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DIARIODECÁDIZ* : La unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma ha culminado en Chiclana de la Frontera una operación contra el urbanismo ilegal con 18 personas imputadas por delitos contra la ordenación del territorio, estafa y falsedad documental.
Las investigaciones, según ha informado la Junta de Andalucía, comenzaron hace poco menos de un año en el Pago Canteruelas viejas del termino municipal de Chiclana por orden del Juzgado Mixto 2 de la localidad.
El origen fue una denuncia presentada por un propietario particular, quien alegó que la parcela y propiedad que acababa de comprar no figuraba en el Registro de la Propiedad ni en las escrituras notariales.
Las primeras pesquisas determinaron que la propiedad adquirida por esta persona se encuentra a más de quinientos metros de la que figura en los documentos que avalan la operación de compra.
Al examinar las escrituras, los expertos en urbanismo de la Policía autonómica comprueban que en ellas se reconoce una macroedificación de 700 metros cuadrados dividida en siete partes indivisibles contando la del denunciante, que corresponderían a viviendas individuales, aunque en realidad no hay construida ninguna macroedificación ni ninguna casa individual.
Para que esto sea posible debe existir un certificado de un técnico (arquitecto o ingeniero) que acredite la antigüedad de la supuesta construcción, superior a cuatro años (cuando prescriben las infracciones urbanísticas) o a tres años (prescripción de los delitos urbanísticos).
En este caso la Policía ha descubierto este certificado falso que dice que la construcción, que no existe, tiene una antigüedad de cinco años.
El procedimiento es un montaje para «lavar» la prohibición de construir viviendas en los suelos rústicos y convertirlas en legales.
Además de un exhaustivo examen de la documentación registral, notarial, urbanístico municipal y distintos expedientes, la Policía ha analizado fotos aéreas oficiales que muestran la evolución de esta parcela año tras año.
En la actualidad, en el lugar hay construidas tres viviendas y otras tres parcelas vacías (la séptima división corresponde al denunciante), que fueron vendidas cuando aún no estaban construidas.
En una primera fase fueron imputados siete propietarios como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa; y en la segunda fase han sido imputados el resto: los promotores e intermediarios por presunta estafa, los peritos tasadores por falsedad documental y estafa y el arquitecto J.P.S. por falsedad documental, éste último imputado en anteriores ocasiones por hechos de similares características.
* Diario de Cádiz - EFE - 17.10.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
18 imputados en Chiclana en una operación contra el urbanismo ilegal
El primer teniente de alcalde de San Fulgencio cobró 5.000 euros por favorecer un plan urbanístico
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LAVERDAD/Alicante* : Los ladrillos vuelven a ser la fuente del escándalo en la Vega Baja, sobre todo cuando el teniente de alcalde de un ayuntamiento decide empezar la casa por el tejado. «Estos cinco mil euros es de la asignación que me han dado para el tema este, para que tú los tengas mensualmente, porque eres un hombre de nosotros o no eres un hombre de nosotros».
La Verdad ha podido constatar que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento alicantino de San Fulgencio, Manuel Barrera, cobró cinco mil euros -5.000- a principios del mes de septiembre por empezar a trabajar para una firma inversora que, presuntamente puso sus ojos en el desarrollo urbanístico de San Fulgencio. El propio Barrera confirmó ayer este pago a varios responsables de este diario en el transcurso de una entrevista.
Este periódico, además, ha tenido acceso a las pruebas gráficas que demuestran tanto la entrega del dinero como la conversación exacta que demuestra el importe del pago. El concejal y cabeza de lista de la Agrupación Independiente Mediterráneo aseguró ayer, además, que el dinero lo cogió en concepto de donación para su partido, pese a que aseguró que nadie de su partido está por ahora informado de la entrega en efectivo.
El «trato» del edil con sus interlocutores, tal y como demuestran las imágenes a las que ha tenido acceso La Verdad, se cerró en el transcurso de la última de varias comidas que el concejal del municipio de la Vega Baja mantuvo con dos presuntos intermediarios -Joan García y Carlos- de una mercantil radicada, al parecer en Barcelona. El último de estos supuestos mediadores fue el encargado de entregar el sobre con el dinero al edil, tras aclararle que se trataba del primero de una serie de pagos que le harían con carácter mensual hasta completar la cantidad de 240.000 euros, es decir unos cuarenta millones de pesetas.
