,+terrenos+bar%C3%A7a+-+media.e-noticies.com.jpg)
DEFENSACENTRAL/Barcelona* : A cada día que pasa, Joan Laporta se parece más a su homólogo Jesús Gil. Y no en simpatía precisamente (ya le gustaría al presidente del Barça), sino en su habilidad para realizar pelotazos urbanísticos encubiertos. De hecho, el presidente del equipo culé pretende cerrar en las próximas semanas la recalificación de varios terrenos situados en Baix Llobregat, Barcelona y Vallés Occidental.
Vaya personaje esté hecho este Laporta. Hace semanas contábamos aquí que el actual presidente y su equipo de trabajo se consideraban a ellos mismo la mejor Directiva de la historia. Serán los mejores, pero en actuar de espaldas a la opinión pública y de sus socios. El club, que acumula una deuda de 438 millones de euros (más el desembolso por Ibrahimovic) ha decidido deshacerse de esta a las malas, con corruptelas que ni el escándalo de Marbella con Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Laporta, a diferencia del ex alcalde de la ciudad de la Costa del Sol, no tiene bigote, y tampoco un pelo de tonto. Pero su problema es que cree que los demás sí lo son. Y esta vez le han pillado con el carrito de los helados.
UN TRI - ESCÁNDALO DE OPERACIÓN
Según desvelaba La Vanguardia hace unos días, el máximo mandatario culé está planificando lo que algunos han llamado el tri – pelotazo, es decir, una serie de operaciones urbanísticas que se traducirían en la venta de una serie de terrenos situados en las localidades de Baix Llobregat, Barcelona y Vallés Occidental. Con esta operación esperan solventar una deuda fruto de una pésima gestión que ha colocado al equipo blaugrana al borde de la quiebra.
LAPORTA, UN CERO A LA IZQUIERDA
Y luego resulta que la política imperialista viene de Madrid. Que los que hacen gastos desmesurados son los del club de Concha Espina. En fin, lo que alguien tendrá que explicarle a este presidente es que una buena gestión se cimienta en la categoría de los dirigentes. Y la de Laporta, sinceramente, no está ni por los suelos. Está bajo tierra, como la situación financiera del Barça. Y como sus socios no reaccionen pronto, a este equipo no le va a quedar otra solución que recurrir siempre al pelotazo y, si señores, a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva. Y si no, tiempo al tiempo.
* Defensa Central - I.L - 25.07.09
Foto: Viladecans (Barcelona), terrenos barça - media.e-noticies.com
Escándalo: Laporta quiere un ' tripelotazo'
Marbella: Cinco años en el limbo
MÁLAGAHOY* : El próximo miércoles el Pleno del Ayuntamiento de Marbella decidirá la aprobación provisional de su nuevo PGOU. Tal vez sea uno de los documentos urbanísticos sobre los que más ojos hay puestos actualmente en todo el panorama nacional. No en vano, Marbella ha sido noticia durante demasiados años por los desmanes urbanísticos cometidos por anteriores corporaciones y por los intentos a la vuelta a la legalidad que se están dando desde 2006.
Pero claro, 18.000 viviendas fuera de ordenación (tal y como avanzó la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, en la presentación del Plan General de Ordenación Urbana hace tres años) tienen difícil acomodo.
Ahora que el plan está a punto de ser aprobado provisionalmente, no está de más hacer un pequeño resumen de los acontecimientos que han dado lugar al texto en sí.
El plan general urbanístico comenzó a redactarse en 2004, en virtud de un acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, en aquel momento en el que Marisol Yagüe era alcaldesa de la localidad. El equipo dirigido por el arquitecto Manuel González Fustegueras (ligado a la redacción de múltiples planes urbanísticos por designación de la Junta, y que de hecho, fue concejal de Urbanismo en Jerez de la Frontera por el PSOE) se puso a trabajar de inmediato, y en 2005, se celebraron las primeras reuniones sectoriales con los diferentes colectivos sociales. Había que poner orden en muchos puntos.
