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MÁLAGAHOY* : El juzgado de lo Penal nº4 de Málaga ha declarado nula una licencia de obras concedida por el gobierno del GIL para construir dos bloques con un total de 240 viviendas en el conocido paraje del Pecho de las Cuevas, ubicado en el municipio de Marbella, según informó ayer el grupo Ecologistas en Acción.
Tras once años desde que el grupo ecologista presentara a finales de 1998 una denuncia contra esta actuación, ahora una sentencia -a la que se ha llegado mediante un acuerdo entre la Fiscalía y los concejales imputados entre los que se incluye al ex concejal Juan Antonio Yagüe- les da la razón decretando la nulidad de los efectos de dicha licencia concedida a la entidad Lardea SL, así como "la de todas las autorizaciones que traigan causa de dicha concesión".
Asimismo, el documento condena a los que concedieron la licencia a 15 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y a inhabilitación especial para cargo público electivo por 10 años, además de a satisfacer la séptima parte de las costas del procedimiento, según Ecologistas en Acción. La concesión de la licencia, que fue otorgada por los concejales de la junta de gobierno de entonces "siguiendo las determinaciones que a tal fin efectuó el ex alcalde, Jesús Gil", generó el rechazo popular que se tradujo en una manifestación de más de 8.000 personas.
* Málaga Hoy - 12.03.10
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
Marbella: Un juez declara nula una licencia concedida por el GIL para 240 viviendas
El fiscal denuncia a Barreiros por las urbanizaciones que legaliza la Xunta
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ELPAÍS/Lugo* : Mucho antes de que la Xunta actual descabezase el pasado jueves la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística -en una decisión colegiada que el presidente Alberto Núñez Feijóo evitó contar a la prensa- el organismo adscrito a la Consellería de Territorio había trazado un prolijo informe sobre el caos inmobiliario en el Ayuntamiento de Barreiros.
La precisión y contundencia de ese dictamen, repaso del rosario de irregularidades -cuando no ilegalidades- en el urbanismo del municipio lucense, sirvió de base a la fiscalía para denunciar en el juzgado de Mondoñedo a la Junta de Gobierno del PP que autorizó dichas licencias. El ministerio público acusa al alcalde, Alfonso Puente Parga, y a los tres concejales que integran la Junta de Gobierno, así como a la arquitecta municipal, Marta Geada, de prevaricación urbanística.
La denuncia se refiere a 44 expedientes que permitírían a otros tantos promotores inmobiliarios levantar 3.174 viviendas en un municipio de 3.300 habitantes, donde ya empiezan a emerger los primeros mamotretos alineados a pie de costa. Son precisamente esas construcciones las que el Gobierno de Feijóo se propone legalizar mediante un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo, por el que las tres administraciones aportarán fondos para dotar de servicios a las urbanizaciones.
La denuncia que el fiscal presentó contra el gobierno de Barreiros adjunta el informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, tres carpetas de ortofotos del ayuntamiento y los 44 expedientes, incluidos otros tantos informes contrarios de la secretaria municipal.
En la demanda, de 26 folios, el ministerio público acusa al gobierno de Barreiros y a la arquitecta municipal de prevaricacion urbanística y recuerda que la Junta Local de Gobierno, que integran el alcalde José Alfonso Puente Parga, y los ediles José Manuel Gómez Puente, Eulogio Menéndez y María Alina Rodríguez, todos del PP, ignoró las directrices de la anterior Consellería de Política Territorial. El fiscal cita una comunicación que, con fecha 14 de marzo de 2006, envió al Ayuntamiento el ex director general de Urbanismo Ramón Lueje. Esta instrucción recordaba al alcalde que desde enero de 2006 "debía aplicar el régimen de suelo urbano no consolidado a la ejecución de la ordenación establecida en suelo urbano", puesto que el municipio no había adaptado su planeamiento a la ley del suelo de 1997.
"Pese a ello", continúa la denuncia, "el equipo de gobierno de Barreiros concedió durante ese año 44 licencias pese a estas deficiencias insalvables recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal". Subraya el escrito que el alcalde y los tres ediles "prescindieron" de este informe técnico "pese a ser preceptivo" para autorizar los edificios.
