PÚBLICO* : El patrimonio natural, paisajístico y cultural de España está amenazado por el avance del urbanismo intensivo, ya que entre 1987 y 2000 creció el suelo artificial en España en un 29,5%, según un estudio monográfico del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), publicado este viernes. El informe, elaborado por medio centenar de expertos, advierte de que "en España, a diferencia de los países del norte de Europa, ha primado la planificación urbanística" frente a la gestión sostenible del territorio, y este incremento del suelo urbanizado ha tenido "consecuencias nefastas en términos ambientales y paisajísticos y que afectan negativamente a la calidad de vida de los ciudadanos", con una urbanización "extensa, dispersa y de baja densidad".
Esta "visión urbanística" del territorio, junto con "la protección de islas con espacios de interés natural", suponen un desarrollo "cortoplacista" que ha implicado "una gran destrucción del patrimonio, fundamentalmente natural", según el estudio del OSE.
Para lograr la sostenibilidad territorial es necesario considerar el paisaje como un "bien no renovable, complejo y frágil" y desarrollar leyes específicas sobre el paisaje, que por el momento sólo tienen Catalunya, País Valenciano y Galicia.
+ Público - MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid - 17/10/2009
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
La España urbanizada crece un 30% en 13 años
La UE reclamará a Galicia las ayudas empleadas en proyectos inacabados
LAVOZ* : La Unión Europea está dispuesta a realizar una acción ejemplarizante en Galicia exigiendo la devolución de las subvenciones otorgadas para proyectos públicos de todo tipo que no han sido bien aprovechadas. Obras inacabadas, abandonadas, en ruinas o no utilizadas para el fin para el que fueron concebidas forman parte de un amplio dosier del organismo de control comunitario abierto sobre Galicia.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha considerado que la supuesta mala utilización de esas ayudas otorgadas por la UE a distintos fines en la comunidad gallega merece la intervención de la Administración comunitaria para exigir de entrada un exhaustivo rendimiento de cuentas. Según ha sabido La Voz de Galicia, así lo ha decidido esta misma semana la OLAF, que ha remitido los casos susceptibles de aclaración a las autoridades comunitarias responsables de la gestión de los fondos estructurales de la UE que en su día dieron el visto bueno a los proyectos ahora cuestionados. Las direcciones generales de Política Regional y de Agricultura, ubicadas en Bruselas, serán las encargadas de contactar con el Gobierno español y la Xunta para identificar la situación en la que se encuentra cada uno de los proyectos subvencionados por la UE a través de distintos programas, como el Proder, Feder o el Leader, en los que se ha advertido algún tipo de irregularidad en su aprovechamiento final.
Doble investigación
Al margen de dicha derivación administrativa en la reclamación de responsabilidades respecto a los proyectos abandonados o modificados sin permiso comunitario, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude advierte de que va a realizar a través de sus propios medios «un seguimiento de las actuaciones que estas autoridades -ambas direcciones generales de la UE- emprendan en relación con dichos casos, y en particular, el seguimiento de la recuperación de los fondos comunitarios indebidamente percibidos». Deja claro así la OLAF que, a su juicio, hay indicios suficientes de una mala utilización en Galicia de fondos europeos, conclusión a la que llegó tras la evaluación durante once meses del estado de cada una de las obras realizadas con dinero comunitario.
Desde la oficina de investigación europea se mantiene que es necesario dar un toque de atención a todas las Administraciones públicas respecto al uso que hacen de las subvenciones comunitarias, pero a pesar de que en algunos casos se prevea ya que se exigirá la devolución de las ayudas, se descarta de entrada que se lleguen a pedir responsabilidades personales a los políticos y técnicos responsables del mal uso de las instalaciones pagadas por la UE.
* La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 18.10.09
Foto: El aula de la naturaleza de O Porriño es el máximo exponente del mal uso del dinero público al no haber sido utilizada y sufrir una ruina total - Gustavo Rivas, lavozdegalicia.es
Presión urbanística vs patrimonio
LUCIANA AVERSA* : Al igual que Eivissa con el proyecto del puerto, otras ciudades de España han sido advertidas por la Unesco de que la presión urbanística podría poner en riesgo la declaración de Patrimonio Mundial de sus monumentos, ruinas, edificios históricos o biodiversidad. De los 41 bienes culturales y naturales que tiene España con la declaración de Patrimonio Mundial, a la que se suman las trece ciudades patrimonio, no son pocos los que «procupan» al comité de patrimonio de la Unesco.
