Madrid.- La Comunidad oculta contratos de Gürtel

ELPAÍS* : La Comunidad adjudicó a una firma implicada en Gürtel por 39 millones. El Servicio Madrileño de Salud adjudicó entre 2005 y 2009 ocho contratos por un importe de 11,5 millones a Constructora Hispánica, una empresa vinculada al caso Gürtel, la trama de corrupción que afectó a administraciones gobernadas por el Partido Popular. Este partido ha evitado desde entonces la fiscalización de los ocho contratos. Entre ellos se encuentra la construcción del centro polivalente de Vallecas (4,3 millones) en 2005, la del centro de salud de la Casa de Campo (3 millones) en 2006 o las obras de reforma del Hospital de la Princesa (2,6 millones) en 2006. El Gobierno del PP impide el acceso a los contratos.

La diputada socialista Livia Castillo detectó que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) había adjudicado hasta ocho grandes contratos a Hispánica para la realización de obras de reforma, mantenimiento de diferentes instalaciones e incluso climatizaciones por un importe total de 11,5 millones (en total, las adjudicaciones de la Comunidad a Hispánica superan los 39 millones). En marzo de 2009, la parlamentaria reclamó por primera vez, una copia íntegra de todos los documentos que conformaban los expedientes. Pero el Gobierno regional esquivó el requerimiento alegando que no era posible identificar los contratos solicitados, a pesar de que se aportaba la fecha, la identificación de la empresa y el importe del mismo. El Sermas es una de las entidades regionales que, según la Cámara de Cuentas, ha dilatado más la presentación de su contabilidad. La oposición ha criticado en repetidas ocasiones la opacidad del Sermas. Esta entidad que gestiona un tercio del presupuesto de la Comunidad de Madrid (unos 7.000 millones de euros) no está obligada a fiscalizar sus cuentas en la Asamblea.

Pocos meses más tarde de la primera negativa, en noviembre del mismo año la diputada socialista Livia Castillo volvió a reclamar información sobre los contratos. En esta ocasión precisó el número del expediente de contratación, desde entonces no se ha producido ninguna comunicación formal por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, explica la parlamentaria. En diciembre, Castillo remitió un burofax al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, reclamándole una "cita para examinar los expedientes" que afectan a los contratos con Hispánica después de ver como ignoraba sus peticiones. Hoy está previsto que el consejero intervenga en la cámara y aporte luz sobre estos contratos después de que los socialistas lo exigieran.

Los socialistas se cuestionan si realmente se ejecutaron las obras y los suministros acordados. La supervisión de los contratos es relevante porque Hispánica es una de las principales empresas salpicadas por el caso Gürtel. El que fuera su propietario, Alfonso García Pozuelo, figura en el sumario como uno de los empresarios que hacía negocios con la red corrupta. Supuestamente entregaba dinero a cambio de contratos públicos. En la documentación intervenida por la investigación figuran pagos de 4,1 millones de euros a Francisco Correa. Este empresario decidió en 2009 entregar 19,7 millones de euros a Hacienda para hacer frente a los delitos fiscales. Hispánica, que ahora se llama Assignia, ya no pertenece a García Pozuelo sino a la constructora Essentium. Un portavoz de la firma dice que la cifra de 11,5 millones "no es sustancial" ya que esta licita al año por un valor de 15.000 millones. Además, apunta que en 2008 una de las empresas de Andalucía, gobernada por el PSOE, les adjudicó una obra de 15 millones.

Fuentes del Gobierno regional niegan que sea verdad que no se haya permitido el control de los expedientes a los diputados de la oposición, y sostienen que en éstos se han seguido todos los trámites previstos por la ley. El mismo portavoz del Ejecutivo autonómico justifica su retraso de más de un año intentando endosar la culpa a la oposición: "La última petición coincidió con un cambio en Sanidad, pero hace dos semanas nos pusimos en contacto con la diputada Castillo para contestarle, pero no fue posible", dijo.



* ElPaís - 3.02.11
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - google

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La trama destapada en Galicia se lucró con planes anticrisis

ELPAÍS/A Coruña* : El constructor Daniel Ogando, detenido e imputado junto a tres alcaldes (dos del PP y un independiente) y dos concejales de la Costa da Morte en la Operación Orquesta contra la corrupción en esta comarca coruñesa, acaparó en los dos últimos años las contrataciones a dedo de obras públicas de tres municipios: Fisterra, Cee y Mazaricos. Entre la abundante documentación que la policía se incautó el lunes de los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos sobre obras adjudicadas a Ogando en 2010 y 2009 -suman un valor total de tres millones de euros-, hay una mayoría que fueron costeadas con cargo a programas anticrisis, como el Plan E del Gobierno y otro de la Diputación Provincial de A Coruña para financiar servicios esenciales en pequeñas poblaciones.

