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LAVERDAD/Murcia* : A la particular trama de esta Ninette, que comenzó a escribirse el martes con el registro del Ayuntamiento de Los Alcázares y la detención del ex alcalde Juan Escudero, el secretario municipal ya jubilado Diego Sánchez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso, así como el hermano de éste último y dos conocidos empresarios, se le sumaron ayer un buen puñado de nuevos personajes.
El argumento de esta historia de crónica negra se verá sin duda enriquecido, pues entre los veinte nuevos imputados por su supuesta relación con la red delictiva se encuentran el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, Alfredo Blanco; la principal testaferro de la trama, Inmaculada Camacho Escudero (a su vez cuñada de Ayuso y prima segunda de Escudero); tres directivos de entidades bancarias de la comarca del Mar Menor; cuatro arquitectos; una empleada de notaría y, a la vez, novia de Mariano Ayuso, de nombre Florentina Sánchez, y hasta una modesta ama de casa, Carmen Pérez, a cuyo nombre pusieron, sin ella sospecharlo, una valiosa finca.
Los nuevos imputados, que llegarán a veinte y que ayer comenzaron a prestar declaración, bien podrían haber acabado siendo conducidos a Comisaría con las esposas puestas, pues con esas aviesas intenciones se aventuraron por Murcia los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales (BBC) de la Comisaría General de Policía Judicial que han desarrollado la investigación. Fue la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, la que decidió -según fuentes próximas al caso- que el número de detenciones se limitase a las seis mencionadas antes, y que el resto de supuestos implicados en la trama fuesen citados como imputados.
Intensa actividad
El trasiego por las dependencias policiales de Cartagena de estos supuestos implicados en la trama de corrupción se inició ayer por la mañana, y uno de los primeros en comparecer fue el concejal de Urbanismo de Los Alcázares, Alfredo Blanco, de quien se sospecha, si no complicidad con los principales acusados, sí al menos que hubiese consentido las supuestas irregularidades urbanísticas que se habrían cometido y que afectan a su departamento. Consideran fuentes de la investigación que Blanco difícilmente puede alegar ignorancia, ya que lleva tres legislaturas como concejal y tiene gran experiencia en materia de urbanismo. El edil acudió acompañado de su abogado, Aurelio Llanes Castaño, y, después de unas cinco horas, abandonó las dependencias hacia las cuatro de la tarde. Blanco comparte letrado con su antiguo compañero y a la vez jefe de la Corporación, el ex alcalde Escudero.
Con todo, la declaración más esperada con diferencia es la que ayer prestó Inmaculada Camacho Escudero, considerada la principal testaferro de la red, toda vez que figuraba como administradora única de varias sociedades -Dorma Golf S.L., Ilka Baley S.L. y Dekema Bull S.L.- que la trama habría utilizado para adquirir solares de titularidad pública y privada de gran valor. Las sospechas de los investigadores es que los miembros de la red de corrupción utilizaron esas mercantiles para que los millonarios bienes que iban llegando a sus manos no figurasen a su nombre, sino al de una persona de su máxima confianza. Inmaculada Camacho habría jugado ese papel.
Y la esposa de Escudero
Otra de las personas que ayer declararon en calidad de imputada es la mujer de Escudero, Aurora Martínez Zapata, quien acudió a comisaría acompañada por su hermana y abogada, Piedad Loreto, quien previsiblemente le prestó asistencia letrada, y por la hermana del ex alcalde, Ana Escudero.
Dos más de entre los nuevos imputados son el técnico municipal de Urbanismo Salvador Galián, y Segismundo Martínez Pardo, contable de la empresa Garcerán Construcciones S.L., cuyo propietario, Valero Garcerán, y su hijo Francisco Javier se encuentran entre los detenidos. El registro de la empresa duró hasta la madrugada de ayer.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 18 enero 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), entrada ayuntamiento - laverdad.es
Ninette: Imputan al edil de Urbanismo, a la principal testaferro, a cuatro arquitectos y a tres directivos de banco por la trama delictiva
Denuncian al Ayuntamiento de El Puerto por no parar obras de campo de golf
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LAVOZDIGITAL/Cádiz* : Ecologistas en Acción ha presentado en el Juzgado de lo contencioso administrativo una demanda contra el Ayuntamiento de El Puerto por no paralizar las obras "ilegales" en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango para construir un campo de golf.