El primer punto de inflexión que tuvo el devenir de este documento tuvo lugar en noviembre de 2005. Concepción Gutiérrez acudió a Marbella acompañada por el ya ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para hacer pública una decisión inédita (la primera de muchas): la retirada de competencias urbanísticas a la ciudad. El Gobierno andaluz asume en solitario la redacción de este PGOU, que si todo avanza según lo establecido, se llevará a pleno el próximo miércoles. Mientras, se sucedían las idas y venidas de los concejales y responsables de la corporación gilista a los tribunales por el desaforado urbanismo practicado en la era GIL, las demandas por licencias ilegales se amontonan en los juzgados (aún quedan unas 200 que deberán ser dirimidas).
El 29 de marzo de 2006 la situación cambia radicalmente: la operación Malaya significa la detención de todos los miembros del equipo de gobierno y la posterior disolución del Consistorio. Con la llegada de la Comisión Gestora a la ciudad (en la que estaban presentes PSOE, PP, IU y PA), se empiezan a tomar las primeras decisiones que significan la recuperación de la normalidad urbanística: precinto de edificaciones ilegales, creación de la Oficina de Planeamiento de la Junta en la ciudad y la primera solicitud de aplazamiento de ejecución de sentencias hasta la aprobación definitiva del Plan General.
Las elecciones de mayo de 2007 dieron la victoria al Partido Popular. Se produjo entonces la devolución de competencias urbanísticas al Consistorio, y también, el 17 de julio de ese mismo año, la aprobación inicial del PGOU. Tal y como ha recalcado la regidora, Ángeles Muñoz, en más de una ocasión, "no es el plan que queremos para Marbella, pero entendíamos que había que asumirlo para devolver la legalidad en un documento de planeamiento. Era lo más sensato: aprobar sin modificar una coma". El proceso de exposición pública y las reuniones con colectivos se dilataron durante dos meses. Se presentaron más de 8.500 alegaciones en esta fase. La mayor parte de ellas tenía como objeto el sistema de compensación, por el cual es la propiedad la que había de pagar por las irregularidades cometidas.
Reuniones con afectados, con promotores, recepción de informes sectoriales… Y trabajo conjunto entre los técnicos municipales y equipo redactor. Un año después de aquella aprobación provisional, se produce la aprobación en pleno de los cambios introducidos por ambos en el documento. De nuevo se abre el período de alegaciones y, de nuevo, más de 8.000 solicitudes de modificación del documento. Surge la polémica por la modificación de las lindes del término municipal, debido a un acuerdo suscrito entre los regidores de Marbella y Benahavís, por el cual 14.000 metros cuadrados (que, según el PGOU de Benahavís son urbanizables y que por el de Marbella son zona verde) pasan a ser de la localidad vecina. El Consejo Consultivo emitió un dictamen por el cual se determina que será la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Gobernación, la que tenga que decidir al respecto.
A finales de junio de este mismo año, el Ayuntamiento recibe de manos del equipo redactor el texto para su aprobación provisional. En los tres textos hay una tónica común: más de 1.000 viviendas no ocupadas se quedan fuera de ordenación. Pero hay tres promociones, que suman otro medio millar de casas, que tampoco tienen acomodo, y estas sí están habitadas. Se trata del Banana Beach (sobre el que además pesa una sentencia de demolición), Río Real y La Víbora. Muñoz tiene la firme intención de regularizar estas tres promociones, tal y como anunció el pasado día 16. La Junta, a través del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, lo advirtió claramente: "El pulso [de la regularización de viviendas] no es con la Junta, sino con los tribunales". Para el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio es "un profundo error plantear la legalización con carácter general con el criterio de que vive gente", algo que entiende es "jurídicamente imposible". "Siempre hemos dicho que no se trataba de legalizar lo ilegal, de un simple cambio de etiqueta, sino de definir un modelo coherente y razonable", explicó el consejero.
