INFORMACIÓN/Córdoba* : El procedimiento judicial abierto para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil seguirá adelante. Así se desprende del auto judicial hecho público esta semana por el que la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Puente Genil ha decidido iniciar un proceso penal contra el alcalde, Manuel Baena, y otros nueve concejales más pertenecientes a diferentes partidos políticos...
(Alberto Gómez, Asunción Gallego, José María Campos y Juan Perales (IU), Andrés Pérez, Francisco Esojo y Francisco Barrios (PSOE), Francisco Velasco (PP) y José Luis Borrego (PA), todos ellos integrantes de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo que dio el visto bueno a la concesión de la licencia de obras del nuevo acuartelamiento en abril de 2005. Alcalde y concejales se sentarán en el banquillo acusados de un delito contra la ordenación del territorio, pero no serán los únicos, ya que sobre el promotor de las obras, Manuel Cosano, también pesa este mismo cargo además de otro delito de tráfico de influencias, mientras que el arquitecto de la Guardia Civil y Jefe de la Sección Técnica de Andalucía, Salvador Salmerón, será procesado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Además, la jueza exculpa al general José Píriz, de cuya actuación no se aprecian “indicios de criminalidad”.
Según se desprende del auto, el promotor contactó con la Guardia Civil en 2002 ofreciéndose para construir el cuartel. En esa reunión estaba presente Salmerón, que posteriormente comunicó al Ayuntamiento el interés del Instituto Armado en construir un nuevo acuartelamiento en la localidad, algo a lo que fue receptivo el Consistorio pontanés que se mostró “dispuesto a modificar el PGOU, si fuera preciso, de la zona elegida". La jueza también entiende que “existen indicios” de que el empresario tenía información privilegiada sobre los terrenos en los que se iba a construir el nuevo cuartel, de hecho en el auto aparece que en el año 2004 Cosano compró una parcela en esa zona tan sólo unos días después de que Salmerón enviase un fax al Ayuntamiento de Puente Genil en el que designaba la misma como el lugar elegido para la construcción del cuartel.
Un año después, en abril de 2005, tiene lugar la reunión de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo en la que se debate la concesión de la licencia de obras del nuevo acuartelamiento. En principio, todos se muestran de acuerdo para otorgarla, aunque esa decisión se toma en contra del criterio de la arquitecta técnica municipal que presenta un informe negativo. En abril del 2005 se hace constar que la concesión de licencia podría incurrir en ilegalidad. Pese a todo, según el auto, el 28 de abril del 2005 el alcalde, Manuel Baena, concedió la licencia de obras provisional para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en el paraje conocido como Las Flores “a sabiendas de que ese terreno era no urbanizable, algo que todos los imputados (los concejales de la Comisión de Obras) conocían”.
Posteriormente, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes informó desfavorablemente sobre la modificación del PGOU llevada a cabo por el Consistorio pontanés, si bien, los problemas administrativos quedaron definitivamente resueltos en 2007 una vez que la propia Consejería dio el visto bueno la modificación de la calificación urbanística de los terrenos sobre los que había comenzado a construirse el edificio, que en principio estaban clasificados como rústicos. A consecuencia de esa modificación del PGOU, los terrenos del nuevo cuartel ubicado en el polígono de Las Flores pasaron de suelo no urbanizable a sistema general adscrito a suelo urbanizable para la construcción del nuevo acuartelamiento, mientras que los terrenos de la calle Miguel Romero, donde actualmente se sitúa el actual cuartel, cambiaron su calificación pasando de ser sistema general a uso residencial.
Los acusados por un delito contra la ordenación del territorio se enfrentan ahora a penas de prisión que pueden oscilar entre los seis meses y los dos años.
primeras reacciones
Ante la decisión adoptada por la jueza, los representantes políticos de nuestra localidad optaron por redactar un documento consensuado.
El texto, firmado por el alcalde, Manuel Baena, y por los portavoces de IU (Alberto Gómez), PSOE (Esteban Morales) y PA (José Luis Borrego) señala lo siguiente:
“En relación con el auto decretado por la titular del Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil por el que se mantiene la imputación de un delito contra la ordenación del territorio, por la construcción del Cuartel de la Guardia Civil en el procedimiento abierto a 10 miembros de la Comisión de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, los Grupos Políticos de Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Andalucista, que forman parte de este Ayuntamiento quieren manifestar lo siguiente:
1.- No hay ningún político municipal al que se hayan adjudicado algún tipo de delito ligado a la corrupción.
2.- El auto en cuestión omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil disponen actualmente de una calificación urbanística adecuada.
3.- Los políticos del Ayuntamiento de Puente Genil intentamos facilitar la instalación de un servicio público esencial para la localidad, mejorando la seguridad y la habitabilidad del establecimiento donde se tiene que ubicar la Guardia Civil. Éramos conscientes que la aprobación inicial de esa modificación sería la aprobada finalmente y, de hecho, nunca hubo ningún obstáculo a la recalificación del solar en el que se asienta actualmente el nuevo cuartel de la Guardia Civil.
4.- La defensa va a presentar un auto de reforma respecto al de procesamiento, en la medida en que ésta omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil están calificados de manera correcta como sistema general urbano, hecho que entendemos fundamental”.
El único partido que no suscribió el comunicado fue el PP. Su presidente local, Manuel Jesús Torrús, explicó que “el procedimiento judicial está abierto y, por tanto, entendemos que no es el momento adecuado para hacer notas de prensa o realizar declaraciones”. “Nosotros -añadió Torrús-, al igual que todos los grupos políticos, queremos que este tema se aclare cuanto antes, nuestro gabinete jurídico está trabajando para demostrar la inocencia de nuestro concejal, y más allá de las formas o de lo que se pueda decir, eso es lo único que ahora mismo nos preocupa”.