El hijo de Ogando, Ramón, dueño de Palcos Senande, así como un empresario local de espectáculos, Jorge López Lago, son investigados además por la contratación de festejos municipales.

El alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, y dos de sus concejales, así como el regidor de Mazaricos, José Manuel Maneiro, todos ellos del PP, quedaron en libertad provisional, con cargos y sin fianza, tras declarar ayer ante el juez de Corcubión que investiga los hechos desde 2009. Al constructor Ogando y a su hijo se les impusieron fianzas de 10.000 euros a cada uno. Hoy declarará el tercer alcalde, Ramón Vigo, un independiente que gobierna en Cee coligado con los socialistas.

La empresa de Ogando, con sede en Muxía, había logrado hacerse con buena parte de los contratos de los tres municipios implicados, que adjudicaban las obras eludiendo concursos públicos. "La afinidad de Ogando con el alcalde es evidente, no nos cansábamos de quejarnos, de recordar que había también constructores capaces en Fisterra y nos contestaban que era porque tenía los mejores precios", relata la portavoz local del BNG, Mónica Góñez. En esta localidad de apenas 5.000 habitantes, y con un presupuesto municipal de 3,6 millones anuales, el constructor obtuvo siete contratos en dos años, casi todos adjudicados a dedo por valor de 1,15 millones.

Aunque en Cee los contratos municipales están mucho más repartidos, Ogando logró un beneficio similar (seis obras por valor de 1,08 millones). El alcalde, que ayer pasó su segunda noche en los calabozos, solo ha convocado un concurso público en cuatro años. El resto de las obras las adjudicó discrecionalmente.



* El País - 2.02.11
Foto: El concejal de Obras de Fisterra es conducido al juzgado - elpais

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La Fiscalía mantiene los cuatro años de prisión para el exalcalde de la Línea

LAVOZDIGITAL/Cádiz* : Malas noticias para el exalcalde de la Línea, Juan Carlos Juárez (PP). La Fiscalía ha mantenido la acusación por prevaricación y cohecho para el ex regidor y para el ex concejal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, en el juicio por el caso Roseworld. Ayer mismo quedó visto para sentencia en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial y pronto habrá noticias sobre las penas que se le imponen. Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, la Fiscalía también ha mantenido los cargos para el administrador de la empresa Roseworld, Anil Takhurdas, para el que solicita cuatro años de prisión por un delito de corrupción. Además, para Ruiz Calama solicita también condena por un delito contra la Hacienda Pública.

Las cosas han ido mucho mejor para el resto de imputados en el caso. Han sido retiradas las acusaciones contra el representante del Grupo Lábaro, el exsecretario del Ayuntamiento linense y contra el exinterventor municipal. Igualmente, la Fiscalía ha retirado las acusaciones contra los concejales Mari Cruz Atienza, Juan Montero y Francisco Muñiz.
El juicio ha quedado visto para sentencia y dada la complejidad del caso, los letrados de las partes implicadas calculan que la decisión del juez de la Audiencia Provincial podría darse a conocer en un plazo de un mes.
Declaración polémica
El exalcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, declaró el día 18 de enero, y aseguró a la fiscal Anticorrupción que «no estaba ni en la mesa de contratación ni en el Pleno» que adjudicó las parcelas municipales a la empresa y en cuyo proceso se cometieron, presuntamente, delitos de al menos cohecho y prevaricación.
Juárez no quiso contestar a las acusaciones particulares y manifestó que sí «concedió plazos a Roseworld para el abono de las cantidades correspondientes por las parcelas» e incluso abrió la posibilidad de «resolver el contrato si no se aprobaba el Plan General de Urbanismo».
Asimismo, aseguró que todo lo hizo porque nadie le decía que no. Así de tajante se mostró, aunque luego lo suavizó al alegar que «seguía las recomendaciones de los técnicos municipales».
El popular Carlos Juárez negó además que su intención fuese beneficiar a la empresa Roseworld en perjuicio de otras que aspiraban a la concesión de las parcelas municipales en el año 2005. «En todo caso lo que hice era lo que me decían los técnicos municipales de la Mesa de Contratación», declaró.
El ex alcalde linense se enfrenta a cuatro años de prisión por prevaricación y cohecho y una multa de 500.000 euros, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante ocho años y medio.