La querella acusa al gobierno local de aplicar la normativa que rige en suelo urbano consolidado a una superficie que no lo era. Y detalla las carencias de los núcleos sobre los que se asentaron los edificios: "Deficiencias en abastecimiento eléctrico, de agua, saneamiento, carencia de acceso rodado" [...] "una realidad residencial que distaba en términos irreconciliables de lo que sería una malla urbana".
Como consecuencia de tanto caos, la Xunta anterior suspendió las normas subsidiarias de Barreiros. El equipo de Feijóo y la Diputación de Lugo avalan ahora una amnistía si los promotores retiran los recursos judiciales que presentaron contra el anterior Gobierno gallego. El presidente explicó el jueves que la inversión de siete millones de euros de su Gobierno será similar a la que hubiera gastado allí para saneamiento. Horas antes, había firmado el cese de Hipólito Pérez, el director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística que realizó el informe sobre Barreiros.
* ELPAIS.com - 13.03.10
Foto: Barreiros (Lugo), playa - mma.es
Lezama promueve 50 pisos en un solar de la familia de la alcaldesa
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ELCORREO/Vizcaya* : El Ayuntamiento de Lezama está impulsando la aprobación de un plan especial de ordenación urbana para permitir la edificación de unas 50 viviendas en unos terrenos que son propiedad de la familia de la alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV). Este proyecto para cambiar la ordenación específica de la zona conocida como Txupetxa, que se encuentra en fase de alegaciones, ha sido promovido después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulase en junio las normas subsidiarias que regulan el desarrollo urbanístico del municipio.
Entre otros motivos, porque no cumplía la ley en materia de edificación de viviendas en suelos potencialmente inundables.
Según consta en un auto judicial dictado el pasado mes de julio al que ha tenido acceso este periódico, familiares de la regidora alcanzaron un acuerdo con una promotora en febrero de 2007 por el que se comprometieron a traspasar un solar de más de 3.000 metros cuadrados -que se encuentra situado en una zona céntrica de la localidad próxima al río Asua- por un importe superior a los 5,2 millones de euros. Este contrato fue suscrito cuando la parcela seguía teniendo la calificación de inundable. Poco después, el Consistorio promovió una serie de cambios para convertirla en urbanizable, consiguiendo el visto bueno de la Dirección de Aguas del anterior Ejecutivo en sólo unos pocos días. La aprobación definitiva de estas modificaciones no se plasmó hasta octubre de ese mismo año.
Las normas subsidarias entraron entonces en un proceso judicial -promovido por la oposición- que en junio pasado derivó en una sentencia que las anuló por defectos de forma en su tramitación. Este fallo no es firme ya que, según fuentes del Consistorio, ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo. De forma paralela a este proceso judicial, el Ayuntamiento comenzó hace escasas semanas la tramitación del plan especial de ordenación urbana del área de Txupetxa para posibilitar la edificación de la promoción urbanística. Los responsables municipales prevén para 2011 la construcción de estas viviendas, entre las que se incluyen unos doce pisos de precio tasado.
El auto del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao plasma el acuerdo alcanzado entre la familia de Etxeandia y la promotora, a raíz de una demanda presentada por la parte vendedora, para dejar sin efecto el contrato anterior y sustituirlo por uno nuevo. Dentro de los 5,2 millones de euros contemplados en el acuerdo de compraventa -de los que ya se han abonado unos dos millones en transacciones anteriores- se incluyen una serie de viviendas y garajes que se construirán en la futura promoción por un importe superior a los tres millones de euros.
El pacto al que se hace referencia en el auto judicial también incluye una serie de cláusulas que contemplan distintos supuestos de incumplimiento de contrato. Entre ellas, que en el caso de que el Ayuntamiento de Lezama «no proceda» antes de abril de 2011 a la «aprobación definitiva» del proyecto de reparcelación se entenderá que se ha producido un «incumplimiento del contrato».
Devolver cantidades
Este supuesto permitirá a la parte compradora optar por dos opciones: o «instar judicialmente el cumplimiento íntegro» de las obligaciones del pacto o «resolver» el contrato. Esta última alternativa obligaría a los vendedores a «devolver únicamente las cantidades entregadas a cuenta del precio, más el tipo legal vigente» en concepto de «daños y perjuicios».
