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TERRA/Málaga* : Ecologistas en Acción ofreció hoy una rueda de prensa en Estepona para valorar las consecuencias de la operación 'Astapa' contra la presunta trama de corrupción municipal en la localidad. En su comparecencia ante los medios de comunicación el coordinador de Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja, Felipe Román, subrayó que lo sucedido en el municipio 'no es un problema nuevo, pero tampoco local. Nadie puede llevarse las manos a la cabeza'.
Según Ecologistas, 'la situación de Estepona no ha sido ignorada por los distintos gobiernos territoriales, ni por los jerarcas de los partidos políticos ni aún por la sociedad local. No es un problema local, sino que está extendido por toda la costa mediterránea'.
Román se preguntó '¿por qué no ha denunciado la oposición? ¿a caso es que no hay oposición política en Estepona, que sólo se busca quitar al que gobierna para ponerse otros que van a seguir haciendo lo mismo?'. A juicio de Román, 'la fiscalía no ha actuado antes porque no ha tenido capacidad de hacerlo en su momento. Pero vamos, que la información está en todas partes, que no hay que arañar mucho para encontrar. Sencillamente hay que tener intención de encontrar para encontrar'.
Desde Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja recordaron que desde 2004 vienen desarrollando en la ciudad la campaña de banderas negras para denunciar actividades agresivas. Según Román 'en años anteriores detectamos hasta 15 puntos negros a lo largo de los 21 kilómetros de costa de Estepona'.
El caso más flagrante, según Román, 'es el del edificio de Prasa, que invadía zona de dominio público y que se ha demolido pero a costa del ministerio y no del bolsillo de los infractores. Además, en compensación, se aumenta la edificabilidad de otra parcela del promotor situada en primera línea pasándose del uso hotelero al residencial'.
Para Román, el principal problema es 'el modelo urbanístico que se mantiene en toda la comarca', mientras que en el caso del Ayuntamiento de Estepona la gran traba, a juicio del ecologista, 'es la nómina desorbitada de trabajadores. ¿De dónde van a sacar dinero para pagarles? ¿Se va a mantener a todo ese personal?'.
Según Felipe Román, 'la situación actual se remonta 30 años atrás. Nadie puede sacar pecho en este asunto porque todos han estado en el Ayuntamiento con responsabilidad de gobierno'.
En 2003, Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja presentó un escrito al entonces alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), en el que advertían que 'el caos urbanístico es claro y manifiesto.
El Ayuntamiento de Estepona es esclavo gustoso de promotoras urbanísticas que campan a sus anchas sin limitación efectiva de ningún tipo y de especuladrores, ya que los convenios urbanísticos y las licencias de obra suponen la única solución que nuestros representantes políticos son capaces de ver para afrontar una nómina de trabajadores disparatada y el clientelismo opolítico'. Según Román, 'nunca se nos dio respuesta a este escrito'.
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Terra Actualidad - Europa Press - 24.06.2008
Foto: Estepona (Málaga), aérea - seasmountains.com
Ecologistas considera que lo sucedido en Estepona 'no es algo nuevo'
Bruselas retrasa el debate sobre las denuncias de urbanismo en la C. Valenciana
LEVANTE* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aplazado hasta el próximo mes de septiembre el debate sobre las denuncias urbanísticas en Valencia, Castelló y Benicàssim que tenía previsto analizar hoy. Según fuentes parlamentarias, el presidente de la comisión, el polaco Marcin Libicki, tomó la decisión esta mañana después de que los propios peticionarios solicitaran posponer la discusión.
Finalmente, los eurodiputados tratarán los días 10 y 11 de septiembre estas tres denuncias, que hoy se iban a abordar junto a otras del ámbito urbanístico en España.
En el caso de Valencia, la queja -avalada por 15.000 firmas- fue presentada por la plataforma cívica Salvem La Casella en contra de tres proyectos urbanísticos en el valle de Aguas Vivas.
Los denunciantes sostienen que las obras fueron planeadas en secreto, sin consultar a los ciudadanos, y piden el envío de una misión parlamentaria dado el posible "efecto destructivo" de los proyectos sobre el medio ambiente.
La segunda de las peticiones valencianas que se iban a tratar hoy va en contra del Plan de Actuación Integrada (PAI) para Castellón de la Plana, que en opinión de la asociación de Vecinos Sant Joan Del Riu Sec pone en peligro el modo de vida tradicional de la zona y llevará a la desaparición del paisaje natural.