Muñoz parece que reculará. Ambos se reunieron el jueves para acercar posturas sobre el PGOU, cuya segunda aprobación provisional se lleva el miércoles a un Pleno extraordinario. Espadas afirmó que parece que la alcaldesa "reconsidera su postura, pero vamos a esperar a conocer los cambios y luego nos pronunciaremos". No en vano, la regidora adelantó que "no quería introducir elementos de inseguridad o de cuestionamiento de la legalidad urbanística".
De momento, hoy está convocada la comisión informativa del Pleno extraordinario de la aprobación del PGOU.
* Málaga Hoy - Bárbara Rodríguez -27.07.09
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
El Palacio de la SGAE: La historia de un amaño multimillonario
,+palacio+-+elmundo.es.jpg)
ELMUNDO/Madrid* : El ex alcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ocultó presuntamente información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para conseguir la apropiación del Palacio del Infante don Luis, propiedad de Enrique Rúspoli, que luego cedería gratuitamente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según una serie de documentos inéditos a los que ha tenido acceso EL MUNDO.
El partido Alternativa por Boadilla, representado por Ángel Galindo, solicitó el pasado martes ante el Tribunal Supremo, tras disponer de documentos desconocidos hasta la fecha, una demanda de revisión del auto del TSJM que había anulado la sentencia que suspendía la venta del Palacio del Infante don Luis al Ayuntamiento de Boadilla.
Según los nuevos documentos, el ex alcalde de Boadilla e imputado por el caso Gürtel, Arturo González Panero, ordenó a su letrado consistorial ocultar varias informaciones al TSJM, que permitieron finalmente la adquisición del Palacio por parte del Ayuntamiento y su posterior cesión a la SGAE.
Sin embargo, la aparición de estos documentos, a escasos días de concluir el plazo para solicitar la revisión del auto que permitió finalmente la cesión del Palacio al Ayuntamiento, podrían provocar la devolución del Palacio al propio Enrique Rúspoli, al haberse producido una presunta estafa procesal por parte de Rúspoli y de González Panero, según varias fuentes jurídicas consultadas.
Los hechos se remontan a noviembre de 1998, cuando el Ayuntamiento de Boadilla firmó un convenio urbanístico con Enrique Rúspoli, duque de Sueca, para la adquisición del Palacio del Infante don Luis. Según el acuerdo, el Consistorio de la localidad madrileña se comprometió a la cesión de 338 viviendas en una exclusiva zona de Boadilla, valoradas actualmente en más de 40 millones de euros, y al pago en efectivo de 1,2 millones de euros. Un pelotazo inmobiliario para un duque de Sueca que se desentendía, de esta forma, de un edificio cuya conservación había quedado en el olvido, a pesar de estar bajo el amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Nacional.
Sin embargo, la empresa Fincas de Boadilla S.A., con fuertes intereses inmobiliarios en la zona, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid demandando la anulación de dicho acuerdo por un "defecto de forma". La Sala dictó sentencia el 18 de octubre de 2002, haciendo añicos el acuerdo entre el Ayuntamiento y Enrique Rúspoli.
Este dictamen suponía la devolución del Palacio a Rúspoli y, por ende, la pérdida del dinero y de las viviendas pactadas con el Ayuntamiento de Boadilla. Éste, ante la amenaza de perder tan suculento botín por una sentencia que parecía irrevocable, declaró ante el TSJM que no había tenido constancia de la resolución judicial hasta el 11 de mayo de 2004, es decir, 20 meses después de que se hiciese pública.
La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 241 establece que un sujeto puede solicitar la nulidad de una sentencia en un plazo de 20 días desde que tiene conocimiento de ella. El 20 de mayo de 2004, nueve días después de, teóricamente, haber conocido la sentencia, Rúspoli solicitó la nulidad de la resolución judicial.
Alegó haber sufrido una situación de "indefensión" al no haber conocido ni recibido por parte del Ayuntamiento toda la información referente al recurso hasta el 11 de mayo de 2004. Por esta razón, según él, se había visto incapacitado a presentar alegaciones contra la resolución que anuló el convenio de adquisición que había sellado con el Ayuntamiento.
