IDEAL* : Los principales municipios salpicados por la sombra de la corrupción urbanística están en números rojos. En los últimos años han vendido casi todo el suelo municipal, han ingresado una pasta por licencias urbanísticas y, a pesar de todo, suman una deuda superior a los 50 millones de euros. Las arcas públicas de Almuñécar, Armilla, Ogíjares, Alhendín y Monachil se han quedado tiritando.
El partido de gobierno sólo aguantó el envite de las últimas elecciones municipales en Armilla -donde el PSOE renovó la Alcaldía con mayoría absoluta pero con otro candidato-, y en Almuñécar, donde el incombustible Juan Carlos Benavides aglutinó los votos de siempre con un partido nuevo. En los otros tres municipios los alcaldes debutan y se han encontrado un panorama -dicen- desolador.
El 'caso Nevada' finiquitó la trayectoria política del anterior alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y la de su concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate. Tomó el relevo Gerardo Sánchez, que en sus primeras decisiones ha dejado indicios de querer salir del atolladero del Parque Nevada.
Según el expediente del presupuesto de 2007, los pasivos financieros del Ayuntamiento de Armilla se elevaban a 4 millones de euros. Casi lo mismo que el Consistorio ha recibido en la última década del promotor Tomás Olivo (3,5 millones por impuestos y promociones inmobiliarias».
Según el informe de intervención de diciembre de 2006, los gastos de personal de dicho mes, así como los de la Seguridad Social de los dos anteriores, no tenían consignación presupuestaria. El Ayuntamiento tuvo que buscar sobre la marcha 836.030 euros -140 millones de pesetas- para hacer frente a las nóminas. El informe del interventor ya alertaba: «Los gastos corrientes de este Ayuntamiento crecen a un ritmo superior al de los ingresos corrientes con los que se deben financiar».
Ogíjares
Herminia Fornieles (PSOE) se ha encontrado en Ogíjares una situación «muy complicada». Las divisiones internas en el PP y los escándalos del 'caso Del Ojo' -investigado por la Fiscalía- ayudaron al vuelco electoral. «Hay empresas a las que no se les ha pagado en tres años y prestan servicios básicos», denuncia Fornieles. Según la nueva alcaldesa, el Ayuntamiento -que tiene un presupuesto de 15 millones de euros- debe 1,6 millones en facturas; 600.000 euros por la Casa de la Cultura (que no se ha hecho); 1,5 millones a la empresa del pabellón y la piscina; pagarés firmados con fecha del 30 de junio por importe de 380.000 euros... en total más de 5 millones de euros. «La situación es muy grave y hay que buscar medidas de negociación», apunta la alcaldesa. «Desde el año 2003 no se rinden cuentas y la contabilidad está sin meter desde octubre de 2005», relata. Y a todo esto hay que sumar la deuda de la empresa municipal de suelo, que se conocerá dentro de poco y que se presume desastrosa.
Y lo peor es que el municipio se ha quedado sin terreno: «Queda el 4% del suelo por desarrollar y muy pocas parcelas municipales».
Alhendín
El nuevo alcalde de Alhendín calcula que el 'caso Marchelo' le ha costado al municipio 25 millones de euros. Cada día que pasa aparece una factura nueva. Miguel Ángel Gamarra desglosa la deuda -por ahora- de la siguiente forma: 2 millones de euros por la construcción de un parque cuya adjudicación está siendo investigada; otros 2 por la obra del pabellón y la piscina; y otro millón de euros pendiente con la Seguridad Social.
Monachil
Desde 2005, la Consejería de Obras Públicas ha abierto 24 expedientes por asuntos urbanísticos en Monachil. La asociación de vecinos del 'Casco Antiguo' presentó en febrero más de 1.300 firmas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue lo que está pasando: calles con aceras diminutas, enormes bloques de pisos levantados en lo que era una casa donde vivía una sola familia...
El anterior gobierno municipal (PP) saltó por los aires sin aguantar hasta el mes de mayo. El alcalde echó a su concejal de Urbanismo, que después terminó salpicando a la dirección del partido en la provincia, a la que acusó de conocer y permitir todas las supuestas irregularidades sucedidas en los últimos años. Este verano la Fiscalía del TSJA ha denunciado al ex alcalde, a una sobrina y a un ex edil por supuesto tráfico de influencias.
Nada más llegar, el nuevo alcalde ha tenido que ampliar la línea de crédito en 400.000 euros para poder pagar las nóminas del verano. Sólo en gasto corriente hay un pasivo de 1.012.000 euros, explica José Luis Samos.
