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Imputado el alcalde de Vejer por malversación

Estamos en víspera electorales y las causas de corrupción urbanística se acumulan en los juzgados. En el conflictivo municipio gaditano de Vejer, los alcaldes son imputados de dos en dos. El exalcalde y candidato socialista A.Verdú lo está por un desvío de subvenciones europeas sin aclarar; y el actual alcalde y candidato del PP, J.Ortiz, por malversación de fondos al contratar obras y servicios del Ayuntamiento. Como se ve el panorama político es desolador y la justicia, una vez más, debería actuar cuanto antes, ya que el asunto afecta de lleno a los habitantes de la localidad.
"ELPAÍS* : El alcalde de Vejer, José Ortiz, del PP, ha sido imputado junto con cinco concejales de su gobierno por una presunta malversación de fondos tras haber sido acusado por una trabajadora social despedida. También permanece imputado el exalcalde y candidato socialista a la alcaldía, Antonio Jesús Verdú, por otra investigación que trata de aclarar un desvío de subvenciones.

Verdú ya fue imputado el año pasado tras haber sido denunciado por el PP que le sucedió en las pasadas elecciones por haber incrementado injustificadamente el presupuesto de las obras del teatro del municipio. Un juzgado de Barbate mantiene abierta esta causa. La Guardia Civil y la fiscalía también investigan un desvío de un millón de euros de dinero municipal recibido de subvenciones estatales y europeas que no se pudieron justificar.

La trabajadora aseguró que algunos contratos de servicios, como el de guías turísticos, se hicieron sin concurso público. Y en algunas obras mayores también se saltaron la necesidad de informes del interventor porque se dividieron en pequeños proyectos que necesitaban de menos controles. La Guardia Civil ya les ha citado como imputados en una investigación que se extiende al anterior mandato socialista, de ahí que Verdú también haya aparecido en las diligencias. Pero el exalcalde de Vejer se defiende: “El único convenio que me achacan fue legal y hoy lo volvería a firmar”, señaló Verdú en un comunicado. El alcalde de Vejer también mostró su tranquilidad. “Estamos haciendo la vida normal. Lo importante de las cosas no es cómo empiezan sino cómo acaban”, aseguró Ortiz. Los dos cargos se presentan a los comicios del 24 de mayo.


* El País - Pedro Espinosa - 6.5.15
Foto: Vejer (Cádiz), ayuntamiento - panoramio

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El CSIC hace una remodelación total del Palacio de Doñana sin licencia

Al urbanismo salvaje que asfixia todo el país no escapa ni la joya del Patrimonio Natural, el Parque de Doñana. El Ministerio de Economía, a través del CSIC, está acometiendo unas obras ilegales en el mismo Palacio del Parque Nacional, un edificio del siglo XVI, altamente protegido, que carece, además, de licencia para esta remodelación sin sentido. Aquí hay que llamar la atención de la dejadez del Ayuntamiento PP de Almonte que no ha dicho nada hasta siete meses después, pero también del propio Ministerio que está infringiendo gravemente la normativa legal en un palacio y su entorno natural que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. La justicia tiene, si quiere hacerlo, la última palabra.
"ELPAÍS* : El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y que se define como la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa, lleva desde octubre del pasado año realizando obras sin licencia en el Palacio de Doñana, un edificio del siglo XVI con la máxima protección, sede de la Reserva Biológica del Parque Nacional (Patrimonio Mundial) y por la que han pasado presidentes y numerosos jefes de Estado.

Las obras están presupuestadas en siete millones de euros y están financiadas por el Ministerio de Economía y los Fondos Feder de la UE El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), municipio al que pertenece esta zona de Doñana, gobernado por el PP, ha reconocido que carecen de permiso y ha comenzado ahora a abrir un expediente ahora, siete meses después. El máximo responsable de la Estación Biológica, Juan José Negro afirmó que “se está intentando arreglarlo”.

El concejal del PSOE José Villa dio la voz de alerta ante el volumen que adquirían los trabajos y la “dejación” del Ayuntamiento. “Conocen las obras y no las paran. El gobierno municipal no ha hecho nada y, encima, la irregularidad es de una institución del Ministerio”, lamentó Villa, quien alertó de la “falta de transparencia” de las administraciones gobernadas por el PP, que le han denegado de forma sistemática información sobre las obras.

Fuentes municipales confirmaron que la remodelación carece del permiso, aunque se solicitó el día 25 de febrero, cinco meses después del comienzo de los trabajos. Sin embargo, la documentación presentada contiene irregularidades que impiden conceder la licencia. De hecho, el municipio va a empezar ahora a abrir un expediente contra los promotores y la semana que viene tienen prevista una visita a las obras.

La licencia de obras se solicitó a nombre del CSIC y se adjuntó la adjudicación definitiva de los trabajos y el contrato de los mismos con Condisa.

El edificio es un cortijo andaluz de más de 400 años que fue durante generaciones pabellón de caza de las familias reales y de la aristocracia. Su protección es máxima, de grado uno, lo que impide realizar cualquier trabajo que no sea de mantenimiento.

Negro afirmó que los permisos son responsabilidad de la contrata y que se pagó incluso la tasa correspondiente. Pero el pago no implica la concesión del permiso definitivo de los trabajos.

El responsable de la reserva apuntó que las obras de Patrimonio del Estado están exoneradas, pero se pidió el permiso por “deferencia”. Técnicos de bienes culturales negaron esta circunstancia y afirmaron que en todos los bienes catalogados la licencia es necesaria, así como los permisos de las comisiones de Patrimonio.

Las obras, que cuentan con un presupuesto de siete millones de fondos públicos, suponen una remodelación completa del edificio para convertir las instalaciones de esta sede Científico Tecnológica Singular (ICTS) del CSIC en un centro de alta tecnología “para la protección, gestión y uso sostenible de la biodiversidad”, según el proyecto de la institución.

El edificio que está siendo remodelado se encuentra incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos y en el expediente consta que el estado de conservación es “bueno”. El inmueble está incluido en los planes de ordenación del territorio del ámbito de Doñana desde 2004 y en el rector de uso y gestión del parque de 1991. Su grado de protección, según el documento que consta en el PGOU de Almonte solo permite “obras de conservación y mantenimiento”.

De González y Gorbachov a centro tecnológico

Los vestigios más antiguos del edificio que remodela el CSIC pertenecen a un torreón que controlaba el paso entre Moguer (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Desde 1957, fue sede de las primeras expediciones científicas auspiciadas por José Antonio Valverde, ornitólogos europeos y los entonces propietarios, la familia bodeguera jerezana González Gordon.
Felipe González, cuando era presidente del Gobierno, pasó sus vacaciones de verano en este edificio, por el que pasaron también Mijail Gorbachov, François Mitterrand o Helmut Kohl. Es un uso que prevé el Plan General de Ordenamiento de Almonte (Huelva).
“Estamos montando una infraestructura de última generación para dar cobijo a la necesidad de mucha computación al mismo tiempo y adaptando este edificio, que tiene muchísimos años, a esa necesidad”, afirmó la vicedirectora técnica de la Estación Biológica de Doñana, Guyonne Janss, a la agencia Efe cuando presentó las obras el pasado mes de abril.
Las instalaciones contarán con centenares de sensores o equipos de seguimiento de especies desplegados por Doñana que podrán ser transmitidos al instante a través de un centro de proceso de datos con capacidad de un millón de gigabites.
La Reserva Biológica de Doñana está situada a 89 Km de la sede central de Sevilla. Se encuentra dentro del Parque Nacional de Doñana y consta de dos fincas. La Reserva Biológica de Doñana propiamente dicha, con 6.794 hectáreas, que pertenece y es gestionada por el CSIC y la Reserva Biológica del Guadiamar.


* El País - Raúl Limón - 30.4.15
Foto: Palacio de Doñana en obras en una imagen tomada el pasado mes. / RAÚL CARO (EFE)

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Mapa de las inmatriculaciones de la iglesia católica en Córdoba

Ya se ha comentado en este Blog el tremendo expolio inmobiliario que ha realizado la Iglesia Católica en los últimos años, acogiéndose a una obsoleta Ley franquista de 1946. Además, en 1998 el gobierno Aznar aprobó un reglamento hipotecario a favor de estos actos delictivos que suponían que el Patrimonio público pasara a una entidad privada como la Iglesia, con unos gastos mínimos en el registro de la propiedad. Córdoba ha sido una de las ciudades donde más claro se aprecia este hecho sin precedentes, llegando a expoliar hasta calles y plazas urbanas. El ejemplo de la Mezquita donde la ciudadanía ha protestado fuertemente la actuación eclesial es un ejemplo de cómo se deben detener estos delitos impunes, pues el Gobierno y la justicia miran para otro lado, lamentablemente.
"LAMAREA* : Aunque el expolio inmobiliario que ha llevado a cabo la jerarquía católica en los últimos años es una pandemia que afecta a todo el Estado, pocas ciudades como Córdoba han sido capaces de desvelar el escándalo en sus distintas dimensiones, sin duda a raíz de la reivindicación ciudadana de la Mezquita. La apropiación de bienes por parte de la Iglesia Católica se ha efectuado con arreglo a dos normas franquistas, propias de un Estado confesional y flagrantemente inconstitucionales: una equipara a la Iglesia Católica con una administración pública, y otra a los diocesanos con notarios. Valiéndose de ambas herramientas, la jerarquía católica ha inmatriculado miles de bienes de manera clandestina y sin acreditar título de propiedad, con especial codicia a partir de la reforma con la que Aznar abrió la puerta del Registro a los “templos de culto” en 1998.

Hasta entonces, nadie cuestionaba la naturaleza pública de estos bienes, como las calles o las plazas, sin perjuicio de los derechos al uso que en su caso pudieran corresponder a sus poseedores. La inmensa generalidad de los inmuebles con finalidad aparentemente religiosa, no habían sido construidos por ninguna estructura de la Iglesia, habían sido mantenidos por el pueblo y restaurados con dinero de todos y todas.

Desconocemos el número de bienes inmatriculados con arreglo a este procedimiento porque el Gobierno, el Ministerio de Justicia o la Dirección General de los Registros y del Notariado, se han negado sistemáticamente a proporcionar estos datos con las excusas más peregrinas o con el silencio como respuesta.

En segundo lugar, no sólo se han inmatriculado templos de culto o similares. Este hecho contrastado desmonta la coartada de la Iglesia Católica de limitarse a regularizar sus “posesiones” (que no sus propiedades), porque han inscrito bienes privados de otra índole, que no ha poseído o documentadamente públicos, hasta el extremo de ofrecer vergonzantemente su devolución. El caso de las plazas del Pocito, del Triunfo de San Rafael o del kiosco de San Hipólito, raya el esperpento y evidencia el uso torticero y la voracidad inmobiliaria de la jerarquía católica.

