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HERALDO/Zaragoza* : Obras municipales por valor superior a tres millones de euros sin pasar por el pleno, saldos de cantidades similares sin justificar, contrataciones a dedo de personal y de trabajos y venta de suelo público sin la preceptiva autorización. Estos son los principales hechos que desencadenaron la Operación Molinos y que culminaron con la detención de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y de dieciocho personas más, así como con la imputación de otras siete.
La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por una mujer ante la fiscalía en octubre de 2007, por presuntos delitos de prevaricación y defraudación de caudales públicos. Ante la documentación aportada por la denunciante, la Fiscalía recabó la colaboración del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior para investigar los hechos y, al concluir que podía haber indicios de delito, remitió el caso al Juzgado Decano de Zaragoza, para su reparto. Las diligencias le tocaron a Instrucción 4, el cual se inhibió a favor de los juzgados de La Almunia, competentes del partido judicial de La Muela.
Entre los hechos que denunció la que ahora es uno de los dos testigos protegidos que hay en la causa, figura el hallazgo de asientos contables sospechosos en la Sociedad Urbanística La Muela S. A. Esta sociedad municipal (gestionada por Aranade, cuyo presidente está imputado y en libertad bajo fianza) presentó al cierre del ejercicio de 2005 unas cuentas en las que se recogían importes de más de tres millones de euros por ejecuciones de obras sin que existiera encargo del Ayuntamiento.
También un saldo a favor de la sociedad municipal por otros tres millones en obras sin reconocer por el Consistorio al no estar presupuestadas. Según fuentes cercanas al caso, estos apuntes podrían tratarse de anotaciones ficticias con el objeto de maquillar presuntamente las cuentas.
Además, a la fiscalía se le aportó documentación que hablaba de que se había enajenado suelo municipal sin autorización del pleno del Ayuntamiento de La Muela, así como que se habían hecho numerosas contrataciones a dedo de empresas, así como de personas que han accedido a puestos de trabajo sin pasar por ninguna prueba.
El juez comenzó su investigación a partir de estos hechos, que luego se ha ido alimentando con otros nuevos surgidos al hilo tanto de los datos aportados por la Policía, como de escuchas telefónicas y comprobaciones de empresas, patrimonios, cuentas y adquisiciones de los principales imputados.
Tres de ellos, la alcaldesa, María Victoria Pinilla y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, ambos del PAR, y el empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado, se encuentran en prisión provisional desde que comparecieran ante el juez del caso.
Tanto el abogado de la primera edil, Javier Notivoli, como el del empresario, Carlos Pardo, han solicitado la libertad de sus clientes mientras que el letrado del concejal, Fernando Lacruz, espera a conocer el contenido de las diligencias para conocer en detalle las pruebas que pesan sobre él.
* Heraldo - MARTA GARÚ. Zaragoza - 15.04.09
Foto: La Policía llevaba casi 18 meses investigando el caso cuando se produjeron las detenciones. - ROGELIO ALLEPUZ, elperiodicodearagon.com
La denuncia que inició el caso de La Muela desveló obras millonarias sin pasar por el pleno
La Guardia Civil entrega a la Fiscalía las conclusiones del caso de Colmenar
MÁLAGAHOY* : Los agentes consideran que hay indicios de que el alcalde, que no está imputado como por error publicó este periódico el domingo, podría haber incurrido en prevaricación. La Fiscalía de Medio Ambiente ya tiene en sus manos las conclusiones de la investigación abierta por la Guardia Civil al Ayuntamiento de Colmenar por haber concedido una licencia de primera ocupación a una construcción convertida en vivienda cuando sólo tenía permiso para la ejecución de una nave agrícola.
Tras el cierre de las diligencias, será el Ministerio Público el que decida si ha existido algún tipo de delito por parte de los implicados en la tramitación de la licencia.
De momento, según fuentes cercanas al caso, hay nueve personas investigadas. Entre ellas, están el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández Palomo (PSOE), por un presunto delito de prevaricación, aunque no está imputado como por error publicó este periódico el pasado domingo, ya que será la Fiscalía la que determine su situación legal.
También aparecen en la investigación la ex arquitecta municipal, A. B. A. -esposa del jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, José Mora, quien está en prisión por su presunta implicación en la trama Arcos de Alcaucín-, a quien los agentes aprecian indicios de presunta prevaricación. Junto a éstos, han sido investigados dos promotores y otro arquitecto por un presunto delito de falsedad documental.