Un parking y un auditorio en el centro de Salamanca, el primer rascacielos de Sevilla, el túnel que pasará por la Sagrada Familia en Barcelona, fueron algunas de las cuestiones tratadas en la pasada cumbre anual del Centro de Patrimonio Mundial, celebrada en junio en Sevilla, en la que Unesco no sólo pidió al Ayuntamiento de Eivissa que suspenda la construcción del puerto hasta que una comisión de expertos visite la isla para estudiar posibles afecciones en los bienes declarados. En el encuentro también se dio un toque de atención a Salamanca para que «abandone» sus proyectos de construir un parking y un auditorio en el centro histórico, se pidió a Sevilla que suspenda de momento la edificación del primer rascacielos, la torre Cajasol, debido a la incidencia que podría tener en los bienes declarados como son la Catedral, el Alcázar, y el Archivo de Indias y se «lamentó» también de que Barcelona no haya tenido en cuenta la proposición de interrupción de la construcción del túnel del AVE o la modificación de su trazado para alejarlo de la obra de Gaudí.
Pero no son los únicos, históricamente, la Unesco ha tenido sus más y sus menos con distintas ciudades por sus proyectos urbanísticos, aunque aún ninguna ciudad ha perdido su distinción de Patrimonio de la Humanidad, bien porque los proyectos fueron abandonados, o bien porque finalmente convencieron a la Unesco.
El ejemplo de proyecto abandonado es el de la construcción de la tres torres de Calatrava en Oviedo, una idea que tuvo que ser desechada finalmente por el Ayuntamiento debido a que para el comité, sus 133 metros de altura eran incompatibles con la protección del prerrománico asturiano. En el otro caso, en el que finalmente la Unesco reconoció progresos, fue la remodelación y la construcción de un moderno edificio en la plaza de Santa Teresa de Ávila llevada a cabo por prestigioso arquitecto Rafael Moneo a instancia del Ayuntamiento. Según explican las crónicas del momento, año 2007, la Unesco comenzó criticando duramente el proyecto y luego suavizó la crítica aprobando finalmente la remodelación y calificándola como un progreso.
La presión urbanística y la construcción de una nueva autopista junto al Camino de Santiago también preocupa a la Unesco, cuyo organismo asesor, Icomos, ya desaconsejó el año pasado la instalación de un teleférico proyectado para por el Ayuntamiento para mejorar las conexiones y la accesibilidad al casco histórico.
Pero hay muchos más ejemplos de bienes el peligro como ocurre en Numancia, con la iniciativa municipal de construcción del polígono industrial Soria II, que incluso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y cuya sentencia pidió recientemente medidas cautelares debido a que el polígono podría dañar «irreversiblemente» el yacimiento arqueológico de Numancia.
Si bien aún la sangre nunca llegó al río, como sí ocurrió en el Valle de Elba de Dresde, Alemania, a la que se le quitó la distinción de Patrimonio de la Humanidad por la construcción del puente de cuatro carriles, España sí cuenta con bienes incluidos por El Fondo Mundial de Monumentos ha inscrito en la Lista de Monumentos en Peligro. La Sagrada Familia, los paisajes históricos de Sevilla y de Toledo, la Ciudad vieja de Avila, Numancia y el Camino de Santiago, han pasado de la advertencia a figurar en una lista.
Carlos García, arquitecto y conferenciante, y miembro de la la comisión que investiga el rascacielos de Sevilla, explicó que los debates que surgen entorno a los proyectos urbanísticos entre las ciudades y la Unesco, son «en principio positivos». «Que una sociedad demuestre su implicación con el patrimonio me parece muy positivo», destacó el experto, para quien, el hecho de que muchas de los sitios que han tenido advertencias sobre sus patrimonios no hayan informado de sus proyectos a la Unesco no suele ser «una cuestión de mala voluntad», si no porque consideran «que sus proyectos no afectan al patrimonio». En este sentido, cabe recordar que es una de las quejas que elevó el GEN a la Unesco acusando al Govern, a la Autòritat Portuaria de Balears y al Ayuntamiento de Eivissa de no haber informado del proyecto. Esto suscitó también la reciente visita de las tres instituciones al Centro de Patrimonio Mundial en París para informar sobre la futura ampliación del puerto.