Por su parte, la asociación Ciudadanos de Benicassim Contra los Abusos Urbanísticos denuncia que el PAI de su localidad prevé la construcción de un campo de golf en un humedal que será secado de forma artificial y la construcción de 8.000 viviendas "sin garantizar la atención de las necesidades adicionales en relación con el suministro de agua".
La Eurocámara ya ha censurado en más de una ocasión los supuestos abusos de la construcción en España, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y ha criticado "los proyectos de urbanización masivos" que no responden a "necesidades reales" de las poblaciones y tienen "efectos desastrosos".
* Levante-EMV - EFE - 24 de junio de 2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Vecinos de Zamora presentan 2.612 firmas en el Ayuntamiento contra un aparcamiento subterráneo
TERRA* : Representantes de la plataforma vecinal creada en Zamora para oponerse a la construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona de Tres Cruces de la capital entregaron hoy en el registro del Ayuntamiento 2.612 firmas que avalan la negativa de los vecinos y comerciantes de la zona a aceptar la infraestructura propuesta por el equipo municipal de Gobierno.
La portavoz de la Plataforma, Nieves Turiel, señaló que en este caso 'las cifras sí son importantes' en alusión a que las firmas recogidas entre los vecinos de Tres Cruces han sido sensiblemente más numerosas que los votos recogidos por el Ayuntamiento de Zamora, algo más de 1.600, en la consulta popular abierta para decidir cual es la solución urbanística que se aplicará a la calle Tres Cruces una vez construido el aparcamiento.
Turiel señaló que sería 'un grave error' por parte del ayuntamiento ignorar o despreciar la opinión que los ciudadanos han emitido a través de las firmas recogidas en la calle.
La representante de la plataforma vecinal aseguró que seguirán adelante con las acciones de protesta por este proyecto. La próxima será una cacerolada que se celebrará el sábado durante la inauguración de la feria del ajo, que por cierto tiene lugar en la avenida Tres Cruces.
Además, añadió que tienen intención de mantener en los próximos días reuniones con los representantes municipales de la Agrupación de Electores Independientes de Zamora y el Partido Socialista, los dos grupos que en el ayuntamiento apoyan la construcción del aparcamiento. También se mantendrá un encuentro con IU que se opone al proyecto.
El concejal de IU en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Molina, pidió hoy a la alcaldesa Rosa Valdeón 'que se rinda' pero no ante la coalición, los vecinos, los comerciantes o el colegio de arquitectos, colectivos que han manifestado su rechazo de una u otra manera al proyecto, 'sino que se rinda ante el sentido común' porque es evidente, añadió, que nadie quiere un aparcamiento en esa zona de la ciudad, en las condiciones en las que se está planteando y en el momento en el que se está proponiendo.
* Terra Actualidad - Europa Press - 24.06.2008
Foto: Zamora - wikipedia.org
El TSJ desautoriza al Consell por aprobar un PAI sin el aval hídrico del Gobierno
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia ha anulado la aprobación del Plan Parcial "El Pinaret" de Ador realizada por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana. La sentencia estima integramente el recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre de de la Confederación Hidrográfica del Júcar...
... y obliga a retrotaer el procedimiento al momento previo al que la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó el citado PAI, obligando a esta comisión, controlada por la Generalitat, a solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar el "preceptivo" informe sobre la disponibilidad de recursos hídricos.
La sentencia, ante la que solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pone fin aparentemente al conflicto competencial suscitado en torno a quién debe o puede emitir este tipo de avales hídricos y si su dictamen es o no de obligado cumplimiento por la Administración valenciana.
La negativa de la Generalitat a aceptar la competencia estatal en la emisión de informes sobre disponibilidad de recursos hídricos, mantiene decenas de recursos abiertos y ha provocado retrasos en el desarrollo de muchas promociones, incluidas alguna de gran calado social como la de la Ciudad Deportiva del Valencia en Porxinos (Riba-roja).
La sentencia del TSJ de 30 de mayo conocida ayer trae causa del recurso contencioso administrativo presentado por el abogado del Estado contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, de 30 de junio de 2006, por el que se aprobaba, "supeditado a determinadas correcciones formales de carácter documental", la homologación definitiva y Plan Parcial del sector Pinaret, en el término municipal de Ador, en Valencia.
En el proceso administrativo, la CHJ pidió en enero de 2005 que se respetaran sus competencias y reitero la necesidad de emitir el informe sobre disponibilidad de recursos hídricos al que se refiere el Artº 25 de la Ley de Aguas, pero la CTU no lo pidió, aunque en su informe técnico sí supeditaba la aprobación de PAI al citado informe. Sin embargo, en el informe final desapareció este requisito.
