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LAOPINIÓN/Granada* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Órgiva considera que existen "motivos suficientes" para atribuir a varios miembros del anterior equipo de gobierno de Lanjarón, entre ellos al que fuera alcalde José Rubio (PP), su participación en un presunto delito de prevaricación de funcionario público, otro de usurpación de funciones públicas o intrusismo y contra la ordenación del territorio por permitir la construcción de una vivienda en un lugar de especial protección donde sólo había autorización para levantar una nave agrícola.
En el auto de procedimiento abreviado por el que se da traslado a las partes para la solicitud de juicio oral, se incluye también como imputados a Belén Rodríguez Iglesias, la persona que promueve la obra y a su vez esposa del arquitecto municipal que contrató el entonces alcalde, y al secretario municipal: este último por no presentar "objeción alguna ni poner reparo" cuando se concedió la licencia de primera ocupación sin el informe técnico y jurídico preceptivo.
El asunto se remonta a junio de 2006 cuando la mujer del arquitecto solicita una licencia de obras para construir una nave-almacén y una alberca de 50.000 litros para riego de unos terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección al ser Paisaje Agrario Singular. La solicitud se traslada a la junta de gobierno local que procede a aprobarlo al contar con informe favorable el proyecto de nave de aperos. Sin embargo, en su lugar se construyó una casa de hormigón que en nada se ajusta al proyecto, violando las normas subsidiarias que prohíben la construcción de viviendas a menos de dos kilómetros del casco urbano.
Una vez finalizadas las obras, el 29 de mayo de 2007 la propietaria solicita la licencia de primera ocupación que la comisión de gobierno presidida por José Rubio y los ediles Francisco Gutiérrez Castro y Juan José Romero Chaves, en presencia del secretario municipal, Antonio Gijón Aguado, votó favorablemente dos días después pese a la "inexistencia de informe técnico y jurídico preceptivo" y "a sabiendas de que tal decisión carecía de amparo legal alguno".
Intrusismo de Rubio. Según se refleja en el citado auto, al que ha tenido acceso este diario, el entonces alcalde era "plenamente consciente de la inexistencia del informe técnico" pues obvió pedírselo al otro arquitecto municipal que no es el marido de la promotora de la vivienda y que ya en febrero de 2008 inspeccionó la obra determinando que en modo alguno se ajustaba al proyecto.
Conscientes de la inexistencia de dicho informe, el secretario se dirigió verbalmente a los integrantes de la comisión para decirles que "esto es lo que hay, ustedes deciden". El entonces alcalde aseguró que "él personalmente había subido a ver la finca y todo estaba correcto", lo que es interpretado por el juez instructor como una presunta usurpación de funciones puesto que "se arroga un rol que en modo alguno le correspondía y por el que carece de la más mínima cualificación profesional". "Además falta manifiestamente a la verdad ya que las obras realizadas no se ajustaban al proyecto ni siquiera en su apariencia externa", precisa dicho escrito. La inexistencia de actividad agrícola fue igualmente comprobada por los agentes del Seprona de la Guardia Civil.
Según el instructor, había una voluntad del entonces equipo de gobierno de favorecer a la promotora de la edificación y a su esposo dada la "muy buena relación personal" con el alcalde, quien incluso reconoció que la contratación de este último como arquitecto municipal obedecía a la intención de contar con una segunda opinión cuando los criterios del perito no fueran compartidos por la comisión de gobierno. "Todo ello con la premura y urgencia motivada por un inminente cambio de equipo de gobierno ya que días antes el partido de la oposición, el PSOE, había ganado las elecciones municipales por mayoría absoluta".
* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 27.04.09
Foto: Lanjarón (Granada) - ideal.es
El juez atribuye al ex alcalde de Lanjarón delitos urbanísticos
Protesta contra Nou Mil·leni
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ELPAÍS/Valencia* : Bajo el lema Por Catarroja, contra la destrucción: Nou Mil·leni no, vecinos de esta localidad de l'Horta Sud se concentraron ayer ante el Ayuntamiento para mostrar su rechazo al plan urbanístico que prevé 12.000 viviendas, 7.000 de ellas de protección oficial.
El proyecto, pendiente de diversos recursos en los tribunales, cuenta con el beneplácito del equipo de gobierno, del PP y UV, y con el rechazo frontal de la oposición, PSPV-PSOE, Bloc y EU. En la imagen, un momento de la protesta.
* ELPAIS.com - JOSÉ JORDÁN 27/04/2009
Foto: Rechazo al plan urbanístico de Nou Mil·leni - elpais.com
El TSJB invalida uno de los mayores ´pelotazos´ en el caso Plan Territorial
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DIARIODEMALLORCA* : El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha invalidado una operación urbanística contemplada en el Plan Territorial de Mallorca y que presuntamente dio pie a uno de los mayores pelotazos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción e investigados ahora por el juzgado de instrucción nº6. Se trata del antiguo urbanizable AS-16, en el Port d´Alcúdia, cuya clasificación como suelo rústico acaba de confirmar una reciente sentencia.
En 2003, al poco de comprar la finca por 6 millones de euros el promotor inmobiliario Mateo Sastre, del grupo Ibercon, ésta fue incluida en el Plan Territorial de Mallorca dentro de una área de reconversión territorial (ART), consistente en trasvasar sus derechos de edificabilidad hasta el predio de es Crevers, en Marratxí, que el ex presidente del Mallorca y dueño del Grupo Drac, Vicente Grande, compró y revendió posteriormente también a Sastre, según el primero por 46 millones.