El acuerdo definitivo se produce durante este encuentro, celebrado en un restaurante de Valencia, según Barrera. Durante la narración de hechos realizada ayer por el concejal de Hacienda de San Fulgencio a este periódico, asegura que «yo no cogí el sobre con dinero» sino que éste había sido depositado sobre la mesa, pese a que las imágenes demuestran cómo este dinero se entrega en mano al vice alcalde y él hasta se detiene unos momentos a contar el dinero o, al menos, a comprobar de una forma somera el contenido de dicho sobre.
Manuel Barrera relató a sus interlocutores el proceso por el que había pasado el proyecto del PAI de La Cantera desde el año 2005 en que se empezó a hablar de él desde ámbitos municipales. Este proyecto urbanístico que nació hace ahora tres años contempla, tras dos modificaciones, la construcción de 4.000 viviendas, un campo de golf en las zonas verdes, hoteles, casino y hasta un puerto fluvial en una zonaque linda con el río Segura.
La zona conocida en San Fulgencio como La Cantera de cuyo desarrollo urbanístico se habla está localizada junto a dos yacimientos arqueológicos y cerca de otra zona declarada como ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
Sin dejar «estela»
Tras el repaso cronológico al proyecto los comensales iniciaron un diálogo de negociación acerca de las condiciones sobre las que el edil puede empezar a trabajar para la mercantil, de forma más o menos velada; en ese momento Carlos le recuerda a Barrera conversaciones anteriores en las que se habla de fidelizar -al edil-, por lo que ambos convienen que la reunión debe concluir sabiendo todos «si vamos por el mismo camino o por caminos distintos». En ese instante, Barrera nota que su interlocutor titubea por lo que le espeta que «debemos de ser claros». Acto seguido el supuesto mediador le revela al vice alcalde de San Fulgencio el importe de una partida de entre 200.000 y 240.000 euros que ya está preparada «para empezar este proyecto». A lo que Manuel Barrera responde de nuevo a Carlos que «debes ser directo y claro, porque yo trabajo con los americanos y no se muerden la lengua». Carlos regresa entonces sobre otro argumento esgrimido por Barrera en referencia a no dejar rastro de los pagos ni del inicio de la relación mercantil al recordarle al edil que «para mi la única manera de no dejar estela -definición utilizada antes por Manuel Barrera-, yo ya tengo una asignación aquí y te digo sinceramente que la tengo desde agosto».
«No regalo mi trabajo»
Más adelante el munícipe de San Fulgencio especula con los plazos de aprobación del proyecto urbanístico y que podrían rondar un año, un optimismo que no comparte su acompañante quien estipula en dos o tres años el tiempo de tramitación, pese a lo que le asegura que «hasta que empecemos a trabajar, si una persona es nuestra es nuestra».
Tras dar los comensales varios rodeos acerca del nuevo nivel de relación alcanzado toma la palabra Manuel Barrera y deja bien claro ante los presentes que «yo no regalo mi trabajo. Es mi tiempo y si mi tiempo lo quito de hacer lo que me gusta, que es atender a mi pareja y a mi barco y mi pesca y mi vela, y mis perros, y viajar por ahí, lo siento mucho pero eso hay que pagarlo (...) todos vosotros, incluso yo nos vamos a beneficiar de mis conocimientos y de mi experiencia y esto también tiene un valor». Y concluye Barrera con un contundente: «Yo estoy».
* La Verdad - JESÚS FERNÁNDEZ - 17.10.2008
Foto: San Fulgencio (Alicante) - inem.es
El fiscal pide imputar a la vicepresidenta de Castilla y León por corrupción urbanística
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ELPAÍS* : El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, ha pedido imputar a la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, del PP, por el escándalo de corrupción de la localidad abulense de Las Navas del Marqués (5.500 habitantes). El fiscal considera que Ruiz, que cuando se aprobó la urbanización en el pinar protegido era consejera de Medio Ambiente, le aseguró al alcalde que la urbanización saldría adelante y fue la que firmó la declaración de impacto ambiental.
Parte de la Ciudad del Golf estaba prevista en un área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. Ruiz ha dicho a Efe que está "totalmente tranquila" y que espera demostrar su inocencia.
En su escrito, el fiscal pide que se abra una pieza separada en el Tribunal Superior de Justicia y que le tome declaración como imputada, ya que Ruiz es aforada. Junta a ella hay imputados en la causa el alcalde, Gerardo Pérez, del PP, el ex director de Medio Natural Mariano Torre, el ex presidente de la Diputación, el promotor de la urbanización, Francisco Gómez, alias El Paloma, y otros 14 técnicos que participaron en la aprobación de la urbanización.