Según un comunicado de la organización conservacionista, el TSJA anuló mediante sentencia de noviembre de 2005 las licencias otorgadas el 10 de octubre de 2002 a la entidad Golf El Puerto S.A. para construir el campo de golf en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango.
Ecologistas en Acción denunció al Ayuntamiento la continuación de estas obras consistentes en movimientos de tierra, obras de urbanización, construcción de viales y canalizaciones, tanto en el propio ámbito del citado campo de golf como en las inmediaciones de la carretera de Sanlucar, y dirigió un escrito al alcalde, Enrique Moresco (PP), en el que denunciaban los hechos.
Tras un "silencio administrativo" en relación a la denuncia mencionada, y como quiera que las obras denunciabas continuaban, Ecologistas reiteró dicha denuncia el pasado diciembre, solicitando la paralización de las obras, la restitución de los terrenos a su estado originario, y la apertura de los expedientes sancionadores.
Según ha añadido la organización, el Ayuntamiento portuense, "lejos de proceder en la forma prevista Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía", se ha pronunciado a través de los medios informativos expresando que las obras "han sido inspeccionadas y que cuentan con la autorización del anterior equipo de gobierno, licencia que en todo caso se nos ha negado".
Asimismo, han solicitado al Juzgado la suspensión de las obras denunciadas.
* La Voz Digital - 18.01.08
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), obras golf - lavozdigital.es
Resquicios legales demoran años el derribo de construcciones ilegales
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LAVOZ/A Coruña* : Hace sólo unos días que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaba la orden de demolición de dos viviendas en A Pedra do Sal (Carballo) dictada por la Consellería de Política Territorial hace cuatro años. Sentencias similares afectan a un buen número de construcciones en la Costa da Morte, pero la misma legislación que sustenta la actuación de los jueces también hace posible que los infractores busquen cualquier resquicio para demorar, en ocasiones durante décadas, la ejecución de las resoluciones de los tribunales.
De hecho, son muy pocas las demoliciones que llegan a consumarse, a pesar de que los denunciantes -casi siempre particulares- recurren de forma reiterada a los juzgados para exigir la reposición de la legalidad.
Éste es el caso de Manuel Ramas Bellón, un carballés que reclama desde el 2002 la ejecución de una sentencia en la cual el TSXG otorgaba al Concello de Carballo, «y, en particular, a su señor alcalde-presidente», un plazo de 15 días para «abrir expediente repositorio de la legalidad urbanística» de una casa situada en la avenida de Fisterra. El propietario del edificio, José Cotelo Pérez, había solicitado en 1997 una licencia para reformar la fachada y la cubierta del edificio, pero, según el tribunal, las obras no se ajustaron al permiso concedido por el Ayuntamiento, como decía el denunciante. También aceptó el argumento de que el inmueble se encontraba fuera de ordenación, aunque rechazó el relativo a su situación ruinosa.
Aquellos 15 días pasaron sin que el Concello de Carballo tomase las medidas ordenadas por el TSXG. En el 2006, a instancias de Ramas Bellón, el Ayuntamiento retomó el caso y abrió el expediente. Los servicios técnicos municipales ya han elaborado su informe, y ahora están pendientes las indicaciones jurídicas, porque, en opinión del concejal de Urbanismo, José Antonio Viña, «hai que interpretar en que consiste repoñer a legalidade». Además, el gobierno local ha recibido un requerimiento de la Fiscalía pidiendo información sobre la actuación de la Administración local.
En la misma avenida de Fisterra, a pocos metros de distancia, se sitúa otro inmueble en parecida situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó en 1998 la demolición de un edificio de cinco plantas, también a raíz de la denuncia de un particular y después de que el Ayuntamiento aprobase una licencia basada en una modificación urbanística que, según el TSXG, no se ajustó a derecho. El fallo fue ratificado en el 2002 por el Supremo, y el Concello de Carballo ordenó el derribo en agosto del 2006, pero tampoco se ha ejecutado. «O propietario presentou un recurso de reposición e acudiu ao contencioso-administrativo contra a orde de demolición», explicó el concejal de Urbanismo.
En otro punto de la Costa da Morte, en Fisterra, esta misma semana salieron a licitación los trabajos de demolición de una vivienda situada en Calcoba. Pero detrás de esta decisión están 25 años de pleitos entre vecinos a raíz de la construcción, sin licencia, de la polémica casa, y numerosas órdenes de paralización y derribo que fueron desoídas por los propietarios del inmueble.