* Última Hora Digital Ibiza - Opinión - 18.10.09
Foto: Ibiza - www.uv.es
La trama saqueó millones de las arcas públicas
PÚBLICO* : El dinero, como la energía, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La misma ley que rige la termodinámica explica también el flujo de gasto que lucró los bolsillos de la trama Gürtel transformando en fondos opacos, elementos de ostentación y sobornos dinero de origen público que no fue creado de la nada, sino que nació del esfuerzo fiscal que obliga a todos.
Los impuestos alimentaron al Partido Popular y a las administraciones públicas que favorecieron que esos tributos, destinados a mejor fin, duerman ahora en paraísos fiscales o desmejoren atracados en un puerto deportivo una vez convertidos es sólo un ejemplo en yates de lujo.
¿Qué recorrido hace el dinero desde que nace del bolsillo de un contribuyente hasta que muere en los de, al menos, los 19 políticos que, según la investigación, se lucraron con los sobornos de la trama?
01. Impuestos. Hacienda somos todos
El punto de partida es siempre el mismo: la Hacienda pública. Los ingresos de un solo año dan cuenta de la magnitud de las cifras. El Estado prevé recaudar en 2009 un total de 160.753 millones de euros a través de la recaudación de impuestos. A partir de esa gran bolsa común de tributos aportados por todos, el dinero comienza su viaje hacia la red corrupta hasta desembocar en el bolsillo de los sobornados al tiempo que engorda las arcas de la trama.
Desde esta estación inicial, el dinero público sigue dos trayectos. El primero es la subvención que recibe directamente el PP de la cantidad que los Presupuestos Generales del Estado consignan para el funcionamiento del partido conservador fondos que también reciben el resto de formaciones. La segunda ruta es el trasvase que Hacienda realiza a las administraciones territoriales: la previsión es de 60.119 millones de euros este año. Con esta cantidad se alimentan las finanzas públicas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, a su vez, tienen capacidad para recaudar impuestos.
02. Las cuentas del PP. El dinero público alimenta al partido
"Los partidos políticos se nutren, además de la financiación privada, de tres tipos de financiación pública: electoral, que puede ser directa o indirecta esto es, en función de los votos y escaños obtenidos o con espacios en medios de comunicación públicos; parlamentaria y ordinaria", explica María Holgado, titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autora del último texto de referencia publicado sobre la materia: La financiación de los partidos políticos en España (Ed. Tirant Lo Blanch, 2003).
El 90% de la financiación del PP procede de fondos
"Los partidos políticos viven en un 90% de fondos públicos, porque la ley establece que las aportaciones privadas sólo pueden llegar al 10%", completa Holgado. Esta financiación tan mayoritariamente pública tiene una doble justificación: "Garantiza la necesaria subsistencia de los partidos y asegura independencia frente a grupos económicos que podrían exigir contraprestaciones a cambio de beneficiar económicamente a una formación".
Esas aportaciones públicas nunca se expresan en pequeñas cantidades. Las cuentas públicas asignan en 2009 más de 34 millones de euros al PP. Además, el Estado aporta otros 1,7 millones al partido para sus gastos de seguridad. Pero la cifra crece si se tienen en cuenta también las partidas que financian los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado que suman más de 3,7 millones de euros,los parlamentos regionales más tocados por el caso Gürtel, Madrid y Comunidad Valenciana otros 3,7 millones, y los ayuntamientos madrileños donde se ubica el epicentro de la red corrupta: Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda, con asignaciones que rondan los 40.000 euros cada uno.
En total, estas ayudas suman casi ocho millones de euros que, añadidas a la subvención ordinaria aportada por los Presupuestos, eleva la cifra a casi 44 millones sólo en un año y únicamente en los territorios contaminados por la trama. Teniendo en cuenta que la red liderada por Francisco Correa, alias Don Vito, comenzó a operar hace al menos 13 años en 1996, la cantidad de dinero público en manos del partido que lucró a la trama se multiplica hasta alcanzar una dimensión inabarcable.