* La Voz Digital - 2.02.11
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com

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Murcia.- El juez de Umbra imputa también al nuevo director de Urbanismo

LAOPINIÓN* : El puesto, de libre designación dentro del ayuntamiento de Murcia, parece maldito. Todos los que pasan por él acaban teniendo que ir a los juzgados. Primero fue Alberto Guerra, que llegó incluso a ser detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Umbra (investigación de una presunta trama de corrupción urbanística en la capital de la Región), desarrollada el pasado 5 de octubre. Su supuesta implicación en el caso le llevó a dimitir de su puesto de director de la Gerencia de Urbanismo. Después le llegó el turno a Pedro Morillas, que fue director de la Gerencia hasta 2004 y que precisamente fue sustituido por Guerra. El juzgado de Instrucción nº8 de Murcia decidió imputar a Morillas por los informes que realizó para avalar el convenio Nueva Condomina que firmó el dueño del Real Murcia, Jesús Samper, con el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y que es uno de los seis que están bajo sospecha en la zona norte.

Ahora, el juez del Número 8, David Castillejos, ha hecho lo mismo con Ángel Lajarín, el actual director de la Gerencia de Urbanismo, que fue nombrado en el cargo de forma provisional por el Ayuntamiento el pasado mes de octubre tras la renuncia de Alberto Guerra. Por tanto, la imputación de Lajarín en el caso Umbra sería la tercera que se produce en el cargo de director de la Gerencia de Urbanismo.

Fuentes judiciales explicaron a esta redacción que Lajarín, que hasta que sustituyó a Alberto Guerra ocupaba el cargo de subdirector técnico en la Gerencia de Urbanismo, tendrá que responder a preguntas sobre las valoraciones que se realizaron de los terrenos suscritos a convenios urbanísticos en la zona norte que, según el Ministerio Fiscal, se hicieron a la baja e hicieron perder a las arcas municipales casi 400 millones de euros (la Fiscalía dispone de un informe de la Intervención General del Estado en el que se especifica convenio a convenio lo que dejó de ingresar el Ayuntamiento).

El actual director de la Gerencia, añadieron las mismas fuentes, participó al igual que Joaquín Peñalver, ex jefe de Planeamiento de Urbanismo e imputado en los casos Umbra y Barraca, en los informes que se hicieron sobre los terrenos de la zona norte que llevó a la firma de esos convenios. El funcionario municipal también tendrá que responder acerca de un convenio en concreto, el denominado del Casino, que permitió remodelar este emblemático edificio.

Y es que Lajarín fue codirector de las obras de rehabilitación del Casino, que fueron pagadas por las empresas que suscribieron el convenio urbanístico con el Ayuntamiento, y en las que presuntamente se produjo una falsificación de facturas achacable a Renato de Noce, encargado de los trabajos por la parte privada y otro de los imputados en el caso Umbra (Renato de Noce fue detenido junto al abogado Higonio Pérez Mateos el mismo día que los agentes de la UCO entraron en la Gerencia de Urbanismo y registraron el despacho de Alberto Guerra, que acabó también arrestado. Los tres salieron bajo fianza).

El actual responsable de la Gerencia de Urbanismo, de 58 años y con más de 30 años de servicio en el ayuntamiento de Murcia, declaró a LA OPINIÓN cuando asumió el cargo en noviembre pasado que estaba «muy tranquilo» ante la posibilidad de que se pudiera ampliar el número de imputados en el caso Umbra. Cuando este periódico le preguntó por los convenios urbanísticos de la zona norte, el funcionario municipal manifestó que «no voy a aportar detalles de los expedientes tramitados, pero los firmó el alcalde, fueron a Pleno y estuvieron en exposición pública».



* La Opinión Murcia - 2.02.11
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial

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La Junta permite legalizar 2.000 viviendas en Coín

LAOPINIÓN/Málaga* : La Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable a la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Coín a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El informe se basa en el planeamiento vigente desde 1997, que ha sido adecuado a las actuales condiciones del municipio y a la nueva legislación regional. El nuevo documento permitirá regularizar unas 2.000 viviendas ilegales ubicadas en distintos diseminados rurales del municipio, como Valdeperales, La Charca, Huertas Viejas o El Ejido, solucionando uno de los mayores problemas del municipio. El Ayuntamiento pondrá en marcha un plan especial de regularización de viviendas en diseminados rurales, una iniciativa para la cual los propietarios de las edificaciones pueden ya iniciar los trámites de adaptación.