Como en el caso anterior, también en 1984 se levantó sin licencia un edificio en Corme. En este caso, la obra fue parcialmente legalizada en el 2002, pero la normativa urbanística sólo permite tres pisos y bajo cubierta, por lo que será preciso derribar las dos plantas superiores y, en todo caso, reconvertir la cuarta en ático. El Concello de Ponteceso ha encargado el proyecto, aunque los afectados anunciaron su intención de recurrir.
Otras veces son los propios vecinos quienes se oponen a la ejecución de las resoluciones judiciales, como ocurrió en el 2006 en Anllóns (Ponteceso), donde la orden de derribo de una casa ilegal provocó movilizaciones en contra.
* La Voz de Galicia - 18/1/2008
Foto: casal - lavozdegalicia.es
Un viceconsejero de Aguirre, citado como imputado en el 'caso Guateque'
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ELPAÍS/Madrid* : El actual viceconsejero madrileño de Transportes, Luis Armada, ha sido citado hoy a declarar como imputado por el juez Santiago Torres, que instruye la investigación contra una presunta trama de cobro de comisiones por la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. Armada estuvo, entre 1997 y 2003, al frente de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio de la capital y, según fuentes judiciales, se le acusa de un presunto delito de tráfico de influencias. Se trata del primer cargo de designación política implicado en la trama de corrupción.
La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el próximo 23 de enero a las doce de la mañana en calidad de imputado en la Consejería. No detalla e ni los cargos que le imputa, ni las licencias sobre las que le va a requerir información. Pero, según fuentes judiciales, se investiga por un presunto trato de favor respecto a su propia vivienda. En concreto, posibles irregularidades en la obtención de una licencia para retejar el sótano del edificio de su propia vivienda, situada en la calle de La Bola. El magistrado ha admitido a trámite una denuncia de un particular sobre este asunto, en el que se da cuenta de que el viceconsejero "se aprovechó de su cargo al frente de Urbanismo para beneficiarse personalmente".
Luis Armada es actualmente viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y lleva en el Gobierno regional en las dos legislaturas de Esperanza Aguirre. Sin embargo, el juez el ha citado por su etapa en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto como gerente de Urbanismo cuando José María Álvarez del Manzano estaba al frente del Consistorio. Armada tuvo que abandonar el cargo casi al final de su mandato, en febrero de 2003, tras ser condenado por el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid por el incumplimiento de la orden de demolición de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes. El político popular fue inhabilitado durante 16 meses para ocupar un cargo público.
Su firma, en 36.000 licencias
Cuando Alberto Ruiz-Gallardón ganó las elecciones municipales en mayo de 2003, Luis Armada fue nombrado consejero-delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), pero en noviembre de ese año, al ganar Esperanza Aguirre las elecciones de octubre en la Comunidad de Madrid, pasó a la Administración regional como consejero de Transportes e Infraestructuras, cargo en el fue reafirmado
tras las elecciones autonómicas de 2007. Desde marzo de 2007, Armada es además vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. El propio Armada ha confirmado a este periódico que ha sido citado a declarar como imputado, una noticia que no le ha sorprendido. De hecho, "esperaba que le citaran" en cualquier momento, dada la responsabilidad que ejerció durante seis años en la Gerencia de Urbanismo". Sin embargo, ha asegurado estar "muy tranquilo" porque no cometió ninguna irregularidad, a lo que ha añadido que le dará al juez todas las explicaciones necesarias. Armada ha subrayado que su etapa al frente de Urbanismo fue "modélica". Entre 1997 y 2003, Armada otorgó 36.000 licencias.
La noticia debe sorprender al Gobierno de Aguirre, ya que hace apenas unos días, el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, afirmaba que el Ejecutivo "no tiene ninguna preocupación" y que "no es nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid". Al respecto, fuentes del Gobierno regional se han limitado a recordar que, cuando se produjeron los hechos por los que Armada está siendo investigado, éste trabajaba en el Ayuntamiento. La citación, según las mismas fuentes, no tiene nada que ver con su cargo en la Comunidad de Madrid.
La semana pasada, este periódico publicó el contenido de unas grabaciones del sumario del caso Guateque, que recogía una conversación telefónica entre uno de los empresarios detenidos, Antonio Sanz Escribano, con José Almansa, copropietario de la sala de fiestas 'La Botellita', situada en el número 63 de la calle de Serrano. El dueño del establecimiento se jactaba de que Aguirre les iba a ayudar a abrir sin licencia.