Y en tercer lugar, por definición, los bienes de dominio público no acceden al Registro de la Propiedad “privada”. Las inmatriculaciones practicadas por la jerarquía católica han invertido la prueba de manera diabólica: ahora se presumen que son suyos y deben ser las administraciones quienes tienen que demostrar lo que hasta entonces era incuestionable. Para colmo, han degradado su naturaleza jurídica al rango de un mero bien privado. Desde la Mezquita hasta la plaza del Pocito

Dejando aparte el caso más emblemático de la Mezquita, intentaremos diseccionar los diferentes supuestos de expolio que hemos sufrido en la ciudad de Córdoba:

Apropiación de plazas públicas

Triunfo de San Rafael

En abril del 2011 el Obispado inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael sin presentar ningún título de propiedad, fundamentando su dominio únicamente en la descripción histórica del monumento y en su dedicación al “culto católico”.

La titularidad pública de la plaza es indiscutible. En el archivo constan datos precisos que prueban que desde el año 1850 la plaza es de propiedad pública, con el consentimiento expreso del Obispado de desprenderse de ella para no asumir su mantenimiento. Además, está documentado que todas las reparaciones realizadas hasta hoy han sido pagadas por el Ayuntamiento. Las últimas actuaciones fueron su inclusión en el inventario de bienes del Ayuntamiento en el año 1984, y su restauración en el año 2002 en el Plan de Excelencia Turística. Aún con esto, el obispado inmatriculó la plaza a su nombre en el 2011.

La respuesta lógica hubiese sido reclamar su devolución inmediata, pero no fue así. El Ayuntamiento optó por borrarlo de su inventario de bienes y decir que si la Iglesia manifiesta que es suyo, será que es cierto, aunque choque frontalmente con los antecedentes documentados y con las propias actuaciones anteriores del Ayuntamiento. No es una mera dejación de su obligación de defender el patrimonio público, sino una verdadera colaboración activa en la apropiación privada del mismo.

La Plaza del Pocito de la Fuensanta

En 1987 se inmatriculó la Plaza del Pocito de la Fuensanta, ocultando su carácter religioso y con una descripción oscura para ocultar su apropiación. La reforma de Aznar que permite registrar templos de culto no se produjo hasta 1998, por lo que el Obispado no declaró que se trataba de una iglesia para poder inscribirla en el Registro. Además el texto trata de esconder que se inscribe la plaza. Para ello se usó esta descripción:

“Porción de terreno al pago de Nuestra Señora de la Fuensanta, de esta Capital, con superficie de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, sobre la que existen edificaciones en su fondo, que ocupan mil ochocientos veintiocho metros cuadrados, y que consisten en la Casa del Capellán, con un pequeño jardín; Capilla y otras dependencias.”

De la comparación del texto con los metros de superficie y el plano que consta en el catastro se extrae que cuando se dice “otras dependencias” se está refiriendo a la Iglesia, el pocito y la plaza pública en la que se encuentra.

Ante esta apropiación el Ayuntamiento de nuevo ha guardado silencio, siendo el consejo de Distrito Sureste, que representa a los vecinos de la Fuensanta, los que han actuado en contra. Lejos de acceder a la devolución, el Obispado parece dispuesto a discutir la propiedad de la plaza en los juzgados.

Bienes públicos mantenidos por las administraciones públicas

Estas plazas no han sido los únicos bienes públicos de los que se ha apropiado la Iglesia frente a la pasividad de las Administraciones públicas. En el 2005, el Obispado inmatriculó la Iglesia de San Hipólito, y aprovechando que estaba en su esquina, un kiosko municipal. Está perfectamente documentado que el kiosko, actualmente en desuso, fue construido por el Ayuntamiento. Encontrarse en una esquina de la iglesia y estar cerrado parecen motivos suficientes para inscribirse en el registro junto con el templo.

Puede decirse que el Ayuntamiento no ha respondido ante estos hechos, limitándose a decir que estudiará la situación. Al hacerse público este “robo jurídico”, el Obispado ha decidido devolver por sí mismo el kiosko, con lo que podemos dar por hecho que no habrá ninguna consecuencia en su contra. Estará automáticamente libre de culpa. Tan sorprendente como injusto.

Analizar todas las inmatriculaciones de Córdoba sería una labor demasiado extensa, por lo que sólo señalaremos unas de las más representativas, las iglesias fernandinas. Mandadas construir por Fernando III el Santo, son el ejemplo perfecto de templo de titularidad pública. Su construcción fue ordenada por la corona, se utilizaron como edificios administrativos en sus respectivos barrios y sus restauraciones han sido pagadas hasta hoy por el Estado. Así encontramos la Iglesia de San Agustín, restaurada con casi cuatro millones de euros por la Junta, o la Iglesia de la Magdalena, cuya reparación tras un incendio costó a la Junta más de 600.000 euros. Ambas iglesias fueron inmatriculadas por el Obispo poco después de su última restauración. Especialmente grave es el caso de la Magdalena, al tratarse de un bien desacralizado. Ya sabemos que este mismo procedimiento se usó con las Iglesias de San Pablo (ganada posteriormente en el Tribunal Supremo por sus legítimos propietarios), San Pedro, Santa Marina, la Ermita de los Santos Mártires, la Iglesia del Socorro, la Basílica del Juramento de San Rafael, etc.

La respuesta del Ayuntamiento siempre ha sido la misma, guardar silencio y continuar sufragando el mantenimiento de los templos.

La Iglesia no inmatricula ruinas

“La Iglesia no inmatricula ruinas.” Así de claro lo dijo el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. La expresión más correcta sería que las ruinas son restauradas con dinero público para ser después inmatriculadas por la Iglesia. Ese es el procedimiento que se ha seguido con la inmensa mayoría de inmuebles, algunos ya citados.

Córdoba se ha convertido en el ejemplo perfecto de este expolio monumental. Tenemos tres templos en ruinas: el convento de Regina, la Iglesia de Santa Clara y la de Campo Madre de Dios. Nunca se ha cuestionado su titularidad ni a quién corresponde su restauración, ambas en manos del Ayuntamiento. Está visto que cuando su estado de conservación es malo no choca que sean templos de titularidad pública.

El Convento de Regina ya está siendo restaurado para albergar el museo cofrade, y el culmen de la mala actuación del Ayuntamiento llega con Campo Madre de Dios, pactando que se restaure con dinero público para cederlo después a la Iglesia. Lejos de exigir a la Diócesis el cuidado de sus bienes, se restauran los públicos para regalarlos. Y lamentablemente, no es la primera vez que ha ocurrido.


* La Marea - Claudio Rodríguez - 3.5.15
Foto: Córdoba, mezquita aérea- arte

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La iglesia inmatriculó la Catedral de Sevilla en el año 2010 por 30 euros

La Iglesia se ha acogido a una Ley de 1946 para realizar numerosas inmatriculaciones en el Registro de la Propiedad; aunque ya haya sido derogada esta Ley las anteriormente hechas quedarán impunes, con lo que ha conseguido poner a su nombre una ingente cantidad de edificaciones y espacios urbanos. Esta situación anómala se ha logrado gracias a unos partidos políticos cómplices que lo han permitido (PP sobre todo). Hay casos sangrantes en todo el país que así no pasarán a dominio público como deberían, es el ejemplo de la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Sevilla, que reciben cada año a millones de visitantes con lo que eso significa de ingresos extra. Pero también existen asociaciones y plataformas que están luchando y pretenden llevar el 'delito' a instancias europeas.
"ELDIARIO* : La Catedral de Sevilla, y la Giralda, fueron inmatriculadas a nombre de la iglesia católica en el año 2010. El coste para las arcas eclesiásticas: 30 euros. Como la Mezquita de Córdoba cuatro años antes. Como multitud de bienes inmuebles registrados por el clero en todo el país merced a la potestad de la ley hipotecaria franquista de 1946 que medio siglo más tarde actualizara el primer Gobierno de José María Aznar.

Cada año, el templo sevillano recibe más de un millón de visitantes que generan, tras pasar por taquilla, unos ingresos cercanos a los 9 millones de euros.

Nadie preguntó si el espacio debe ser público o no. Nada obliga ese extremo. En todo caso, las diócesis tienen la potestad, por ser iglesia, de certificar que el bien inscrito le pertenece. Además, con la exención de pago sobre el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por ejemplo, entre otros beneficios.

Estas situaciones serían imposibles en otros países. Es el caso de Francia, donde la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado de 1905 fija, entre otras premisas, que todos los edificios religiosos son públicos. Del pueblo. Pero sí ocurre en España, donde la iglesia pudo registrar la Giralda, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. "La República no reconoce, no paga, ni subsidia religión alguna", reza el texto legal francés que ampara el laicismo del Estado.

Para el Arzobispado de Sevilla, el acto de inmatriculación "se acoge al derecho y a la obligación que establece la ley para dejar las cosas en condiciones". No hay movimiento alguno cuestionable, entienden. En aquel momento, el Arzobispo de Sevilla era Juan José Asenjo, que inmatriculó la Mezquita (y otras fincas) cuando era Obispo en Córdoba. Organizaciones laicas, contrarias a estos episodios, indican que este beneficio a la iglesia contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución Española, relativos al principio de igualdad y no discriminación y a la aconfesionalidad del Estado.

¿Qué significa inmatricular?

Como la organización Europa Laica, que estima en más de 5.000 las propiedades inscritas por la iglesia bajo este sistema en toda España. Caso de la finca urbana formada (así aparece) por La Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, por la Parroquia del Sagrario de la Catedral y, añade, Dependencias Anexas. En total, casi 23.000 metros cuadrados. El Registro de la Propiedad de Sevilla recoge, a fecha de uno de febrero del año 2010, el "pleno dominio por título de inmatriculación en virtud del artículo 206" a nombre del "Excelentísimo Cabildo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla".

¿Y quién expide la certificación sobre la propiedad de la Catedral y la Giralda para justificar la inmatriculación? La propia Archidiócesis de Sevilla. La inmatriculación es el acceso o ingreso de una finca al Registro de la Propiedad. La primera inscripción de dominio de la finca. Un privilegio que las diferentes diócesis poseen por el artículo 206 de la ley hipotecaria que elaboró el régimen franquista en 1946 y actualizó el primer Gobierno presidido por José María Aznar (PP). Desde 1998, y a partir de esta modificación, quedó revocada la prohibición expresa de inmatricular templos dedicados al culto católico. La iglesia, desde entonces, ha incorporado miles de fincas e inmuebles a su patrimonio oficial.