La Junta, el Ayuntamiento de Las Navas y la Diputación, todos del PP, crearon en 2000 una sociedad pública para "proteger el monte". Compraron a la empresa Unión Resinera un enorme pinar y recalificaron parte. La empresa pública pactó con un promotor la construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués. Antes de iniciar los trámites ambientales pactaron con él que podría construir en unas 200 hectáreas de pinar y talar más de 35.000 pinos.
Investigar si hubo prevaricación
La justicia investiga si ese pacto previo fue un acto de prevaricación, ya que incluso se comprometieron a indemnizar a El Paloma si los técnicos frenaban la urbanización. Pese a que el Tribunal Superior de Castilla y León declaró ilegal la urbanización en 2006, el constructor, Francisco Gómez, comenzó a talar el pinar hasta que la fiscalía de Medio ambiente lo paró.
Ruiz ha insistido en su "plena confianza" en el "buen hacer" de los tribunales. "Estoy absolutamente a disposición de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León", ha dicho. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha subrayado que su actuación en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la Ciudad del Golf se ciñó "al procedimento administrativo".
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 17/10/2008
Foto: Navas del Marqués (Ávila), tala Ciudad Golf -J.Martin ( EFE )
La alcaldesa quiere legalizar todas las casas de Marbella
ELPAÍS* : Los 2.000 vecinos que hace apenas un año salieron a la calle para pedir que no hubiera demoliciones de viviendas ilegales en Marbella (Málaga) y que no se obligara a los propietarios de estas 18.000 casas a pagar por su regularización comprobaron ayer que su presión ha surtido efecto. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, del PP, anunció ayer que intentará que no se derribe ninguna vivienda, ni siquiera las más aberrantes urbanísticamente, como el complejo Banana Beach.
También avanzó que ha encontrado la fórmula para trasladar a los promotores, y no a los propietarios, el pago por las tropelías urbanísticas.
El equipo de gobierno ha incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un artículo que permitirá exigir a los promotores que levantaron las viviendas ilegales que asuman las cargas urbanísticas fijadas para regularizar los inmuebles. Estas exigencias son, entre otras, la cesión de terrenos para zonas verdes o la construcción de los equipamientos de los que se vio privada la ciudad durante los 15 años del Grupo Independiente Liberal (GIL).
La regidora se mostró dispuesta a dar la batalla a la Junta de Andalucía para que las 500 viviendas que quedan fuera de ordenación -auténticos pecados mortales urbanísticos- sean finalmente legalizadas.
Entre estas promociones está la urbanización Banana Beach. Sus 238 viviendas fueron levantadas en una zona verde a pie de playa. Tienen sentencia de demolición y condena de seis meses de prisión para Julián Muñoz y seis ediles que concedieron la licencia de obra.
Otras 30 viviendas, promovidas también a pie de playa por uno de los promotores imputado en el caso Malaya, están en Río Real, y también tienen una orden de demolición que la Junta pidió que se ejecutase. El tercer residencial está en la zona del Alicate.
"Todo esto no hace sino confirmar que nuestras predicciones eran ciertas", señalaba ayer el portavoz de Ecologistas en Acción, Rafael Ávila. "Hace un año dijimos que el Ayuntamiento pretendía impulsar una amnistía general encubierta y ahora vemos que ya no se esconde nada y ya va preocupando", decía.
Durante una intervención de más de una hora, la regidora detalló los cambios que ha introducido en un documento que pretende aprobar provisionalmente la semana próxima, y que expondrá al público durante un mes.
"Será muy satisfactorio decirles a los vecinos que ya no tendrán que afrontar cargas que les supondrán pagar hasta 12.000 euros por regularizar sus viviendas", explicaba.
El nuevo PGOU dará un año a los promotores a partir de la aprobación definitiva para asumir de forma voluntaria las compensaciones. Pasado ese tiempo será el Ayuntamiento exigirá que se lleven a cabo.
La fórmula no exime totalmente a los compradores de las viviendas ilegales con respecto a las cargas urbanísticas, sino que coloca a los promotores en primer lugar a la hora de reclamar los daños que hayan podido hacer a la ciudad la construcción de estos edificios, señalaron ayer técnicos consultados.
