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EUROPAPRESS/Baeza* : El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, y ex Síndico de Greuges, Bernardo del Rosal, sostuvo ayer que «es inimaginable pensar» que todas las «tropelías urbanísticas» que se han cometido en España «no hayan sido con la connivencia cómplice o con la tolerancia de las autoridades administrativas», en el desarrollo de uno de los cursos que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).
Del Rosal disertó acerca de Corrupción y delincuencia urbanística, dentro de los cursos de verano de la universidad jienense. Aunque se centró en el caso Malaya, aclaró que «han fallado todos los escalones del sistema» en el control del urbanismo en España. En primer lugar puso a la Administración porque el urbanismo es «una función publica» y todas las potestades relacionadas con él «lo son también».
Aseguró que la Justicia contencioso-administrativa era, en algunas zonas de España y hasta hace unos años, «lenta, incapaz de ejecutar sus resoluciones y complaciente con el poder».
Tolerancia social
Observó que la jurisdicción penal del Ministerio Fiscal «ha fracasado igualmente hasta hace poco tiempo». Pero Del Rosal no se limitó sólo a la administración: «También ha habido una cierta tolerancia social hacia este tipo de fenómenos porque han beneficiado, sobre todo, a las clases medias y altas que, con la especulación urbanística han visto incrementado el precio de sus viviendas, lo que les ha permitido acceder a otra calidad de vida».
Junto con esa «sensación de riqueza que se ha generado», del Rosal añadió que «también ha influido el que hayamos sido capaces de soportar el problema social de la inmigración gracias a los empleos» proporcionados por la construcción, replicando, no obstante, que «ahora el sistema empieza tímidamente a volver a funcionar».
Respecto a la reforma del Código Penal, pendiente de aprobación por el Parlamento, el catedrático calificó de «ridículo» que las leyes penales «se meta a castigar delitos como las construcciones ilegales, sin licencia o la invasión de espacios verdes».
A su entender, «no tiene sentido» porque es misión del Derecho Administrativo y, «si éste no funciona habrá que tomar medidas pero no suplantar la función del Administrativo con el Penal».
Criticó que a veces los sumarios «se tramitan con ligereza», haciendo cosas «incomprensibles más de cara a la galería que de cara a la realidad de cómo se deben de hacer las cosas». En esa línea, censuró que ha habido algunas actuaciones de la justicia «que parecen hechas para los programas del corazón».
El catedrático incidió en que «hace unos años era inimaginable que un banquero, un alcalde o un concejal entrara en prisión y ahora no lo es».
De todos modos, puntualizó el ex defensor del pueblo valenciano, «probablemente no es suficiente» ya que en ocasiones «queda la sensación» de que ante determinadas «tropelías no pasa nada y nadie hace nada».
* La Verdad - Alicante - 30 de agosto de 2007
Foto: Baeza (Jaén), UNIA sede_Antonio_Machado - Johnbojaen 2006 (wikipedia.org)
"Hay «connivencia» de los gobiernos con las «tropelías» urbanísticas"
Promover, de una vez, el alquiler
ELPERIÓDICO/Editorial* : Hay un solo mercado de vivienda pero dos maneras de acceder a ella según se opte por comprarla o alquilarla. Cualquiera de las dos posibilidades debería quedar a la libre elección de las personas y sus necesidades, empezando por su condición familiar. Pero en España este mercado está influido profundamente por la política fiscal que han fijado los distintos gobiernos desde los años 80. Tan decisiva, que hoy nuestro país es el más anómalo de la UE en la relación de viviendas de propiedad (pagadas o hipotecadas) y las de alquiler, una proporción de 90 a 10 frente al 60 a 40 en los países de nuestro entorno.