Para hacerlo, a la iglesia le basta con un documento elaborado desde la propia institución religiosa. La ley hipotecaria de 1946 equipara, para esto, al fedatario eclesiástico con un notario público. De ahí que en el caso de la Catedral y la Giralda será la Archidiócesis hispalense quien certifica la propiedad. La reforma de la ley hipotecaria, tras su publicación el pasado 1 de abril, prohíbe esta facultad. Aunque el nuevo proyecto de Ley Hipotecaria y del Catastro aprobado en marzo en el Congreso de los Diputados consolida, no obstante, las apropiaciones ejecutadas hasta ahora al carecer la norma de carácter retroactivo.

La iglesia también ha estado exenta de publicitar estas acciones. Esto provoca que en la mayoría de casos hayan transcurrido los dos años de carencia que tiene una primera inscripción sin que sea recurrida. Según fuentes del Arzobispado sevillano, "el Cabildo de la Catedral es el que ha hecho efectiva la inmatriculación de la Catedral". Así, "la Diócesis de Sevilla ha ido efectuando inmatriculaciones de los templos y de las propiedades a su nombre", aunque la institución no precisa a qué número ascienden los inmuebles totales.

"Lo que ha hecho" la iglesia en Sevilla, "y todas las diócesis españolas", precisan, "es atenerse a la ley". "Hay una normativa que establecía que había que hacer en un plazo de tiempo las inmatriculaciones, no solamente la Iglesia Católica sino cualquier propietario, su registro oportuno, y es lo que ha hecho la iglesia", mantienen las mismas fuentes. El Arzobispado de Sevilla "se acoge al derecho y a la obligación que establece la ley para dejar las cosas en condiciones".

Inscripción de bajo coste

En el Registro de la Propiedad de Sevilla indican que las "bonificaciones" que tenga la propia iglesia para la inmatriculación de fincas "van por ley y son iguales en cualquier sitio". Por lo tanto, si la Mezquita de Córdoba quedó registrada en 2006 por 30 euros, "debe ser la misma cantidad en el resto de casos", refieren. Los archivos señalan que la iglesia alegó la "exención" de cargas por el "pago de la liquidación o liquidaciones complementarias que en su caso puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados". Circunstancia que afecta durante cinco años y cumple el próximo 30 de abril. No ocurre lo mismo, apuntan, si el registro lo efectúa "una particular o una empresa". En este caso, el coste varía en función del tamaño y valor catastral de la finca.

Sobre estas cuestiones han surgido en los últimos años numerosos pronunciamientos, sobre todo a raíz de la polémica surgida por el templo cordobés. Como el profesor de Derecho Civil y vicedecano de Investigación y Calidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Luis Javier Arrieta, experto en inmatriculaciones, que indicó que mientras "nadie justifique un mejor derecho" sobre la propiedad registrada, "el asiento de la iglesia subsistirá".

No existe un dato público de la cifra alcanzada por los registros de la iglesia pero Arrieta entiende que no es "descabellado hablar de miles de fincas registradas" por las instituciones eclesiásticas desde 1998. "Todos los asientos registrales son impugnables si se consideran erróneos o inexactos" aunque, puntualiza, "quien piense que es el propietario puede demandar y solicitar" su cancelación pero habría que examinar la historia del Derecho Civil en la Edad Media "porque no es admisible aludir a la imprescriptibilidad del dominio público justificándola tan sólo en la normativa actual".

Por su parte, desde las Comunidades Cristianas Populares han reprobado "todas las inmatriculaciones que la jerarquía está realizando sobre iglesias, capillas, ermitas" y otros bienes "sobre las que anteriormente no tenía derecho de propiedad". Esta actitud "escandaliza a todos los cristianos" y prueban, insistieron, "un celo de propiedad excesiva o de rapiña por parte de nuestra jerarquía".

No hay "norma legal" que beneficie a la iglesia

"No existe norma legal que contemple una posible reducción o bonificación para los bienes inscritos o inmatriculados a favor de la iglesia", según el Colegio de Registradores de España. Pero, de hecho, el primer registro de bienes inmuebles se hace a bajo coste para las arcas eclesiásticas. En el caso de las empresas o inscripciones personales, "las inmatriculaciones no tienen un coste fijo, sino que el mismo variará en función del valor de la finca o derecho".

El arancel de los derechos de los registradores de la propiedad está aprobado por el Real Decreto 1427/89. El número 2.1 de la tasa "contempla una escala gradual para el cálculo del coste derivado de las inscripciones". Tramos "o escalas correspondientes" que se aplican según el tipo de inmueble a registrar. No hay una cuantía fija y pueden sumarse conceptos como "el asiento de presentación" (6 euros), "las notas de afección fiscal" (cuya práctica devenga 3 euros) o los costes de publicación del edicto.

Por ejemplo, por la inscripción, anotación o cancelación de una finca o derecho cuyo valor no exceda de 6.010,12 euros está fijada la cantidad de 24,04 euros. Por el exceso hasta 30.050,61 euros, 1,74 por 1.000. Así, en escala hasta 0,20 por 1.000 cuando el valor supere 601.012,10 euros.

Existen reducciones "en función del tipo de derecho a inscribir". Ahora bien, indica el Colegio de Registradores, "y centrándonos en las inmatriculaciones, debe señalarse que el arancel no contempla reducción expresa para este tipo de inscripciones". También hay bonificaciones de un 50% del derecho "cuando legalmente resulten obligados al pago" que repercuten en las administraciones públicas, partidos políticos y organizaciones sindicales.


* El Diario - Juan Miguel Baquero - 19.4.15
Foto: La Catedral de Sevilla. / J.M.B.

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La alcaldesa de Rota suma su tercer procesamiento judicial

Un caso de corrupción flagrante el de la alcaldesa 'popular' de Rota (Cádiz), E.Corrales; en apenas un mes ha sido procesada tres veces por delitos urbanísticos. Similar al caso de S.Castedo en Alicante, por ejemplo, la alcaldesa favorecía ilegalmente a un constructor amiguete en convenios urbanísticos adjudicados a dedo, vulnerando a sabiendas la Normativa existente. Lejos de achantarse y dimitir inmediatamente, o ser cesada, continúa actualmente con su actividad delictiva y pretende seguir en el cargo a pesar de los procesamientos judiciales. Hay políticos que tienen la cara más dura que el cemento armado.
"ELPAÍS* : Primero fue el caso Horas Extra. Después el caso Uniformes. Y ahora el caso Convenios. Con este último, la alcaldesa de Rota (Cádiz), Eva Corrales (PP), y su socio de gobierno, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), suman su tercer procesamiento judicial en apenas un mes. A pesar de ello su partido la respalda y ella mantiene su decisión de liderar la candidatura a la alcaldía de su ciudad el próximo 24 de mayo.

En el nuevo auto de acusación, la juez atribuye a Sánchez y Corrales la comisión de “graves irregularidades” en la adjudicación de contratos de obras a un empresario de la localidad. Entre los demás imputados, está también el secretario del Ayuntamiento.

“En el ejercicio de sus cargos, y con la colaboración de los demás imputados, Eva Corrales y Lorenzo Sánchez celebraron diversos negocios jurídicos y convenios urbanísticos con las empresas del también imputado Felipe Castellano, vulnerando de forma flagrante y a sabiendas la normativa urbanística y reguladora de las entidades locales, con el fin de beneficiar tanto a Felipe Castellano como a Lorenzo Sánchez”, resume la juez en su auto.

La actuación fraudulenta consistía, según la juez, en firmar convenios urbanísticos en los que se obligaba al Ayuntamiento a entregar sumas de dinero procedente de subvenciones a las empresas de Castellano. Las cantidades se devolvían en otro convenio mediante la adjudicación de obras públicas sin licitación. Esos convenios eran promovidos por Sánchez, entonces alcalde, y por Corrales, como delegada de Planeamiento antes de asumir en 2010 la alcaldía. Necesitaron para ellos de técnicos como el secretario del Ayuntamiento de Rota, al que la juez acusa de ocultar a sabiendas irregularidades. Los tres convenios, con un montante de cuatro millones de euros, necesitaban para su aprobación informes que no se presentaron pero, a pesar de ello, salieron adelante.

La juez ha comprobado que el empresario era beneficiado por las adjudicaciones directas sin competencia mientras que Lorenzo Sánchez también obtenía rédito al contratar las empresas de Felipe Castellano con compañías de su entorno o dirigidas directamente por él, aunque estuviesen al nombre de su mujer y la de otro exedil Ismael Puyana, igualmente imputado. Estas empresas facturaron de Felipe Castellano más de medio millón de euros.

El auto atribuye los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a Corrales y Sánchez y suma el de cohecho para el exalcalde. Esta resolución es recurrible. Si no prospera ese recurso, será la tercera vez que Eva Corrales y Lorenzo Sánchez tengan que sentarse en el banquillo por irregularidades en su gestión. Ya fueron juzgados y esperan sentencia del caso Horas Extra, y esperan la fecha del juicio por el caso Uniformes. El PSOE ha lamentado que ambos, con tres acusaciones en curso, sigan liderando sus respectivas listas a las alcaldías, a pesar de los graves delitos a los que se enfrentan.


* El País - PEDRO ESPINOSA - 15.4.15
Foto: Rota (Cádiz), alcaldesa Corrales - google

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Imputan al ex alcalde de Cómpeta por autorizar 15 chalés en una parcela rústica

Continúan saliendo casos de viviendas ilegales en la Axarquía malagueña, una zona donde la permisividad municipal ha permitido los delitos reiterados contra la Ordenación del Territorio, alterando gravemente el paisaje y los recursos municipales. En Cómpeta, el exalcalde L.López es imputado de nuevo, cuando ha sido ya juzgado y sentenciado anteriormente en varias ocasiones relacionadas con el urbanismo ilegal. La justicia por fin ha actuado pero se ve que algunos no aprenden nunca.
"MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López volverá a sentarse en el banquillo por un caso relacionado con el urbanismo ilegal y por el que se enfrenta a tres meses de prisión, 21 meses de multa y 19 años de inhabilitación por dar licencia para construir una urbanización de 15 viviendas unifamiliares.

El juicio está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga el próximo 28 de abril y junto a él se sentarán el promotor de la obra y el arquitecto municipal.

Los tres están acusados por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por una licencia supuestamente concedida en 2003 para construir una urbanización en una finca de casi 1.800 metros cuadrados en terreno rústico situado en el paraje conocido como Pagolasalara.

Sin embargo, en el escrito de acusación de la Fiscalía de Málaga, se hace constar que el ex alcalde previo acuerdo con el constructor supuestamente autorizó la segregación de la parcela en cuestión de la finca matriz como urbana tal y como se refleja en la escritura pública. Por ello, el fiscal destaca que hubo "connivencia" entre ambos para calificar como urbana una parcela que no lo era mediante un procedimiento que califica como "burdo".