En el artículo se señala que el promotor "no queda sustraído de las obligaciones y deberes de la legislación urbanística" en el proceso de normalización, e incide en que se maneje este criterio, "junto con la valoración de posibles actitudes negligentes, cuando no culpables, de anteriores Corporaciones", pero no dice que el propietario quede completamente eximido en caso de que el promotor desaparezca o se niegue a pagar.
La fórmula satisface los requerimientos de más de 350 comunidades de propietarios que reclamaron a través de 4.950 alegaciones. "Hemos incorporado un 70% de las demandas ciudadanas", mantuvo Muñoz.
Aún así, el Ayuntamiento se teme que tendrá que ir en más de una ocasión a los tribunales. "Estamos preparados para las reclamaciones patrimoniales, porque el PGOU no reconoce los convenios firmados con los promotores por otros gobiernos". En estos casos, el Ayuntamiento marbellí cobraba una parte del acuerdo con la promesa de incluir y aprobar el acuerdo en el futuro planeamiento.
El consistorio también recibirá las reclamaciones de los promotores a los que el propio Ayuntamiento marbellí vendió sueldo de equipamiento para construir, por lo que también habría obtenido plusvalías por esas irregularidades.
Durante la presentación la alcaldesa no ocultó que había tenido "discrepancias" con el equipo redactor, al que la Junta encargó el PGOU, a cuenta de las viviendas que están habitadas, como Banana Beach, y que quedan fuera de ordenación. "Hay que tener sensibilidad y sentido común para buscar alternativas", dijo.
El gobierno marbellí, a cargo de las competencias urbanísticas, ha mantenido varias reuniones con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para hablar de los cambios que querían introducir en el documento. Según varias fuentes, cada uno de esos cambios se están consensuando con el gobierno andaluz, ya que será la Junta de Andalucía será quien dé el visto bueno a la aprobación definitiva. "El Ayuntamiento necesita tener aprobado el documento lo antes posible y no quiere correr el riesgo de que lo echen hacia atrás", señalan fuentes municipales. De hecho, el caso del Banana Beach es uno de los temas que se quedó sobre la mesa en las últimas reuniones.
La portavoz del PSOE, Susana Radío, aseguró ayer que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio no avala los cambios que Muñoz ha introducido en el PGOU, entre los que figura la amnistía a 200 viviendas ilegales que quedaban fuera de ordenación en el documento entregado por la Junta.
Entre esas 200 viviendas hay dos urbanizaciones no habitadas -Jardines del Príncipe y Jardines de la Costa- que el Ayuntamiento propone regularizar "con cargas importantes para los promotores".
El complejo Jardines del Príncipe, una mole de 81 apartamentos que superaba la edificabilidad permitida y que tapaba las vistas al mar a los vecinos, se quedará intacto si el promotor cede los bajos de este edificio del lujo al Consistorio. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento quiere destinar la zona, sin cerrar ni acondicionar, a equipamiento sanitario. La promoción Jardines de la Costa -61 viviendas en suelo de espacios libres- tendría que comprar una zona aledaña y cederla al Ayuntamiento como zona verde.
La alcaldesa reclamó una lectura "en positivo" del documento, no sólo por la seguridad jurídica que acarreará. Destacó que los cambios aumentan el ratio de zonas libres de 27 metros cuadrados por habitante a 27,77 y que se contempla la construcción en los próximos 8 años de 27.085 viviendas nuevas, de las que 9.836 (36%) serán de protección oficial.
El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, calificaba de "actuación inteligente de cara a la crisis" los cambios propuestos por la alcaldesa. "Marbella va a salir adelante y van a dejar de hacernos esa propaganda tan negativa en los medios de comunicación ingleses", decía. Arranz creyó positivo "quitarle leña al fuego" y dar seguridad jurídica a los compradores de buena fé. Hace un año acusaba a los redactores de no conocer la realidad marbellí y pedía más consenso.
Un plan de largo recorrido
Junio de 1986. La Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
Mayo de 1991. Jesús Gil arrasa en las elecciones municipales y anuncia la revisión del PGOU.
Octubre de 1993. El pleno municipal aprueba inicialmente el nuevo plan, coordinado por Juan Antonio Roca.
Noviembre de 1997. El pleno aprueba provisionalmente el plan. El ayuntamiento concede ya licencias de obras de acuerdo al nuevo PGOU pese a no estar aprobado definitivamente y a que contravienen el vigente.
Julio de 1998. La Comisión Provincial de Urbanismo rechaza el plan, que recalifica 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal, y lo deja todo en suspenso hasta que el Ayuntamiento haga un texto refundido con las modificaciones requeridas.