* Información - 6.11.09
Foto: Cuartel en obras - Información
Puente Genil: La jueza ve indicios de delito en el caso del nuevo cuartel
El Supremo anula un macrorrelleno en Marín por su daño ecológico
ELPAÍS/Pontevedra* : El relleno de Placeres, en Marín, uno de los más grandes de Galicia, es ilegal. Tras muchos años de litigios, los vecinos de la zona han logrado que el Tribunal Supremo revoque una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y anule la actuación, que ocupa una superficie superior a los 300.000 metros cuadrados en una zona de notable valor marisquero de la ría de Pontevedra.
El fallo, del pasado 30 de octubre, no sólo declara ilegal el relleno, sino que anula el Plan Especial del Puerto de Marín-Pontevedra que lo sustenta, y obliga a Xunta, Diputación y Autoridad Portuaria a restituir la zona a su estado anterior.
La razón principal de la sentencia es la ausencia de un estudio de impacto ambiental que sustente el proyecto. La Autoridad Portuaria, que no ha querido comentar la sentencia a la espera de que la analice su equipo jurídico, presentó para avalar las obras un informe de 1994, encargado para evaluar un relleno anterior de 95.000 metros cuadrados, superado ampliamente por el que después se ejecutó.
Otra de las objeciones vecinales aceptada por el Supremo es la falta de justificación de la ampliación mediante rellenos en la ría. El recurso al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que en 2005 había dado la razón a la Autoridad Portuaria, también argumenta que el Plan Especial que aprobó la Consellería de Política Territorial en octubre de 2000 y ahora anulado se arroga competencias propias del Plan General, argumento que respalda el Supremo.
Pese al valor ecológico de la zona afectada, no han sido los recursos de las cofradías ni de los colectivos de defensa de la ría los que han conseguido la contundente victoria judicial, sino el de una asociación creada para rechazar el paso del tren por una plaza pública de la misma parroquia marinense de Placeres. La infraestructura ferroviaria está prevista en el Plan Especial para dar servicio a los nuevos muelles, por lo que la asociación llevó las obras a los tribunales. El TSXG falló en su contra. Cuatro años más tarde, el Supremo les ha dado la razón con una sentencia contra la que ya no cabe recurso. El alto tribunal también falló a favor de la misma asociación años atrás al ilegalizar el paso del tren por Placeres, aunque la sentencia todavía no ha sido ejecutada.
En el caso del relleno, el Tribunal Supremo sostiene que las administraciones demandadas "no han aclarado nada" sobre la disposición "que legitime tan extraordinaria obra de relleno del mar", lo que considera "incomprensible". Los magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo, que dicta el fallo, confiesan su "perplejidad" con los argumentos sostenidos por la Autoridad Portuaria. "Queda claro que el Plan Especial en cuestión debió someterse a evaluación de impacto ambiental antes de su aprobación definitiva", añaden en la sentencia, "mayormente considerando la incidencia de la obra en un espacio de alto valor medioambiental y ecólógico como es la ría de Pontevedra".
Las dimensiones del relleno no quedan claras en los documentos aportados por la Autoridad Portuaria, que en algunas ocasiones hablan de "más de 300.000 metros cuadrados" y, en otros, de 441.349. El estudio económico financiero presenta un presupuesto total de 24,13 millones de euros. Pese a la difícil reversibilidad de la obra, el Tribunal Supremo obliga a Xunta, Diputación y Puerto a "la reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado", con un reparto del 30%, 20% y 50%, respectivamente. La asociación demandante expresó su satisfacción por el fallo e instó a las administraciones afectadas a negociar una solución.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 07/11/2009
Foto: Marín - mma.es
El juez registra las viviendas de Matas en Palma y Madrid
ELPAÍS* : El juez del caso Palma Arena llevó a cabo ayer una espectacular acción al registrar durante toda la jornada las propiedades del ex presidente balear Jaume Matas, imputado en la causa del sobrecoste del velódromo de la capital balear. Matas está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de cohecho impropio por supuesto enriquecimiento irregular.
La operación comenzó por la mañana en Madrid, donde la Guardia Civil registró e inventarió los bienes del piso de la familia Matas. Por la tarde, los agentes acompañaron al juez José Castro y al fiscal Pedro Horrach en el minucioso examen y valoración del piso palacio que Matas adquirió por un millón de euros en el centro de Palma y que Hacienda valoró en dos veces y media más de su valor de compra.
El registro en Palma concluyó pasadas las nueve de la noche. Un arquitecto experto en peritaje judicial tasó la vivienda de 425 metros cuadrados hábiles. También se valoraron las obras de arte de ambos inmuebles. En la primera inspección, los peritos constataron la gran inversión para la reforma interior del piso-palacio. "Una gran fortuna", según los investigadores. El abogado de Matas, Rafael Perera, señaló, tras concluir el registro, que se incautaron de documentos y facturas, y que buscaron la caja fuerte y los joyeros.
Matas tendrá que declarar como imputado en el caso Palma Arena el 23 de marzo junto a su esposa Maite Areal y su cuñado, Fernando Areal. Éste está encausado por un presunto pago de gastos electorales del PP con 72.000 euros en dinero negro. El juez sostiene que esos fondos procedían de empresas de la obra del velódromo balear, cuyo presupuesto se disparó de 40 a 110 millones.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 07/11/2009
Foto: elconfidencial