03. Negocios con el PP. Don Vito, el maestro de ceremonias del PP
El entramado empresarial ligado al caso Gürtel organizó los actos públicos del PP nacional entre 1996 y el año 2004, bajo la presidencia de José María Aznar. Sólo entre los años 2000 y 2007, diferentes firmas del grupo admitieron haber facturado casi 18 millones de euros al PP. La red ha seguido trabajando para los conservadores ya con Rajoy al frente del partido hasta este mismo año.
El PP recibe casi 44 millones en 2009 sólo en los territorios a los que llegó la red
El mismo dinero de raíz pública que pagó estas facturas de Correa se ramifica por toda la estructura territorial del PP y sostiene su organización en todas las comunidades, incluidas Madrid, Valencia y Galicia, donde hay fundadas sospechas de financiación irregular, según los datos que figuran en el sumario del caso.
El número dos de Correa, Pablo Crespo, admite estas irregularidades en Galicia, donde fue secretario de Organización del PP, y lo revela así en conversaciones grabadas por la Policía. Los investigadores sostienen que la trama también financió ilegalmente al PP valenciano y, en Madrid, el partido de Esperanza Aguirre pagó a la red corrupta de Correa con dinero recaudado a destacados empresarios, encabezados por el líder de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, a través de la fundación Fundescam, según desveló Público en mayo.
04. Modus operandi. Contratos públicos con un fin muy privado
Dinero de naturaleza pública sostiene también a las comunidades y ayuntamientos del PP que favorecieron a la trama con centenares de contratos hasta hacer rebosar su caja. La trama se lucraba con tres actividades fundamentales: organización de eventos, adjudicación de servicios públicos y mediación para conseguir de contratos a cambio de sobornos. Sus fondos le permitían, además, diversificar inversiones y jugar a la especulación urbanística en territorios controlados por políticos conservadores con la voluntad comprada.
Las administraciones que operaron con la trama también viven de los tributos
Es en este punto cuando estos fondos nacidos de los impuestos dejan de ser abstractos y se convierten en apuntes contables para la trama desde las administraciones regionales y locales que trabajaron con la red Gürtel. La mancha de Correa contamina especialmente a Madrid y a la Comunidad Valenciana. Todas las consejerías del Gobierno que preside Esperanza Aguirre adjudicaron contratos públicos, casi siempre a dedo, a las empresas de la red corrupta desarticulada por la Audiencia Nacional.
Los contratos adjudicados en esta comunidad son en total 342, por un importe que supera los tres millones de euros. En la Comunidad Valenciana, son al menos 45 las concesiones públicas, con una cuantía de ocho millones. La red extendió sus prácticas también a Castilla y León. Según consta en el sumario levantado parcialmente el pasado 6 de octubre, varios políticos se repartieron 73.655 euros de la comisión que la trama exigió a una constructora a cambio de adjudicar una obra pública en León, gracias a su relación de privilegio con el PP.
05. Los ayuntamientos. El gran negocio de los pequeños municipios
Al menos cuatro ayuntamientos de Madrid gobernados por el PP cebaron las arcas de la trama Gürtel con adjudicaciones basadas en sobornos. Son Boadilla, Pozuelo y Majadahonda, en el adinerado noroeste de Madrid, y Arganda, al sur de la comunidad. Los cuatro municipios han vivido con especial voracidad la expansión urbanística acelerada que precedió a la crisis. Al calor de esos negocios inmobiliarios creció también la red corrupta.
La cuantía total de sus operaciones en este capítulo es aún una incógnita, pero las primeras cifras son multimillonarias. En Arganda, por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista las cifra en más de 50 millones de euros. Los pelotazos inmobiliarios son también multimillonarios en la adjudicación de suelo público. En Boadilla, por este concepto, la red embolsó al menos otros 50 millones y en Pozuelo la cifra supera los 20.
En estos casos, los responsables municipales no consideraban la mejor oferta para su localidad, sino la que más favorecía a la trama. Los presupuestos municipales dinero público eran así malbaratados para favorecer intereses privados. En no pocos casos, el presupuesto final abonado por el ayuntamiento duplicó el proyectado inicialmente. El beneficiado era, claro, el entramado de Correa y el político local que apadrinaba su red a cambio de sobornos en metálico o en especie. Dinero y coches de lujo eran la dádiva estrella que conquistó la voluntad de algunos cargos públicos del PP que aparecen imputados en la trama.
