que "eran favorables".
El alcalde sometió a la aprobación del pleno, tanto el PAU de Onde 2000 SL como su adjudicación como agente urbanizador a Onde 2000 SL y la propuesta de convenio urbanístico con Onde 2000 SL, votando en contra, por las mismas razones, los grupos de la oposición.
LOS INFORMES FUERON POSTERIORES.
Sin embargo, los documentos de la Comisión de Urbanismo entraron en el Ayuntamiento el día 21 de mayo, trece días después de su aprobación en el pleno, y no eran favorables. De hecho, el informe tenía 18 "reparos" de los cuales seis eran "suficientemente importantes y esenciales", relativos a abastecimiento de agua, ordenación del tráfico, la movilidad y el transporte, equipamientos locales, recalificación de terreno y coste de las obras del PEI.
Además, instaba a "suspender la aprobación definitiva del expediente hasta tanto no se subsanen las deficiencias observadas".
En cuanto al informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, tuvo su entrada en el Ayuntamiento de Seseña un día después del pleno, y en él se hacía constar la viabilidad el PAU, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, fundamentalmente relacionadas con la red de agua y abastecimiento.
Por otro lado, cinco días después de esa última sesión plenaria, el día 13, el acusado suscribió tres fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos, por valor de 48.000 euros cada uno de ellos, lo que significa que dispuso de 144.000 euros. ESe mismo año, constan otras dos suscripciones de fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de ellos, sin que las rentas declaradas por ellos sustentasen tales inversiones.
El día 9 de junio, cuando la situación del acusado era la de alcalde en funciones, realizó un desembolso en efectivo de 77.208,08 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para la compra de dos viviendas a la mercantil Promociones del Saz 2000 SL, vinculada a Onde 2000 SL.
Tras las elecciones municipales celebradas tras la última semana de mayo, y tras conformarse el nuevo gobierno municipal, el Grupo Municipal de IU presentó un recurso de reposición que anulase los acuerdos adoptados en el último pleno, del día 8 de mayo, siendo aprobado el día 29 de septiembre de 2003 por todos los grupos municipales, por lo que se anuló la aprobación y adjudicación del PAU, aunque no la aprobación del Plan Parcial de Ordenación Urbana, que sí aprobó. El PEI sólo se aprobó, en diciembre, tras el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Durante los años 2004 y 2005, las rentas declaradas por el acusado son inferiores a las anteriores, a pesar de lo cual adquirió nuevos fondos de inversión por valor de 60.000 euros. En 2005 le constan desembolsos de cantidades por importe de 71.334,63 euros no constando la razón de los mismos. El acusado justificó los incrementos patrimoniales en el cobro de un cupón de la ONCE de 144.000 euros, habiendo aportado fotocopia de cinco cupones de un sorteo del año 2000, afirmaciones que no resultan acreditadas según la Fiscalía.
DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN.
La denuncia culmina así dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en los que ha encontrado unos incrementos patrimoniales injustificados por parte de Martín Jiménez que motivan, junto con otros indicios, la presentación ante el Juzgado de la Denuncia para que se inicie la investigación judicial que corresponda.
La denuncia, que tiene en su origen en la solicitud realizada por el actual alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, e Izquierda Unida, para que se investigaran las "presuntas tramas especulativas" en torno al PAU 'El Quiñón', se extiende no sólo al alcalde, sino a cualquier otra persona que resulte responsable de la causa, los delitos de prevaricación, cohecho y contra la hacienda pública.
IU presentó un informe de 26 hojas y 500 documentos más un video informativo ante la Fiscalía Anticorrupción el 14 de julio de 2006, y la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas para "conocer y determinar las irregularidades" en este caso el día 26 de ese mismo mes.
Tras la presentación del informe pidiendo la investigación en julio de 2006, comenzó un cruce de acusaciones entre el actual alcalde, Manuel Fuentes, y el constructor Francisco Hernando 'El Pocero' que se ha prolongado durante dos años y que ha provocado que el segundo haya llegado a presentar hasta seis querellas contra el primer edil por delitos de injurias, todas ellas sobreseídas.
* Europa Press - 16.09.2008
Foto: Seseña (Toledo), pocerolandia - EFE
Admitida a trámite la denuncia de Anticorrupción contra el ex alcalde de Seseña
Gaucín: Los ediles del PA se enfrentan a 18 meses de cárcel por delito urbanístico
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MÁLAGAHOY* : Los cuatro concejales del PA que han convertido a Francisco Ruiz (PP) en alcalde de Gaucín a través de una moción de censura que ha desbancado del sillón municipal a Teodoro de Molina (PSOE) están acusados de un delito continuado contra la ordenación del territorio por la Fiscalía, que solicita en su escrito de calificación inicial una pena de 18 meses de prisión para cada uno de ellos.