Los hechos denunciados se remontan al año 2003 cuando el Ayuntamiento de Colmenar emitió un informe favorable, en contra de lo señalado por el secretario municipal, para permitir la construcción de una vivienda en un solar donde estaba autorizado una nave agrícola. La presunta irregularidad fue detectada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que inspeccionó el inmueble advirtiendo anomalías en el expediente.
El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, dio su respaldo al alcalde y negó que pueda compararse un presunto delito de prevaricación con uno de corrupción urbanística. A este respecto, recordó que su formación ha expulsado de sus filas a todos los regidores que han resultado imputados por esta causa, a diferencia de lo hecho por el PP.
* Málaga Hoy - Mayte Cortés · S. S.- 14.04.09
La Comunidad aceptó recalificar suelo a Roca junto a las salinas de La Manga
LAVERDAD/Murcia* : La Comunidad Autónoma dio su visto bueno en el año 2003 a la petición del constructor Mariano Roca Meroño, uno de los dueños de las salinas de Marchamalo, de recalificar 18 hectáreas de suelo agrícola junto a ese humedal, protegido por varias leyes ambientales.
A través de la empresa Unisur SA, el promotor de Pozo Estrecho planteó a la Dirección General del Medio Natural la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo para poder construir una «urbanización de baja densidad».
El entonces director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, respondió a la alegación presentada por Roca al citado PORN dando su «criterio favorable» al cambio de uso del suelo.
Esa decisión, comunicada a Unisur el 17 de octubre del 2003 (según la documentación en poder de La Verdad) sigue en vigor, ya que el PORN sigue en fase de tramitación. Eso sí, Brugarolas no llegó a remitir a la empresa el «certificado medioambiental» que ésta le pidió para conocer las características de las edificaciones permitidas. Se remitió a la tramitación del PORN.
El visto bueno a estas pretensiones adquiere ahora mayor relevancia, después de que este diario ha revelado que otra empresa de Roca (Salinas de La Manga SL) recibió de la Comunidad Autónoma 135.000 euros del año 2004 al 2007 por conservar las salinas mediante la extracción de sal, a pesar de que la compañía no tuvo actividad industrial.
Lo Poyo y Novo Carthago
La organización ecologista Anse, que exige la devolución de las ayudas públicas por fraude, viene denunciando el presunto interés del constructor en «dejar que las salinas se sequen» para conseguir su recalificación urbanística.
Según los cálculos de los naturalistas, sólo junto a las salinas Unisur SL podría construir de 1.500 a 2.000 viviendas, lo que supondría «un impacto brutal sobre una zona de gran valor paisajístico y de fauna y flora del entorno del Mar Menor».
La petición de Roca a la Comunidad se basó en un informe de «mejora ambiental de la unidad ecológica» de las salinas elaborado por la empresa Ambio SA.
Ésta es la misma compañía que redactó el estudio de impacto ambiental a las promotoras de las macrourbanizaciones de Lo Poyo, anulada por el Gobierno regional por la conexión de la compraventa de los terrenos con el caso Malaya, de corrupción urbanística en Marbella; y de Novo Carthago, que investiga la Fiscalía.
La tramitación de esta última urbanización, de 5.000 viviendas y un campo de golf, sigue adelante.
* La Verdad - 15.04.09 -JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ| CARTAGENA
Foto: El humedal, con varias charcas con la sal sin recoger, hace unos días. / J. C. CAMPOY / AGM
Continuar, satisfactoriamente, en la crisis
ORIOL BOHIGAS* : Si uno deja de mirar la triste realidad y atiende sólo a los frívolos textos periodísticos y a los dictámenes de las otras frivolidades, se puede casi afirmar que esa crisis financiera y económica tan cacareada es, de momento, un paso positivo para la mejora cotidiana de nuestra sociedad. Nos hemos pasado años construyendo una línea de batalla progresista contra el abuso depredador del turismo, contra las incomodidades circulatorias y contaminantes de los automóviles, contra las fórmulas abusivas del consumismo, contra la destrucción urbanística de nuestras costas y de nuestras periferias urbanas.