Esta realidad, que tiene raíces culturales profundas basadas en que la vivienda es a la vez una necesidad y una inversión, frente al alquiler, que es un gasto del que no se saca provecho futuro, se ha fomentado por todos los gobiernos de derecha y de izquierda a través de un instrumento que apenas ha variado desde que en España, a partir de 1979, se pagan impuestos directos: el IRPF. Las desgravaciones y deducciones por compra de vivienda, con una variada casuística, se han mantenido en las sucesivas reformas del IRPF. Ha sido un triunfo permanente de los lobis más interesados, los promotores que pueden incluir, junto a los tópicos del alto estanding y los acabados de calidad, la oportunidad de desgravar en el IRPF, y las entidades de crédito, que se aseguran clientes cautivos por la duración del préstamo. A contar, también, la vigencia obsoleta de leyes proteccionistas del inquilino frente a su casero, lo que limita aún más la puesta en alquiler de viviendas. Con este panorama, el mercado del alquiler ha quedado restringido a estudiantes, ciudadanos de paso o inmigrantes.
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, ha recuperado un proyecto de su antecesora María Antonia Trujillo y ha propuesto que quienes pagan alquiler puedan equipararse a quienes pagan una hipoteca a la hora de hacer la declaración del IRPF. Antes, con Trujillo, lo vetó el ministerio de Hacienda. Si también lo hace ahora, cuando ayer mismo se supo que España crece aún al 4% anual y el empleo se sostiene pese a la reducción de la actividad constructora, sería otra mala señal de que el Gobierno sigue embelasado con las cifras macroeconómicas y descuida lo que afecta directamente a las economías domésticas y su derecho a elegir, en condiciones de igualdad fiscal, si compra o alquila una vivienda.
* El Periódico - 30/8/2007
Canarias apenas demolió cuarenta viviendas ilegales entre 2001 y 2007
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ELDÍA/Tenerife* : La política de "mano dura" prometida por el nuevo titular de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, Pedro Pachecho, chocará con la realidad de que una de las autonomías donde más denuncias por viviendas ilegales se realizan apenas derriba un puñado de ellas. A pesar de ser una de las comunidades autónomas donde más denuncias por viviendas ilegales se presentan -1.400 en 2006, según la Guardia Civil-, en Canarias apenas un puñado de éstas acaban en demoliciones, una situación a la que no han ayudado las amnistías que se decretaron para este tipo de construcciones, la última en abril del año pasado.
Las infracciones contra la normativa urbanística se encuentran en el origen de la mayoría de las demoliciones que se han producido en Canarias en los últimos años, muy por encima de los incumplimientos de la legislación medioambiental o de la Ley de Costas, según el balance de la actividad de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) desde casi los orígenes de este organismo dependiente del Gobierno de Canarias y que, entre 2001 y 2007, ha abierto 89 expedientes que han acabado en demolición, con un alto coste para las arcas públicas. Una política que, en principio, se verá incrementada después de la declaración de intenciones del nuevo titular de la agencia, Pedro Pacheco, que ha prometido "mano dura" en las infracciones contra el territorio.
La construcción de viviendas, apartamentos y edificios de carácter ilegal está detrás de la gran mayoría de estos casos, especialmente las primeras. Desde 2001, en el Archipiélago se han echado abajo 39 viviendas y ampliaciones de éstas que se habían levantado contraviniendo las leyes, mientras que el número de edificios ascendió a cuatro (con 17 plantas demolidas) y 17 apartamentos, la mayoría de los cuales se encontraban en Tenerife. Esta isla, con 26 expedientes abiertos, encabeza una lista que sitúa a Gran Canaria en segundo lugar, con 21. Por detrás se encuentran Fuerteventura (16), Lanzarote (9), La Palma (7), El Hierro (6) y La Gomera (4).
No obstante, y a la luz del informe, ni mucho menos todas las viviendas que han acabado derruidas son precisamente pequeñas construcciones levantadas por la necesidad imperiosa de sus propietarios. El balance de la agencia pone en evidencia la construcción de casas generosas en espacio y comodidades. Así, algunos casos resultan esclarecedores sobre la realidad de muchas de las que han sido demolidas.