La Sala entiende que cuando los actos o planes de las comunidades autónomas o las entidades locales "comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe" de la CHJ "se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas". Y añade, aparentemente para zanjar el conflicto, que el informe de la confederación es "preceptivo".
"La omisión del mismo-concluye- determina la anulación del acto, con retroacción de actuaciones para que expresamente se solicite".
En enero de 2007 el TSJ ya suspendió el PAI de Ador. Sin embargo, en marzo de ese mismo año rechazó la paralización cautelar pedida por la abogacía del Estado hasta dictar sentencia. Las obras no han comenzado.
* Levante-EMV - J. Sierra, Valencia - 24 de junio de 2008
Foto: decisión. La CHJ condiciona el desarrollo de Ador a la disponibilidad de agua.
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"Tráeme la carpeta del dinero"
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ELPAÍS/Málaga* : Un testigo vio cómo actuaba frecuentemente Antonio Barrientos, ex alcalde de Estepona, actualmente en prisión, acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales. Y lo cuenta: "Visitaba una asociación, escuchaba a sus promotores y daba un generoso donativo en billetes de 500 euros. Llevaba siempre a su lado a una persona a la que le decía: 'Tráeme la carpeta del dinero".
Las donaciones a este tipo de asociaciones de la ciudad (de vecinos, de jubilados...) se hicieron más patentes a lo largo de la pasada campaña electoral, según algunas fuentes. Nadie sabía muy bien de dónde salía el dinero que el alcalde entregaba siempre en efectivo a estas asociaciones cuando se acercaba a visitarlas. Todo para agigantar la figura del alcalde.
El uso de los fondos de la caja b que manejaba Barrientos, alimentada por decenas de empresarios y promotores a cambio de favores urbanísticos, licencias y permisos, tenía también otro destinatario claro: conceder gratificaciones y sobresueldos a empleados municipales, actividad en la que participaba Francisco Zamorano, concejal de Hacienda y que llevaba la gestión de personal. "Cuando un expediente debía ser agilizado, la fórmula era la de premiar a determinados funcionarios", añade este testigo.
Los investigadores no han acreditado hasta el momento que exista enriquecimiento personal del alcalde pero están a la espera de analizar la información que les llegará procedente de los bancos sobre las cuentas corrientes incautadas. Ahí esperan encontrar algo de lo hallado hasta ahora: existían rumores muy extendidos de que la Policía estaba investigando el caso de Estepona.
El ex alcalde de Estepona contaba con otra manera para ganar popularidad: su intensa actividad a la hora de atraer personalidades ilustres a la ciudad, sus proyectos culturales (Ciudad del Periodismo, Campus universitario). Todos estos le permitieron ganarse una imagen pública, dominar el partido en Estepona, donde su elección como secretario general recibió un respaldo casi unánime, y escalar posiciones en Málaga.
Las cifras de afiliación del partido han crecido notablemente. Esto también ha llamado la atención de los investigadores. De hecho, los movimientos de la afiliación en el PSOE de Málaga son uno de los hechos clave de la investigación.
La publicidad de que disfrutaba Barrientos era tan evidente que pasaba por ser el socialista más conocido de Málaga. Tenía, además, cierta fama de ir por libre. Tanto es así que, a pesar de algunos desencuentros con la Junta de Andalucía por sus prácticas urbanísticas, la Junta terminó entrando en el juego ante la imparable actividad del alcalde.
El terreno en el que se movía Barrientos, Estepona, tenía dos características singulares dentro de la Costa del Sol: ser el Ayuntamiento más importante con el PSOE en el poder y mantener una notable expansión urbanística en tiempos de crisis inmobiliaria. En esas condiciones, según fuentes de la investigación, Barrientos usaba la gestión municipal para hacerse cada vez más fuerte en el PSOE de Málaga.
A esto colaboraba la situación interna del PSOE malagueño, que sufre desde hace tiempo ciertas disensiones internas. En esta coyuntura se movía la ambición de Barrientos, que iba más allá de su puesto en la alcaldía.
En cualquier caso, la envergadura de esta operación no tiene nada que ver con la Operación Malaya. Lo que está fuera de toda duda era que Estepona no estaba en crisis o al menos no sufría el parón urbanístico de otras localidades de la costa. Un día antes de salir a la luz la Operación Astapa, Barrientos firmaba un convenio con unos saudíes que significaría unos ingresos cercanos a los ocho millones de euros para el municipio. Los convenios son, por tanto, otro plato fuerte de la investigación.