Al entrar en el Ayuntamiento el regidor se ha topado con 900.000 euros en facturas sin reconocer. «Tendremos que pagarlas seguramente al 100% y es posible que haya algo más», augura Samos. Sin que aparezcan nuevos agujeros, Monachil debe 2 millones de euros.
Puede ser peor. En el presupuesto de 2007 -publicado en Boletín de la Provincia en diciembre de 2006-, aparece un pasivo de 2,4 millones de euros en la empresa municipal de suelo.
«En los últimos años se han tramitado muchas licencias y ha habido ingresos importantes pero la gestión ha sido mala», critica el nuevo alcalde. Y el terreno se ha macizado: «Tenemos suelo para el consultorio pero para el colegio no hay suficiente. La Junta pide 4.000 metros cuadrados y sólo hay 2.000».
Almuñécar
Caso aparte. La última liquidación que ha trascendido públicamente es la de 2003, cuando gobernaban en coalición PP y PSOE. Ese año ya había una deuda de 34 millones de euros, informa Juan Manuel de Haro.
Ahora faltan por liquidar los cuatro años del último mandato de Juan Carlos Benavides. La deuda ha podido mejorar o empeorar. No se sabe.
* Ideal Digital - QUICO CHIRINO/GRANADA - 9 de septiembre de 2007
Foto: El ladrillo ha ido comiendo terreno en la última década y ha generado mucho dinero, aunque los ayuntamientos están en números rojos. /IDEAL
Granada: Los municipios salpicados por escándalos urbanísticos deben más de 50 millones
El pacto por la vivienda: ¿pacto con quién?
LLUIS CASAS* : Retomo el teclado informático después de unos días de playa con lo que considero el asunto estrella de la década política y económica, la vivienda. El verano agosteño ha sido desprendido en noticias, de las que les recuerdo algunas, por si acaso no han mirado el recibo de la hipoteca o la siesta se ha prolongado excesivamente:
La esperada crisis de las hipotecas basura norteamericanas explotó por fin. Y con ello se ponen en evidencia la falta de controles reales sobre ciertas oscuridades del sector financiero, entre ellas el mal funcionamiento de las agencias privadas de control y el penoso pensamiento débil de los responsables económicos que sabían lo que tenia que suceder, pero esperaban que no llegara nunca.
La reacción pública, estadounidense y europea, hecha de miles de millones de euros y dólares en beneficio de un sector torpe y egoísta. Pregunta retórica e ingenua: ¿Podían los mencionados millones haber llegado antes y en beneficio del acceso digno a la vivienda? No dude nadie de mi beneplácito a reducir los costes de la crisis; simplemente contemplo la posibilidad de haber reducido antes sus efectos.
Los tipos de interés siguen la empinada senda que produce agonía en la economía familiar. Los políticos y los ecónomos se ponen de los nervios y empiezan a emitir las señales de su fracaso (¿?) en forma de posibles desgravaciones y otras hierbas de mal gusto. Todo por no hacer los deberes debidos: oferta pública de vivienda y regulación urbanística.
La alarma fiscal se desata, la reducción paulatina del "mercado" inmobiliario afecta a las administraciones regionales y locales, que ven como sus ingresos provenientes de un mercado inflacionario disminuyen significativamente. Todo el mundo sabía que si el negocio inmobiliario se reducía, el negocio fiscal también y que iba a pasar de inmediato. Pues bien, a algunos les ha cogido por sorpresa.
Si ustedes tienen la paciencia de repasar hemerotecas o simplemente este diario digital, comprobaran que todo lo sucedido estaba previsto. Nada ha ocurrido que no se supiera y que no dispusiera de posibles medidas correctoras eficientes. Mientras tanto en casa hemos cambiado de ministra del ramo, una operación de cirugía a un muerto, que lógicamente no logrará que resucite oportunamente. El ejemplo de las malas prácticas continúa en nuestra otra casa. En Cataluña la ley de la vivienda, propuesta en noviembre del 2005 sigue por caminos extraños, pendiente de acuerdos gubernamentales, parlamentarios y de un esperpéntico pacto de la vivienda con los promotores inmobiliarios. ¿Se dan cuenta de que unos adultos todavía creen en los reyes magos? ¿O es que simplemente no creen en nada?
El pacto de la vivienda es un estropicio político que significa reducir los objetivos de la política de vivienda pública en beneficio de los promotores habituales. Estos consideran que son los dueños del rancho y que la política pública debe servir para asegurarles la actividad en tiempos de cólera, es decir: mercado reducido, tipos de interés altos, alarma familiar, etc. No para ofrecer a los ciudadanos una vivienda accesible económicamente y poco supeditada a los vaivenes del ciclo económico, sino dirigida a satisfacer la demanda demográfica.
