LEVANTE/Castelló* : La resolución de la Fiscalía que archiva las diligencias penales por el paso del trolebús por el parque Ribalta considera que no hay suficientes indicios de delito pero advierte que éstos sí se producirían en el caso de que no se cumplieran las actuaciones arqueológicas previas al inicio de las obras.
A pesar de no abrir la vía penal, la fiscal advierte que sí se han detectado "irregularidades de índole formal" que están siendo examinadas por el Tribunal Superior de Justicia debido a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el grupo municipal socialista.
Además, la Fiscalía subraya que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) constató que la conselleria sí ha realizado catas arqueológicas en el "paseo de carros" del parque, pero aún no ha cumplido la exigencia de excavar en "la zona de La Farola donde se encuentran la vieja muralla carlista y el refugio de la Guerra Civil".
A este respecto, la resolución del fiscal establece que antes de iniciar cualquier obra en el parque será "procedente" que ya esté "realizado" el plan de acción conjunta del ayuntamiento y la Conselleria de Cultura para cumplir las condiciones de mejora del parque exigidas por Patrimonio, entre las cuales destacan la reforestación, la peatonalización de viales adyacentes, las excavaciones arqueológicas de La Farola y el estudio y reducción del tráfico circundante.
La Fiscalía da por hecho que las obras de Ribalta aún no han comenzado, dado que la Conselleria de Infraestructuras le informó de que los trabajos en el paseo central del parque Ribalta "no se han iniciado" y el inicio de ejecución "está previsto para finales de noviembre de este año".
A pesar de las afirmaciones de la Fiscalía, no pasa desapercibido que la conselleria comenzó las obras el pasado 26 de abril tal como anunció públicamente el propio Consell y como evidencian las imágenes fotográficas. De hecho, Infraestructuras forzó la máquina para iniciar la obra antes del 30 de abril porque de lo contrario habría expirado el permiso de la Dirección General de Patrimonio para actuar en el parque.
De un modo u otro, el fiscal destaca que resulta "lógico y procedente" que dicho plan "estuviera realizado cuanto menos al darse el inicio de las obras y careciendo de finalidad que se realizara en un momento posterior".
Sin embargo, la resolución considera que la obra podría ejecutarse incluso en zona verde al ser "considerada de interés general". Asimismo, recuerda que los cinco informes desfavorables de organismos consultivos (Consell Valencià de Cultura, la Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Universitat de València, la Universitat Politécnica y la Universitat Jaume I de Castelló) no son de "carácter vinculante".
El decreto también "comparte la inquietud" por el hecho de que el proyecto fuera licitado y adjudicado antes del preceptivo informe de Cultura, aunque matiza que se trata de una cuestión que "en todo caso puede tener transcendencia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa". A fecha de hoy, el fiscal no descarta que el proyecto del trolebús en Ribalta sea irregular, pero aún así entiende que tales hechos no implican un delito penal.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 27.11.09
Foto: Castelló, parque Ribalta - levante-emv.com
El fiscal descarta delitos penales en Ribalta pero halla ´irregularidades´ que analizará el TSJ
Tres ex concejales de Firgas, acusados de prevaricar
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CANARIASAHORA/Gran Canaria* : Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público para los ex ediles y 12 años de inhabilitación para el ex alcalde, que no asistió al juicio por problemas de salud. Los ex concejales del Ayuntamiento de Firgas (Gran Canaria) Alfonso Marrero Marrero, José Manuel Marrero Navarro y Asunción Nuez Arencibia, entonces del Centro Canario (CCN), acusados de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística cometido en el año 1994, alegaron este miércoles que eran "prácticamente unos mandados" y hacían lo que el ex alcalde Francisco Ponce Gil les "decía".
Así lo manifestaron los tres ex ediles durante el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al que no pudo asistir el ex regidor, de 77 años de edad y también imputado por el mismo supuesto delito en la causa, por problemas de salud.
La Fiscalía solicita en su escrito de conclusiones provisionales imponer a Ponce la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de doce años y para los entonces concejales Asunción Nuez Arencibia, José Manuel Marrero Navarro y Alfonso Marrero Marrero solicita inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años por otorgar sendas licencias urbanísticas a viviendas unifamiliares, a pesar de los informes técnicos y jurídicos desfavorables. Sin embargo, la defensa pide la libre absolución para sus clientes.