En ese terreno, dos empresas, Valle Romano y Prasa, ocuparon la atención de los investigadores. Sobre todo Valle Romano, el mayor proyecto urbanístico de la Costa del Sol en estos momentos, patrocinador de buena parte de las actividades culturales y deportivas de la ciudad de Estepona. Valle Romano, como Prasa y otras empresas, se caracterizaba por financiar buena parte de las actividades emprendidas por el alcalde Antonio Barrientos. Las donaciones nunca fueron transparentes, así que no había certeza de cuál era el destino final del dinero ni qué cantidades se manejaban.
Todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el alcalde Barrientos no cortó con las prácticas urbanísticas de la era Gil, pero sí trató de aparentar una mayor legalidad.
* ELPAIS.com - LUIS GÓMEZ - Estepona - 23/06/2008
Foto: El alcalde Antonio Barrientos - JULIÁN ROJAS, elpais.com
Urbanismo en negro
GUILLERMO BUSUTIL* : La Costa del Sol está enladrillada. ¿Quién la desenladrillará? El buen desenladrillador que la desenladrille, buen desenladrillador será. Este es el trabalenguas popular que colea en los últimos años en uno de los paraísos del turismo y en otras zonas costeras y de interior, donde los alcaldes han hecho del urbanismo una potente caja registradora, un corralito para amiguetes con ambición y una piedra de escándalo que los partidos utilizan como munición de batalla. Una hipocresía ya que el dinero fácil y la corrupción no entiende de ideologías ni de consignas éticas.
Hasta el punto de que está difícil encontrar a alguien que se considere libre de pecado como para tirar el primer ladrillo contra los enjuiciados, acusados o sospechosos de especular con el suelo público. Esta práctica no es nueva. Hace mucho tiempo que se ejerce, a pesar de la existencia de una Ley del Suelo, la primera de 1956 y la segunda de 2007, que nadie vigila aunque sea un punto básico del Derecho urbanístico. Basta con recordar aquel célebre escándalo de Sofico, muy arraigado en Estepona, de 1974. Desde entonces, los gobernantes locales, con potestad para decidir qué suelo es urbanizable o cual no, utilizaron el urbanismo para ajustar cuentas o beneficiar a vecinos y sobre todo para recaudar unos jugosos impuestos indirectos para la supuesta financiación municipal. Lo malo es que ese dinero casi nunca ha revertido en la riqueza del pueblo sino en las cuentas corrientes, andorranas o clandestinas, de unos personajes sin escrúpulos y que, al margen de las siglas a las que supuestamente defienden, representan el viejo estilo del caciquismo. Un fenómeno dañino que no se ha erradicado en nuestro país y mucho menos por los partidos de izquierda, responsables morales de haberlo
hecho.
La corrupción urbanística, cuya último caso ha sacudido a la esteponera ciudad del periodismo, se extiende por todos lados. Auque la palma se la llevan la comunidad valenciana, Menorca donde en los últimos años se han modificado los planes en 227 ocasiones, Murcia, Almeria y la Costa del Sol. Los territorios en los que la diferencia entre un tipo de suelo y otro es treinta veces mayor, donde el tirón del turismo de sol, playa y golf propicia que se cuadruplique la edificabilidad, donde una denuncia o una sentencia pública se ha resuelto con una multa en lugar de con la demolición y en los que promotores, constructores y políticos acuerdan entre whiskies que el urbanismo siga siendo la piedra filosofal del dinero B y del enriquecimiento ilegal. Lo curioso es que esto lo saben la cola del ratón y la cabeza del león. Es decir, que no cuela que los paisanos se sorprendan de que exista corrupción en un lugar poblado continuamente de grúas ni que las administraciones, que deben tutelar o visar los proyectos, no se enteren ni desconfíen de esta arraigada corrupción que ha puesto a España y a la Costa del Sol en el punto de mira de la policía, de la prensa internacional y de la Unión Europea. Esto resulta más escandaloso en Málaga donde la reciente Operación Malaya, que generó el precedente de crear una gestora, no motivó que en otros municipios sus gobernantes se arrepintiesen de sus delitos y diesen ejemplo defendiendo lo que prometieron al ser elegidos cargos públicos. Incluso es evidente que todavía surgirán nuevos escándalos, que los partidos continuarán rasgándose las vestiduras y resolviendo la vergüenza expulsando a los que días antes festejaban. Mientras la política se desprestigia cada vez más por la abundancia de caciques, pícaros e hipócritas que enladrillan la democracia que tanto trabajo costó construir.
* La Opinión de Málaga - Opinión - 22 de junio de 2008