Esta medida posibilitará la prestación de servicios en los diseminados y la consolidación de las denominadas urbanizaciones blandas –conjuntos de viviendas aisladas que se encuentran en una misma zona– que legalicen la situación de la mayor parte de estas construcciones.
El plan especial permitirá que en un año, aproximadamente, haya un marco normativo para las viviendas del campo, una vez que se cuantifiquen y se analice cada caso.

«Con la aprobación de la adaptación del PGOU de Coín, se consigue uno de los asuntos más importantes de esta legislatura para el equipo de gobierno, fundamental para el desarrollo de Coín», añadió el alcalde, Gabriel Clavijo.

Áreas de oportunidad
El documento reserva suelo para distintas áreas de oportunidades de actividades económicas, de ocio y sociales. En primer lugar, recoge la contrucción de 1.650 viviendas, de las cuales 424 serán de VPO, y contempla más de 60 millones de metros cuadrados destinados para uso industrial.

A esto hay que sumar las áreas libres resultantes de estas promociones urbanísticas, en las que se incluye un parque de 30.000 metros cuadrados en la urbanización Sierra Gorda.

«La aprobación de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Coín esta legislatura era una de las metas marcadas por el equipo de gobierno», reconoció ayer el concejal de Ordenación del Territorio del municipio, José Antonio Solano.

Con esta aprobación, el equipo de gobierno ha anunciado, que a partir de febrero, los ciudadanos y las empresas constructoras podrán ir presentando modificaciones de elementos que generen proyectos que produzcan riqueza y empleo en el municipio.

Por otra parte, una vez agotado el suelo contemplado en el Plan General de Urbanismo de Coín de 1997, entrará en vigor el POTAUM, un nuevo plan para el área metropolitana de Málaga, que recoge la edificación de otras 3.600 viviendas en Coín, 1.080 de protección oficial.


* La Opinión Málaga - 1.02.11
Foto: Coín (Málaga), edificaciones ilegales - malagahoy.es

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Dejad que los infractores urbanísticos se acerquen a mí

LAVOZ/A Coruña* : El PP moañés repartió un folleto por el pueblo en el que invita a los vecinos a los que el Concello abrió expediente de ilegalidad urbanística a acudir a la sede y exponer su problema para recibir asesoramiento. «Valentín 2-Moaña 0» encabeza el pasquín. Se refiere al nacionalista Valentín Piñeiro, concejal de Urbanismo, que asegura que no sabe interpretar tal expresión, aunque sí el resto del folleto, reproducido en la imagen a la derecha de estas líneas. «Non salgo do meu asombro. O candidato do PP pon a sede do partido á disposición dos infractores de Moaña», dice, tras afirmar que se trata de infracciones graves, entre las que cita la construcción de cierres sin licencia y sin respetar el retranqueo; garajes en similar situación o áticos construidos al amparo de un permiso para mejora de cubierta.

Obras ilegalizables

Añade que en varios casos, se construyeron cierres en terreno que previamente había sido cedido formalmente y escriturado a favor del Concello. A pesar de ello, afirma el edil de Urbanismo, levantaron el muro o el portal de entrada al garaje en lo que ya era propiedad municipal.

Son obras ilegalizables, afirma Piñeiro, que el infractor está obligado a derribar. Pasado un tiempo desde la notificación (un mes, según la normativa, si bien, asegura el edil, se acostumbrar a dar hasta seis meses de plazo), el Concello trata de forzar la demolición imponiendo multas coercitivas de mil euros al mes. Inicialmente eran tres mil euros, pero el juzgado instó al Concello a rebajar la cantidad.

Se produjeron varios casos de sanciones reiteradas. Las primeras, en el 2009, fueron tres operadoras de telefonía móvil a las que el Concello machacó a multas por mantener activas instalaciones que incumplían la normativa.

Movistar llegó a pagar unos 80.000 euros y Vodafone y Xfera, más de cuarenta mil cada una. Una vecina de la avenida de Cangas recibió seis sanciones de este tipo. Recurrió al juzgado, pero al juez le dio la razón al Concello. La infracción, un cierre y un portal de un garaje que no respetaron el retranqueo, todavía no fue demolida.

Infracciones legalizables

Cuando se trata de infracciones que se pueden legalizar, el departamento de urbanismo comunica al autor que tiene tres meses de plazo para presentar el proyecto de legalización. En ese caso, no se impone multa.