06. Dinero evaporado. Hacienda éramos todos, menos Correa
Gracias al favor de estas administraciones regionales y municipales gobernadas por el PP, los principales cabecillas de la trama Gürtel amasaron una fortuna ingente transformando fondos de naturaleza pública en beneficio estrictamente privado a través de un magma empresarial compuesto por una treintena de sociedades. Buena parte de ese dinero se encuentra por ahora evaporado en una decena de paraísos fiscales, donde la Justicia sigue la pista de, al menos, 40 millones de euros.
El patrimonio estimado de Correa se eleva a 50 millones. El de su número dos asciende a 12 millones. Ambos acumulan un enorme patrimonio inmobiliario a nombre de sus sociedades. Hacienda, sin embargo, no existió para Correa: "No ha presentado declaración del IRPF desde 1999", señala un informe de la Agencia Tributaria. La cantidad defraudada sólo entre 2003 y 2007 supera los 5,1 millones de euros.
El dinero público acabó en manos de una trama jalonada de todo tipo de fetiches ostentosos: mansiones, yates y un parque móvil tan abultado como reñido con la discreción: 49 vehículos de alta gama valorados en 1,3 millones de euros.
07. Los sobornos. Una relación de favor a cambio de 6,4 millones
Es el final de viaje. El dinero de todos creció en el bolsillo de unos pocos. Al menos 19 cargos del PP cobraron 6,4 millones de euros de la red dirigida por Don Vito, según los informes remitidos al juez Garzón por la Policía y las anotaciones contables de la trama. Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y senador por Cantabria, fue el más beneficiado, con más de 1,3 millones de euros. El origen de esta cantidad es tan público como pública es la responsabilidad de la que se valieron los sobornados para transformar este dinero en beneficio únicamente privado.
* Público - MIGUEL ÁNGEL MARFULL - MADRID - 17/10/2009
Foto: Rita Barberá y Mariano Rajoy, junto al 'Bigotes' (dcha). - publico.es
El desorden urbanístico multiplica el riesgo de inundaciones
ELPAÍS/Valencia* : El fuerte temporal de hace unas semanas dejó tras de sí zonas urbanas empantanadas, pérdidas económicas millonarias y polémicas políticas en las que unos y otros se echan la culpa del desaguisado. Esta vez, por fortuna, no hubo que lamentar víctimas mortales, pero cientos de personas perdieron muebles, coches y negocios. Y se preguntan por qué no están seguros en sus casas y calles.
La Generalitat tiene leyes para impedir o supervisar la edificación en zonas inundables; la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dispone de planes contra avenidas; los meteorólogos avisan de las gotas frías y las universidades no dejan de producir estudios sobre el territorio. Y aún así, el agua se desborda por donde no se la espera.
Los expertos advierten desde hace tiempo que la intensa transformación del territorio ha multiplicado el riesgo de inundaciones. El urbanismo salvaje de la última década ha eliminado campos y humedales que antes absorbían agua y evitaban que se precipitara hacia los ríos, y ha permitido construcciones al borde de los cauces e incluso en ellos. El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, lo advirtió en una visita a Beniarbeig tras el primer temporal fuerte del otoño: "Entre todos hemos hecho un territorio en el que el drenaje ha sido el gran olvidado y, por mucho que ahora ejecutemos obras de encauzamiento, cuando llueve el agua no llega a los cauces, sino que se queda estancada en las ciudades".
"Antes se filtraba agua en los campos y llegaba más repartida y más tarde a los ríos", abunda José Ramón Mahiques, portavoz de la Plataforma Ciutadana Riu Girona, creada por vecinos de Beniarbeig, El Verger y Els Poblets tras el desastre de octubre de 2007, cuando el río se desmadró hasta tumbar un puente y anegar los pueblos. En aquella riada convergieron causas naturales, un río encajonado en cascos históricos, puentes obsoletos, el arrastre de vegetación de ribera..., pero también lo que la plataforma llama "factores agravantes de los desbordamientos". Estos señalan al boom inmobiliario, al abandono de campos que pueden ayudar a laminar avenidas y la "importante impermeabilización del suelo provocada por un crecimiento urbanístico acelerado". Los riesgos persisten, porque tras las obras hechas en el cauce tras la riada, se sigue construyendo pegado al río, constata Mahiques, como si el peligro hubiera desaparecido.