El que fuera primer edil Francisco Ponce fue condenado por sentencia de 10 de enero de 2002 a la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación.
Normas anuladas del Plan de Ordenación del municipio
Según el escrito del Ministerio Público, en virtud del acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 14 de diciembre de 1990 fueron definitivamente aprobadas las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Firgas, contra las cuales presentaron recursos de reposición en vía administrativa entre otros el Ayuntamiento de Firgas, ya entonces presidido por el alcalde Francisco Ponce, recursos que fueron parcialmente estimados mediante otro acuerdo de la comisión de 5 de julio de 1991.
Interpuesto recurso contencioso administrativo contra ambos actos y siendo parte el Consistorio, que se personó en el trámite de conclusiones alegando su inadmisibilidad, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 28 de julio de 1993 anuló ambos acuerdos por ser contrarios al ordenamiento jurídico.
Además, mediante auto de 16 de mayo de 1994 la misma sala ordenó ejecutar provisionalmente dicha sentencia, pese a la oposición del Ayuntamiento para impedir el desarrollo urbanístico conforme a las normas anuladas, al estimar que causaría a la entidad local demandada y a los particulares afectados mayores perjuicios que los derivados de la suspensión de la aplicabilidad de las normas anuladas.
El 18 de julio de 1994 el director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias remitió escrito dirigido al entonces alcalde de Firgas requiriéndole para que la corporación se abstuviera de conceder licencias de obras en suelos clasificados como urbanos en las normas anuladas, limitándose a concederlas exclusivamente a los delimitados en 1974 y según el procedimiento legal, cumpliendo, entre otros, el informe preceptivo de dicho centro directivo en todos los proyectos para los que se solicitase licencia municipal de obras y debiendo acompañar el promotor, entre otros el visto bueno del técnico municipal.
Sin embargo, el día 2 de diciembre de 1994 se reunió en sesión ordinaria la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Firgas, a la que asistió Ponce y los entonces tenientes de alcalde Alfonso Marrero, José Manuel Marrero y Asunción Nuez, además del ex secretario municipal sin facultad de participar en la toma de decisiones.
Informes desfavorables
En dicha sesión se decidió otorgar sendas licencias urbanísticas para la construcción de viviendas unifamiliares, a pesar de los informes desfavorables del secretario del Ayuntamiento y de la oficina técnica municipal evacuados respectivamente en los expedientes urbanísticos municipales tramitados con carácter previo al otorgamiento de las licencias solicitadas.
La acusación pública insiste en que en ambos casos el fundamento de los informes desfavorables del secretario y del técnico municipal fue que habiendo quedado anuladas las normas subsidiarias del planeamiento de Firgas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el suelo donde se solicitaba autorización para construir tenía la consideración de suelo rústico.
Por ello, los dos empleados municipales alertaron de que el Ayuntamiento no podía otorgar la licencia sin la previa autorización de la obra por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.
''Yo ignoraba lo que firmaba''
En cambio, el entonces concejal Alfonso Marrero argumentó este miércoles durante el juicio que "no tenía conocimiento de que las normas subsidiarias hubieran sido anuladas por el TSJC" y "firmaba todo lo que el alcalde decía".
Además, admitió que "ignoraba lo que firmaba". "Sinceramente nosotros no teníamos ni idea de cuestiones de medioambiente y no teníamos conocimiento de nada sino que hacíamos y votábamos lo que el alcalde decía", alegó Marrero, que dijo no recordar su presencia en la comisión de gobierno que aprobó la concesión de dos licencias urbanísticas porque "hace 15 años que ocurrió".
"Votábamos inconscientemente. Yo no sabía lo que firmaba porque tenía una tonga de expedientes en la mesa. A mí me ponían los expedientes delante y yo firmaba y eso era lo que se hacía en aquella época", aseveró, al tiempo que dijo no recordar que fue presidente de la comisión informativa de Urbanismo. "Nosotros éramos prácticamente unos mandaos, unos ignorantes y prácticamente no nos enterábamos de nada", reconoció.