Piñeiro afirma que es solo una minoría de los vecinos que cometen algún tipo de ilegalidad la que se niega a aceptar las órdenes del Concello. Son, concretamente, doce casos, indica el concejal. Algunos recurrieron la orden de demolición ante el juzgado. Todas las sentencias fueron favorables al Concello.

«Con esta actitude, o portavoz do PP está incitando a que os veciños incumplan a normativa e fagan o que queiran». denuncia Valentín Piñeiro. «Si Fervenza chega a ser alcalde, ¿vai suprimir a inspección de obras e vai permitir peches sin licencia ou sen facer o retranqueo?, pregunta el edil. «¿Que está decindo, que apoia aos infractores?», añade.

«A legalidade urbanística non se implanta a base de multas coercitivas»

José Fervenza «O PP pon a sede do partido a disposición dos infractores»



* La Voz de Galicia - 1.02.11
Foto: Moaña (Pontevedra), urbanización - lavozdegalicia.es

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Urbanismo salvaje y estado de derecho

JOSÉ MANUEL ONIEVA/Granada* : En plena crisis económica más o menos general, asistimos, desde hace dos años, a la versión española de la misma, al estallido de la “burbuja inmobiliaria”. En palabras de muchos empresarios ligados a la construcción directamente o de sus industrias auxiliares, y, faltaría más, de bastantes alcaldes de uno y otro color político, oímos o leemos en los medios: “...es que en dos años no se mueve una grúa en mi municipio”, dijo, por ejemplo, Avelino Menéndez, alcalde del PP de Salobreña. Durante los pujantes años del “ladrillo a gogó”, observábamos cómo se iban macizando las plataformas o glacis de erosión que rodean la Vega y ciudad de Granada. O en pleno centro de la misma, el ilegal y mamotrético Edificio Nevada. Seguimos, bajamos por el Valle de Lecrín y más de lo mismo, hasta la Costa Tropical y allí nos podemos quedar pasmados ante la tremenda proliferación de adosados, chalets, los menos, apartamentos y “torres” por doquier. Visiten pueblos como Salobreña y, sobre todo, Almuñécar y sus anejos, Taramay, Velilla, el propio casco de la fenicia Sexi, y la Herradura, playa del Muerto, Marina del Este y se percatarán bien de lo que les cuento. No se pierdan Motril y todo lo ligado al Golf y Playa Granada, bien que aquí, con algo más de espacios abiertos. Vayan hacia Torrenueva, Calahonda, Castell de Ferro etc. y lleguen al límite con Almería. Comprobarán más y más, a parte de una autovía nueva rota y una inmensa maraña de plásticos que todo lo van invadiendo.

¿Cuántos terrenos no habrán sido recalificados y cuantos euros no habrán ingresado los ayuntamientos, algunos políticos y propietarios, constructores o promotores, en negro negrísimo? Poco a poco los casos más flagrantes han ido llegando a los tribunales y ¿para qué? ¿A caso se acatan las sentencias y se reponen de la mejor forma los atentados urbanísticos ejecutados? No. ¿Devuelven el dinero sisado al erario público? No. Ante esto, ¿es España un “estado social y democrático de derecho” como consagra nuestra vigente Constitución? Yo creo que no.

En Salobreña, o en Granada, terrenos cedidos por inmobiliarias para uso público, los recalifica el pleno municipal para uso terciario de servicios, o docente y se construyen centros en lugares inapropiados, ya hablaré de algún caso otro día. Mien tras tanto, los propietarios a callarse. El Edificio Nevada, ilegalidad y atentado ecológico y natural horrible, quieren que siga para adelante con una timorata sentencia por todos recurrida, como es lógico. Los políticos implicados se van de rositas. Argumento: que hay mucho paro y gente inocente pillada...Se debería demoler y restaurar el suelo, y si no fuera posible, dedicarlo a fines lúdicos, culturales o deportivos pero “no lucrativos”. Es mi opinión. Leíamos en la prensa local (GRANADA HOY del 16 de enero pasado) que en Monachil (Pradollano) “El juzgado ordena el precinto del edificio Marisol al no poder derribarlo”. El magistrado ordenó la demolición y al verse afectados “terceros adquirentes” lo precinta, pues muy bien. Sin Estado de derecho no nos queda nada. Desterremos lo de “SEGUIMOS Y NO PASA NADA, YA LO LEGALIZARÁN”. Recuerden el Hiper cerrado en tiempos del ínclito Jara Andreu, el Rey Chico, La Chumbera etc.

* Siglo XXI - 3.02.11

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