Los propietarios iniciales de la parcela en Alcúdia -la sociedad anónima Montañamar- interpusieron en 2003 un contencioso contra el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento por la aprobación definitiva de la adaptación del planeamiento municipal a varias normativas superiores, en el que la mayor parte del sector AS-16 aparecía clasificado como suelo rústico. Los demandantes reclamaban la inclusión de sus terrenos en el suelo urbanizable, y con el plan parcial y el proyecto de urbanización aprobados.
Sin embargo, los magistrados que han visto el recurso han fallado que la desclasificación del antiguo urbanizable fue ajustada a Derecho, recordando que la misma se produjo ya anteriormente al año 2000, y subrayando que en la adaptación de las normas subsidiarias de 2002 -objeto del litigio- el Ayuntamiento no introdujo ningún cambio en este sentido. Y es que el actual consistorio alcudienc viene defendiendo desde hace años en los tribunales que el mantenimiento de este antiguo urbanizable, enclavado bajo el puig de Sant Martí y próximo a la zona de los lagos, resultaría "insostenible" para el municipio.
Apelación ante el Supremo
Los demandantes se han mostrado disconformes con el fallo judicial, y han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al no caber otro por la vía ordinaria. Si finalmente este no prosperara a su favor, podría quedar definitivamente abortado el traslado de los dudosos derechos urbanísticos desde Alcúdia hasta Marratxí.
* Diario de Mallorca - M. FERRER/ F. ARMENDÁRIZ. PALMA - 27.04.09
Foto: Panorámica de los terrenos del AS-16, en el Port d´Alcúdia, declarados suelo rústico. - Guillem Bosch, diariodemallorca.es
Una promotora ganó 34 millones en año y medio con cinco 'pelotazos' en La Muela
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HERALDO/Zaragoza* : La compraventa de suelo en La Muela no ha podido resultar más fructífera para la promotora Construcciones Sagain, con la que está vinculado uno de los imputados, Francisco Aramburu Altuna. Esta empresa obtuvo en plusvalías 33,9 millones de euros en apenas 16 meses, según se desprende de la investigación de la Operación Molinos.
Estos beneficios provinieron en parte de la adquisición de varias fincas justo antes de su recalificación y en parte de que, según queda acreditado, la sociedad urbanística le vendió parcelas muy por debajo del precio real del suelo.
El inicio de esta sucesión de exitosas operaciones se sitúa en septiembre de 2004, cuando Construcciones Sagain pagó 10,5 millones a casi una decena de propietarios por varias parcelas integradas en uno de los sectores de desarrollo del municipio, en la zona conocida como Partida El Morrón (UE-5). Según la Policía, al menos dos de las fincas eran en ese momento rústicas. Medio año después, cuando todas las parcelas tenían ya la calificación de urbanas, Sagain revendió el suelo a dos promotoras por 22,5 millones, lo que le originó plusvalías de 12 millones.
En esa misma zona, la empresa investigada compró suelo por 500.000 euros a otro particular en noviembre de 2004 y lo revendió a otra firma en enero de 2006 por 2,5 millones, lo que supone multiplicar por cinco su valor en poco más de un año. Cuando Construcciones Sagain efectuó el desembolso, el suelo estaba calificado como urbano no delimitado, mientras que en el momento de la venta era ya urbano consolidado.
Una tercera operación similar, que también incluye la recalificación del suelo, se llevó a cabo entre julio de 2005 y marzo de 2006, cuando Sagain compró fincas en la partida de San Antonio de Zafranares, en la UE-13, a seis propietarios por 4,2 millones y las vendió después por 7 millones.
Estas tres compraventas, con plusvalías de 14,8 millones para Sagain, son las que motivan la imputación de Aramburu por presunto uso de información privilegiada.
La investigación se dirige asimismo hacia otras dos transacciones de características diferentes: la compra de más de 20 hectáreas de suelo a la sociedad urbanística municipal por un precio inferior al del mercado, según las pesquisas. La Policía considera responsable de estos hechos a Julián de Miguel, administrador único de Aranade, y a la propia alcaldesa, como presidenta y apoderada de la sociedad urbanística.
La primera compraventa se desarrolló entre noviembre de 2004 y enero de 2005. En menos de siete semanas, Construcciones Sagain adquirió 11.666 m2 de la UE-14 -suelo urbano- por 1,7 millones de euros, a poco más de 150 euros por metro cuadrado, y los vendió a otra promotora en dos fases, la primera a 826,69 euros por metro y la segunda por 360,56 euros por metro. En total, las plusvalías fueron de 5,1 millones, cuatro veces lo invertido inicialmente.
La otra operación que ha levantado las sospechas de los investigadores fue aún más rentable para Sagain. En este caso, la sociedad urbanística le vendió 200.000 metros cuadrados en la cuarta fase de Centrovía en mayo de 2005 por 14,4 millones. A su vez, la promotora obtuvo 26,4 millones siete meses más tarde al transmitírsela a otra empresa, lo que supuso una plusvalía de 12 millones.
Los investigadores de la Operación Molinos no dejan de lado la fugaz tramitación registrada con la sexta fase de Centrovía. Incluida su aprobación por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio en la sesión del 26 de diciembre de 2008, tan solo cinco meses más tarde de que este mismo órgano rechazase la delimitación del suelo. El hecho de que el contenido de uno y otro informe sea casi idéntico hace pensar a la Policía que sus promotores hicieron uso "de su influencia en altas instancias" para lograr su aprobación. La reunión de diciembre no estuvo presidida por la directora de Urbanismo, Nuria Mas, sino por el subdirector, Carlos Martín Rafecas, otro de los imputados en la presunta trama de corrupción.
* Heraldo - LUIS FACI. Zaragoza - 27.04.09
Foto: La Muela (Zaragoza), Parque_eolico - elpais.com