El PSOE ve un "componente urbanístico"
El portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Sánchez, ha señalado que la citación de Armada muestra que la operación "no es sólo una trama que se dedica a temas de licencias" sino que tiene "un componente urbanístico indudable". Sánchez ha criticado el "desgobierno" del Ejecutivo municipal.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 18/01/2008
Foto: Madrid, interior nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)
La Fiscalía negocia un máximo de seis años de cárcel por todas las licencias ilegales de Marbella
MÁLAGAHOY* : La Fiscalía negocia tras ser requerida por los abogados de los ex ediles del GIL, entre los que está el ex alcalde Julián Muñoz, un trato para evitar que los casos por delito urbanístico en Marbella se eternicen en los juzgados de Málaga. El acuerdo, muy avanzado, está sólo pendiente de concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales por las decenas de causas que atascan los tribunales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel.
¿Por qué es así? Fuentes del Ministerio Público precisaron ayer que se trata de "delitos conexos" que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena mayor que establece el Código Penal. El artículo 320, el que contiene el tipo de delito del que se acusa a los ex ediles, fija un máximo de dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. Es decir, el máximo serían seis años de prisión.
Éste es el límite y la negociación se moverá de ahí para abajo, por lo que el trato se podría cerrar incluso con una pena menor a esos seis años. Fuentes jurídicas explicaron ayer que se baraja la posibilidad de que al acuerdo se selle finalmente con tres años de cárcel. Lo que la Fiscalía tiene claro es que partirá de una pena de prisión y no de multa, que es la otra opción que permite el delito. Las fuentes apuntaron que eso es "innegociable" y que el trato sólo afectará a las licencias de obras, no a los procedimientos por los convenios urbanísticos u otras irregularidades que se imputan a los ex concejales de Marbella. Otra condición, según las fuentes del Ministerio Público, es que los ex miembros del GIL asumen la "culpabilidad" de los procedimientos que tienen pendientes.
La reflexión de la Fiscalía es que si la Ley establece un límite de cumplimiento de pena para los delitos conexos, las decenas de causas por delito urbanístico que hay pendientes se convierten en "una carga" para la Administración de Justicia, es decir, llegaría un momento en el que los juicios no servirían para nada. Uno de los objetivos que persigue el Ministerio Público es, por tanto, la "economía procesal". Las fuentes puntualizaron que se busca que el acuerdo sea "positivo" para la Justicia y que ésta salga beneficiada. Descartaron que se trate de una acumulación de casos.
Los contactos se iniciaron a finales del año pasado y el primer interlocutor al que se dirigieron los abogados fue el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que después derivó el tema a la Fiscalía malagueña. El trato podría estar ultimado en febrero, antes de que se celebre el próximo juicio por delito urbanístico, que es el del caso Belmonsa.
El primero que habló ayer del pacto fue el abogado Pablo Luna, defensor de uno de los ex concejales del GIL. Lo hizo tras un juicio por delito urbanístico celebrado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga en el que los acusados se conformaron con la petición de pena solicitada por la Fiscalía por la concesión de sendas licencias que autorizaban la construcción de 89 apartamientos en un suelo rústico.
Tras la vista, que duró unos 30 minutos precedidos de más de una hora de negociaciones, Julián Muñoz, Marisa Alcalá y Rafael González fueron condenados a un año de prisión y siete de inhabilitación para cargo público, pena que en el trámite de ejecución se conmutó por una multa de 10.800 euros. José Luis Troyano, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa fueron penados a seis meses de cárcel, aunque la ejecución ha quedado suspendida durante tres años. Javier Lendínez, otro de los acusados, será juzgado otro día porque su abogado no pudo asistir al juicio.
Pablo Luna apuntó que la de ayer fue "la primera manifestación pública" de las negociaciones que se llevan a cabo con la Fiscalía. "Empezamos una serie de conversaciones para el bien de todos, entre ellos, la Administración de Justicia por el exceso de trabajo que puede significar la cantidad de juicios pendientes", dijo. Las fuentes del Ministerio Público apuntaron que el cambio de criterio de ayer en cuanto a la sustitución de la pena de prisión por una multa es "excepcional" y se hizo para "no obstruir el proceso de negociación". La Fiscalía siempre pide cárcel en los casos por delito urbanístico en Marbella.