Y ahora vemos como, de golpe, todo ello se está superando, no precisamente por el éxito de unas políticas sociales sensatas o unos programas económicos radicales, sino gracias a la inesperada maldición de una crisis que ha caído como una plaga universal. Una plaga cuyas consecuencias parecen ser teóricamente positivas o, por lo menos, indicadoras de un momentáneo triunfo de aquella línea de batalla. Las fábricas de automóviles cierran o reducen sus producciones; el turismo decae y empieza a liberar calles, playas y hoteles; el consumo y la inflación caen en picado; la construcción en los paisajes de la costa y en los suburbios se para radicalmente y deja vacías y disponibles más de un millón de viviendas. Redondeando el panorama esperanzador, los gobiernos ofrecen, para reducir el paro obrero, unos grandes programas de obra pública que seguramente solucionarán definitivamente buena parte de los déficit de nuestras viejas y pobres infraestructuras. Finalmente, incluso alguien anuncia la guinda del pastel, la del buen gusto: el secretario de una entidad empresarial alarmaba hace días a la ciudadanía diciendo que si no se superaba la crisis, las empresas no podrían participar en los habituales servicios colectivos como, por ejemplo, los vomitivos adornos luminosos de las fiestas navideñas. Una ganancia para el buen gusto colectivo y una elegante reducción de la euforia consumista. Con este panorama, parece que hay que persistir en esta crisis que, por sí sola, enfoca tantos temas recurrentes pero a menudo olvidados en tantas campañas electorales que abanderan el progresismo ecológico y sostenible.
Dejando aparte las exageraciones y los sarcasmos de las paradojas, hay que reconocer algunas lecciones de cierta trascendencia en la experiencia de esta crisis. La primera va dirigida a los ciudadanos conservadores, a los que directa o indirectamente esperan y apoyan la continuidad de un sistema que, para simplificar, podemos considerar presidido por el mercado y por la potencia del consumo. Estos ciudadanos entenderán ahora, definitivamente, que no se pueden permitir veleidades reformistas. Si quieren recuperar el éxito del sistema, deben dejar de preocuparse por la polución de los automóviles, por la mutilación del paisaje y por la invasión de un turismo bárbaro que anula realidades sociales y culturales. Deben aceptar, sin coqueteos humanistas, las consecuencias negativas más aparentes del sistema, porque son indispensables en su misma formulación. Si no quieren crisis, que se conformen con los inconvenientes del consumo. Ya se está viendo de qué manera los políticos y los economistas apoyan ahora la fabricación de automóviles como una de las bases indispensables de la recuperación. Ni siquiera los ecologistas y los ambientalistas, las izquierdas del verde y la sostenibilidad, se atreven a contradecirlo: salen de una campaña a favor de un urbanismo que limite la circulación rodada o de un sistema de infraestructuras de acero, contra las de goma y asfalto, y ya tienen que aceptar que, sin proteger a fondo la industria del automóvil, la economía internacional no funciona. Si esto es así, que lo reconozcan en sus programas políticos y que no hablen más a través de dos altavoces contradictorios.
Otra lección de la crisis, completamente opuesta, puede ser recogida por los ciudadanos que, sinceramente, esperan algún cambio: la crisis, bien interpretada y bien encauzada y asumida, puede ser el principio de una gran experiencia de transformación. Nunca habíamos tenido la industria del automóvil tan dispuesta a aceptar una caída irreversible; nunca la construcción había llegado a tal envejecimiento económico y productivo; nunca el turismo había anunciado una tal necesidad de remodelación; nunca había habido tantas viviendas vacías destinadas al abandono o a un aprovechamiento social anticomercial de urgencia; nunca ha habido una inflación tan baja. Es la misma crisis, pues, la que ofrece los instrumentos para un cambio radical. ¿Sabremos aprovecharlos? Depende de su persistencia y del acierto de las intervenciones correctivas. De momento, quizá convenga estabilizarse en ella y cambiar costumbres y energías en cualquiera de los dos bandos: o dejar de criticar los embotellamientos, el bajo turismo y la bárbara mutilación de las costas -entre muchos más problemas de índole parecida- para aceptarlos como base de estructuración de un sistema incorregible, o reclamar la puesta al límite de las condiciones revolucionarias que ofrece la crisis. Pero me temo que no ocurrirá ni lo uno ni lo otro. Quizá el único gesto eficaz será la guinda del buen gusto que anunciaba aquel empresario: un par de años sin los abominables adornos navideños, un par de años con menos exhibición consumista que señalarán tímidamente los gestos de una revolución inevitable pero todavía lejana.
* Oriol Bohigas es arquitecto.
* ELPAIS.com - Opinión - 15.04.09