Presunta estafa procesal
Una versión completamente errónea si nos atenemos a los documentos a los que ha podido acceder EL MUNDO y que evidencian que Rúspoli había conocido la resolución judicial al menos 20 meses antes, en mayo de 2003.
El TSJM, antes de aceptar la petición de nulidad de Enrique Rúspoli, abrió una investigación para determinar si realmente éste no había tenido constancia de la resolución judicial hasta 20 meses después. Pidió un informe a Juan Ortega, letrado consistorial de Boadilla, que redactó un escrito en el que rechazaba la solicitud de nulidad de Rúspoli. Reconocía que éste había tenido "cabal conocimiento de la sentencia" antes del 11 de mayo de 2004.
"No es admisible el incidente, dado que la inactividad del Sr. Rúspoli Morenés, su no personación en autos, a pesar de conocer el contenido de la sentencia y el ofrecimiento que hace a la Corporación a la que represento, deben ser asumidas con el efecto de considerar que la indefensión no existe", explicó el letrado consistorial en su borrador de informe. Efectivamente, el Ayuntamiento de Boadilla comunicó en mayo de 2003 la resolución judicial a Pedro Ramón y Cajal, representante legal de Enrique Rúspoli.
En un fax con fecha del 20 de mayo de 2003, el abogado de Rúspoli agradecía al secretario de la Corporación de Boadilla que les hubiese adelantado la resolución judicial por la que el convenio entre ambas partes quedaba anulado. Además, otros documentos demuestran que Enrique Rúspoli mantuvo reuniones con el secretario del Consistorio meses antes de la fecha en la que había declarado haber conocido la sentencia. Por tanto, la solicitud de nulidad que realizó el 20 de mayo de 2004 se produjo fuera de plazo.
El borrador de alegaciones que ponía de relieve que Rúspoli había mentido al TSJM pasó a manos del alcalde de Boadilla, que decidió hacer caso omiso a sus indicaciones. En cambio, ordenó al letrado consistorial, a través de una nota interna, que ocultase las alegaciones anteriormente citadas, escondiendo así informaciones de gran importancia de cara a la decisión del TSJM.
Paradójicamente, le pidió al abogado del Consistorio que resaltase en el informe final dirigido al TSJM "la actitud de colaboración que el Ayuntamiento de Boadilla ha tenido, tiene y tendrá con la Administración de Justicia". Y todo ello, presuntamente, tras haber ocultado de manera deliberada las alegaciones que el letrado consistorial hizo contra la petición de nulidad de Enrique Rúspoli, así como los documentos que evidenciaban que Rúspoli había tenido acceso a la sentencia 20 meses antes.
Ángel Galindo, líder de Alternativa por Boadilla, califica de "presunto fraude procesal" la actuación de González Panero y Rúspoli, un delito que puede acarrear hasta 6 años de prisión, según el artículo 250 del Código Penal. Galindo también exige la "expulsión inmediata" de González Panero del Ayuntamiento de Boadilla, así como de las filas del Partido Popular, del que sólo fue suspendido de militancia, tras ser imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal y prevaricación.
* El Mundo- Javier G.Negre | Madrid - 27.07.09
Foto: El Palacio de Boadilla del Monte - elmundo.es
Una constructora que pagó comisiones a Correa sacó siete millones en billetes de 500
ELPAÍS* : Hacienda destapa un posible fraude al investigar el 'caso Gürtel' en Castilla y León. El consejero que adjudicó una obra sospechosa es ahora presidente de las Cortes. El caso Gürtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene más de 100 imputados, continúa su imparable expansión. Cinco meses después de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas.
En el informe de la Agencia Tributaria, definitivo para que el Tribunal Supremo haya decidido asumir el caso por la posible implicación de Luis Bárcenas, tesorero del PP, y el diputado Jesús Merino, se detalla cómo la investigación de los tentáculos de la red de Francisco Correa en Castilla y León ha destapado unas sospechosas operaciones de casi siete millones de euros en billetes de 500 que se están investigando.