* Málaga Hoy - Esperanza Codina / Málaga - 18.01.2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Más de 200 expertos buscan en Almería un protocolo para gestionar la costa
IDEAL* : Más de 200 expertos de los 21 países de la cuenca y la Unión Europea debaten esta semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce junto a los ministros de Medio Ambiente de Albania, Croacia, Eslovenia, España, Israel, Italia, Montenegro y Túnez, así como los viceministros de Siria y Bosnia Herzegovina un modelo de gestión para las zonas costeras en la XV Conferencia de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera del Mar Mediterráneo, conocido como Convenio de Barcelona.
El principal objetivo es analizar y recomendar la adopción de un nuevo Protocolo para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras Mediterráneas, presentar la que será conocida como 'Declaración de Almería', y mejorar y facilitar la transferencia de información sobre las actuaciones ya realizadas en el marco del convenio para, de este modo, incrementar su visibilidad.
El director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, pidió ayer a los representantes de los 21 países mediterráneos que participan en la cumbre que establezcan un "cambio radical" en el modelo de gestión del litoral.
Durante el acto de inauguración de la conferencia, que se celebra hasta el viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce con el objetivo de revertir los efectos del cambio climático en el Mediterráneo, el director general de Costas señaló que el "reto actual no consiste en hacer lo mismo pero mejor", sino en establecer un "cambio radical del modelo" de gestión en este mar.
España es el país anfitrión de esta reunión del Plan de Acción del Mediterráneo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), conocido como 'Convención de Barcelona', en la que los representantes reunidos persiguen la aprobación de un nuevo Protocolo de Gestión Integrada de la Zona Costera.
Este documento, que deberá ser ratificado por los 21 países miembros, tendrá un contenido vinculante y podría establecer, entre otras medidas, la obligación para todas las partes de preservar de edificaciones e infraestructuras los cien primeros metros de la línea de costas.
Desequilibrios
Fernández, máximo representante de España en esta conferencia de la ONU hasta la incorporación mañana de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó asimismo la "necesidad urgente" de poner en marcha medidas eficaces con las que corregir los "desequilibrios" en el litoral mediterráneo.
El agotamiento de "ciertos modelos insostenibles" que se han mantenido durante las últimas décadas, además de los cambios en el uso del suelo y de la acción del cambio climático, han propiciado una «alteración drástica» de los ecosistemas de algunas regiones mediterráneas, cuyo litoral, ha dicho, precisa de una gestión integrada por todos los países ribereños.
En este sentido, y ya en declaraciones a la prensa, el responsable ha indicado que el nuevo protocolo será un "instrumento potente" que fijará reglas comunes y de obligatorio cumplimiento para todos los países firmantes, con el fin de evitar "la fragmentación territorial, sectorial, administrativa y política" y afrontar los grandes retos de un mar "en donde muchas zonas costeras se están deteriorando progresivamente".
El Jefe de la División de Protección del Medio y de los Ecosistemas Marinos, Javier Cachón, explicó a Efe que la aprobación de este documento servirá para establecer un compromiso común de respeto a la línea de costas, una medida que España contempla en su legislación, pero sobre la que "no hay nada en algunos países del área mediterránea".
España como ejemplo
Cachón añadió que "España es un ejemplo de gestión del litoral", aunque ha matizado que su litoral no está a salvo de amenazas como el exacerbado desarrollo urbanístico, la sobreexplotación pesquera, los vertidos o los efectos del calentamiento global en un mar especialmente sensible, debido a su condición interior.
Esta semana los representantes reunidos en la conferencia abordarán, asimismo, la puesta en marcha de nuevos planes de acción para la protección de los arrecifes de coral y las tortugas marinas, además del estudio de las técnicas de captura y del secuestro de dióxido de carbono en estructuras geológicas submarinas del Mediterráneo.
El tramo ministerial del encuentro tendrá lugar durante la jornada de hoy bajo el lema 'Los retos del cambio climático en el Mediterráneo', al que se incorporarán los responsables de los departamentos de Medio Ambiente de los distintos países mediterráneos.
* Ideal Almería - 16.01.08 - M. J. M. (EFE)
Foto: Málaga, costa saturada - Arciniega, laopiniondemalaga.es
NOTICIA RELACIONADA: Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo - Ecologistas en Acción - 17 de enero : España se encuentra muy lejos de cumplir sus compromisos de protección del Mediterráneo. Ecologistas en Acción advierte que esta falta de seriedad y voluntad política de la administración en el cumplimiento de la normativa vigente está dejando muy mermados los ecosistemas y recursos naturales del mediterráneo...