La realidad del poder económico y la debilidad política frente a retos claros como la política de vivienda es en nuestro caso transparente y alarmante. El ciclo inmobiliario ha durado lo suficiente para que a nadie extrañe el resultado. Todo se ha visto venir, lenta e implacablemente. Los ciudadanos han visto desaparecer las rentas del trabajo hacia el pozo sin fondo de una vivienda ultra valorada por el precio del suelo (precio absolutamente especulativo o político, puesto que no se desgasta, ni desaparece con el uso), y ahora podrían ver venir una reducción significativa del valor pagado. Ello ha comportado un notable disfunción en el posible ahorro y en la diversificación del gasto familiar. La vivienda lo absorbe todo y no deja nada para otros: cultura, ahorro, equipamiento familiar. La expresión "dejaré a mis hijos como herencia un piso y una hipoteca" no es un simple chiste, sino una realidad social. La calidad de vida entre españoles y europeos tiene un diferencial permanente a causa de ello.
Durante algún tiempo pensé que el sector inmobiliario era susceptible de nuevas políticas públicas que beneficiasen a la comunidad. Los márgenes de beneficio eran tan altos que permitían ajustes significativos y que incluso el sector más digno empresarialmente podía entender que no era bueno para nadie participar en carreras con un caballo desbocado. Alguien terminaría con los huesos rotos. Pues bien, en beneficio de la historia, debo reconocer que no disponemos en España de valor político y democrático para favorecer a la mayoría reduciendo lo que se lleva la minoría. La lista de políticos y de partidos de débil carácter es muy larga y afecta a todas las esferas de la derecha y la izquierda. Bien es verdad que con intensidad desigual. Lo que en un artículo anterior llamé el gran fracaso de la democracia española: la renuncia a una política pública de vivienda estable y consistente, se ha hecho este verano más que patente.
Por lo que doy por acabadas mis reflexiones acerca de ello y me hecho a llorar.
(Lluis Casas en plena depresión pos vacacional.)
* La Insignia - España, septiembre del 2007
Un juzgado de Marbella ampara a una promotora que vendió pisos ilegales
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SUR* : Triunfo de los promotores en los tribunales de Marbella. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de la localidad ha desestimado una demanda interpuesta por los compradores de un piso ilegal que se negaron a escriturar la vivienda tras conocer que la licencia de la promoción iba a ser revocada por el Ayuntamiento. La sentencia considera que no se puede hacer recaer sobre la empresa las consecuencias de las irregularidades municipales y obliga a los compradores a pagar las costas del proceso.
El origen del conflicto tuvo lugar cuando dos inversores británicos que habían adquirido una vivienda en el conjunto residencial Santa María Green Hills demandaron a la promotora de la obra, Marbella Vista Golf, para conseguir la resolución del contrato por numerosos incumplimientos. Entre éstos citaban la falta de licencia de primera ocupación y la situación legal de la promoción, sobre cuya licencia de obras la gestora del Ayuntamiento de Marbella abrió el año pasado un expediente de revisión de oficio.
Posteriormente, la licencia fue impugnada por la vía del contencioso administrativo, en una sentencia que ya ha sido acatada en pleno por el Ayuntamiento. La promoción es un conjunto de viviendas plurifamiliares levantado en suelo calificado para vivienda unifamiliar adosada. Parte de la construcción ocupa también suelo destinado a viario público y a parques y jardines
Los compradores aducían asimismo otras irregularidades, como la no entrega de los avales por parte de la constructora y el hecho de que no se hubiera construido el campo de golf previsto en el proyecto.
Afectados
En la sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella y a la que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que la posible responsabilidad que pudiera derivarse para la promotora «no ha impedido que los compradores demandantes tengan a su disposición» la vivienda, por lo que considera que los denunciantes «no se han visto afectados por esas circunstancias». Las «circunstancias» a las que se refiere la sentencia es la situación legal del edificio.
Asimismo, en relación con la falta de una licencia de primera ocupación, el juez entiende que no se trata de un incumplimiento por parte de la promotora, sino, en todo caso «un retraso, imputable, en función de las circunstancias, no necesariamente a la vendedora, sino quizá al Ayuntamiento de Marbella».
La licencia del proyecto básico fue concedida por el Ayuntamiento el 16 de octubre de 2002 a Sur Inversiones Sema, cuyo apoderado es el empresario italiano Giovanni Piero Montaldo, detenido en la tercera fase de la 'operación Malaya' e imputado por el juez de un presunto delito de cohecho. Montaldo también está incluido en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por unos convenios supuestamente lesivos para los intereses municipales. La licencia de obras le fue concedida el 28 de abril de 2003 por el entonces alcalde, Julián Muñoz.
