+-+buscarural.com.jpg)
LAOPINIÓN/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº1 de Málaga ha condenado a una pena de multa y a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público al ex alcalde de la localidad malagueña de Cómpeta, Leovigildo López, por un delito contra la ordenación del territorio al conceder licencia para construir sobre suelo no urbanizable.
Los hechos, que se declaran probados de conformidad de las partes, tuvieron lugar en junio de 2001, cuando el entonces regidor de dicho municipio concedió a favor de un particular licencia de obras para movimientos de tierra y carril para realizar una construcción de nueva planta en una parcela del paraje conocido como 'El pulido'.
Dicho suelo, según la sentencia del juzgado de lo penal a la que tuvo acceso Europa Press, estaba calificado como no urbanizable, "incumpliéndose el planeamiento urbanístico con pleno conocimiento de estos extremos", ya que en el informe elaborado por el arquitecto municipal se pedía la denegación de la licencia.
Además, la resolución precisa que no se podía conceder licencia de primera ocupación en noviembre de 2004. Estos hechos constituyen un delito de prevaricación urbanística y tanto el acusado como su defensa se mostraron conformes con el escrito de acusación que el ministerio fiscal modificó en el juicio, y con las penas solicitadas, "con conocimiento de sus consecuencias".
Así, se le condena a una pena de multa de 12 meses, a razón de una cuota diaria de seis euros, lo que supone una cantidad total de 2.160 euros, además de la inhabilitación durante un periodo de siete años para desempeñar empleo o cargo público, según la sentencia.
* La Opinión de Málaga - Europa Press - 23 de marzo de 2008
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com
Condenan al ex alcalde de Cómpeta a siete años de inhabilitación por un delito urbanístico
Los vecinos del Castillo del Romeral se manifiestan en contra de la cárcel
+-+radiobardino.com.jpg)
CANARIAS7* : Los vecinos del Castillo del Romeral, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, celebraron ayer una procesión - manifestación para expresar sus plegarias por la comarca de Castillo, Matorral, Aldea y Juan Grande. Los vecinos consideran en un comunicado, que la comarca está desamparada porque los políticos traen todas las “infraestructuras negativas a esta parte de la Isla, pero por el contrario esto no se traduce en servicios ni beneficios positivos que se aprecien para la zona”.
La procesión, a la que asistieron algunos vecinos ataviados con una túnica de nazareno, recorrió diversas calles del pueblo y posteriormente continuó hasta Juan Grande. En su recorrido se plantaron multitud de cruces como símbolo de las distintas partes de la comarca que consideran que van a morir.
En este sentido, el Consejo de Vecinos ha tenido acceso a la Memoria Consultiva para analizar si el Proyecto de construcción de la Prisión de Maspalomas debe ser sometido a evaluación de impacto ambiental. Entre las “lindezas” que dice esté informe y que aumenta la indignación de los vecinos está en que en las medidas a llevar en las obras, “se tratarán de limitar las operaciones susceptibles de producir cantidades significativas de polvo en situaciones de condiciones atmosféricas desfavorables, adoptándose medidas como la humectación previa de superficies en caso de ser necesario.”
Justamente, los vecinos han denunciado y parado las obras por dos veces debido a que el fuerte viento, típico de la zona, junto a los movimientos de tierra, produce una gran columna de polvo que llega directamente al pueblo. Y la gente se pregunta que si ya desde el inicio están incumpliendo sus propias normas de ejecución de obras que no harán cuando lo consideren necesario.
El comunicado enviado por los vecinos añade que las instituciones penitenciarias dice en el informe, que no es necesario pedir permiso de obras ni hacer Informe de Impacto Ambiental al considerar dicha obra de “Interés General”. Así, ellos “imponen todo tipo de infraestructuras, sin someterlas a alegaciones y es más, con grave desconocimiento del entorno donde se van a ubicar”. De esta forma, pretenden construir un emisario submarino de 1.500 metros en la costa del Castillo y en el informe comentado dicen: “…señalar que actualmente no se encuentran descritos o inventariados valores singulares naturales para dicho tramo costero, por lo que a priori no se encuentra ningún inconveniente ambiental para la construcción del emisario y el vertido en la zona de las aguas depuradas.”
Precisamente, donde quieren hacer el emisario, para servicio de la depuradora “que también quieren construir”, se encuentra una Piscifactoría con unas 10 jaulas para la cría de doradas y lubinas, industria que se estableció en esta zona y es una de las principales que se desarrollan en Canarias. “El informe no menciona a la Piscifactoría para nada y tampoco dice que la zona es muy rica en pesca, a pesar de los grandes impactos negativos que tiene alrededor”.