La causa, instruida en el juzgado número 3 de Ronda, está pendiente de ser enjuiciada en un juzgado de lo Penal de Málaga.
Los acusados que ahora forman parte del gobierno local de Gaucín son los ediles andalucistas Francisco Macías, Francisco Medina, Carmen Cantudo y Francisco Corbacho, que fue el cabeza de lista en las elecciones municipales de 2007. Corbacho, además, fue condenado hace unos meses por la Audiencia Provincial de Málaga a 21 meses de suspensión de empleo o cargo público y a siete años de inhabilitación especial por malversación de caudales públicos y prevaricación. La sentencia no es firme y está recurrida, y la acusación particular la ejerció el PP, que ha pactado con él.
En la causa por delito urbanístico, además de los cuatro ediles del PA, están imputados dos ex ediles que formaron parte del gobierno municipal en el mandato 1999-2003 y un arquitecto municipal. Para uno de los ex concejales y el técnico, el Ministerio Público reclama otros 18 meses de cárcel por el mismo delito, y para el otro ex edil, nueve meses de prisión por delito urbanístico.
La calificación de la Fiscalía alude a ocho presuntas irregularidades, distanciadas en el tiempo, por permitir la construcción o la reforma de edificaciones en suelo no urbanizable, casi siempre viviendas unifamiliares. La primera autorización que se pone en duda recibió luz verde en una comisión de gobierno celebrada el 12 de mayo de 2000, y la última, el 10 de octubre de 2003. La Fiscalía también considera irregulares dos decretos firmados el 16 de julio de 2003 por Corbacho, entonces alcalde de Gaucín, con los que concedió una licencia para rehabilitar y ampliar sendos inmuebles.
Para el Ministerio Público, las actuaciones adquirían apariencia de legalidad gracias a un informe emitido por el arquitecto imputado en la causa, obviando otros informes técnicos y jurídicos que desaconsejaban la concesión de la licencia en cuestión. En varios casos, además, los proyectos sobre los que opinaba el citado arquitecto habían sido redactados por su hija, según la Fiscalía.
La lista del PA, con Corbacho a la cabeza, fue la más votada en las últimas municipales, pero un pacto entre PSOE (3 concejales) y PP (dos concejales) evitó que el andalucista permaneciera otro mandato en el sillón municipal. En mayo pasado, el PP anunció que abandonaba el gobierno municipal, supuestamente, porque el alcalde los obviaba en la toma de decisiones y dejó a los socialistas en minoría. La moción de censura contra De Molina se presentó a finales de agosto y se votó el pasado jueves. Francisco Ruiz (PP) es el nuevo alcalde.
* Málaga Hoy - Esperanza Codina - 18.09.2008
Foto: Gaucín (Málaga) - malagapueblos.com
Centenares de empresas en Galicia se encuentran en situación irregular
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LAVOZDEGALICIA* : La falta de empleo incrementó la tolerancia y contribuyó al desorden urbanístico, medioambiental y de seguridad. El incendio ocurrido la semana pasada en una nave industrial de Vigo dejó al descubierto una amarga y sorprendente realidad. De las once empresas que convivían en la misma nave y que resultaron afectadas por el siniestro, solo una de ellas tenía licencia, otras cuatro habían iniciado los trámites, y el resto, seis, ni siquiera la habían solicitado.
¿Se trata de un caso extraordinario? ¿Podría aplicarse esa proporción al conglomerado empresarial gallego? Probablemente la respuesta sería negativa para ambas preguntas. Ni se trata de un caso único, ni la proporción de empresas en situación irregular es tan demoledoramente amplia en el conjunto de Galicia. Sin embargo, los expertos aseguran que existe un notable desorden en el sector: irregularidades urbanísticas, inexistencia de planes de seguridad para empresas que lo requieren, escaso control administrativo, notables deficiencias medioambientales... La lista de irregularidades incluye a centenares de empresas y es tan amplia como escasas las sanciones.
«Casos como el de Vigo, en el que una nave alberga varias actividades y en la que ni siquiera hay una compartimentación de productos que nunca podrían estar juntos y donde no existe un plan de emergencia ni de actuación en caso de siniestro, son mucho más comunes de lo que nos creemos», asegura Carlos Bellas, responsable de salud laboral de UGT. El desastre de la Brenntag en el Umia hace dos años y medio, que dejó sin agua del grifo a toda la comarca de O Salnés, es otro triste ejemplo de esta situación: «Hemos heredado un país muy desordenado -reflexiona una fuente de Medio Ambiente- y se ha puesto en marcha una legislación más estricta y un mayor rigor en las sanciones. ¿Que tendríamos que hacer, levantar y reubicar la mitad de las empresas del país?».