''Había informes que no se leían''
Por su parte, el ex concejal José Manuel Marrero, indicó que "había informes que no se leían" y puede que "igual los de las licencias otorgadas fueran de las que no se leyeron en la comisión de gobierno". "No fuimos informados de la sentencia de las normas subsidiarias y yo no lo conocía", reiteró.
"Por el volumen de trabajo no se leían todos los expedientes, sino que se votaba lo que decía el alcalde", destacó Marrero.
En los mismos términos se expresó Asunción Nuez Arencibia, que también dijo que no conocía la sentencia del TSJC que anulaba las normas subsidiarias ni recuerda que votara a favor de las licencias urbanísticas concedidas por el Consistorio. "No me acuerdo de eso, yo no llevaba obras y no estaba pendiente de eso. Se leían algunos de los informes pero no todos", sentenció.
* Canarias Ahora - E.P. - 27.11.09
Foto: Firgas (Gran Canaria) - infoNorte
Oleiros: El plan general ya acumula treinta recursos judiciales
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LAOPINIÓn/A Coruña* : Los contenciosos los presentan particulares, empresas, una fundación, una promotora, un colegio y una organizadora de bodas. El pasado mes de junio se presentaban los primeros recursos y a día de ayer la cifra alcanza la treinta. Todas estas impugnaciones, que aún pueden seguir sumando, se han efectuado contra el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Oleiros, aprobado parcialmente el pasado mes de abril.
La mayor parte de los recursos judiciales han sido presentados por vecinos particulares. De hecho existen más recurrentes que recursos pues en muchos casos un sólo recurso ha sido presentado por varias personas.
Una de estas impugnaciones, en concreto, la firman quince vecinos. Mediante la unión de afectados que están en las mismas circunstancias logran que la causa judicial no les resulte tan costosa, al repartirse entre varios los gastos de representación de abogado y procurador.
Entre los que se consideran afectados por las disposiciones del PXOM oleirense también figuran empresas, una fundación, un colegio y hasta una entidad que organiza bodas.
El último recurso presentado hasta ahora contra el plan de Oleiros corresponde a una promotora, Aparanda Promociones. También han impugnado el nuevo planeamiento responsables de la Quinta Canaima, la hermosa villa con un caserón de diseño vanguardista del siglo XX que está a muy pocos metros de la Casa Consistorial.
Esta finca hace años que se alquila para realizar fundamentalmente bodas (tiene capacidad para 250 invitados), aunque también acoge otro tipo de eventos como congresos. Esta finca singular tiene unos 6.000 metros cuadrados y se gestiona mediante una sociedad anónima.
Hijas de Cristo Rey, la entidad religiosa que gestiona un centro educativo en O Carballo, también ha impugnado el Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Otra entidad que ha recurrido el planeamiento urbano de Oleiros es la Fundación Juana de Vega, que tiene su sede en un edificio en A Carballeira en Nós y en cuyo patronato figuran entre otros los hermanos Vicente y José María Arias, del Banco Pastor, así como el ex rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Ramón Villares; y el empresario Juan Fernández Arévalo.
Esta entidad ya presentó varias alegaciones cuando el PXOM estaba en exposición pública. En este caso y en la mayoría de los que recurren el planeamiento el desacuerdo se produce por la clasificación urbanística del suelo.
El Tribunal Superior de Xustiza Galicia publica desde el pasado mes de agosto en el Diario Oficial de Galicia la presentación de cada uno de los recursos con el fin de que sirvan para emplazar a las personas que tengan derecho o interés legítimo en estos procesos judiciales y puedan comparecer así de forma legal en el plazo de noventa días.
En la fase de exposición pública el PXOM registró un total de 1.278 alegaciones.
* La Opinión A Coruña - MARTA VILLAR - 26.11.09
Foto: Oleiros (A Coruña), ayuntamiento - vecinosdeoleiros.es
Un Cabanyal vivito y coleando
ELPAÍS/Valencia* : El Cabanyal está vivito y coleando pese a los planes de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá de partirlo por la mitad. El colectivo Salvem el Cabanyal presentó ayer en la antigua fábrica de hielo del barrio los contenidos y actividades de la 11ª edición de Portes Obertes, que arranca este sábado y se prolongará durante un mes.
