ELPAÍS/Canarias* : La corrupción corroe la política canaria. Los casos de información privilegiada, comisiones ilegales y pelotazos urbanísticos se han multiplicado durante los últimos años en municipios de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Algunos han tocado al Gobierno autónomo, como las irregularidades en un concurso para la construcción de parques eólicos en 2006. Los más recientes son éstos...
- 'Caso Faycán'. Todos los miembros del gobierno local del PP en Telde (Gran Canaria), salvo un concejal, fueron detenidos y posteriormente dimitieron, a finales de 2006, por su implicación en una trama de favores urbanísticos a cambio de comisiones. El cerebro era la concejal de obras, Antonia Torres. "Cuando nos adjudicaron la obra, el asesor de la concejal nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios. Como no pagamos, dejaron de pagarnos las certificaciones de obras", declaró al juez un empresario extorsionado.
- 'Caso Mogán'. El juez ordenó el pasado febrero la detención del alcalde de Mogán, Francisco González (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas y malversación por firmar un convenio con un empresario por el que éste debía entregar al ayuntamiento tres parcelas que nunca cedió. La nómina de supuestos delitos de su primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, se completaba con un fraude electoral por comprar supuestamente votos de turistas a los que lograba empadronar en el municipio. Bueno fue además acusada por la policía de espiar a la comisaria que investigó el caso.
- 'Caso Teresitas'. El fiscal presentó en diciembre una querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), tres concejales (uno de ellos del PSOE y otro del PP), varios técnicos municipales y dos empresarios por prevaricación y malversación. Los empresarios compraron suelo por 30 millones en los aledaños de la playa de Las Teresitas, revendieron un tercio por 53 millones al ayuntamiento, y el resto, recalificado, alcanzó un valor de 106 millones. El supuesto pelotazo ascendió a 129 millones de euros. Buena parte del suelo era público y el resto, un acantilado.
*ELPAIS.com - 24/10/2007
Foto: Tenerife, playa Teresitas - flickr.com
La sospecha se extiende en los municipios del archipiélago
Las casas ilegales del aeropuerto de Córdoba se pagarán a precio de mercado
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ELPAÍS* : Construir ilegalmente sale a cuenta, al menos junto al aeropuerto de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Fomento insistieron ayer en pagar a precio de mercado la adquisición de las alrededor de 75 propiedades que deben desaparecer para ampliar el aeropuerto de la ciudad para que reciba vuelos comerciales. Las casas que hay en esos terrenos se levantaron ilegalmente y, pese a todo, hay algunos de esos propietarios que se oponen a la venta. El Ayuntamiento advirtió ayer de que, si no se llega a un acuerdo amistoso, se recurrirá a la expropiación forzosa y se pagará sólo el justiprecio.
"La ampliación no se supedita a que el propietario de los suelos esté de acuerdo o no", sostuvo Andrés Ocaña, responsable de Urbanismo en Córdoba.
AENA prevé que a mediados del mes de marzo tendrá el suelo necesario para la ampliación. El aeródromo multiplicará por tres su superficie hasta llegar a los 1.226.000. Cuando a mediados de 2009 se haya culminado la obra, habrá vuelos nacionales e internacionales. Ahora sólo pequeños aeroplanos lo utilizan.
El problema reside en que hay varias urbanizaciones de casas que se han levantado al margen del ordenamiento urbano cercando al aeropuerto. Hay parcelaciones, como Fontanar de Quintos, que están clasificadas como reconducibles, es decir, que podrán regularizarse en el futuro. Pero otras, como La Altea, nunca serán legales al estar en una zona inundable. En esta urbanización hay 29 casas. Se trata de viviendas unifamiliares con piscina y un terreno. Josefa Jiménez, de 52 años, lleva viviendo ahí desde 1995. Su casa, al igual que 18 más, desaparecerá. "Si se ha decidido así nos tendremos que aguantar", reconoció ayer. Jiménez vive con su marido, dos de sus hijas y un nieto. Al ser la presidenta de la asociación de vecinos, ha estado presente en las reuniones que se han celebrado ya con el Ayuntamiento y con AENA. En esos encuentros se ha dicho a los afectados que se pagarán sus casas a precio de mercado. Según un pequeño sondeo realizado por este diario, el precio medio en la zona ronda los 250.000 euros por una parcela de 1.500 metros cuadrados con una vivienda de 150. Pero las administraciones todavía no han dado a conocer ninguna cantidad concreta. Simplemente porque no tienen todavía la lista definitiva de propiedades afectadas. Fomento estima que en dos semanas estará ese listado.
Manuel Navarro, un hombre de 64 años que lleva 30 años viviendo al lado del aeropuerto, se quejaba ayer de la "falta de información". Dijo que todavía no le han confirmado oficialmente si tendrá que vender su casa y que lo sabe por lo que ha leído en los periódicos. También desconoce cuánto le pagarán por las tres viviendas y la nave industrial que tiene en su parcela.