Sin instrumentos
La legislación actual deriva la responsabilidad de tener en orden las licencias y los planes de seguridad al empresario, que para registrarse y conseguir las licencias debe certificar la adopción de las medidas específicas de su negocio por parte de profesionales. Ello no implica necesariamente una inspección por parte de la Administración para verificar la documentación aportada por la empresa.
De momento, y ante el desolador panorama, Industria pretende dotarse de un instrumento eficaz para desarrollar estrategias de inspección con personal adecuado, una carencia que explica en alguna medida el actual desorden. La consellería tramita un decreto para la creación de un cuerpo de inspectores, labor que en la actualidad desarrollan técnicos de las delegaciones provinciales con otros cometidos y que, circunstancialmente, efectúan comprobaciones aleatorias o constatan denuncias particulares.
En cualquier caso, la labor de inspección no corresponde únicamente a la Xunta, sino que es preceptivo disponer de una licencia municipal para el inicio de cualquier actividad. Carlos Fernández, presidente de la Fegamp, admite que hace años pudo darse una cierta tolerancia desde la Administración local en virtud de la creación de puestos de trabajo: «Pero eso ahora no ocurre. Los ayuntamientos tienen más técnicos y más capacidad para inspeccionar». Ante esa percepción, se vuelve a revelar el caso de Vigo, donde el Concello no tenía conocimiento alguno de lo que había tras los muros de la nave incendiada.
En Santiago, un convenio con la Xunta ha permitido al Concello censar la actividad empresarial municipal para acabar con las situaciones de ilegalidad. No se prevé sancionar, sino ordenar, aunque el concejal de Promoción Económica, Xosé Manuel Iglesias, explica que el proceso no es reubicar, sino adaptar la normativa urbanística a la realidad existente: «Non podemos ter polígonos tercermundistas, pero se cadra tampouco podemos ser Silicon Valley».
* La Voz de Galicia - Jorge Casanova - 16.09.2008
Foto: Las naves levantadas en la parroquia de Lamela (Silleda) sin licencia son un ejemplo de la falta de criterio con el que todavía se crean industrias en Galicia - lavozdegalicia.es
Ecologistas reclama cinco años de cárcel para el ex alcalde de El Puerto
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DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción solicitará una condena de cinco años de cárcel para el ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y para el que fuera concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Juan Carlos Rodríguez, por facilitar autorizaciones de enganche de luz y no tomar medidas disciplinarias contra las viviendas del diseminado ilegal de Pinar de Coig.
Ésta será la calificación que el colectivo presente en las diligencias previas abiertas en el juzgado número 2 de El Puerto contra ambos ex responsables municipales. La petición se suma a la conocida la semana pasada de la Fiscalía que reclama dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística.
Ecologistas mostró ayer su satisfacción por la solicitud del Ministerio Fiscal ya que ratifica, a su juicio, las continuas denuncias que han realizado sobre una supuesta dejadez de funciones en materia de disciplina urbanística por parte del anterior gobierno municipal de Independientes Portuenses (IP) con este diseminado ilegal situado en las faldas de la Sierra de San Cristóbal. Sin embargo, la asociación entiende que las penas solicitadas por el fiscal son cortas. Por ello, en el escrito de calificación que la entidad presentará en unos días en el Juzgado se argumentará que la condena deberá ser de cinco años por una presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales, los mismos que ya se habían apuntado en la denuncia que hizo en 2005 ante la Fiscalía y que derivó en este proceso judicial. También se solicitará otros nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público.
Para el letrado de la entidad, Enrique Bartolomé, se debe tener en cuenta una serie de "agravantes" a la hora de enjuiciar el caso. Así, explicó que hay que aplicar el "carácter público" de los denunciados, uno de los supuestos que recoge el Código Penal para aumentar las condenas. Bartolomé recordó que ambos tenían responsabilidades de gobierno, lo que les sirvió, por ejemplo, para enviar varios escritos a la empresa Endesa autorizando los enganches de luz a las viviendas ilegales.