Así pues, el promotor pidió en mayo de 2003 licencia de obra para construir las 15 viviendas adosadas, más una planta de almacén y otra de garaje, para lo que presentó en el Ayuntamiento un proyecto básico. El arquitecto municipal emitió un informe técnico favorable, sujeto a varias condiciones que consistían en modificar la altura máxima permitida y presentar un proyecto de ejecución.

El escrito de acusación subraya que la comisión de gobierno del Consistorio se abstuvo de aprobar la licencia municipal ante los condicionantes exigidos por el arquitecto, si bien añade que presuntamente el ex alcalde resolvió por sí mismo la autorización de licencia "conociendo la verdadera naturaleza del suelo y sin contar el acuerdo de la comisión".

Los 15 chalés supuestamente ilegales, que fueron vendidos y habitados en su totalidad, son objeto además de un procedimiento contencioso-administrativo aún pendiente de resolver por la denuncia interpuesta por vecinos de la zona, ya que presuntamente la urbanización de ese suelo supuso la invasión de parte de un carril de circunvalación de dominio público.

Por todos estos hechos, el fiscal pide para el promotor de la obra la pena de seis meses de prisión, una multa de doce meses e inhabilitación de un año para cargo relacionado con la construcción como autor de un presunto delito contra la ordenación del territorio, y 15 meses de multa y la inhabilitación de cargo público de siete años como cooperador necesario de un delito de prevaricación.

En cuanto al arquitecto municipal y el ex alcalde, la pena que pide el ministerio público es para cada uno de tres meses de prisión, multa de seis meses e inhabilitación de 12 años como cómplices de un delito urbanístico. Mientras que se enfrentan a otros 15 meses de multa y siete de inhabilitación como responsables de un presunto delito de prevaricación.

López, que fue alcalde de Cómpeta durante 16 años hasta 2007, ha sido juzgado en numerosas ocasiones por delitos urbanísticos y cuenta con dos sentencias firmes por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La primera fue en 2008 y en ella fue condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística.


* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 13.4.15
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com

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Málaga.- Urbanismo con tintes eclesiásticos

La Iglesia Católica continúa siendo la mayor propietaria de edificios y espacios urbanísticos en este país. Últimamente se está viendo al registrar privadamente bienes que vecinos y asociaciones consideran comunitarios. Su poder es desorbitado; además, el favoritismo que mantiene gobierno tras gobierno es llamativo en todos los aspectos, incluido el apartado de impuestos y subvenciones públicas. En Málaga, el Ayuntamiento ha cedido una treintena de parcelas a cofradías para casas hermandad. La conexión con la Iglesia se extiende a ayudas para rehabilitar edificios, algo que excede de lo habitual para casos de Patrimonio monumental.
"MÁLAGAHOY* : Que una obra como la del Metro, en la que se han invertido más de 600 millones de euros desde el inicio de los trabajos hace ahora poco menos de nueve años, planifique hasta el último detalle de su calendario con el objetivo de no afectar el desarrollo normal de la Semana Santa a su paso por la Alameda Principal es fiel reflejo del respeto-deferencia con la que, en general, todas las administraciones públicas afrontan su relación con esta tradición.

Pero el suburbano sólo es un actor más en un escenario en el que se cuentan por decenas los movimientos de los estamentos públicos, en especial del Ayuntamiento de la ciudad, en favor de los colectivos cofrades.

Sin entrar en valoraciones sobre la idoneidad o no de esos vínculos, las actuaciones constatan este favorable comportamiento de lo institucional hacia lo religioso, siendo el mundo cofrade parte indivisible del mismo. Datos oficiales manejados por el propio Consistorio elevan a más de 120.000 metros cuadrados de suelo municipal cedidos a diferentes confesiones religiosas desde 1995. De entre todas, destacan los acuerdos con el Obispado para la apertura de centros parroquiales. Esta institución se ha beneficiado de los derechos de superficie y concesiones demaniales de más de 80.000 metros cuadrados desde 1998.

Esta conexión con la Iglesia Católica se extiende en el capítulo de subvenciones otorgadas para la rehabilitación de inmuebles. Un documento municipal, titulado Pluralismo religioso en Málaga: Un Ejemplo de Convivencia y Diversidad, cifra en casi 5,9 millones de euros lo aportado en esta materia desde la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico hasta el año 2013. A esa cifra, en el último año y pocos meses pueden agregarse casi 200.000 euros más correspondientes a otros convenios de intervención.

Entre ellas, por ejemplo, un acuerdo, por 70.586 euros, con la Provincia Agustiniana Maritense, para rehabilitar la fachada trasera de su iglesia conventual de San Agustín; otro con el Obispado por 53.012 euros para la rehabilitación del Palacio Episcopal, cifra que se sumó a otros 45.486 ya aportados meses antes. A modo de comparación sirva como referencia que entre 1998 y 2014, según las estadísticas municipales, salieron de las arcas públicas casi 82 millones en subvenciones para la rehabilitación de edificios, ya estuviesen situados en el casco histórico o en las barriadas.

En el caso concreto de las organizaciones cofrades, son casi una treintena las cesiones a coste cero de suelo acordadas en las dos últimas décadas. La entrega de estos espacios no tiene otro fin que el de que esos colectivos puedan construir en los mismos sus sedes o casas hermandad. La suma de todas estas piezas suponen más de 7.000 metros cuadrados. A este premio, que se traducen en concesiones demaniales por un plazo de hasta 75 años, cabe añadir un beneficio posterior, consistente en la aplicación de bonificaciones del 50% en el ICIO a aquellas "construcciones promovidas por cofradías y hermandades agrupadas para construir sus respectivas sedes". Esta circunstancia que iguala a estos colectivos con las construcciones, instalaciones y obras realizadas o promovidas total o parcialmente por el Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos.

Sin embargo, a pesar de estas realidades, en el seno de las cofradías no se tiene la percepción de ser un colectivo "privilegiado" por el Ayuntamiento. "Yo no diría que sea un privilegio; en muchos casos son suelos que llevan muchos años sin uso y hay que recordar que las cofradías damos mucha vida a los barrios y que nuestros salones sociales suelen emplearse también para actos que no son ni cofrades", valoró Eduardo Pastor, presidente de la Agrupación de Cofradías de la ciudad.

A su juicio, más allá de la estación de penitencia que celebran las cofradías, la Semana Santa genera un impacto que beneficia, por ejemplo, a los empresarios. "Es razonable que haya estas concesiones por parte del Ayuntamiento y que disfruten los vecinos, los parroquianos; las cofradías hacen una labor importante", afirmó, al tiempo que añadió: "Ganamos todos; en ningún caso hay un privilegio". Pastor recordó que con las últimas cesiones firmadas todas las agrupaciones tienen ya parcelas para sus casas hermandad. Aunque no en todos los casos con cesiones municipales. Sobre ello, indicó que muchas optaron por comprar el solar donde se asientan.

Junto a estos terrenos, son habituales las cesiones de locales por parte del Ayuntamiento a estas mismas entidades, si bien esta hoja de ruta beneficia en los mismos términos a numerosos colectivos sociales y de vecinos. La puesta a disposición de estos espacios públicos está regulada desde finales del año pasado por una ordenanza específica que, en la línea de lo que ocurre con las subvenciones, obliga a exponer a la libre concurrencia la cesión de los mismos. No obstante, como admite la directora general de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, esta normativa no rige sobre las concesiones demaniales que suelen solicitar las cofradías a la Gerencia de Urbanismo para la cesión de suelos.

Entre los convenios de cesión de parcelas municipales más recientes en el tiempo se encuentran los suscritos con la Cofradía del Sagrado Descendimiento, que ha permitido a esta entidad instalar su casa hermandad en parte de las dependencias del Hospital Noble. La ocupación del inmueble ha obligado a trasladar de su asentamiento tradicional a varias delegaciones municipales, con el consiguiente gasto añadido de adecuación de las nuevas instalaciones.

En la última semana la Junta de Gobierno Local dio luz verde a otras dos concesiones demaniales en favor de Dulce Nombre y Mediadora, ambas por 75 años. Una senda que ya se siguió el año pasado para ceder a las Cofradías Fusionadas 590 metros cuadrados en la nueva Plaza de Camas para la construcción de su hermandad.

A lo largo del último año, en lo relativo a locales, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) acordó la cesión de uso de dos espacios comerciales en la promoción de VPO de Divina Pastora, de 186 metros, a la Archicofradía de María Auxiliadora, y a la antigua cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, en Soliva. Este mismo departamento concedió una subvención de 30.000 euros a la Hermandad del Prendimiento para rehabilitar la fachada de su sede.

Otros acuerdos alcanzados por el Ayuntamiento con otras religiones trajo consigo, por ejemplo, la venta de una parcela en la calle Ingeniero de la Torre Acosta para la construcción de la Mezquita, con 3.828 metros de superficie; a los Testigos de Jehová, se les vendió en 1993 una parcela de 1.700 metros junto al arroyo Jaboneros, a la que se sumó el derecho de superficie en 2003 sobre un solar de 8.000 metros en La Roca. La Comunidad Israelita en Málaga recibió un derecho de superficie sobre un solar de 430 metros cuadrados en plena judería para un centro comunitario y una sinagoga (el proyecto sigue sin arrancar). La Iglesia Evangélica de Filadelfia dispone de dos derechos de superficie sobre sendas fincas en la plaza San Cruz, de 1.445 metros para un centro de rehabilitación de drogadictos, y la calle Pizarro, de 179 metros, para templo.


* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez - 5.4.15
Foto: Málaga, arzobispado - malagahoy

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Imputadas 63 personas por construcciones ilegales en El Puerto de Santa María

No hace falta remontarse muy lejos en el tiempo para reconocer que el urbanismo en El Puerto (Cádiz) ha sido catastrófico y lleno de ilegalidades; en este mismo Blog se puede comprobar lo sucedido en los últimos años. El asunto de las miles de viviendas irregulares continúa a pesar de haberse realizado un nuevo Plan General. El Ayuntamiento 'popular' gobernante siempre ha pretendido legalizarlas como fuera, mientras la Junta socialista callaba y otorgaba con complicidad. La justicia ha estado también poco diligente, como suele ser su norma urbanística, aunque ahora ha imputado a 63 propietarios por delito contra la Ordenación del Territorio. Ya veremos si esto sigue adelante porque, de momento, derribos ha habido muy pocos y las sanciones pueden prescribir.
"ANDALUCES* : El equipo del Área de Medio Ambiente y Urbanismo de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma en Cádiz ha instruido diligencias por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística y ha imputado a un total de 63 personas por una serie de construcciones ilegales detectadas en la localidad de El Puerto de Santa María.