Murcia: "La batidora de la corrupción"
FERNANDO CUÑADO* : Los escándalos urbanísticos se suceden en la Región desde hace dos años. Los jueces y los políticos se mezclan en un cocktail que ha lanzado municipios como Totana o Los Alcázares a la actualidad nacional. La imagen de una furgoneta policial aparcada en las puertas de un ayuntamiento se está convirtiendo en habitual en la Región de Murcia. Alcaldes detenidos, funcionarios en los juzgados y empresarios se mezclan en una bola de nieve que empezó a rodar el día que se destapó la ‘Operación Malaya’.
Tras el escándalo en el Ayuntamiento de Marbella, la corrupción urbanística saltó al primer plano de la actualidad y la espectacular red que supuestamente ideó el cartagenero Juan Antonio Roca extendió sus tentáculos hasta el municipio de Los Alcázares, donde el presunto cerebro tenía importantes intereses inmobiliarias a través de cuatro sociedades dirigidas por testaferros de su confianza. Al hilo de esta mediática operación en la que también está implicado el promotor cartagenero Tomás Olivo, adornada con la ‘salsa rosa’ que aportan el ex alcalde Julián Muñoz y la cantante Isabel Pantoja, los escándalos urbanísticos han ido saltando en diferentes municipios de la Región.
Los ayuntamientos de Torre Pacheco, Fuente Álamo, Totana y Los Alcázares han sido testigos en menos de un año de cuatro intervenciones judiciales. Los dos primeros han seguido con las declaraciones en el Juzgado de San Javier de sus alcaldes, Daniel García Madrid y María Antonia Conesa, varios concejales, técnicos municipales y el empresario Facundo Armero, ex socio de la empresa Polaris World que para esclarecer supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. En su investigación, la Guardia Civil recurrió a pinchazos telefónicos antes de requisar numerosa documentación en los ayuntamientos. Este caso, ahora está en manos de la Policía Judicial y fuentes de la investigación apuntan a que en los próximos días podría haber novedades.
Tras el Campo de Cartagena, la acción judicial se trasladó en el mes de noviembre hacia el Guadalentín con el estreno de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los UCO desembarcaron en Totana durante la mañana del 26 de noviembre y registraron varios locales entre ellos la asesoría fiscal de la ex mujer del diputado regional y ex alcalde Juan Morales, expulsado del Grupo Parlamentario Popular. Se ponía en marcha la ‘Operación Tótem’, que hasta la fecha ofrece un balance de quince detenciones en Murcia, Galicia y Madrid de los cuales solo permanece en prisión el actual alcalde, José Martínez Andreo, que ha renunciado a su militancia en el Partido Popular pero que no ha dimitido de su cargo. Durante casi dos meses, la jueza Asunción Navarro con el fiscal José Luis Díaz Manzanera están tratando de esclarecer las oscuras ramificaciones de una supuesta trama de corrupción donde todos los indicios apuntan hacia el ex alcalde y diputado Juan Morales y que aún no ha pasado por los juzgados al escudarse en su condición de aforado. Ahora, con el caso ya en el Tribunal Superior de Justicia en apenas un mes será llamado a declarar y podrá arrojar algo de luz sobre los “supuestos maletines” por reclasificar terrenos en El Raiguero para la construcción de 4.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf.
También en el ojo del huracán se encuentra la tramitación urbanística del plan parcial de La Zerrichera en Águilas donde están imputados altos cargos del Gobierno regional y el alcalde Juan Ramírez. Este proyecto urbanístico desendecadenó en plena precampaña de las elecciones autonómicas una guerra entre el Partido Popular y el Partido Socialista utilizando la corrupción urbanística como una suculenta arma arrojadiza en casi todos los municipios de la Región, con el anuncio casi diario de querellas y apertura de diligencias.
Sobre la mesa hay otros casos como Lo Poyo, Novo Carthago, las obras de Puerto Mayor, la relación entre el ex Jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia y un despacho perteneciente a su familia o el convenio sobre el nuevo hospital del Mar Menor. La corrupción inherente al auge de la construcción también ha llegado a la Región en los últimos años provocando una mezcla explosiva de fiscales, jueces, políticos y empresarios que ha salpicado toda la geografía desde el Guadalentín al Mar Menor.
* El Faro de Murcia - 17 de Enero de 2008
Foto: Murcia, batidora de la corrupción - E.Nogales, elfarodecartagena.com