Piscina, bodega y lagar
En 2004, por ejemplo, se abrió un expediente de derribo contra una vivienda con bodega y lagar en San Sebastián de La Gomera que, con un coste de 5.144,47 euros, fue tirada por la propia agencia. La misma suerte corrió una casa con piscina en La Frontera (El Hierro) en enero de 2002 o los complejos de tres y seis apartamentos que ese mismo año fueron detectados en Costa Calma (Pájara) y Yaiza, respectivamente. Acabar con el segundo costó más de 18.000 euros.
Similares son los casos de la vivienda de dos niveles y 290 metros cuadrados que fue echada abajo en 2003 por la Apmun en La Asomada (Güímar) y que supuso un desembolso de más de 31.400 euros o las tres viviendas de tres plantas cada una que un año más tarde se tiraron en el Valle de San Lorenzo (Arona) con más de 159.000 euros de coste.
Tampoco eran modestas edificaciones los cuatro apartamentos que el año pasado se derribaron en Adeje con un total de 345 metros cuadrados, una operación que en esta ocasión contó con la colaboración de sus propietarios. Por cuestiones distintas, como la propia seguridad de la edificación, en abril de 2005 se tiró una construcción de 120 metros cuadrados que había sido situada encima de un depósito de agua.
* El Día Canarias - N. MARTÍN, S/C de Tenerife - 12 DE AGOSTO DE 2007
Foto: Tías (Lanzarote), derribo casa 2006 - indymedia.org
Cuando son los políticos los que se cargan la ciudad
ANTONIO ALEMANY DEZCALLAR* : En realidad, no son los promotores, ni los constructores, ni los infectos capitalistas los que se cargan las ciudades y el territorio. Son las instituciones -y los políticos y funcionarios que las gestionan- las que, por acción u omisión, son las máximas responsables desde del urbanismo salvaje hasta de la ilegalidad rampante. Desde la primera Ley del Suelo, el ius edificandi no deriva del derecho de propiedad, concebido por la vieja concepción civilista y romana como derecho a gozar y disponer de una cosa, sino de la norma urbanística que revoluciona toda la institución al disociar la propiedad strictu sensu del derecho a edificar. Significa todo ello que la responsabilidad por el uso que se haga del suelo se ha desplazado del propietario a las instituciones competentes en urbanismo.
Para entendernos, si hubiera prosperado, por ejemplo, la pretensión de Pedro Serra de urbanizar Son Massot, la máxima responsabilidad hubiera recaído en Munar y en Vicens -y no en Serra- que, desde el Consell de Mallorca, pretendían alterar el uso urbanístico de la finca que tenía apalabrada su amigo Serra o su familia. Y fue el alcalde de Calvià, Carlos Delgado, el que ejerciendo su responsabilidad, abortó la ordalía.
Los medios de comunicación, en su práctica totalidad, solemos equivocar la focalización de los auténticos responsables -políticos y funcionarios- al satanizar a los que, en definitiva, se limitan a hacer lo que la ley les permite hacer. Y los medios de comunicación solemos ignorar o mirar hacia otro lado cuando se producen dos perversiones bastantes frecuentes en el urbanismo. La primera, la utilización del poder urbanístico por los gestores coyunturales para castigar al adversario político o ideológico o, sencillamente, para escarmentar al promotor que no ha pasado por las horcas caudinas de los políticos o no ha acudido a los despachos que tocaban, como se le escapó impudorosamente a un alto dirigente de UM, sin que el flamígero Carrau desplegara su potencial energético justiciero. La segunda perversión pasa más desapercibida aún y se da cuando es la actuación directa de la Administración la que se carga literalmente barrios enteros de una ciudad, sin que nadie se rasgue las vestiduras, con la excepción del arriba firmante que sí se las ha rasgado con frecuencia y desde hace bastantes años.