Tras conseguir las licencias, Montaldo vendió la obra en construcción a la promotora, entidad que ahora mantiene el litigio con los compradores.
Los afectados tienen previsto recurrir la sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga.
* Diario Sur - 08.09.07 - HÉCTOR BARBOTTA
Foto: La urbanización Santa María Green Hills, en la zona de Elviria. / JOSELE-LANZA (SUR)
El derecho a la vivienda
GERARDO RUÍZ-RICO* : De tanto como se habla y escribe en la actualidad sobre el derecho a la vivienda parece que estamos en presencia de un auténtico derecho fundamental para cualquier ciudadano. Y en efecto puede que sea así, si consideramos que el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Este derecho es “fundamental” en la medida en que lo es también la necesidad vital que se cubre con él, porque en definitiva nadie puede vivir dignamente si no puede contar con un alojamiento decente y adecuado a sus circunstancias personales y familiares.
Pero quienes elaboraron nuestra Carta Magna no pudieron percibir entonces la importancia social que iba a cobrar este derecho. Por ese motivo quizás, se limitaron a plasmarlo en una parte de la Constitución reservada a declarar objetivos y principios genéricos de la política social y económica, con una muy escasa eficacia jurídica.
Este derecho nunca podría ser exigible individualmente; ni tampoco cabría alegar su vulneración o incumplimiento ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo. Ni siquiera sería posible su tutela por los tribunales de Justicia ordinarios cuando, a través de una ley, se establecen las condiciones que debe reunir un ciudadano para optar por alguna vivienda de las llamadas protegidas; la concesión de una de éstas sigue dependiendo de la disponibilidad que en cada municipio exista de suelo reservado a esta clase de viviendas, así como de la existencia de una oferta suficiente para cubrir las demandas de quienes carecen de medios económicos para conseguir una en el mercado libre.
Sin embargo, las cosas están cambiando en el panorama europeo. La vivienda está dejando de ser el derecho comparsa y debilitado con el que las constituciones respondían tímidamente a demandas colectivas que se iban extendiendo en capas cada vez más numerosas de la población.
La primera muestra de este cambio se encuentra en una ley aprobada en 2003 por una Escocia a la que se acababa de devolver su autonomía política. Y en segundo lugar, también en Francia, donde este año, y respondiendo a las reclamaciones que impulsaron los llamados hijos de Don Quijote, se acaba de aprobar una ley sobre vivienda exigible.
El rasgo común a estas dos leyes es que determinados colectivos de ciudadanos, generalmente los que soportan situaciones de precariedad o son socialmente vulnerables, tienen reconocido el derecho a exigir que los poderes públicos les proporcionen un alojamiento o una residencia estable. La novedad además estriba en que la Administración competente –el Estado central, el Gobierno regional o los ayuntamientos– tiene unos plazos perentorios e ineludibles para cumplir con esas demandas ciudadanas.
Existe, por tanto, un mandamiento legal que fuerza a los poderes públicos a buscar soluciones adecuadas y decentes a las necesidades personales y familiares. En el caso de Francia ese derecho se puede reclamar ante los tribunales de Justicia y éstos, en caso de incumplimiento por la Administración de la obligación impuesta en la ley, pueden incluso sancionar económicamente a aquélla. Estamos, pues, en presencia de un auténtico derecho vinculante para el Estado. Pero, como hemos señalado antes, los beneficiarios del derecho a una vivienda no son todos los ciudadanos, sino únicamente aquellos que se encuentran dentro de los niveles de la pobreza o carecen de recursos económicos suficientes para conseguir una donde cuidar a los hijos, a las personas discapacitadas que están a su cargo, son enfermos crónicos, menores de edad, mujeres agredidas y un largo catálogo de circunstancias especiales que requieren una respuesta positiva y también específica o prioritaria de los poderes públicos.
En nuestra comunidad autónoma contamos en este momento con un respaldo estatutario más que suficiente para emprender en un futuro a corto plazo una iniciativa legislativa como la que se ha aprobado en esos otros países de Europa. El camino hacia una mayor justicia social está abierto, por tanto. Aunque convendría pensar en que también muchos otros grupos y sectores de la población necesitan no sólo medidas asistenciales para que su derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna sea una realidad, y no el cuento de Caperucita en moldes jurídicos muy bien elaborados.
* Gerardo Ruiz-Rico. Catedrático de Derecho Constitucional de la Univ. de Jaén
* Diario de Sevilla - Opinión - 8 de Septiembre de 2007