En una nota, la Junta explica que las investigaciones se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Cádiz como consecuencia de una denuncia presentada por la organización Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María, lugar en el que, presuntamente, se habían cometido las irregularidades.

Esta denuncia es una recopilación de varias que fueron formuladas por la organización ecologista entre los años 2008 a 2012, todas relacionadas con construcciones que, presuntamente, vulneraban la legalidad urbanística por estar levantadas sobre suelo no urbano ni urbanizable, “sin que los responsables municipales del Ayuntamiento con competencias en la materia actuaran disciplinariamente contra las mismas”, según destacaban los denunciantes.

NO HACER NADA ES DELITO

De esta forma, las denuncias de esta organización iban inicialmente dirigidas contra el Ayuntamiento de El Puerto por la “laxitud y pasividad del mismo”, al no utilizar los medios legales que existen a su alcance para impedir las construcciones, al no haber actuado con la diligencia debida al permitir la continuación de las obras, al no haber instado al restablecimiento de la realidad física alterada en los casos que procedieran y al no actuar disciplinariamente, con incumplimiento de la ley, lo que permitió la proliferación de las construcciones ilegales en la zona.

Las primeras investigaciones por esta cuestión provocaron la apertura de varias diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción numero 2 de El Puerto de Santa María, que fue el que encargó al Área de Urbanismo y Medio Ambiente de la Unidad Policial Adscrita a la Junta de Andalucía en Cádiz las oportunas investigaciones y la instrucción del correspondiente atestado.

Fruto de esta actuación, los agentes identificaron a todos y cada uno de los propietarios de las construcciones ilegales, que fueron citados en sede policial, y se imputó a un total de 63 personas por dichas construcciones que habían sido realizadas “sin ningún tipo de permiso o licencia”.

SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Detalla que muchas de las parcelas en las que se habían realizado las construcciones habían sido transmitidas mediante documentos privados o entre familiares, por lo que fue necesario determinar quiénes eran los propietarios reales de las parcelas, ya que “no constaban en ningún tipo de registro público”.

Las zonas en las que se detectan las construcciones ilegales, muchas de ellas viviendas, son conocidas como Pago Buenavista, Laguna Chica y Pago Machete, todas ellas catalogadas como suelo no urbanizable de especial protección, ya que están incluidas dentro del denominado Corredor Verde.

Destaca que, de hecho, el Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz incluye por planificación territorial suelos de El Puerto de Santa María en la Red de Espacios Libres de la Bahía de Cádiz desde el año 2004. Las diligencias policiales ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María.


* Andaluces diario - 1.4.15
Foto: El Puerto (Cádiz), diseminados - bahiadecadiz



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La falta de medios lastra los grandes macrocasos de corrupción de la Costa del Sol

Se viene diciendo desde hace tiempo: la justicia urbanística es incapaz de resolver correctamente los innumerables casos de corrupción habidos durante los últimos años en el país, bien sea por falta de medios o bien por 'tancredismo'. En la Costa del Sol, donde hay sobreabundancia de tramas especulativas, la gravedad por inacción judicial ha llegado a ser alarmante. El supercaso Malaya de Marbella aun no está cerrado definitivamente y a la cola están Astapa (Estepona), Arcos (Alhaurín) y un largo etcétera. Además de la tardanza insostenible, otro tema que salta a la vista es la benevolencia 'injusta' de la justicia con los capos más importantes que, habiendo defraudado miles de millones a las arcas públicas, terminan con penas insignificantes para el daño realizado a los ciudadanos y al Territorio.
"LAOPINIÓN" : Málaga siempre lidera las listas nacionales en cuanto a corrupción y presencia de mafias internacionales. Varios datos ilustran esa afirmación: la Fiscalía insistió en su memoria de 2014 en retratar a la Costa del Sol como centro de actividad del crimen internacional –se recibieron 164 peticiones de cooperación judicial internacional en 2014, un 29% más que en 2013–; y los delitos relacionados con la corrupción crecieron entre 2012 y 2013 un 109%, después del incremento del 200% el ejercicio anterior.

Con ese caldo de cultivo, no es de extrañar que los juzgados estén al borde del colapso y que las unidades policiales no avancen en los grandes sumarios de corrupción del litoral. Frente a Malaya, que contó con todos los medios, los nuevos casos nacen lastrados por los escasos apoyos humanos y materiales.

Para Ballena Blanca y Malaya las autoridades consintieron en la creación de salas bis, es decir, tres magistrados y una oficina de funcionarios al completo para tramitar esos procesos al margen de las secciones originales, en este caso la Segunda y la Primera, que siguieron funcionando con otros tantos togados y empleados públicos y enjuiciando los casos normales. Los nuevos macroprocesos que llegan ahora a su fase de enjuiciamiento se están señalando para dentro de muchos meses: el caso El Pinillo –convenio urbanístico con los protagonistas marbellíes de ayer y hoy– se ha fechado para febrero de 2016; Fergocon, con un papel destacado de los hermanos Del Nido, se celebrará en septiembre de 2015; Goldfinger –otra vez marbella, y, aunque no está acusado, la sombra del actor escocés Sean Connery– se fija en enero de 2016 y Arcos, la mayor trama de todas con medio centenar de acusados por corrupción en Alcaucín, se celebrará el 7 de noviembre de 2016.

Sección Tercera

En el caso de la Sección Tercera (Arcos y El Pinillo) llegará un magistrado extra a la sala –habrá cuatro– de forma que siempre haya uno libre y los otros tres puedan formar tribunal. Sólo para Arcos se han señalado setenta días diferentes, pero además hay que sacar abusos, asesinatos, homicidios, apropiaciones indebidas, estafas, juicios igualmente importantes, al menos para los afectados y los jueces, que los casos de corrupción. Además, hay ya una funcionaria trabajando con el sumario y las citaciones. El sumario asciende a decenas de miles de folios. Antes, en la época de Malaya y Ballena Blanca –2006/2012–, lo normal hubiera sido que se crearan salas bis, pero ahora las cosas han cambiado.

Fuentes judiciales indicaron que para los jueces tan importante como estos procesos son los casos que afectan al que le han estafado en la compra de un piso o a una víctima de abusos. Un macroproceso puede hundir una sección y no sólo hay asuntos de corrupción: las cinco secciones penales malagueñas están curtidas en el enjuiciamiento de tramas de narcotráfico de veinte o treinta acusados, con delitos económicos asociados.

Cada una de las Salas tendrá un cuarto magistrado de apoyo pero está menos claro que, como ocurría en el pasado, los ponentes –los redactores de la sentencia– puedan dedicarse únicamente a darle forma al fallo mientras dure el macroproceso –como pasó con Malaya, por ejemplo–.

Caso Astapa

En cuanto a Astapa, la gran causa de corrupción que roza el centenar y medio de imputados, la situación es similar, aunque en este asunto aún se está en la fase de instrucción –las detenciones se produjeron en junio de 2008–. Las dos unidades de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que tiran del hilo en Estepona están desbordadas. «La unidad de Madrid lleva otros casos de corrupción de todo el país y no dan abasto», indicaron las fuentes, que insistieron en la profesionalidad de los policiales judiciales pero que reseñaron el ingente trabajo que tienen y las dificultades para hacer los informes finales y entregarlos en Estepona 1, el juzgado en el que el juez Jesús Torres intenta cerrar el asunto. Hay evidente preocupación en las altas esferas judiciales por el futuro de este asunto.

Lo mismo ocurre con los peritos de Hacienda que deben dibujar el esqueleto económico de la trama, ya que tienen que hilar también fino –al menos uno de ellos– en los ERE que investiga Mercedes Alaya, agregaron esas fuentes consultadas por este periódico.

Hay un miedo evidente de que el gigante que es Astapa, al que se llegó a llamar el hermano pobre de Malaya, se quede en nada tras siete años de investigación, aunque lo cierto es que la falta de medios ha lastrado este proceso desde su génesis.


* La Opinión Málaga - José Antonio Sau - 8.3.15
Foto: Marbella, juicio Malaya - EP

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Ronda.- Quieren permitir la urbanización en un paraje singular

De nuevo se pretende cometer un atentado urbanístico de importante repercusión en Ronda, el gobierno 'popular' municipal pretende modificar el Plan General para permitir urbanizar un paraje protegido paisajísticamente como el conocido de 'Cornisas del Tajo'. En 2008 la cómplice Comisión provincial de Urbanismo malagueña aprobó el Plan Parcial, basándose en una sentencia judicial ambigua. Es decir que, de nuevo, estamos ante un caso flagrante de especulación urbanística donde actúan negativamente todos los poderes del Estado. Unos por otros, al final son los ciudadanos rondeños, y los miles de visitantes que acuden allí, los perdedores de esta acción criminal contra el Territorio.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Desde Ecologistas en Acción - Serranía de Ronda anunciamos que se van a retomar acciones judiciales contundentes para parar de una vez la desmesurada urbanización de 17 hectáreas del mejor territorio paisajístico con el que cuenta Ronda, en la zona popularmente conocida como Cornisas de la Hoya del Tajo. El objetivo es reintegrar a los rondeños cada metro cuadrado del espacio denominado “Parque Sur”, para su uso y disfrute, como preveía el PGOU de Ronda aprobado antes de la sentencia del Supremo.

Para esta asociación, todos los implicados - promotores, políticos y técnicos - se escudan en una supuesta y aparente “ejecución” de una sentencia del Tribunal Supremo para justificar el atropello frontal de toda la normativa y políticas vigentes en materia urbanística, desarrollo rural, turismo sostenible, patrimonio cultural y medio ambiente.

Fue la Comisión Provincial de Urbanismo la que, en una clara desviación de poder, acordó ejecutar la sentencia y aprobar de forma definitiva el plan parcial en 2008. Sin embargo, un reciente informe de la Jefa del Servicio de Urbanismo provincial, Carmen Marzo Solís, deja patente que ese acuerdo de la Comisión Provincial pudo ser objeto de recurso sin que ningún ente público lo hiciera.

En la sentencia de instancia, confirmada por el Supremo, el Presidente del TSJA, Joaquín García Bernaldo de Quirós, reprochó a ambas administraciones su inactividad en defensa del uso público de la zona y de su valor paisajístico, y decía textualmente:

“Por último, añadiremos que llama extraordinariamente la atención a esta Sala la escasa oposición que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha realizado en el presente Recurso a los alegatos [del promotor], así como que el Ayuntamiento de Ronda no se haya personado tampoco en autos.”

La modificación del PGOU que el equipo de gobierno del Ayuntamiento quiere ahora perpetrar, aunque afortunadamente con la oposición de otros partidos, supone poner la administración municipal al servicio de un simple interés privado, se fundamenta en una supuesta inevitabilidad, y está marcada en el tiempo por la bulla de los propietarios para vender los terrenos a un tercero, que los necesita como inversión especulativa.