Las dos perversiones se han dado cita en Manacor como revelaba el espléndido reportaje de Rafael Gabaldón sobre el casco histórico de la ciudad de las perlas que se cae porque dos partidos -PSM y UM- y dos políticos sectarios -Damià Pons y Maria Antònia Munar- usaron y abusaron de su poder para dar salida a sus rencores, personales o ideológicos, a los efectos, lo mismo da, castigando a unos propietarios de derechas con una torticera utilización del Bien de Interés Cultural -Munar es una maestra en este tipo de auténtico fraude de ley- y, de paso, castigando a toda una ciudad a contemplar cómo su casco histórico se cae hecho pedazos ante la indiferencia mediática, ante la inexigencia de responsabilidades -y no sólo políticas- y ante el arbitrismo de la peor especie como norma de conducta política.
Lo peor no es la ordalía perpetrada por Pons y Munar, por el PSM y UM, sino el abandono posterior, el dejar morir a toda una parte de la ciudad, el arruinar a cientos de propietarios, confiscados, de hecho, de su derecho de propiedad y a causar un mal mucho mayor que el que -decían- querían evitar. Algo no funciona en nuestro sistema político cuando no se puede perseguir a este tipo de políticos sin escrúpulos y cuando el daño que causan no lo resarcen ellos, sino los ciudadanos que no tienen arte ni parte en el desastre artificialmente provocado.
No es la primera vez que ocurre. En Palma, durante treinta o cuarenta años, el barrio de Sa Gerreria fue intervenido en su totalidad, con suspensiones de licencias y demás medidas que impedían invertir en la regeneración de los edificios del barrio. Miquel Àngel Llauger senior, a la sazón responsable de Urbanismo de Palma, fue, creo recordar, uno de los artífices de la medida. La consecuencia fue el deterioro irreparable de todo el barrio, el abandono de sus viviendas ruinosas que o bien eran okupadas o bien selladas por sus propietarios y, al final, la decisión heroica -e inevitable- de proceder a una remodelación integral de Sa Gerreria.
Para completar la gran estafa, el Ayuntamiento de Palma no sólo congeló los valores catastrales, sino que los bajó para, a continuación, expropiar. Un montón de demandas están esperando resolución judicial. Lo curioso es que todos estos ecologistas, los de ARCA, los de la UIB que, ahora se rasgan las vestiduras y emiten gemidos jeremiacos porque se ha perdido la tipología medieval de todo un barrio, callaron como muertos durante más de cuarenta años ante lo que, inevitable y fatalmente, debía conducir al actual desenlace. Sa Gerreria era irrecuperable tras años y años de incuria. Por lo menos deberían tener el buen gusto de callarse.
He aquí dos ejemplos, próximos y que tocamos con la mano de cómo la incompetencia o la mala fe institucionales pueden ser peores que todos los infectos promotores reunidos o que un bombardeo al Guernica modo. Para colmo, los del Pacto de Izquierdas aspiran a incurrir en el mismo error o en la misma estupidez, que está claro que Salomón no les dejó tarjeta: quieren repetir, en el casco palmesano, lo de Manacor y lo de Sa Gerreria. Y lo harán, si la sociedad civil no los disuade: aúnan doctrinarismo ignorante y rencor patológico, una mezcla terrible que puede generar Atilas. O sea que ya pueden ponerse en marcha los potenciales damnificados si no quieren ver cómo sus casas se derrumban.
Lo grave es que el problema de fondo sigue ahí: la inmunidad y la impunidad de los que con sus decisiones, activas o pasivas, causan un daño irreparable a la ciudad y a los ciudadanos, encima, por resentimiento o ignorancia, contraviniendo el espíritu de toda legislación urbanística que quiere que la carga de la ordenación del suelo se reparta de forma equitativa, evitando desplazamientos del valor de la propiedad que enriquece a unos, arruina a otros y que es la madre de todas las corrupciones.
* El Mundo - El Día - 29 de agosto de 2007