Que el agua puede revolverse como una hidra de siete cabezas lo saben también en Burriana, donde los vecinos navegaron literalmente por sus calles en el núcleo histórico del puerto, en el que viven unas 6.000 personas. El caos generado por el último temporal fue tal que los afectados han creado una plataforma y buscan explicaciones. Jorge Soriano, su presidente, tiene algunas. Se asfaltaron calles hace un año dejando "las trapas tapadas", un olvido que impidió que el agua llegara al alcantarillado. Tampoco pudo desaguar en el mar porque "se han construido escolleras y unos muros en el paseo marítimo que al final tuvieron que tirarse abajo". El torrente de agua también vino de fuera, de los PAI a medio hacer cerca del puerto, donde "se han dejado de usar acequias y se han cegado", de modo que el agua se abalanzó por los caminos rurales hacia el casco urbano. Los vecinos apuntan a las administraciones como responsables y estudian acciones legales.
Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, acaba de participar en un nuevo estudio sobre la vulnerabilidad ante las inundaciones en el litoral mediterráneo que certifica que "ha aumentado el riesgo, pero no porque haya más gotas frías, sino porque hay más gente en sitios inundables". En el litoral entre Torrevieja y Pilar de la Horadada se ha construido a pie de rambla, como también en torno a los ríos Girona o Gorgos, por poner algunos ejemplos. Ocurre a lo largo de toda la costa valenciana, constata Paco González, portavoz de la organización ecologista Gecen, que denuncia que la presión del ladrillo se ha impuesto a la protección de zonas húmedas que actuaban "como lagos laminadores de fuertes lluvias" y ahora están salpicadas de casas con sótano.
González también critica por desfasado e insuficiente el Patricova, el documento con el que la Generalitat fijó en 2003 las zonas inundables en las que extremar precauciones y la necesidad de acometer un centenar de obras. Del Patricova están pendientes decenas de obras y el desorden urbanístico obliga a revisar el mapa de riesgos. "Se está actualizando", afirman en la Consejería de Medio Ambiente, que no explica más. La Generalitat afirma haber invertido 395 millones de euros en 68 infraestructuras hidráulicas, pero no aclara desde cuándo ni en qué actuaciones.
La CHJ, por su parte, ha incrementado significativamente la inversión en los cauces para prevenir inundaciones, que ha pasado de cerca de un millón de euros en 2004 a los 21,4 de este año, aparte de otros 44 millones gastados en obras de emergencia por las riadas de 2007 y 2008. De ahí que Moragues insistiera en denunciar que el Consell ignora informes negativos de inundabilidad del organismo. La consejería lo niega, pero las actas de la CHJ de las comisiones de urbanismo reflejan esos votos desfavorables.
Llegados a este punto, con el riesgo sobre la mesa cada otoño, ¿qué hacer? Aparte de actualizar planes y aplicar la normativa, allí donde la urbanización ya está hecha no queda otro "remedio" que acudir a la ingeniería, mientras que en zonas libres de edificación debe imponerse "la ordenación del riesgo" y, en general, la "educación al ciudadano" sobre los peligros de las riadas, dice Olcina.
Joaquín Farinós, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de València, ve también necesaria "una evaluación continuada del territorio, que es un sistema cambiante". Farinós propone "observatorios territoriales" que analicen la dinámica de cambios y las políticas que se aplican. En Alemania esa tarea la asume una oficina a nivel federal, Francia y Holanda también cuentan con observatorios territoriales potentes. "La cuestión es política", de aprovechar los instrumentos de que se dispone y el conocimiento de técnicos y expertos para favorecer "un modelo de desarrollo alternativo". Aplicar "sentido de Estado" a la visión territorial, añade Farinós. "Gobernanza aplicada al territorio para llegar a pactos", coincide Olcina.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 18/10/2009
Foto: lasprovincias.es