* El Correo - 12.03.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com
Un informe pericial cifra en 10 millones los beneficios del constructor de Bezana Lago por el convenio
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EUROPAPRESS/Cantabria* : El constructor de la urbanización 'Bezana Lago', en Santa Cruz de Bezana, obtuvo más de 10 millones de euros gracias al aumento en la edificabilidad contemplado en el convenio que suscribió en 1997 con el entonces alcalde, Jerónimo Velasco (PP), hoy concejal del equipo de Gobierno. Así lo cuantifica un informe pericial que se incluye dentro de las diligencias previas que practica el Juzgado de Instrucción nº1 de Santander a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por la Agrupación de Vecinos Independientes (ADVI), que es parte en el proceso y que hoy se ha hecho eco del contenido de este informe.
La promotora 'Nuevo Bezana S.L.' obtuvo esos beneficios de la venta de locales y viviendas bajo cubiertas, en una superficie de 15.197 metros cuadrados, que le permitió el exceso de edificabilidad y contraviniendo la normativa urbanística.
El informe pericial cuantifica el valor en venta de los locales en 4,2 millones de euros y el valor en venta de las viviendas en 5,9 millones de euros, siempre según la versión de ADVI, que aseveró que la superficie de este exceso de edificabilidad "la tendría que estar disfrutando la comunidad de propietarios" pero que, por el contrario, "ha beneficiado y sigue beneficiando al promotor-constructor de las viviendas".
Además, se construyó una piscina en el interior de la urbanización, valorada en el informe en 1,5 millones de euros que explota el propio contructor y que debía haber sido cedida al Ayuntamiento según estipula el propio Convenio, aún vigente pese al incumplimiento, junto a la finca denominada 'Rada' de 17.273 metros cuadrados, valorada según el informe pericial en 458.556 euros.
ADVI señaló que entonces gobernaba con mayoría absoluta el ex alcalde, Antonio Velasco (PP), firmante en 1997 del convenio urbanístico con el promotor, José Manuel Rojo Toribio en representación de 'Nuevo Bezana S-L.'
PRESUNTA PREVARICACIÓN Y DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
ADVI recordó que primero trasladó esta denuncia a la Fiscalía General del Estado, que a su vez sela remitió a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Cantabria, que apreció indicios de presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, por lo que se puso en manos del Juzgado, que instruye un sumario que acumula ya "cientos de folios".
Según ADVI, en esta "trama urbanística" figuran como imputados, el ex alcalde Jerónimo Velasco; el arquitecto, Francisco Lorenzo Monteagudo y la técnico jurídico, Elena Ceballos, y además de ellos han sido llamados a declarar el secretario y el aparejador del Ayuntamiento, así como dos peritos.
Este partido político subrayó que se trata de una "ejemplar" y "compleja investigación que está requiriendo un concienzudo trabajo, tanto por parte del Juzgado como de la Fiscalía". En esta causa ADVI ejerce la acusación particular.
AUMENTO DE EDIFICABILIDAD
Según consta en este segundo informe técnico, con las ordenanzas de aplicación en el ámbito de la Unidad UC4, la edificabilidad asignada se debiera de haber materializado con una tipología de edificación colectiva, es decir, en altura con planta baja diáfana, o vacía salvo los portales, cuatro plantas de viviendas y ninguna construcción en el espacio de bajo cubierta.
En vambio, la empresa promotora construyó locales en planta baja y viviendas en planta bajo cubierta, (áticos) en una cantidad de 7.634 metros cuadrados en viviendas y 7.563 locales, que sumados dan un total de 15.197 metros cuadrados.
Los firmantes pretendieron legalizar esta situación a través del citado Convenio Urbanístico y que a juicio del informe pericial "no es más que un trueque entre la promotora y el Ayuntamiento", asegurando que la contraprestación que ha de recibir el Ayuntamiento a cambio de la legalización de un exceso de edificación no está regulada y menos cuando esta edificación no está amparada por la normativa, o lo que es lo mismo, la compensación por el exceso de edificabilidad no está reglada urbanísticamente, tal y como reseña ADVI del informe.
El texto, dicen, considera que es "evidente que toda vez que la carencia de regulación obliga a establecer un criterio de permuta o contraprestación lógico o "de mercado", dicho criterio se tendría que haber establecido en base a la valoración de cada una de las aportaciones de las partes, beneficios y cargas, con carácter previo a la firma del Convenio, aun hoy por resolver, una afirmación que desde el punto de vista pericial ya indica según ADVI lo "irregular e ilegal en sí mismo" del propio Convenio Urbanístico.