Mientras tanto, en los vecinos crece la indignación: “Nuestros políticos, que tienen este informe, no se enteran de nada o no se quieren enterar y es mas, nos dicen en el caso de la regasificadora, que como se va a instalar a 2 kilómetros de la costa del Castillo, y esta no pertenece al territorio Municipal, al Ayuntamiento no le compete decir nada al respecto”.
* Canarias 7 - ACN Press
Las Palmas de Gran Canaria - 23 marzo 2008
Foto: San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) - radiobardino.com
Costas blindará 187 kilómetros del litoral de Cádiz contra el urbanismo
,+cabo+de+Gracia+-+G.Cordero,+elpais.com.jpg)
ELPAÍS* : Medio Ambiente ampliará a 200 metros la zona de protección en 24 tramos. La ley de Costas cumplirá este verano 20 años. Su artículo 23 es el que regula que la servidumbre de protección debe recaer sobre una zona de 100 metros, medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
Esa normativa ya incluía la posibilidad de extender otros 100 metros más esa protección pero es ahora cuando la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha señalado 24 tramos del litoral gaditano donde esta ampliación se va a ejecutar, lo que asegurará que estos lugares, de gran valor paisajístico y medioambiental, queden libres de edificaciones y puedan ser sometidos a procesos de mejora y conservación. En total, 187 kilómetros de la costa de Cádiz serán blindados contra el urbanismo salvaje y los efectos del cambio climático.
La propuesta de la Demarcación está dentro del marco de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y contiene una selección de zonas costeras de alto interés para la ampliación de la zona de servidumbre de protección a los 200 metros. Es la primera vez que en España se prepara un documento similar, con tramos detallados y prioridades de actuación establecidas. "Es un elemento novedoso en el ámbito de la gestión costera que no se está haciendo en ningún sitio del Estado español", reconoce el máximo responsable de este trabajo, Federico Fernández, quien hasta hace unos días era el jefe de la Demarcación, aunque actualmente lleva la gerencia de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz.
Los objetivos de este proyecto son tres: garantizar la conservación de los valores naturales y culturales, favorecer la recuperación y conexión de espacios costeros y asegurar espacios libres en lugares donde existe un riesgo de retroceso en la costa debido a la subida del nivel del mar. Los 24 tramos seleccionados afectan a 16 municipios diferentes: Barbate, Conil, El Puerto, Rota, Tarifa, Puerto Real, Trebujena, Sanlúcar, San Roque, La Línea, Vejer, Chipiona, Los Barrios, Chiclana, La Línea y Algeciras. De los 24, nueve ya se están tramitando y tardarán tres años en concluir. Son los acantilados de la Breña (Barbate), el conjunto de Cabo Gracia, Punta Camarinal y El Lentiscal y la ensenada de Valdevaqueros y Los Lances (Tarifa), el monte público de las Dunas de Rota, las dunas de San Antón y el coto de la Isleta (El Puerto), la margen izquierda del río San Pedro (Puerto Real) y el entorno del río Roche y el tramo litoral de Roche (Conil).
Esta posibilidad existía desde hace 20 años pero, hasta ahora, no se había utilizado. Fernández aporta un porqué. "Exige un ejercicio magnífico de consenso del Gobierno central, la comunidad autónoma y los ayuntamientos". Según explica, los consistorios "no tienen por qué tener como prioridad la protección y, por eso, hay que convencerles con argumentos". En eso se basa la política de incentivos que promueve ahora el Ministerio de Medio Ambiente, que premia la gestión y el cuidado costero con inversiones como la habilitación de senderos o la construcción de paseos marítimos.
Para que la zona de servidumbre se pueda ampliar estos terrenos tienen que ser no urbanizables. Se han seleccionado 24 tramos poco o nada afectados por la mano del hombre para que el consenso requerido sea más fácil de conseguir. Pero, ¿qué ocurre con aquellas zonas donde ya se ha edificado? Ahí, la solución, según Fernández, es otra. La Demarcación de Costas negocia directamente con los ayuntamientos y propone la demolición de viviendas consensuadas con los propietarios. Acuerdos de este tipo se han acordado ya en Rota y Vejer, donde se ha programado la demolición de 52 casas, y también en Montijo, entre Chipiona y Sanlúcar, y Zahora, en Barbate.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 23/03/2008
Foto: Una vista aérea del conjunto de Cabo de Gracia, en Tarifa (Cádiz)- GARCÍA CORDERO, elpais.com
Veïns de Parcent acusa al Consell de usar dos varas de medir en los planes urbanísticos
,+protesta+vecinos+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Alacant* : Disparidad de criterios o casos urbanísticos totalmente opuestos. Para la plataforma Veïns de Parcent la conselleria de Medio Ambiente tiene dos varas de medir diferentes dependiendo del plan urbanístico que se presente a aprobación o desestimación (como es el caso de los tres PAI de Parcent).