Maneres de viure es el lema de esta edición, que mostrará por primera vez los planos de la Lonja de Pescadores, que cumple 100 años, y de muchas de las casas del barrio. También se mostrará parte del archivo Gonsálvez-Romaní, los arquitectos que levantaron gran parte de este barrio de pescadores en la primera mitad del siglo XX y ofrecerá la visión de varios jóvenes arquitectos sobre cómo rehabilitar el barrio sin destruirlo.
Maribel Domènech, portavoz de Salvem, subrayó que en El Cabanyal hay toda una forma de vida y una arquitectura que vale la pena salvar. El colectivo, que lleva 11 años defendiendo el barrio ante la amenaza de la piqueta, se mostró ayer esperanzado con el informe que debe hacer el Ministerio de Cultura. Esperan que este documento, todavía en proceso de elaboración, dictamine que los derribos de casas son un expolio del patrimonio y que el plan de prolongar Blasco Ibáñez a través del barrio quede en papel mojado.
En este sentido, Salvem lamentó ayer que este año se hayan derribado 96 edificios entre la zona de San Pedro y la calle de la Barraca, inmuebles adquiridos por el Ayuntamiento y que han sido tirados abajo a pesar de que no existe ningún proyecto constructivo en ejecución. "Ha sido una demostración de poder. Estos derribos han ocasionado pérdidas incalculables", agregó Domènech.
En la fábrica de hielo del Marítimo ya se han instalado cuatro grandes pantallas donde se proyectarán imágenes de los interiores de las casas -en toda la zona hay más de 1.600- o la planimetría de la Lonja de Pescadores, también afectada por el plan. En otro rincón se exhibirá material audiovisual sobre la trayectoria de Salvem y se venderá un catálogo sobre Cases del Cabanyal, con instantáneas de 14 fotógrafos.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 27/11/2009
Foto: Los organizadores presentan esta edición con la maqueta de la avenida Blasco Ibáñez prolongada a costa de El Cabanyal.- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
Badajoz, el cubo y lo legal como catastrófico
LACRÓNICADEBADAJOZ* : Varios cientos de personas se manifestaron en la tarde de ayer en Badajoz contra el derribo del cubo, el edificio de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación enclavado en la alcazaba de la ciudad. Al final del acto se leyó un manifiesto en el que se defendió el edificio porque ha venido a contribuir a la rehabilitación del casco antiguo...
...porque su derribo supondría desandar el camino iniciado en orden a la revitalización del centro de la ciudad; porque no implicaría, en sentido estricto, cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que ordena reponer la alcazaba en el estado en que se encontraba con anterioridad a la construcción del cubo; y porque acometer la demolición supondría incurrir en un gasto elevado. Son argumentos cercanos al sentido común que cualquier ciudadano suscribiría sin reparos.
Sin embargo, el objetivo de la concentración de ayer en Badajoz no ha sido solo la defensa del cubo, sino el intencionado olvido de que a esta situación se ha llegado porque años atrás hubo políticos que, a la vista está, actuaron sin atenerse a las normas: el director general de Patrimonio Francisco Pérez Urban; el consejero de Cultura Francisco Muñoz Ramírez y la concejala de urbanismo Cristina Herrera. Y en este aspecto, la concentración de ayer ha sido una gran oportunidad perdida para exigir responsabilidades por el trabajo mal hecho. Un trabajo que le puede costar a la ciudad o a la Administración regional --a los ciudadanos, en definitiva--, como mínimo 13 millones de euros, y que para los autores del manifiesto no merece más que el comentario de que "pueden haberse cometido errores en el proceso". ¿Errores? ¿Es a lo que se dedica el Supremo, a juzgar errores?