Frente a ello, la ciudadanía debe saber que el proyecto no cuenta con abastecimiento de agua ni cumple la normativa internacional en materia de protección del paisaje: se encuentra en el interior de la Reserva de la Biosfera Intercontinental. Además, existen alternativas para proteger la zona sin coste alguno para el Ayuntamiento y los contribuyentes, que el equipo de gobierno no quiere utilizar, para que los propietarios puedan obtener una rentabilidad que de otra manera no obtendrían de ningún modo.

Desde Ecologistas en Acción entendemos que este nuevo proyecto (gran hotel de súper-lujo, “estilo Villa Padierna”) no está conforme con las políticas turísticas aplicables a Ronda, tal como sostienen los promotores y algún que otro político. Es todo lo contrario.

El Plan de Turismo de Ronda se fundamenta en el hecho de que “conviene marcar límites al crecimiento y control del modelo (hoteles y restaurantes pequeños y con encanto)… La oferta de alojamientos ha de crecer fundamentalmente en los niveles más altos, tres y cuatro estrellas, en la línea de los actuales hoteles con encanto de Ronda, con un ritmo anual de crecimiento lento que permita mantener y subir los actuales grados de ocupación, captar las demandas adecuadas y planificar el territorio debidamente.” La última cifra oficial de ocupación hotelera en Ronda es del 46,7%.

Según la alcaldesa de Ronda, Mª Paz Fernández, “asumir cualquier pago sería imposible… el Ayuntamiento no podría indemnizar de ninguna forma. No queda ninguna otra posibilidad que permitir la construcción”. Para Ecologistas en Acción, la Alcaldesa dio en la clave con estas declaraciones hechas después del Pleno de diciembre 2014. Defendiendo el interés de los promotores, quiere hacer creer que impedir la construcción requeriría indemnizar a los propietarios, por lo que se ha “vendido” a la opinión pública una ejecución aparente de la sentencia de los tribunales.

Lo que no quiere, sin embargo, es usar alternativas que requieren “pensar”: basta con aplicar el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, y cambiar el planeamiento o promover permuta con los propietarios. Pero eso sería defender el interés público, y queda claro que el único interés que le “interesa” es el privado.


* Ecologistas en Acción - 18.2.15
Foto: Ronda (Málaga), cornisas del Tajo - EA

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El responsable político de los inmuebles de Interior, a juicio por doble venta de viviendas

El exalcalde 'popular' de la Línea, A.Sánchez, debió ser ascendido al cargo de jefe de gabinete del 2º del ministro de Interior, según la norma surrealista del PP, tras su delito en el municipio gaditano. El que ahora es el máximo responsable político de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado, es decir, de los inmuebles de Interior, ha podido cometer fraude por la doble venta de un local comercial, y va a ser juzgado en breve. Resulta increíble que un cargo con tanta responsabilidad esté imputado y desde el Ministerio de Interior no hayan dicho 'esta boca es mía' ni hayan destituido antes a semejante personaje. Así ocurren las cosas en la corrupción urbanística.
"PÚBLICO* : Un zorro vigilando las gallinas. Con esa metáfora se podría equiparar el nuevo escándalo que ha salpicado al Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. Alejandro Sánchez, jefe de gabinete de su número dos, se sentará en el banquillo por un delito de estafa cometido, presuntamente, durante su etapa como alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz). Quien ahora es el máximo responsable político de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (Giese), es decir, de los inmuebles de Interior, podría haber cometido fraude por la doble venta de un local comercial.

De hecho, Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo y se enfrentará a cuatro años de cárcel. Y, pese a todo, sigue ocupando su alto cargo en el Ministerio. A día de hoy, ni él ha dimitido, ni Fernández Díaz le ha destituido.

El Giese, según lo define la propia web del Ministerio, es "el organismo autónomo encargado de la gestión y venta de inmuebles" de dicho departamento. Es decir, su función es administrar cualquier asunto relacionado con la planificación de edificios destinados a la seguridad.

En su organización interna, el máximo responsable es el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Alejandro Sánchez es su mano derecha, pero no sólo. También preside la Comisión Delegada del Giese, un órgano "clave" en la dirección del organismo, según fuentes del departamento.

¿Sus funciones? Aprobar enajenaciones y adquisiciones de bienes inmuebles hasta el límite de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros), aprobar contratos, autorizar la firma de todo tipo de convenios con entidades públicas y privadas, autorizar operaciones de crédito y endeudamiento o convocar subastas públicas para la enajenación de inmuebles, tal y como se especifica en el documento del BOE que recoge "la composición y competencias" de la citada Comisión Delegada del Giese.

Hombre de máxima confianza de Fernández Díaz, con quien comparte su pertenencia al Opus Dei, llegó a ese cargo en octubre de 2012, cuando Ignacio Ulloa era todavía secretario de Estado de Seguridad. Poco después fue sustituido por Francisco Martínez, sin que ello afectara a su puesto.

Antes de eso, Alejandro Sánchez era concejal en su pueblo (La Línea), presidente del PP local y vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Cádiz. En 2009, además, fue investido alcalde después de que su antecesor, Juan Carlos Juárez (también del PP), fuera condenado a seis meses de inhabilitación.

Como regidor, Sánchez ocupaba también la presidencia de la empresa de vivienda pública de La Línea, Emusvil. En 2010, negoció con un empresario la venta de un local comercial. Finalmente, el empresario no compró el establecimiento, sino que se le cedió voluntariamente porque años atrás el Ayuntamiento le había cobrado 300.000 euros de alquiler por un recinto que nunca pudo utilizar. No obstante, sí se produjo la firma de un contrato en el que Sánchez, como responsable de Emusvil, adjudicaba el inmueble al empresario en cuestión.

Sin embargo, Emusvil había negociado, de forma paralela, el mismo local con otro empresario diferente. Un año después del primer contrato, otro de los responsables de la empresa pública, también procesado ahora, firmó la compraventa del segundo. Según el testimonio de otra imputada, Sánchez conocía todos los detalles de esa doble venta del local.

El alto cargo de Interior -que, de momento, continúa ocupando su cargo- negó haber tenido conocimiento de esa segunda venta. Pero la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado su petición de no imputación y confirmado, por tanto, su procesamiento por un "delito de estafa en la modalidad de doble venta". Se le ha abierto juicio oral y se enfrenta a cuatro años de cárcel.

Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con Alejandro Sánchez. Fuentes del Ministerio del Interior se limitan a esgrimir que en el departamento "respetan las decisiones judiciales". Al cierre de esta edición, Sánchez no había sido cesado de su cargo ni había presentado su dimisión.


* Público - Paula Díaz - 20.2.15
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com

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El fiscal solicita una pena ejemplar para la exalcaldesa de Jerez por el 'caso PTA'

Poco a poco se va desarrollando el juicio contra la exalcaldesa socialista, Pilar Sánchez, y sus movimientos urbanísticos corruptos para favorecer a la empresa 'amiga' TISA, saltándose las normativas y presionando a los técnicos hacia sus fines partidistas. El resultado del concurso del Parque Tecnológico, gracias a estos chanchullos urbanos, fue claramente contrario a los intereses del municipio, que dejó de percibir una importante fuente de ingresos, al reducir artificialmente el precio del suelo, aunque finalmente la bancarrota del ayuntamiento jerezano impidió llevarlo adelante.
"LAVOZDIGITAL* : Recta final del juicio que sienta en el banquillo por tercera vez a la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), por el presunto trato de favor a una empresa 'amiga' a la que el Ayuntamiento le concedió una subvención de más de 244.000 euros sin que reuniera los requisitos para su instalación en el fracasado Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez.

El delegado Anticorrupción del Ministerio Público ha defendido un duro informe final esta mañana durante dos horas. En él ha solicitado al tribunal de la Audiencia Provincial que imponga «una pena ejemplar» porque considera que a lo largo de tres semanas de vista oral ha quedado acreditado que las personas que gobernaban en el momento de ocurrir los hechos (2005-2009) «faltaron a las normas básicas, se saltaron la ley a la torera y presionaron a técnicos» para favorecer a la empresa TISA.

El menoscabo que habría generado esta actuación a las arcas públicas jerezanas, defiende el fiscal, está en que «dejaron de ingresar esa cantidad». Una cifra que fue el resultado de la reducción del precio del suelo que se le ofreció a TISA dentro del PTA.

El fiscal Anticorrupción ha recordado que este trato preferente a una empresa que finalmente no puso en marcha su proyecto en Jerez se produjo en un contexto «de bancarrota» del Ayuntamiento de Jerez, con graves problemas para pagar gastos corrientes y la nómina municipal.

Así, mantiene la petición de siete años de cárcel y 17 de inhabilitación para Pilar Sánchez; cuatro años y medio para el exdelegado de Fomento, Francisco Lebrero; cinco y medio para la exedil de Medio Rural, María del Carmen Martínez y penas inferiores de hasta dos años y tres meses para los responsables de TISA y un trabajador municipal.

Este último fue quien confesó a principio del juicio que firmó el informe de valoración de la empresa, que sirvió para concederle la mayor cantidad de subvención posible por indicaciones de la edil María del Carmen Martínez y pese a que su función en el PTA era la de un simple jardinero.

El jardinero y la peluquera

Durante la intervención del fiscal, la exedil María del Carmen Martínez no paraba de sollozar. "Ella era el brazo ejecutor de las órdenes dictadas de arriba, ¿y a quién se podían referir?" En varias ocasiones ha lanzado preguntas retóricas sobre quién podía ser esa persona, para concluir que "no podía ser otra" que Pilar Sánchez. "¿Qué interés podía tener una concejala y un jardinero en conceder una subvención a una empresa a espaldas de sus superiores?"

La concejala "prácticamente está condenada", dice el fiscal, desde que el capataz afirmó que siguió instrucciones de ellas para sustituir la firma de un técnico y falsear así el documento sobre el que se asentó la posterior concesión de ayuda.

La defensa de la concejala ha apelado en distintas sesiones a la falta de formación específica de su cliente para conocer el contenido de un estudio técnico de idoneidad empresarial, recordando que antes de dar el salto a la política, había sido peluquera. El fiscal ha rebatido de antemano ese argumento afirmando que "si estaba preparada para ser concejal, debe asumir sus responsabilidades y si no, que no hubiera aceptado ese puesto".

La prueba más contundente que ha manejado la acusación pública en este procedimiento ha sido el testimonio del director técnico que debió haber firmado el famoso informe, que reconoció presiones para que mejorara la valoración de TISA y que señaló directamente a la alcaldesa, cuando le llamó a su despacho, le entregó documentación sobre ese proyecto y los teléfonos de contacto. Una escena que describió ese testigo tanto en instrucción como en el juicio.