El argumento esgrimido por el colectivo vecinal se refiere a la reciente decisión, del pasado 17 de marzo, de la Comisión Territorial de Alacant de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la que, según Veïns de Parcent "tras detectar numerosas deficiencias entre ellas la carencia de agua para el Plan Rabassa de las 15.000 viviendas de Alacant, se devuelve dicho proyecto al ayuntamiento para que se resuelvan los inconvenientes detectados".
Los vecinos lamentan que, sin embargo, "cuando el ayuntamiento de Parcent observó importantes deficiencias" en los tres PAI de este pueblo que se pueden traducir en 1.500 casas "pidió la devolución de la documentación a la conselleria, para también subsanar las deficiencias". Tras dicha propuesta el consistorio de la Marina Alta recibió "un no rotundo" por parte de la conselleria por considerar que "no resulta el cauce procedimental adecuado la devolución de la documentación a fin de retomar actos administrativos ya conclusos, cual es la aprobación provisional por parte del municipio". La plataforma contraria a los tres PAI de Parcent señala que todo esto se produjo "a pesar de que la Confederación Hidrográfica, como en el caso del Plan Rabassa, haya presentado un informe negatio sobre el agua".
Los ciudadanos de Parcent se preguntan "cuál es el criterio de la conselleria" y advierten que en el caso de Alacant siguen con el cauce de la devolución al consistorio "porque en Alacant, tienen un amigo en la casa del pueblo que, probablemente, les hará un apaño con dicho plan", en cambio en Parcent se cuestionan si"¿es que tienen miedo de que el ayuntamiento aplique la objetividad?".
Argumentos del TSJ
El Plan Rabassa, tuvo una sugerencia del Ministerio de Medio Ambiente por la que se recomendaba que el ambicioso programa urbanístico estuviese englobado dentro de un nuevo PGOU. Una idea que la Síndica de Greuges también trasladó al consistorio de Parcent en el caso de los tres PAI. Además el TSJ advirtió respecto al proyecto de la Marina Alta que "se intenta ordenar una superficie de 1.019.861 m2, y posibilitar la construcción de 1.496 viviendas, lo que desde luego es excesivo para este tipo de instrumento-refiriéndose al concierto previo o normas subsidiarias-ya que una actuación de tal naturaleza exigiría una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio, y su sostenible desarrollo", es decir, un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Finalmente, la plataforma ciudadana pide a la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que "sea más seria" y entienda que "los papeles que hay encima de la mesa no son ninguna quiniela, son el futuro y las decisiones no se pueden basar en "tú sí, tú no"".
* Levante-EMV - V.X.C.R., Parcent - 23 de marzo de 2008
Foto: Los vecinos de Parcent se oponen a las 1.496 viviendas/ levante de alacant
Una sentencia obliga a cortar el acceso a un puerto ilegal de Vigo
ELPAÍS* : El puerto deportivo A Lagoa, en Teis (Vigo), promovido por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se construyó sin licencias de ningún tipo y entre órdenes de derribo. Una sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) acaba de añadir otra irregularidad, al reconocer que utiliza como carretera de acceso un cortafuegos municipal.
La utilización de este paso por los usuarios del puerto tiene paralizada una inversión de 3 millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente para la construcción del paseo marítimo de Teis, cuyo trazado coincide con el del cortafuegos.
La sentencia hace referencia a un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vigo, adoptado por unanimidad el 31 de enero de 2005, que obligaba al gobierno local a prohibir el acceso rodado por el cortafuegos, una medida que la entonces alcaldesa Corina Porro, del PP, sólo hizo efectiva durante unas pocas semanas. Los promotores de la marina ilegal, que cuenta con 355 plazas de amarre, recurrieron igualmente, para perder en primera instancia y ahora ante el alto tribunal gallego.
El recurso de A Lagoa había sido rechazado inicialmente por el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo. El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia asume los razonamientos jurídicos de la anterior sentencia, que justificaron el rechazo del recurso por su extemporaneidad. El primer fallo también rechazó la reivindicación que hizo la promotora del puerto deportivo de una servidumbre de paso a su favor.