Mayo de 2000. El Ayuntamiento aprueba un expediente de cumplimiento del PGOU que no es el texto refundido requerido por la Junta.
Octubre de 20o0. La Comisión Provincial rechaza por unanimidad el documento.
Noviembre de 2000. La Junta publica en el Boletín Oficial de la Provincia el PGOU de 1986, después de que los tribunales dieran la razón al Ayuntamiento en no considerarlo en vigor, por lo que otorgaba licencias contrarias al documento.
Mayo de 2002. Julián Muñoz sustituye en la alcaldía a Gil, inhabilitado por el Tribunal Supremo por el caso camisetas.
Marzo de 2003. El TSJA dicta la primera orden de paralización cautelar de unas obras impugnadas. La Junta lleva ya entonces recurridas 130 licencias municipales.
Mayo de 2003. El pleno municipal aprueba un nuevo texto refundido.
Julio de 2003. La Comisión de Urbanismo rechaza otra vez la propuesta de texto refundido, en el que planifica una ciudad con 600.000 habitantes, da por caducado el expediente y emplaza al consistorio a elaborar desde el principio un nuevo PGOU.
28 de julio de 2003. Julián Muñoz anuncia que elaborará u nuevo PGOU con los criterios de la Junta y que no dará más licencias contrarias al plan vigente tras reunirse con la secretaria general de Urbanismo, Josefina Cruz.
31 de julio 2003. El pleno inicia el expediente de elaboración del PGOU. Muñoz destituye a Roca al frente de la gerencia de Urbanismo.
1 de agosto de 2003. Ocho concejales del GIL, tres del PSOE y tres del PA presentan una moción de censura contra Muñoz apadrinada por Roca.
13 de agosto de 2003. Marisol Yagüe es investida alcaldesa. Contrata a Roca como asesor y anuncia que no dará licencias contra el plan del 86.
Noviembre de 2003.El pleno inicia el expediente de redacción del nuevo PGOU.
Enero de 2004. Junta y Ayuntamiento firman un convenio de colaboración para la redacción del plan.
Junio de 2004. La redacción del plan se adjudica al Manuel González Fustegueras.
Mayo de 2005. El avance estima que se construyeron 25.000 viviendas con licencia ilegal.
Noviembre de 2005. El Ayuntamiento considera inasumible la normalización propuesta por Fustegueras y dice que costará 6.000 millones.
Diciembre de 2005. La Junta inicia el expediente de retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento, tras impugnar 209 licencias ilegales y comunica a la fiscalía que dejó caducar 201 expedientes.
Marzo de 2006. Trece días antes de que estalle la operación Malaya, la Junta firma la orden de retirada de competencias.
Junio de 2007. El Consejo de Gobierno devuelve las competencias al Ayuntamiento de Marbella y le entrega el PGOU ya terminado.
Julio de 2007. El pleno aprueba inicialmente el plan por unanimidad.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 17/10/2008
Foto: Marbella, Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
Más de 1.500 familias de la Comunidad tienen sus viviendas en el cauce de ríos
20MINUTOS/Madrid* : "Cada vez que comienza a llover nos subimos al monte. Ya estamos acostumbrados". Lo cuenta Julio Martínez, un manchego de 77 años que lleva más de 40 en Las Sabinas (Móstoles), el poblado de casi 200 viviendas que se levanta en el cauce mismo del río Guadarrama.
La suya es una de las más de 1.500 viviendas que, según Ecologistas en Acción, corren el riesgo de desaparecer bajo las aguas ante una repentina crecida del caudal.
El Ayuntamiento de Móstoles explicó a 20 minutos que estas casas están en "situación irregular", ya que el terreno sobre el que se emplazan es "de dominio público", aunque reconocieron que "la cosa viene de atrás" (el poblado se creó hace más de medio siglo) y algunas han obtenido algún tipo de regularización, aunque "la mayoría son ilegales".
La Confederación Hidrográfica del Tajo está ultimando la construcción de un muro de contención que pueda actuar de dique ante posibles crecidas del caudal.
"Aquí hay reparto de butano, servicio de recogida de basuras y tenemos nuestro alumbrado público", cuentan Lorena, Quica y Carmen, tres jóvenes vecinas de Las Sabinas que miran con miedo al río cuando llueve "porque tenemos hijos pequeños".