La manifestación de ayer tuvo una tercera intención: presionar --"exigencia" ha sido el concepto empleado-- a Amigos de Badajoz, a los que exactamente se les ha tachado de insensatos, de irreflexivos, y de actuar con empecinamiento y soberbia. Esa, como mínimo, desconsideración hacia quienes están respaldados nada menos que por el Supremo es especialmente grave, porque en este asunto, pese a quien pese y con independencia de que habría que invertir el tiempo y los esfuerzos que fueran necesarios para evitar el derribo del cubo, la asociación Amigos de Badajoz encarna al Estado de Derecho del que seguramente todos los manifestantes se consideran devotos, sin caer en la cuenta de que intentar desacreditar a Amigos de Badajoz es intentar desacreditar al Supremo. Lo legal no puede ser en ningún caso catastrófico en una sociedad democrática, en contra de lo que se dijo ayer en Badajoz.
La manifestación significa que queda mucho por hacer en orden a arreglar este hondo conflicto; en orden a defender la legalidad; en orden a asumir responsabilidades; en orden a defender el patrimonio. También el patrimonio social, el desarrollo del casco antiguo, el desarrollo de la Universidad. Que es lo que importa. Pero falta el método. Y las actitudes. La presión, la descalificación, ponen en peligro todo lo que es necesario preservar y mantener. No se hará con pancartas ni con manifestaciones. Sobran los manifiestos (¿acaso hoy el cubo está más a salvo que ayer?) y falta capacidad y generosidad para sentarse a una mesa y acordar cómo hacer para que Badajoz, --no la alcazaba, sino la ciudad en su conjunto--, salga de todo esto con el menor daño posible.
* La Crónica de Badajoz - Editorial - 27.11.09
Foto: Badajoz, el Cubo - elperiodicoextremadura.com
Málaga: Teconsa obvió la obligación de informar que subcontrataba
ELPAÍS* : No habrá comisión de investigación en el Ayuntamiento de Málaga sobre el caso Teconsa, el pago de certificaciones de obra a la constructora por un importe seis veces superior a lo realmente ejecutado, que sí ha dado pie a la apertura de diligencias penales en un juzgado por presunta falsedad en documento mercantil y estafa.
El PP alegó ayer la existencia de este procedimiento y la inconveniencia de abrir "investigaciones paralelas" para votar contra la propuesta del PSOE, respaldada por IU.
Ello pese a que en el mismo debate plenario se evidenciaron nuevas irregularidades. Por ejemplo, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, reconoció que Teconsa no cumplió con la obligación legal de comunicar al Ayuntamiento que subcontrataba parte de los trabajos que le habían sido contratados. La normativa contempla que la administración adjudicadora debe no sólo conocer, sino autorizar las subcontratas. Según Díaz Guirado, el consistorio ha abierto un expediente sancionador a la compañía que está en suspensión de pagos.
Dudas no resueltas
Además, el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, acusó al equipo de gobierno de "manipular" el expediente, porque el que fue entregado el pasado lunes a la oposición no estaba foliado, y el que se aportó ayer sí. Fuentes dijo que es "preciso que los malagueños sepan como se ha empleado su dinero" y que la investigación municipal para depurar responsabilidades políticas no tiene nada que ver con la del juzgado. Señaló que el equipo de gobierno que preside Francisco de la Torre "tiene mucho que tapar" y se quejó del tiempo que ha tardado, más de un mes, en facilitar el acceso al expediente a la oposición.
El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, consideró que "hay muchas dudas no resueltas" que el equipo de Gobierno tiene que aclarar. Según la denuncia de una de las subcontratas, el Ayuntamiento pagó a Teconsa 444.927 euros por certificaciones de las obras de construcción de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando los trabajos realizados apenas costaron 86.385 euros. Además, la constructoras, implicada en la trama del caso Gürtel, no abonó ni un solo euro a las subcontratas entre abril y agosto. El Ayuntamiento resolvió el contrato con Teconsa a finales de octubre porque las obras estaban paradas desde agosto y se incautó de la fianza de 188.000 euros. Las obras de la carretera Azucarera-Intelhorce están presupuestadas en 4,3 millones de euros.
* ELPAIS.com - D. N. - Málaga - 27/11/2009
Foto: Málaga, obras entrada Azucarera - malagahoy.es