Piso protegido sin sorteo
El Ayuntamiento de Córdoba está dando un buen número de salidas a los propietarios de las casas ilegales que deben desaparecer para que pueda ampliarse el aeropuerto. Andrés Ocaña (IU), responsable municipal de Urbanismo, indicó ayer que los afectados tienen derecho al realojo en una Vivienda de Protección Oficial sin sorteo, aunque deben cumplir unas condiciones.
Entre los requisitos que anunció ayer Ocaña está no ser propietario de otra vivienda, tener los niveles de renta máximos que se establecen para poder acceder a un piso protegido, estar empadronados en Córdoba y ofrecer la garantía de unos ingresos regulares.
Hay situaciones de todo tipo entre los alrededor de 75 afectados. Personas como Manuel Navarro, quien sí tiene otras propiedades, o como Josefa Jiménez, quien sólo dispone de la casa que tiene que desaparecer para que el aeropuerto cordobés pueda recibir vuelos comerciales.
El Ayuntamiento baraja que los vecinos que lo requieran puedan agruparse en forma de cooperativa y poder así recurrir a la forma legal de VPO. A lo que se ha negado el Ayuntamiento es a dar a los propietarios suelo para que puedan volver a levantarse chalés.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 24/10/2007
Foto: Córdoba, mezquita - Mats Halldin (wikipedia.org)
La Fiscalía pide 4,5 millones de multa por tres delitos de cohecho para dos ex ediles de Gondomar y un arquitecto
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EUROPAPRESS/Pontevedra* : La Fiscalía solicita tres penas de multa para el ex edil de Cultura de Gondomar (Pontevedra), José Luis Mosquera, y el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, por cohecho y otras tantas para el arquitecto vigués Francisco Borja Ramilo Méndez, por un valor de 4,5 millones de euros tras ser detenidos en febrero acusados de corrupción urbanística.
En concreto, el escrito fiscal demanda para cada uno de los ex ediles una multa de 1,2 millones de euros, y dos de de 360.000; así como tres penas de suspensión de empleo y cargo público de dos años por cada una, pero no pide prisión.
Por su parte, para el arquitecto, como "coautor necesario", solicita tres penas de multa; una por 450.000 euros, otra de 135.000 euros y una tercera por más de 135.000 euros. Además, requiere la suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses, por cada uno de los tres delitos.
Para la que considera cómplice de sólo uno de los delitos, Belén Fernández Fernández, pareja sentimental del ex edil de Cultura, el fiscal Juan Carlos Aladro demanda la penda de 135.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante tres meses.
HECHOS.
El fiscal considera que los ex ediles decidieron, "con el ánimo de enriquecerse" y "sirviéndose de la ventaja que les proporcionaban sus cargos oficiales", cobrar unas cantidades de dinero a cambio de favorecer con sus votos la incorporación, en unos casos, y el desarrollo, en otros, de proyectos de urbanización que deberían ser incorporados al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
Para ello, según el fiscal, se pusieron en contacto con el arquitecto que intervendría en los mismos, Francisco Borja Ramilo Méndez, que ejercía "de intermediario idóneo", ya que, por sus conocimientos técnicos y relaciones con propietarios y promotores, "era el mejor de los interlocutores".
Según destaca Aladro, los concejales trasladaron al arquitecto sus peticiones económicas sobre tres convenios. El primero en relación a la ordenación de la parcela SUZDR5 de la depuradora. Por su aprobación y desarrollo decidieron solicitar 600.000 euros.
El segundo se refería a una finca ubicada en el polígono 10, sobre el paraje de las Canasterías, con el que se pretendía la modificación de la edificabilidad, que se pedía que fuera similar a otra finca vecina del mismo que poseía una superior a la fijada. Para esta actuación los ediles pedían 180.000 euros.
El tercero de los convenios fue realizado con la sociedad A Pousa. Para su aprobación, desarrollo y ejecución solicitaron inicialmente la cantidad de 240.000 euros, que finalmente quedó reducida a 180.000 euros.
Entre enero y febrero de este año, los ediles se pusieron en varias ocasiones en contacto con el arquitecto para hacer efectivo el cobro de las citadas cantidades. En concreto, el fiscal destaca que el 7 de febrero se realizó una reunión con el representante de la sociedad A Pousa, con una cantidad de 60.000 euros en la aprobación definitiva y otros 60.0000 euros cuando superara la aprobación del órgano supervisor de la Xunta de Galicia.
Las detenciones fueron practicas el 14 de febrero cuando decidieron hacer efectiva la primera entrega del soborno en un estudio de arquitectura en la calle Colón de Vigo. Así, a las 21.00 horas acudieron el ex edil de Cultura y su novia al lugar, que fue cambiado finalmente a la cafetería del Hotel Galicia, situada en las proximidades del punto inicial.
* Europa Press - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct
Foto: Gondomar (Pontevedra) - valminor.info