Las inundaciones preocupan a vecinos de otros asentamientos similares, situados a orillas del Henares, Jarama, Alberche y afluentes menores, sobre todo en Arroyomolinos y Torrejón.
Pero su miedo lo comparten también algunos vecinos con viviendas situadas en zona urbana, como Coslada, Rivas y San Fernando. Los tres municipios han sido declarados zonas catastróficas tras las últimas inundaciones del pasado 11 de octubre y 22 de septiembre (ésta costó la vida a una mujer que fue arrastrada por el agua). Los vecinos achacan el problema, en parte, a carencias de alcantarillado y colectores.
"La gente no se da cuenta de que no sabemos cuándo ni dónde lloverá, pero lo que no varía es por dónde irá el agua", explican los ecologistas.
Algo que saben bien en las inmediaciones de la M-30, en la calle Joaquín Lorenzo (Barrio del Pilar), donde sistemáticamente las lluvias anegan sus garajes. La última vez fue el pasado 12 de septiembre.
También tienen problemas los residentes de tres calles de Fuenlabrada (Lima, México e Hispanidad), que ayer denunciaron que sus garajes se anegan cada vez que llueve.
* 20 Minutos - S. GOZALO. 15.10.2008
Foto: Un arroyo que transita junto a las viviendas y vierte al mismo río Guadarrama. (J. PARÍS), 20minutos.es
El juez imputa dos delitos de prevaricación al alcalde de Sorbas
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ELALMERÍA* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Almería ha imputado al alcalde de Sorbas y portavoz del PP en la Diputación provincial, José Fernández, como presunto autor de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio al, supuestamente, autorizar en 2005 la construcción de ocho viviendas unifamiliares en suelo rústico.
El edil de Sorbas ha respondido a esta acusación remitiendo dos informes técnicos en los que el arquitecto municipal informa de manera favorable a la concesión de estas licencias municipales. Fernández aseguró que la ley le obligaba por tanto a autorizar las obras para no incurrir en un delito de prevaricación.
El auto judicial fue dictado en virtud de las diligencias previas realizadas por la Fiscalía y ordena a la suspensión cautelar de la licencia de obra. El fiscal solicita también a la compañía Sevillana Endesa que se abstenga de realizar nuevos suministros a los citados inmuebles, un extremo que también admitió el juez.
Según el escrito, el Ayuntamiento de Sorbas "incumplió de forma palmaria" la legislación vigente al aceptar la petición de la empresa constructora para subdividir una parcela en ocho partes con el argumento de que la segregación se realizaba sobre suelo urbano, cuando éste estaba clasificado como no urbanizable.
Fernández aparece también implicado en otras diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Almería y remitidas al juez por la concesión irregular de licencias de obras en suelo no urbanizable.
* El Almería - O. L. - 17.10.2008
Foto: Sorbas (Almería) - pueblos-espana.org
Urbanismo y contaminación amenazan el río Llobregat
20MINUTOS/Barcelona* : Dos informes de entidades ecologistas coincidieron ayer a alertar sobre la amenaza para la recuperación medioambiental del río Llobregat que suponen el urbanismo y la contaminación.
La ONG Ecologistes en Acció denunció la situación extrema en que se encuentra el Delta del Llobregat, uno de los puntos más amenazados de la costa mediterránea, según la entidad, por la presión urbanística. Ayer, plantaron una banera negra en la playa de Gavà y desplegaron una pancarta donde reclamaban la necesidad de «salvar las costas» catalanas del avance de la construcción.
Según la organización ecologista, la proyección de 237 viviendas en el sector Llevant-Mar de Gavà acabará por completar la destrucción de la única pineda litoral que queda entre la costa del Garraf y la laguna de Murtra, considerada de elevado interés mediterráneo.
Por su parte, la entidad Prou Sal, con el apoyo de Unió de Pagesos y la Confederació d'Associacions de Veïns, alertó que los escombros salinos de Súria continúan salinizando el Cardener, un problema que no sólo afecta al Bages, porque el agua del Llobregat abastece el área de Barcelona.
Según estas organizaciones, los canales de recogida de escombros del Cogulló de Sallent presentan escapes. Además, denunciaron que se proyecta una ampliación para de aquí a un año que podría ocasionar que se viertan 20 millones de toneladas de sal más. De las 7.000 toneladas que se vierten a diario en el Bages, 6.300 se quedan en los vertederos, calcula Prou Sal.
* 20 Minutos - T.M. - 16.10.2008
Foto: Barcelona, delta del Llobregat - flickr.com
