ELPAÍS* : El edificio para hotel que diseñó hace cuatro años el prestigioso arquitecto Rafael Moneo en el centro de Málaga, junto al río Guadalmedina, ya no tiene veto autonómico. La Consejería de Cultura había rechazado hasta en dos ocasiones el proyecto porque rebasaba con creces la altura máxima permitida en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del centro histórico de Málaga, algo que había indignado al equipo de Gobierno de Francisco de la Torre, que ponía este caso como ejemplo de las trabas de la Junta al desarrollo de Málaga.
El Pepri permite una altura máxima de cinco pisos, y el proyecto de Moneo contempla nueve. Sin embargo, en la misma acera frente al río Guadalmedina hay más de un edificio con una altura similar a la proyectada por Moneo, construidos antes de la aprobación del Pepri.
La existencia de estas construcciones ha permitido abrir la vía para que la Junta rebajara sus exigencias. La fórmula finalmente adoptada es una modificación del Pepri para permitir alturas equivalentes a las ya existentes en esa línea de fachada del río Guadalmedina. No se trata así de una solución ex profeso para el caso único de Moneo, sino que podrán beneficiarse otros proyectos como la ampliación del Museo de Artes Populares, propiedad de Unicaja que ve así de paso desbloqueado uno de sus contenciosos con el Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre, y la casa hermandad de la cofradía de Fusionadas. "No caben soluciones excepcionales para un proyecto concreto", explicó ayer el delegado provincial de la Consejería de Cultura, Manuel Jesús García.
El responsable de la Junta explicó que la permisividad de alturas en esta franja del centro, abierta al río, y con edificios altos colindantes "no es agresiva con el casco histórico" y no produce perjuicios de ningún tipo al paisaje de las cubiertas de los edificios históricos y protegidos de la ciudad. "Se favorece un proyecto que es bueno para Málaga con absoluto respeto a la legalidad", explicó. Además de superar un contencioso entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta, el arreglo permitirá a la ciudad romper también su carencia de edificios de autor de renombre.
* El País - http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Junta/da/luz/verde/hotel/Moneo/Malaga/veto/veces/elpepuespand/20100923elpand_7/Tes">* El País - 23.09.10
Foto: Málaga, el Guadalmedina seco - diariosur.es
La Junta da luz verde a un hotel de Moneo en Málaga que vetó dos veces
Llanes.- Los expertos consideran «una temeridad» seguir con la tramitación del Plan General
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LNE/Asturias* : «Los dirigentes municipales de Llanes cometerán una temeridad si, como han anunciado, continúan adelante con la tramitación del plan general como si nada hubiera pasado». Son palabras del abogado Gerardo de la Iglesia, especialista en Derecho Público y Urbanismo. Su interpretación de las consecuencias de la reciente sentencia judicial que ha anulado la adjudicación de la redacción del Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes, aun con matices, coincide con la expresada por varios jueces, abogados, arquitectos y urbanistas. Todos ellos sin excepción aseguran que la anulación de la adjudicación del Plan General deja al actual equipo redactor «sin cobertura jurídica».
La decisión de los dirigentes llaniscos de continuar adelante con la tramitación del documento será una «huida hacia adelante» que en algún momento se dará de bruces con impugnaciones, recursos y sentencias que obligarán a iniciar desde cero la redacción del planeamiento. Todos los consultados señalaron que el «camino correcto» que debería tomar el Ayuntamiento es adjudicar de nuevo la redacción del PGO.
LA NUEVA ESPAÑA habló ayer con seis especialistas en Derecho y Urbanismo, tres de los cuales prefirieron no dar su nombre. Otros dos más rechazaron manifestarse sobre la sentencia. El abogado Raúl Bocanegra no pudo ser localizado en toda la jornada, y el decano del Colegio de Arquitectos de Asturias, Alfonso Toribio, sólo realizará declaraciones sobre este asunto a partir del próximo martes, cuando se reunirá con sus compañeros de la junta del colegio.
Gerardo de la Iglesia tiene «clarísimo» que la sentencia deja al concejo de Llanes «en la más absoluta inseguridad jurídica». Sobre todo, porque a partir de ahora cualquier ciudadano podrá recurrir los actos derivados del anulado, ya que estarán «viciados de nulidad». El equipo redactor ha quedado «fuera de juego» y «sin cobertura jurídica». De la Iglesia alabó el trabajo de la juez Pilar Martínez Ceyanes, autora de una sentencia «muy buena, estudiada y fundada en derecho». Rechazó la interpretación de los mandatarios socialistas de Llanes de que se ejecutó la sentencia con el pago de 19.200 euros de indemnización a la empresa perjudicada por la adjudicación arbitraria de la redacción del plan. «No es así, están muy mal asesorados. A partir de ahora todo estará viciado de nulidad, todo será recurrible y todo será previsiblemente anulado», añadió. De la Iglesia subrayó que el asunto es «de una gravedad incalculable», más allá del «despilfarro» que supone haber tenido que pagar 19.200 euros. Añadió que la actuación de los dirigentes llaniscos «roza la desviación de poder».
El abogado Javier Junceda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Barcelona, señaló que la anulación «parece indicar que se ha declarado la nulidad de la adjudicación, por lo que el acto nulo nunca ha producido efectos, ni se puede convalidar por otro acto». Añadió que si se hubiera dictado la «anulabilidad» de la adjudicación «serían válidos los efectos del contrato adjudicado hasta la sentencia y se podrían subsanar». No es el caso. «Con carácter general, lo que esta sentencia revela es que existen mecanismos judiciales para atajar aquellas irregularidades derivadas de la contratación pública», señaló Junceda, quien, no obstante, discrepa de algunos aspectos de la sentencia, como la parte referida a la responsabilidad patrimonial de la Administración, o que la juez tilde de «arbitrariedad» el comportamiento municipal, a pesar de «constar en el expediente una motivación (correcta o incorrecta) del órgano contractual local sobre lo que se adjudica».