* Europa Press - 13.03.10
Foto: Santa Cruz de Bezana (Cantabria) - panoramio.com
La banca presiona para sostener la burbuja
PABLO ELORDUY* : Los desahucios de viviendas alquiladas y los embargos han aumentado a raíz de la crisis. Frente a esto, la política de vivienda sigue favoreciendo los intereses de banca y promotores inmobiliarios.
Si usted tiene pensado dejar de pagar las mensualidades de su alquiler tiene que saber que, desde finales de diciembre, el proceso hasta que le saquen de la casa donde vive será rápido. Bastará con que la administración clave un edicto en la puerta del inmueble en el que habita para que sea oficial su próximo desalojo.
Virginia, una funcionaria de justicia, comenta que con la entrada en vigor de la Ley, “la gente se rinde antes, vienen al juzgado y dejan la llave, cuando antes pasaban meses hasta que se llevaba a efecto el desalojo”. En 2008, último año del que se tienen datos, el porcentaje de procesos de desahucios fue el más alto desde 1994, y es previsible que esa cifra haya crecido en 2009 y se mantenga alta en 2010, a tenor de las estimaciones del Consejo General del poder judicial.
La Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler, conocida como la Ley de desahucios exprés, fue aprobada en noviembre del año pasado para “estimular” a los propietarios a alquilar sus viviendas desocupadas, ya que el Gobierno pretende aumentar el 11% que representa el alquiler en el Estado, un porcentaje escaso si se compara con la media europea, situada en el 40%. Pero este estímulo para los arrendatarios no ha llevado consigo un descenso de los precios. En enero, el precio del alquiler subió un 1,5% respecto al mismo mes del año anterior.
Tal vez porque el desahucio exprés no ha motivado en exceso a los posibles arrendadores, el Ministerio de Vivienda presentó a finales de febrero nuevas recetas para incentivar el alquiler. Éstas se encaminan a seguir beneficiando fiscalmente a los arrendadores, mientras que los arrendatarios beneficiados por las modificaciones, enmarcadas en la Ley de Economía Sostenible, serán los jóvenes que quieran emanciparse.
El interventor municipal de fondos y economista experto en urbanismo, Fernando Urruticoechea, considera que “estas ayudas, independientemente de cuál sea el sector social al que van destinadas, siempre terminan en manos de propietarios de vivienda”. Para este experto, al margen de parches coyunturales, el problema del acceso a la vivienda es más complejo: “El mito neoliberal de que la necesidad se satisface construyendo más viviendas es absolutamente falso, como se ha demostrado en esta década ‘prodigiosa’ del 97 al 2007, en la que se han construido unos cuatro millones de viviendas en el Estado español con el resultado de que el número de personas que necesitan un alojamiento independiente es superior al que había en 1997”. La urbanista Raquel Rodríguez apunta en una línea parecida: “el problema es que las competencias están repartidas entre las tres administraciones; lo que hace el Estado es presupuestar, pero no tiene capacidad legal para intervenir en todas las fases del proceso”.
¿A quién se ayuda?
“La banca no puede asumir la deuda inmobiliaria”. Este aviso a navegantes del presidente de la Asociación Hipotecaria Española tuvo su eco en la intervención de Beatriz Corredor en una Feria de Outlet inmobiliario celebrada en Madrid. La ministra de Vivienda declaró que 2010 “es un buen momento para comprar vivienda”, ya que las desgravaciones se mantendrán este año. Para resumir la situación en la que se encuentran promotores, banca y Estado, basta decir que se estima que los bancos tienen cerca de un millón de viviendas en sus balances. A esto se suma que un buen número de personas hipotecadas corren el riesgo de acabar embargados y con una importante deuda por la rebaja de las tasaciones de sus pisos provocada por el estallido de la burbuja.
“La banca es la propietaria accidental, ellos no querían pisos, lo que querían era cobrar intereses. La vivienda les convenía porque todas las familias necesitan una y porque esos precios les garantizan que nadie lo va a poder pagar a tocateja”, apunta Raquel Rodríguez, para quien la situación se ha complicado mucho ya que “si la banca comienza a perder, quien irá detrás será quien esté pagando su hipoteca. Creo que no hay manera de hacer esto sin que al final las víctimas sean las mismas”, señala esta experta en Urbanismo. Urruticoechea teme que a lo largo de 2010 asistamos a la compra pública o a enormes subvenciones en las calificaciones de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de parte del stock que tiene la banca y la patronal inmobiliaria. “Sabemos cuánta presión están metiendo los lobbies bancarios y de promotores para hacer líquido todo ese stock de viviendas, para poderlo vender, y vemos cómo apelan a las ayudas, subsidios y subvenciones públicas para deshacerse de ese patrimonio”.