La deriva de Gürtel en Castilla y León ya apareció en el primer auto del juez Baltasar Garzón que implicaba a Bárcenas. Los investigadores encontraron entre la documentación del contable de Correa un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en el caso Gürtel.
Garzón detallaba, basándose en los informes de los investigadores, que la red de Correa había anotado junto al fax 73.650= 12.255. 73.650 euros es exactamente el 3% de los 2,45 millones de euros de la adjudicación, y 12.255 la traducción de 73.650 euros a millones de pesetas. Esto es, que TECONSA habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación, un dinero que éste repartió después entre algunas personas aún sin identificar, y que aparecen con las siglas T.O; G; L y J. El 3% es el porcentaje del que siempre se ha hablado como el más habitual para comisiones de adjudicaciones. Más tarde, los investigadores encontraron otra documentación que apunta en el mismo sentido [ver gráfico]: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León" sobre otro reparto similar de 96.100 euros.
Todo esto hizo que los investigadores se pusieran en contacto con la Agencia Tributaria, que realizó un informe demoledor sobre TECONSA, una constructora de origen leonés. Según se puede leer en ese documento [ver gráfico reproducción de la izquierda], "la información recibida en relación con las operaciones de movimiento de efectivo realizadas por TECONSA en los ejercicios 2004 a 2007 se refiere al manejo por parte del obligado tributario de billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004, 242.000 en 2005, 893 en 2006 y 202.000 en 2007".
En casi todas las operaciones, TECONSA aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En 2004, en un mes, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gestión corriente de TECONSA, como indicaron don José Luis Martínez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Durán Sanz (trabajador de TECONSA), parecería más lógico que fueran retirados de una forma más continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", escribe la Agencia Tributaria en su informe.
Este mismo organismo ya había destapado en ese mismo informe que Constructora Hispánica, otra empresa relacionada con la red de Correa -aparecen pagos de esta constructora en la contabilidad B de 1,6 millones de euros que también habrían ido a parar en parte a Bárcenas, según la fiscalía- había realizado pagos superiores al millón de euros en billetes de 500 a empresas pantalla que emitían facturas falsas. Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento.
La polémica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso Gürtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y León, ha llegado incluso a las Cortes. La oposición del PSOE, dirigida por Óscar López en esta comunidad, exigió explicaciones y el actual consejero, Antonio Silván, insistió en que el expediente de adjudicación es "impecable". TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreció un preció más barato, aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente a los 2,8 que había ofrecido inicialmente TECONSA.
A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, según varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el escándalo se extienda judicialmente a Castilla y León, ya que serían tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por Gürtel, un caso que no para de dar disgustos al PP.
De hecho, los populares están preocupados porque se ha trasladado en el partido que Bárcenas, cuando fue interrogado el pasado miércoles en el Tribunal Supremo por su posible implicación en la concesión de la variante de Olleros, contestó al juez y a los fiscales que debían investigar a los responsables de esa adjudicación para identificar esas iniciales. Bárcenas no llegó al extremo de señalar nombres de compañeros suyos de partido, pero dejó caer dónde había que mirar, según las mismas fuentes. Sí fue tajante con Luis Delso, presidente de Isolux, al asociarle al apunte de "Luis, el cabrón".
El actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, máximo responsable de esa adjudicación, contestó ayer a algunas preguntas de EL PAÍS. Él insiste en que el expediente "es impecable". "Se concedió la obra a la empresa más barata. Toda la operación es de lo más correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", insiste.
Fernández Santiago asegura que él no tiene ningún tipo de relación con la trama de Gürtel. Admite que conoce de hace muchos años a Gerardo Galeote, uno de los principales implicados, pero nada más. "No conozco de nada a Correa, no le he visto en mi vida. No tengo la menor idea de a qué se refieren esas iniciales, pero en cualquier caso la presunción de inocencia en un Estado de derecho debe llevar a que a nadie le acusen de algo tan grave sólo porque su inicial pueda coincidir con la que hay en un papel que ha aparecido", sentencia.
* ELPAIS.com - CARLOS E. CUÉ - Madrid - 27/07/2009
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org