Camiones de gran tonelaje y turismos siguen utilizando el ancho camino municipal para entrar y salir de la marina. El único acceso legal por tierra es un vial angosto por el que no pudo circular el tráfico pesado que permitió la construcción del puerto deportivo, inaugurado en 2005, como tampoco los tráileres con los yates que están a la venta en una de las naves del puerto deportivo. Como alternativa, los promotores utilizaron el cortafuegos.
La marina, ubicada en A Guía, cuenta con una doble oposición vecinal, ya que a las críticas a las irregularidades y al impacto ambiental del proyecto se suma la denuncia del bloqueo de un paseo marítimo, que debía pasar precisamente por el cortafuegos. El Ministerio de Medio Ambiente consignó por primera vez en 2003 una partida de 3 millones de euros para el paseo marítimo de A Guía, que no ejecuta porque el Ayuntamiento no pone a su disposición los terrenos que la empresa, Astilleros y Construcción Lagoa -de la que Fernández de Sousa es presidente-, utiliza como carretera de acceso.
Los promotores de la marina contaron con autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo, entonces presidida por Julio Pedrosa, del PP, para la ocupación de una lámina de agua. Pero las instalaciones carecen de permisos para las obras en tierra, que consistieron entre otras en la ampliación de una nave para almacenamiento de barcos y la construcción de otra totalmente nueva. El Ayuntamiento de Vigo decretó sendas órdenes de derribo que Fernández de Sousa nunca ejecutó.
Además de estas dos grandes naves, con sentencias judiciales que avalan la demolición, en la zona de relleno también se levantó lo que debía ser una caseta desmontable de 30 metros cuadrados para una taberna. En lugar de ello, la promotora levantó una construcción cinco veces superior a la autorizada, en la que funciona un restaurante de lujo y que carece de la posibilidad de ser desmontada. El gobierno local de Vigo aprobó una resolución de derribo, pero tampoco en este caso ha llegado a ser ejecutada.
Un contencioso administrativo de la promotora paralizó la denuncia que había formulado la fiscalía, que imputaba a la empresa un delito de ordenación del territorio. El escrito del fiscal, del 5 de septiembre de 2005, revela la construcción de naves "de grandes dimensiones" con baños y servicios "con emisión directa al mar, sin emisarios ni depuración alguna".
Palabra de Caballero
El programa electoral de Abel Caballero no deja lugar a dudas. "Faremos máis por Teis", reza el folleto que los socialistas repartieron en la campaña de las municipales por el barrio al que pertenecen A Guía y A Lagoa, promesa que se explicita en diez propuestas. Una de ellas, la número ocho, sentencia: "Cierre del cortafuegos de A Guía y concretar con el servicio de costas la ejecución del paseo en torno a A Guía por el borde litoral".
Transcurridos ocho meses desde que el candidato del partido socialista se convirtiera en alcalde de Vigo, el Ayuntamiento de la ciudad no ha movido ficha.
Pero no es el actual alcalde el primero que sufre la tensión entre satisfacer los deseos vecinales sin afectar los intereses de la empresa que preside Fernández de Sousa.
El gobierno local de Corina Porro decretaba órdenes de derribo que nunca ejecutaba. Tampoco fue capaz de sostener en el tiempo el cierre al tráfico del cortafuegos a los camiones de A Lagoa, a pesar de que su grupo, el Partido Popular, siempre votó a favor de las mociones para impedir el tráfico pesado por el vial municipal.
Pese a las ilegalidades que rodearon la construcción de la marina, ubicada en una zona privilegiada del litoral vigués, tanto Corina Porro como el entonces director general de Deportes de la Xunta, en la actualidad teniente de alcalde vigués, Santiago Domínguez, del BNG, no tuvieron reparos en asistir a la inauguración de las instalaciones, en los días previos a la salida desde Vigo de la Volvo Ocean RACE.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 23/03/2008
Foto: Vigo, parque en Teis - turismogalicia
Una jueza ordena paralizar el derribo de una de las últimas chabolas de El Salobral
EUROPAPRESS/Madrid* : La jueza de lo Contencioso-Administrativo nº20 de Madrid, Gema Ortega, ha ordenado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, la paralización del derribo de una de las últimas chabolas que quedan en pie en el poblado de El Salobral, en el que se prevé sustituir las infraviviendas por otras de protección oficial y por un polígono industrial que revitalice el distrito de Villaverde.