El Ministerio Público también ha recordado el correo electrónico que este empleado remitió al jefe de gabinete y marido de Pilar Sánchez, y al "hombre de confianza" de Francisco Lebrero. En él incluía un borrador con el informe que se negó a firmar. Para la acusación es un indicio solvente de que tanto la alcaldesa como su concejal de Fomento eran los destinatarios finales de ese material comprometedor.

Las defensas han atacado a la credibilidad de este técnico, afirmando que se movía por venganza al no ver colmadas sus aspiraciones de ser nombrado gerente del PTA y ha sido tachado a lo largo del juicio como una persona conflictiva y problemática, pero que sin embargo, nunca fue expedientado en el ejercicio de sus funciones.

Si el tribunal se inclina por los argumentos de la Fiscalía, la exalcaldesa de Jerez se vería abocada al ingreso en prisión al contar ya con una sentencia condenatoria de dos años.


* La Voz Digital - Silvia Tubio - 28.1.15
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu

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Urbanismo ampara los edificios de vanguardia en el conjunto histórico de Sevilla

En principio la noticia no es ni buena ni mala, todo depende del cómo se hagan los edificios de vanguardia y de si existen garantías de que cumplen con todos los requisitos exigidos por el Patrimonio de la ciudad. Para ello, además de las necesidades técnicas imprescindibles, se debe dar cauce a la participación ciudadana, a través de vecinos, asociaciones específicas, etc. En el caso Metropol (las setas de la plaza Encarnación) parece que no se dan todas las condiciones antes expuestas y el asunto está enredado en los tribunales; además de por su fuerte impacto urbano, por el sobrecoste de las obras. Pero ya, tratándose de Sevilla, hay que mencionar la más grave agresión al paisaje urbano realizada, como es la descomunal Torre Pelli en la Cartuja, que rompe abruptamente el horizonte urbano y su rico Patrimonio.
"ELMUNDO* : El plan especial de protección de la Encarnación que la Gerencia de Urbanismo se ha visto obligada a redactar de nuevo después de que el Tribunal Supremo anulara varios artículos del anterior, contiene toda una declaración de principios en pro de la arquitectura contemporánea en el interior del conjunto histórico declarado. No sólo da vía libre a las propuestas de vanguardia en los proyectos destinados a equipamientos y servicios públicos, sino que protege expresamente algunos de los edificios más polémicos de las últimas décadas, incluido el Metropol Parasol.

Las 'setas' de la plaza de la Encarnación, proyectadas por el arquitecto alemán Jürgen Mayer, se incluyen en el catálogo del plan especial como espacio urbano digno de protección. Urbanismo considera que la plaza, con todos sus elementos construidos, compone «un fragmento inequívoco de la historia de la ciudad y [...] posee un carácter simbólico representativo de su proceso de formación». En la misma categoría se incluyen la plaza del Cristo de Burgos y la plaza del Buen Suceso.

Las 'setas' obtienen, así, un grado de protección inicial sólo cuatro años después de su ejecución, que se produjo en medio de una considerable polémica por su impacto en el paisaje, sus problemas constructivos y su elevado coste, superior a los cien millones de euros. El proyecto se construyó, de hecho, con el amparo administrativo de un plan especial que el Tribunal Supremo ha declarado en gran parte nulo con posterioridad.

La asociación conservacionista Adepa, promotora del recurso judicial que terminó con esa declaración de nulidad, mostró ayer su indignación por el cambio de actitud demostrado por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que, según asegura, «ha pasado de sugerir la demolición parcial de las 'setas' a protegerlas oficialmente». Su presidente, Joaquín Egea, dijo ayer estar «decepcionado» por la actitud de la Gerencia de Urbanismo, donde, afirma, siguen imperando los mismos criterios técnicos que condujeron a la anulación judicial de una quincena de artículos del Plan General relacionados con los planes especiales de protección.

El del Metropol Parasol no es un caso único. El plan de la Encarnación confirma la catalogación B (global) que ya establecía el PGOU de 2006 para la sede del Colegio Oficial de Arquitectos (plaza del Cristo de Burgos), obra de Gabriel Ruiz Cabrero y Enrique Perea Caveda en 1986. Los técnicos de la Gerencia describen el edificio como «una apuesta valiente sobre cómo intervenir en un tejido histórico» y aseguran que se ha convertido «en una clara referencia de la arquitectura de la ciudad».

La firme apuesta que hace la Gerencia de Urbanismo por la arquitectura contemporánea en el conjunto histórico se refleja también en la atención que recibe el ensanche de la calle Imagen (años 50) con la protección patrimonial de la práctica totalidad de sus edificaciones. Se trata, a juicio de los redactores del documento, de edificios de concepción racionalista que suponen «piezas de gran interés por su modernidad e impronta en la ciudad». Con esta protección, la Gerencia toca uno de los puntos sensibles de los grupos conservacionistas, que consideran el ensanche de Imagen como una de las operaciones de destrucción paisajística más graves de las ejecutadas en el siglo XX en Sevilla.

Después de proteger estos edificios contemporáneos, Urbanismo abre la mano definitivamente a la arquitectura de vanguardia en el interior del conjunto histórico con la redacción del artículo 30 del plan especial, que, según Adepa, contraviene la Ley de Patrimonio Histórico. Mediante ese artículo, el Ayuntamiento establece una excepción del cumplimiento de las normas de protección paisajística para los edificios destinados a equipamientos y servicios públicos.

Señala el citado artículo que estos inmuebles «podrán adoptar las regulaciones y las formas arquitectónicas que se consideren más adecuadas, incluyendo las que sean de expresión de tendencias contemporáneas». Para estos edificios no rige la ordenanza municipal en relación a la «composición, morfología y uso de materiales», que tendrán un «mero carácter indicativo», señala el documento

Egea asegura que el nuevo plan rectifica algunas de la cuestiones censuradas por el TS, pero sigue dejando en el aire los criterios por los que se rigen las excepciones a la norma, lo que, en su opinión, reincide en el problema básico de arbitrariedad que viene padeciendo la conservación del patrimonio. Teme, además, que el plan de la Encarnación sirva de modelo a los que aún quedan por aprobar.


* El Mundo - FRANCISCO JAVIER RECIO - 27.1.15
Foto: Cubierta de los parasoles de la Encarnación y, al fondo, el conjunto histórico de la ciudad y la Catedral. J. MORÓN

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Andalucía.- Las viviendas ilegales ya se pueden regularizar en 82 municipios

Lo que nos temíamos está sucediendo finalmente: la Junta de Andalucía pretende regularizar (legalizar) los cientos de miles de viviendas ilegales existentes en la Comunidad. No todos los casos son iguales, evidentemente, pero al final lo que queda es una sensación de impunidad, de que aquí vale todo, alarmante. Los agravios comparativos que esta medida puede generar son numerosos y viene a decir que da igual saltarse las Leyes de Ordenación Territoriales porque al final: 'borrón y cuenta nueva'. El precedente que una medida como esta va a representar es igualmente bochornoso y delictivo. Como se ha comentado hay casuísticas diferentes, pero que se legalicen viviendas en suelo no urbanizable clama al cielo y parece una medida electoralista muy peligrosa sin pies ni cabeza.
"ELPAÍS* : 4.500 casas ilegales de Conil tienen más cerca su regularización. Esta semana este ayuntamiento del litoral gaditano hacía pública su incorporación al decreto de la Junta, aprobado en 2012, que daba luz verde a solucionar un problema enquistado en numerosos pueblos de Andalucía, el de la existencia de más de un cuarto de millón de viviendas sin licencia. 332 municipios (el 42,83%) han respondido a la llamada del Gobierno andaluz.

De esos, 82 ya tienen el avance aprobado, de forma que los dueños pueden ya tramitar el papeleo para que sus casas dejen el limbo legal en el que han estado tantos años. No obstante, queda mucho trabajo por delante. De hecho, unas 25.000 casas siguen esperando la reforma anunciada por Susana Díaz el pasado año, la que permitirá también dar cobertura a edificaciones construidas en suelos no urbanizables.

En 2012 la Junta de Andalucía decidió actuar para tratar de poner orden a tres décadas de urbanismo descontrolado. Todo un reguero de casas, urbanizaciones enteras, habían crecido en la comunidad sin control alguno. Al margen de las actuaciones judiciales, estas construcciones avanzaron sin problema y movieron mucho dinero e intereses. La administración dejó hacer. Pero la situación se complicó cuando muchos propietarios de esas casas demandaron una legalización que les permitiera acceder sin barreras a servicios básicos como la luz, el agua o el alcantarillado. Algunos dueños sabían de la irregularidad de sus viviendas. Otros, muchos extranjeros, compraron sin saber que su casa no tenía licencia. Y no lo sabían porque pagaban impuestos municipales creyendo que eso daba validez a su nuevo hogar.

El decreto de 2012 reflejaba una doble situación. Por un lado, muchas de esas casas ilegales se encontraban en zonas que la renovación de los planes generales de ordenación de cada municipio iban a hacer urbanos. Otras, en cambio, estaban en terrenos que, por su ubicación o características, jamás serían urbanizables. El proceso se encuentra en una primera fase de tramitación. Son los ayuntamientos, a petición de los interesados, los que tienen que poner en marcha el proceso. La Consejería de Medio Ambiente viene animando a los consistorios a poner mayor interés para realizar un diagnóstico de su municipio y dar la respuesta idónea. Cada gobierno municipal debe definir qué viviendas irregulares se encuentran en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitos rurales diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO).

“Estamos atendiendo un problema general de Andalucía aunque deben ser los ayuntamientos los que completen todo este proceso”, asegura Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente. 332 municipios ya han superado esta primera fase. 201 han comunicado a la Junta que el decreto es innecesario en su territorio, fundamentalmente, porque no tienen este problema. 49 tienen el avance en trámite y 82 ya lo tienen aprobado. En estos últimos es donde los propietarios ya pueden tramitar sus regularizaciones, que se deben hacer cumpliendo una serie de requisitos y, dependiendo de la situación de su vivienda, aguardar al plan general para acogerse a una solución conjunta de su urbanización o bien, en el caso de ser un AFO, buscar su solución individual.

En ninguno de los casos al propietario le saldrá gratis la legalización y llegada de servicios básicos. Por provincias, Almería es la que más ha avanzado en la aplicación del decreto. 84 de sus 102 ayuntamientos han superado esta fase. En Cádiz, son 18; en Córdoba, 28; en Granada, 44; en Huelva, 25; en Jaén, 45; en Málaga, 47; y en Sevilla, 41.