Otro de los agravantes a los que se referirá Ecologistas en Acción será que Hernán Díaz está cumpliendo actualmente una condena de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, lo que provocó su salida forzosa de la Alcaldía en 2006. Asimismo, el grupo conservacionista reclamará que se condene también a José Pinto Fuentes, el propietario originario de parte del Pinar de Coig que se parceló y en la que se construyeron posteriormente los chalés. Ecologistas propondrá que se le imponga una pena de dos años de cárcel .
El diseminado ilegal de Pinar de Coig está conformado por una treintena de viviendas construidas sobre un terreno calificado por el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como sistema general de espacios libres. Las diligencias previas se iniciaron a finales de 2005 tras unirse en un sola las denuncias que habían presentado por separado Ecologistas en Acción y un grupo de propietarios del Pinar de Coig. En próximos días deberán llegar al Juzgado los escritos de calificación de los denunciantes así como el de la defensa de Díaz y Rodríguez. Todo el expediente se remitirá finalmente al Juzgado de lo Penal de Cádiz para que se celebre el juicio en próximos meses.
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas - 16.09.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas ilegales del Pinar de Coig - diariodecadiz.com
"Madrid es un ejemplo de lo que no hay que hacer en movilidad urbana"
SOITU/Entrevista* : Si uno quisiera hablar sobre movilidad urbana mientras se deja llevar por el bamboleo del autobús, el metro o el tranvía, nada mejor que tener sentado al lado a Pierre Laconte. A sus 74 años, este belga conoce las ciudades del mundo como un conductor de autobús que circulara por su ruta habitual y está dispuesto a charlar en voz alta sin preocuparle quién le pueda escuchar. Durante 15 años, estuvo al frente de la Unión Internacional de Transporte Público y hoy preside la Foundation for the Urban Environment.
-¿Qué haría para mejorar la movilidad en la ciudad?
-Lo primero que hay que conseguir es desligar la idea de desarrollo con la de consumo de energía o motorización. Hoy, el 'lobby' del automóvil afirma alto y fuerte que el aumento de la motorización resulta inevitable para incrementar los ingresos, pero no es así. Lo demuestran ciudades como Singapur o Shangai, en China, que tienen una fuerte política de limitación del parque automovilístico. ¿Cómo lo han conseguido? Alguien que quiera tener un coche en Shangai o Singapur (dos ciudades totalmente opuestas desde el punto de vista político), debe pedir una placa y esas placas están limitadas. La gente no puede tener dos coches. Puede alquilar, pero no comprar. Y además tiene que pagar una fuerte imposición en el precio de compra del vehículo o en el de aparcamiento.
Laconte interrumpe a menudo su explicación sobre el transporte para detenerse en alguna ciudad del mundo. De Copenhague (Dinamarca) destaca su planificación urbanística o su red para bicicletas ("un 30% de la población la usa a pesar de su climatología"), de Portland (EEUU) incide en sus restricciones de crecimiento y la reconversión de edificios vacíos en nuevos espacios urbanos más concentrados y plazas públicas; y de París su servicio de alquiler de bicicletas "Velib". "El de Barcelona no está mal, pero el mejor de lejos es el de París".
-¿Qué ejemplos tiene entre las ciudades españolas?
-Madrid es un ejemplo muy interesante de lo que no hay que hacer en movilidad urbana. El estilo de vida allí es igual que el de Singapur, pero tiene muchos más coches por habitante y más grandes. Madrid resulta muy interesante porque a golpe de fondos públicos ha conseguido multiplicar la movilidad con transporte público (con una gran red de metro) y a la vez con transporte privado. Se han realizado toda una serie de túneles gratuitos por toda la ciudad, que chocan a la imaginación por su carácter aberrante. Lo que se ha hecho en la M30, con un alto coste, es justo lo que no se debe hacer.
Mientras divaga por el transporte de ciudades de todo el mundo, el belga también incide en los problemas de financiación a la hora de invertir en transporte colectivo. "El dinero corre a chorros cuando se trata del coche, pero el grifo se cierra cuando se trata del transporte público", lamenta. "Es sólo una cuestión de elección política".
-¿Debe abaratarse el transporte público?
-Yo no lo creo. No pienso que el transporte público tenga que ser barato. Lo que sí debe gravarse es el uso del automóvil. La realidad es que se subvenciona enormemente el coche privado, porque no paga sus costes externos. El automóvil provoca un consumo de espacio, una contaminación, accidentes... Y todo ello es pagado por la colectividad. En cambio, al transporte público se le exige que sea rentable. Para mí el transporte colectivo puede tener un coste más alto, pero con fuertes reducciones luego para algunos segmentos de la población, como los jóvenes, los parados, las personas mayores....
* SOITU.es - CLEMENTE ÁLVAREZ - 16-09-2008