En este poblado chabolista, con una superficie de 22 hectáreas, vivían en precarias condiciones de salubridad alrededor de más de 1.200 personas, de las que la mayoría han sido ya desalojadas. Una de las familias que reside todavía en la zona llevó el caso a los tribunales, que ahora le da la razón por no existir "interés público" en el desmantelamiento de su casa para los planes del Gobierno municipal.
En un auto hecho público este miércoles, la magistrada acuerda acceder a la petición de paralización del derribo de la chabola, situada en el Sector 3. Este procedimiento judicial se inició con la interposición de un recurso por la familia contra la negativa de la Dirección General de Urbanismo de parar una orden de desalojo de la infravivienda con un reducido plazo de 15 días.
La jueza acuerda en la resolución la suspensión del desalojo, esgrimiendo que el Ayuntamiento de Madrid "no alega ni prueba en qué medida se impide -con el derribo- la ejecución del planeamiento" que tiene previsto llevar a cabo en la zona.
Sustenta su decisión en "la especial protección" de la casa del recurrente "con rango constitucional, el desarraigo social y la situación de angustia" que provocaría la medida ordenada por Urbanismo, sin que "exista un interés público especialmente comprometido de suspenderse el acto administrativo".
En esta línea, se refiere al artículo 24 de la Constitución, que establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los que jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión", aludiendo de manera implícita al derecho a tener una vivienda.
Aludiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, recuerda que "toda orden de demolición por su propia naturaleza implica la destrucción de riqueza material, por lo que, si se ejecuta antes de la culminación del proceso pendiente en el que se tiene que decidir acerca de su procedencia y legalidad, puede dar lugar, en el caso de que quede revocada posteriormente a perjuicios de muy difícil reparación".
En el presente caso, la magistrada recalca que, si bien "se trata de una chabola y, por tanto, quizá no podría sostenerse que su demolición suponga pérdida de riqueza, lo cierto es que la misma constituye el domicilio del recurrente y su familia".
El abogado Roberto Alonso Martín, que defiende a la familia, ha lamentado que la mayoría de las personas que vivían en El Salobral hayan abandonado sus hogares sin acudir a la Justicia, que ahora se ha puesto de su lado ante su sorpresa.
Martín decidió solicitar una medida cautelar contra el desalojo, puesto que el convenio entre la Comunidad y el Consistorio "no estableció ningún límite de tiempo" para que los vecinos dejaran el lugar. "Se inventaron un plazo para que esta familia dejara su casa", recriminó el letrado, quien adelantó que prevé presentar una querella contra la Comunidad por supuestas coacciones y amenazas contra la familia.
* El Mundo - Europa Press - 19/03/2008
Foto: El derribo, en diciembre, de chabolas en el poblado de El Salobral / Jaime Villanueva, elmundo.es
La defensa de El Cabanyal
ADOLF BELTRAN/Valencia* : La sentencia cuyo fallo hizo público el pasado 13 de marzo el Tribunal Supremo despeja a favor del Ayuntamiento el camino legal del proyecto, tras una década de pleito con los afectados. Sin embargo, esa resolución está lejos de convertir la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez por El Cabanyal en una opción urbanística indiscutible.
Parecería superfluo recordarlo si no reinara en Valencia ese clima de descalificación sumaria del discrepante que avivó una vez más la alcaldesa Rita Barberá al arrojar con desparpajo a las tinieblas de la "izquierda radical" a quienes han luchado contra la expropiación y, de rebote, a todos los que no están de acuerdo con su enérgico plan.
Derribar 450 inmuebles, en los que hay más de 1.600 viviendas, para que la vieja aspiración de la "avenida de Valencia al mar" se consume en una rotonda gigantesca junto a la playa, no es ilegal (lo ha dicho el tribunal, aunque todavía no haya hecho públicos sus argumentos), pero ha de poderse discutir con criterios urbanísticos, sociales y patrimoniales si es que no hemos decidido dimitir como sociedad civil. En la Escuela de Arquitectura de Valencia se ha planteado a los estudiantes decenas de veces como ejercicio la sutura de la gran avenida y el viejo tejido urbano del Marítimo. ¿Por qué no puede acabar la avenida de Blasco Ibáñez en una rotonda unos cientos de metros antes de llegar al mar, donde hoy se topa con la delicada trama de El Cabanyal? ¿De verdad es necesario partir el barrio en dos? Parece mentira que, hoy, todavía haya que reivindicar el valor democrático de decir que no.
* ELPAIS.com - Opinión - ADOLF BELTRAN 23/03/2008