Paralizada por el hundimiento de la demanda de vivienda libre, la conversión en VPO puede servir para que los dueños de la piedra se deshagan de parte de ese excedente, aunque, como señala Juankar, de la plataforma contra la exclusión social, Berri Otxoak, mucha gente a la que le toca un piso protegido, “tiene que renunciar a él porque no tienen recursos para mantenerlo”.
Detrás de estos intentos por dar aire a la construcción, se encuentra la dependencia del modelo y cierta predisposición ideológica a la compra e inversión en vivienda que, para Urruticoechea, hunde sus raíces en la sacralización de la propiedad fomentada por el Franquismo y popularizada por Margaret Thatcher y el llamado “capitalismo social”. Esto, apunta este economista, “tiene consecuencias implacables, porque la gente se hipoteca por 20, 30 y hasta 50 años para pagar su vivienda, consagrándose como esclavos sociales de la banca, algo que tiene enormes consecuencias colaterales con respecto al mercado laboral”. En este último punto, Urruticoechea ve increíble que cuando se habla de la reforma del mercado laboral, “nadie ponga en la mesa el factor estructural que diferencia nuestro mercado laboral del resto de los europeos, que es la rigidez en la residencia”.
A la hora de buscar remedio al problema del acceso a la vivienda, cobra una importancia clave el uso que se hace del suelo público: “Soy testigo, como funcionario público, de que ha habido un saqueo de millones de euros, porque se ha dilapidado el suelo público a precios irrisorios; se ha permitido la apropiación privada por parte de los promotores de miles y miles de hectáreas públicas para mayor satisfacción de estos y ese dinero ha vuelto en muchas ocasiones como comisiones para financiar a los partidos políticos”, denuncia Urruticoechea.
Hacia el alquiler social
Para salir de esta situación Raquel Rodríguez cree que hay que modificar los principios en que se ha basado hasta ahora la vivienda protegida. En lugar de seguir calificando el suelo como residencial de protección, para esta urbanista, ayuntamientos y autonomías deben pedir un porcentaje de las viviendas ya construidas “así, además, no haría falta segregar a la gente en un rincón del municipio”. Rodríguez apuesta por la rehabilitación de inmuebles y por un régimen de alquiler que atienda a las necesidades estudiando cada caso.
Urruticoechea cree que la forma de regular el derecho a la vivienda pasa porque se destine al menos un 3% del PIB para crear un parque inmobiliario de viviendas públicas, algo que es prácticamente residual en el Estado español pero que, en lugares como Francia, ha paliado, hasta cierto punto, la necesidad de vivienda. Otra medida que propone este economista es fiscalizar el uso de VPO para que sólo las usen quienes realmente tienen necesidad de ellas, así como gravar fiscalmente a los propietarios de viviendas privadas vacías, de forma que tanto esa recaudación como las viviendas que formen parte de ese parque público sean puestas a disposición de la población en régimen de Viviendas de Alquiler Limitado. Y es que, el pinchazo de la burbuja ha vuelto a demostrar, opina Urruticoechea, que no existe ningún lugar en el mundo en el que el mercado resuelva la necesidad de alojamiento de la gente necesitada.
LOS PALMERALES (ELCHE)
400 habitantes del barrio de los Palmerales han recibido órdenes de desahucio por parte del Instituto Valenciano de la Vivienda por no pagar un alquiler que ronda los 80 euros. Muchos de estos pisos se encuentran en pésimo estado.
PROTESTAS EN SESTAO (VIZCAYA)
Dos madres de 26 y 30 años se concentraron ante el Ayuntamiento de Sestao para reclamar una vivienda en régimen de alquiler social, dado que se encuentran en paro y no pueden costearse las mensualidades de sus viviendas.
ASTILLEROS DE SEVILLA
Siete familias, la mayoría formadas por viudas que viven desde hace 50 años en viviendas para la plantilla de Astilleros, tienen una amenaza de desahucio por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla, dependiente de Fomento.
* Diagonal - Opinión - 13.03.10