La medida de la Junta trató de dar respuesta a todos los casos, aunque la lentitud y dificultad con la que avanzó el proceso en los dos primeros años llevó a la Junta a plantear una reforma, cuya fase de audiencia acabó el 7 de enero. “Ahora se revisarán las alegaciones, se aprobará en Consejo de Gobierno y se elevará al Consejo Consultivo”, detalla Nieves Masegosa. La reforma, anunciada el pasado año por Susana Díaz, provocó una de tantas fricciones en su pacto de gobierno con IU, que rechazaba dar más facilidades a los propietarios de viviendas ilegales. Sin embargo, el Gobierno andaluz terminó haciendo entender que lo que se trataba de dar respuesta a casos que el decreto no había tenido en cuenta.

El primer decreto permitía la regularización de las casas siempre que no tuvieran ningún proceso judicial abierto, no se encontrara en zonas inundables o de especial protección y tuviesen más de seis años, tiempo en el que la irregularidad urbanística prescribe. Pero ese documento no daba salida a unas 25.000 casas, la mayoría de Málaga y Almería, que se ubicaban en parcelaciones de suelos no urbanizables, donde esa prescripción no se podía producir. El cambio permitirá que esas casas, muchas en manos de extranjeros, puedan tener agua, luz y registro oficial.

Conil ha sido el último municipio en comunicar públicamente su incorporación al decreto. Abre así, según los cálculos municipales, a poner orden a 4.500 viviendas. “Es para tranquilidad de muchos vecinos que van a poder escritura sus casas”, explica el alcalde de IU, Juan Bermúdez. Al igual que otros ayuntamientos, Conil ha tenido que aprobar dos ordenanzas. Una para identificar las casas fuera de ordenación y otra para iniciar el proceso de regularización. Las puertas municipales están abiertas para que los dueños acudan a sus oficinas y presenten un certificado para registrar la propiedad y empezar a pedir la luz, el agua o el alcantarillado. 443 ayuntamientos siguen sin aplicar en Andalucía este decreto.

Un baño y 35 metros cuadrados

Cada ayuntamiento debe elaborar una ordenanza que, además de abrir el proceso a la identificación de los asentamientos, establezca las características mínimas que debe reunir una casa para ser considerada como tal. Las que no lo cumplan no pueden sumarse a esta iniciativa. En el caso de Conil, las viviendas no pueden medir menos de 35 metros cuadrados y deben incluir, como mínimo, una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de baño independiente. Las habitaciones no pueden estar situadas en un sótano. El aseo no puede servir de paso obligado al resto de estancias. Todas las habitaciones deben tener iluminación natural, salvo el baño o despensas. Ninguna casa susceptible de legalizar puede tener una altura inferior de 2,40 metros. Son características que impone cada ayuntamiento atendiendo a sus criterios. En Andújar (Jaén) por ejemplo su ordenanza es algo más flexible. Las casas no pueden ser inferiores a 30 metros cuadrados ni tener una altura menor de 1’90 metros. También Andújar exige, como mínimo, un cuarto de baño completo.


* El País - Pedro Espinosa - 18.1.15
Foto: Una vista de viviendas ilegales en Alcaucín (Málaga). / GARCÍA-SANTOS

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Un movimiento ciudadano lucha contra la última cacicada urbanística de Marbella

En Marbella, a pesar de haber acaecido el caso de corrupción urbanística más grave de los sucedidos en el país en los últimos años, parece que el Ayuntamiento no termina de aprender la lección. Ahora la alcaldesa 'popular', A.Muñoz, pretende ceder unos terrenos a la vecina localidad de Benahavís, con el objetivo único de que su gran mansión, en ellos ubicada, sea legalizada con el intercambio territorial, ya que en el lugar donde actualmente la posee es zona rústica y, por tanto, ilegal. Los vecinos, hartos de estos políticos corruptos de pacotilla, están sublevados y tratan de denunciarlo públicamente.
"ELCONFIDENCIAL* : Marbella intenta evitar que se entregue "ni un metro más de su municipio para otra población". Así reza el eslogan de un nuevo movimiento ciudadano, similar al que puso fin al proyecto de la construcción de los rascacielos en la ciudad, que fue paralizado por el consistorio marbellí. La indignación del pueblo ha crecido estos días ante la inminente entrega de 170.000 metros cuadrados de terrenos de su término municipal de gran valor al pueblo vecino de Benahavís. “Y sólo por el mero hecho de que la alcaldesa del PP de Marbella, Ángeles Muñoz, tiene su gran mansión ubicada en estos mismos terrenos".

De esta manera su vivienda, ahora en suelo no urbanizable, rústico y construida de forma cuando menos irregular y expuesta a posibles sanciones e incluso a la demolición, será legalizada. Una vez más los interés privados de un político priman sobre los interés del pueblo y no estamos dispuestos a consentirlo”, señala a El Confidencial Carola Herrero, arquitecto y miembro de la creación de esta plataforma ciudadana denominada "No Deslindes Marbella".

Los creadores del colectivo "Ni un metro de Marbella para otra población" tienen clara su posición. El grupo funcionará al margen de partidos políticos. Uno de los generadores de este movimiento a través de las redes sociales, Miguel Lima, explica que desde que se creó esta iniciativa el día de Reyes “llevamos casi mil firmas y necesitamos concienciar a la ciudadanía con los actos que vamos a organizar para que firmen muchos más”.

Miguel y el resto del colectivo quieren puntualizar que funcionarán al margen intereses de partidos, cuyos militantes pueden participar a título personal. Lo que sí harán los grupos políticos que cuentan con ediles en el Ayuntamiento es trabajar desde esta institución para velar por la defensa de los bienes territoriales de Marbella, mostrando el rechazo a la entrega de su patrimonio territorial.

Un regalo de la alcaldesa a su familia

Carola Herrero, hermana del conocido periodista Antonio Herrero, y que ya participó en la lucha contra la construcción de los rascacielos en Marbella, el proyecto que se vino abajo gracias al movimiento vecinal, aduce que “este colectivo que hemos creado ahora pretende movilizarse contra el expolio de nuestro patrimonio, que es en beneficio de la propia alcaldesa, su marido, su cuñado y otros familiares que tienen intereses directos en la zona objeto de deslinde en la Vega del Colorado".

En la operación administrativa que se ha llevado a cabo, auspiciada por Ángeles Muñoz y su homólogo José Antonio Mena, Marbella sólo recibe a cambio 27.000 metros, la mayoría subraya Carola “en zona de servidumbre y por debajo de la autopista”. En este sentido, el técnico en urbanismo Javier de Luis, parte activa contra el pacto del deslinde desde 2008, subraya a este diario que “no hay una causa objetiva para que se pueda alterar el término municipal. Sólo los intereses de la familia de la alcaldesa que adquirieron terrenos rústicos a bajo precio y los verán inmediatamente revalorizados con la mera alteración de las lindes entre los municipios”. Un pelotazo urbanístico en toda regla según este movimiento ciudadano.

La movilización de los ciudadanos de Marbella y San Pedro ha empezado ya con diferentes reuniones. La próxima el 14 de este mes para activar a los vecinos y presentar el mayor número de alegaciones posibles, como una medida de desaprobación frente al Ayuntamiento de Marbella. Este colectivo ha comenzado una campaña de recogida de firmas tanto en la calle como en portales especializados de internet, como en Change.org, donde pretenden canalizar su rechazo a la cesión de los terrenos para que Ángeles Muñoz "rectifique una decisión perjudicial para Marbella".

De momento la suerte les acompaña. “El plazo de alegaciones se acababa el 15 enero, matiza Herrero, estaba todo pensado para que el mes de alegaciones pillara en Navidad, Nochevieja y Reyes. Pero, por error, lo publicaron en el BOJA de Almería. Ahora la Junta tiene que volver a publicar la resolución en el de Málaga y dar otro mes más para firmas y alegaciones a partir de publicación. Las prisas no han sido buenas, el PP quiere hacer todo antes de elecciones por si pierde dejar todo listo. De esta manera tenemos un mes más para trabajar”.

El concejal que fue a Sevilla

El único edil presente en la constitución del movimiento ciudadano, Rafael Piña, apuntó a este medio que “las últimas actuaciones llevadas a cabo por nuestro partido (OSP) es haber presentado un recurso de reposición contra el pleno del 28 de noviembre, en el que la alcaldesa, a pesar de tener intereses personales, no se abstuvo y votó a mano alzada, algo que no puede hacer”.

El concejal sampedreño matizó las alegaciones que prepara su grupo, al estar el expediente de la Junta de Andalucía aún abierto, por lo que la última decisión sobre lo que califica como una “segregación de terrenos” es del Ejecutivo autonómico. “Estuvimos en Sevilla hace unos días y el plano que se nos enseñó de los terrenos de la Vega del Colorado que ha mandado el Ayuntamiento a la Junta no se corresponde para nada con el que nos están mostrando aquí los políticos del PP. Los planos están incompletos y esto es una falta grave”. La oposición municipal denuncia el "expolio de patrimonio municipal" por parte de una alcaldesa que "pretende beneficiarse personalmente del acuerdo" antes de dejar la alcaldía.

Filias y fobias desde el PP

Desde el Partido Popular surgen filias y fobias al movimiento. Desde el sector crítico del PP apuntan a El Confidencial que “este caso del deslinde puede costarnos las elecciones en Marbella. Desde dentro del partido algunos ya han increpado a Ángeles Muñoz por el tema de su vivienda y sobre todo por los negocios de su marido, Lars Brobeng, vinculados a estos terrenos”. Según explica este sector, “este debate es muy inoportuno, pues la dificultad del Ayuntamiento para explicar la decisión plenaria y la imputación del concejal de Urbanismo en una causa judicial lastran el voto de nuestros electores y debemos evitarlo”.

Mientras algunos miembros del PP muestran esta preocupación ante el nacimiento de este colectivo ciudadano, a la alcaldesa Ángeles Muñoz no le preocupa ni lo más mínimo y vaticina que “tendrá poco recorrido, ya que la intención de montar esta plataforma es política, pero ellos verán si ese es el proyecto que tienen”. La regidora opina que es “bastante pobre que vuelvan a insistir otra vez en un tema que está muy bien explicado y que tiene el consenso de todas las Administraciones”. A este respecto, IU ha tenido que defenderse de las críticas hacia la Junta de Andalucía, especialmente hacia la Consejería de Administración Local, en manos de Diego Valderas, por no haber detenido el expediente de deslinde auspiciado entre Marbella y Benahavís y no ver que se trata de una “clara alteración de términos municipales”.


* El Confidencial - Amparo de la Gama - 12.1.15
Foto: Vista parcial de la urbanización de La Zagaleta, en Benahavís.- (Efe)

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