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ELCONFIDENCIAL* : Sus textos sólo tienen difusión local pero sus repercusiones van mucho más allá. El periodista Carlos Otto, que fue despedido de El Día de Ciudad Real por escribir en su blog sobre las relaciones entra la dirección de su periódico y la construcción del aeropuerto de la ciudad, ha recibido tres denuncias en menos de una semana.
Una de ellas, de Mari Carmen García, la gerente del diario que le despidió, otra de Juan Antonio León Triviño, promotor del aeropuerto, y una última de Domingo Díaz de Mera, el propietario de su periódico. Todo ello, días antes de que otro periodista local de Tenerife sea amenazado de muerte por desentramar una corrupción urbanística.
Las demandas impuestas a Otto, de 6.000 euros cada una, son solicitadas por los denunciantes en calidad de indemnización por supuestas injurias y calumnias habidas en el blog personal del periodista. Algunas de estas calificaciones se atribuyen al demandado, otras, en cambio, a los comentarios vertidos por los lectores de sus artículos, haciéndole responsable en última instancia de todas ellas al periodista.
Carlos Otto demandó al periódico por despido improcedente. Hasta hace una semana, se encontraba a la espera del juicio, que tendrá lugar en febrero. Ahora, tras las tres denuncias, el periodista puede tener que enfrentarse a cuatro juicios distintos. Con todo y con eso, su abogado, David Bravo, se muestra optimista, ya que, según él, “el proceder y el contenido de las acusaciones no se sustentan en una base legal”.
“Ni siquiera enviaron el habitual burofax para solicitar la supresión de los comentarios. Emitieron tres denuncias idénticas por separado solicitando idénticas indemnizaciones, todas ellas igual de aleatorias económicamente”, explica Bravo.
Según el abogado, Otto no sería responsable más que de los textos que firma, y nunca de los comentarios emitidos por sus lectores, que son los únicos responsables. Sobre las calificaciones injuriosas que se le atribuyen a Otto, las de capo y mafioso, arrojadas sobre Triviño y Díaz de Mera, según Bravo estarían escudadas con el derecho de la libertad de expresión, dentro del contexto en el que están escritas. “Si alguien escribe que comprar en el corte inglés en un robo no significa que se le atribuya el delito de robar, pues en este caso igual”.
Amenazas de muerte
El caso de Carlos Otto, publicado anteriormente en El Confidencial, no es el único ejemplo en el que se cuestiona la libertad de expresión con la que trabaja un periodista local. La historia de Otto, que evidencia la cercanía entre la promotora del Aeropuerto de Ciudad Real y los dueños de El Día de Ciudad Real, ocurre de manera casi simultánea al caso de otro periodista que ha sido amenazado de muerte por dedicar sus líneas a los quehaceres urbanísticos de su ciudad.
Juan Antonio Medina, del periódico El Día (un medio local de Tenerife sin ninguna relación con el diario de Otto), escribió en su periódico sobre una presunta trama de corrupción urbanística conocida como el caso “Arona”. En su caso, las presiones han llegado únicamente de forma externa a su periódico, pero con una dureza mucho mayor. “Cuando salía de la redacción un coche se me acercó y un hombre me aseguró que me rajarían si seguía escribiendo sobre el caso”.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre, y desde entonces el periodista se ha visto obligado a cambiar su rutina, aunque asegura recibir todo el apoyo de su periódico, un diario según él independiente y sin relación alguna con constructoras. “Ahora entro y salgo del periódico de forma aleatoria, pero no ha cambiado nada más, seguiremos contando lo que tengamos que contar”.
El origen de las amenazas está en la publicación de una información el pasado 28 de noviembre donde el periódico tinerfeño informaba sobre que el redactor de Plan General de Ordenación Urbano (PGOU), Jorge Coderch, reconocía que el documento se había redactado de forma "irregular" ante las peticiones de los miembros del grupo de gobierno en el consistorio de Arona.
Según el abogado del redactor, Felipe Campos, la denuncia por amenazas de muerte se ha añadido al expediente del 'caso Arona' al igual que la información publicada al entender que "el plan general es un delito en sí de prevaricación". "No es demagogia decir que la amenaza va contra todos los periodistas y contra libertad de expresión y es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho".
* El Confidencial - Gustavo Bravo.- 17/01/2009
Foto: Los Cristianos (Arona), Tenerife- elconfidencial.com
Cómo ser periodista de un diario local y no morir a manos de un constructor
En prisión un celador de obras de Sant Antoni acusado de cobrar sobornos
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DIARIODEIBIZA* : Un celador de obras del Ayuntamiento de Sant Antoni fue ayer detenido por la Guardia Civil y enviado a prisión por el juez, acusado de aceptar sobornos para ocultar irregularidades urbanísticas.
La detención de este funcionario es el resultado de las denuncias presentadas por el propio Ayuntamiento de Sant Antoni y de las diligencias de la Fiscalía de Eivissa. El juez que instruye el caso ha decretado el secreto del sumario, dado que la operación todavía no está completamente cerrada, por lo que el caso estuvo rodeado ayer de un total hermetismo.
Según los datos obtenidos por Diario de Ibiza de varias fuentes conocedoras del caso, el celador es uno de los dos con que cuenta el Ayuntamiento y no es el que ostenta el cargo de jefe, sino su subordinado. Al parecer, el equipo de gobierno se percató de comportamientos extraños y se hizo también eco de «numerosos rumores» que circulaban por Sant Antoni sobre las actividades de este funcionario, que lleva en el puesto «muchos años», indicaron estas fuentes.
En un momento dado, «se produjo una evidencia muy fuerte» que desencadenó la denuncia del Ayuntamiento ante la Fiscalía y la detención del celador. De momento, no habría más funcionarios implicados en los hechos.
El detenido declaró ayer mismo en el juzgado, donde estaba de guardia el magistrado Juan Carlos Torres, quien tras escuchar las explicaciones del funcionario decretó su ingreso provisional en prisión sin fianza.
La Fiscalía de Eivissa, por su parte, le imputa la comisión de cuatro presuntos delitos: cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio y blanqueo de dinero, todos ellos tipificados con severas penas en el vigente Código Penal. En el escrito de denuncia se detallan de forma pormenorizada todos los indicios delictivos que pesan sobre el acusado, que deberá responder de estos hechos en la vista oral que se convoque en su momento.
Silenciar las ilegalidades
Según las explicaciones ofrecidas por fuentes de la investigación, el detenido aceptaba presuntamente sobornos por parte de promotores que levantaban obras ilegales en el municipio de Sant Antoni. Con estas cantidades, los constructores de dichas obras se aseguraban el silencio y la complicidad del celador, de modo que nunca sufrían las consecuencias de su proceder ilegal, pues al Ayuntamiento no le llegaban a constar.
Desde ayer, este funcionario se encuentra suspendido de empleo y sueldo en el Ayuntamiento.
De momento, se desconoce a cuánto asciende la cantidad que habría percibido el celador de forma indebida, dado el secreto que pesa sobre las actuaciones judiciales.
Aunque la operación seguía ayer abierta, el alcalde de Sant Antoni consideró poco probable que haya más funcionarios implicados en el caso. De todos modos, la investigación deberá determinar ahora el origen de estos presuntos sobornos, el modo en que se materializaban, la cuantía de los mismos y el número de expedientes a los que afectaban.
* Diario de Ibiza - Joan Lluís Ferrer - 17-01.2009
Foto: El propio Ayuntamiento de Sant Antonio denunció los hechos ante la Fiscalía de Eivissa / JUAN A. RIERA, diariodeibiza.es