A Junceda le parece «excesivo» hablar de «arbitrariedad» en la actuación del gobierno de Llanes, y cuestiona que los jueces puedan sustituir «una decisión discrecional de la Administración por su propia decisión discrecional». Según su opinión, los jueces deben «controlar esa potestad discrecional administrativa, condenando la inmotivación o la motivación gravemente defectuosa», ya que «el juez de lo único que sabe es de leyes, y no de cuestiones técnicas, por lo que no parece razonable convertir una discrecionalidad administrativa en una discrecionalidad judicial».
Javier Calzadilla, abogado de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), señaló que a priori la sentencia implica que el equipo redactor del Plan General «carece completamente de cobertura jurídica» para continuar el trabajo. El fallo genera «serias dudas sobre la realidad del documento urbanístico» y, «desde luego, no es tan irrelevante como asegura el Ayuntamiento». Según Calzadilla, todo lo que haya hecho el equipo redactor a partir de la firmeza de la sentencia puede ser impugnado y previsiblemente será anulado en sede judicial. Según la opinión de Calzadilla, el Ayuntamiento sólo podrá intentar la legalización o subsanación del trabajo realizado hasta ahora, pero «no será fácil».
«La sentencia deja al concejo de Llanes en la más absoluta inseguridad jurídica»
Abogado
«Me parece excesivo que la juez hable de arbitrariedad en la actuación municipal»
Abogado
«El fallo implica que el equipo redactor carece completamente de cobertura jurídica»
Abogado
* La Nueva España - 23.09.10
Foto: Llanes (Asturias), puerto - celoriu.com
Rosales del Canal.- Los vecinos se manifestarán contra la cesión de los suelos municipales
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ELPERIÓDICO/Zaragoza* : Los vecinos de Rosales del Canal tienen una "triple lucha abierta". La judicial, la política y desde hace años, la reivindicación social. La razón, la carencia de servicios públicos en la zona y la cesión -que podría extenderse hasta 75 años- de un solar municipal a la oenegé Remar para instalar un centro con fines educativos. Los residentes del barrio estudian movilizarse una vez que finalicen las fiestas del Pilar. "El itinerario todavía no está definido pero saldremos a la calle para dejarnos ver", aseguró Beatriz Urriés, de la Asociación de Vecinos Entrelagos, quien añadió que "a partir de ese momento las concentraciones serán sistemáticas".
Además, celebrarán unas jornadas lúdicas en Rosales del Canal como lugar de encuentro entre vecinos.
Y mientras, a lo largo de esta semana esperan recibir una respuesta al recurso contencioso administrativo que presentaron el pasado mes de mayo 12 de las 14 comunidades de vecinos, así como la AMPA del colegio, colectivos vecinales y algunos locales comerciales. O lo que es lo mismo, más de 1.700 familias.
CENTRO CÍVICO Solicitan que la parcela sea libre. que se destine a equipamientos municipales y que se construya un centro cívico que englobe servicios como ludotecas o bibliotecas municipales en las que los niños puedan pasar su tiempo libre. "Queremos pedir explicaciones de la razón por la que nos han dejado sin nada", insistió Urriés.
El barrio de Rosales del Canal dispone de dos parcelas municipales. Una se cedió para la construcción de una residencia de ancianos a la Fundación Rey Ardid. La otra, a Remar, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la rehabilitación de las personas marginadas. Con respecto a la primera, la protesta de la Asociación de Vecinos Entrelagos es más suave y aunque están reivindicando su solar, ven que "su programa está avanzado". Han tenido ya varias reuniones con ellos y les han ofrecido algunas salas.
En lo que respecta a la segunda organización privada, la polémica viene de lejos. Las protestas se remontan al año 2007, cuando los primeros vecinos de Rosales del Canal presentaron alegaciones apelando a la falta de información del proyecto que quería llevar a cabo el colectivo en el terreno de más de 4.000 metros. Sus protestas no cesan. Se han concentrado en varias ocasiones y llevaron a cabo una campaña de recogida de firmas y se superaron las 3.000.
RESPUESTAS Urriés apuntó que el consistorio les había asegurado que contarían con un espacio en Arcosur, pero "siguiendo el plano de equipamientos municipales de ese barrio no hay parcelas próximas" en las que se pueda hacer. Según esta vecina y una de las portavoces del colectivo Entrelagos, la semana pasada mantuvieron una reunión con Urbanismo en la que "no ofrecieron ninguna solución". Han buscado el apoyo del grupo municipal de CHA para que los vecinos cuenten con "la opción de decidir" cuando se cede una parcela municipal.
Fuentes oficiales del ayuntamiento señalaron que Remar solicitó la parcela y se le concedió al haber "suelo de reserva y al cumplir los requisitos que se necesitan reunir en estos casos". El suelo "se dijo que se cedería y se hará", sentenciaron.
* 22.09.10
Foto: El pasado mes de julio numerosos residentes del barrio se concentraron en uno de los solares - elpariodico
Un año más, un Día sin Coches sin pena ni gloria… y con coches
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* critica que la mayor parte de los Ayuntamientos españoles participantes en el Día sin Coches de 2010 hayan dejado pasar esta oportunidad para introducir medidas de calado hacia una movilidad menos insostenible. Efectivamente, las medidas adoptadas pecan de falta de ambición y de relevancia, y rara vez suponen una restricción al uso del automóvil en la ciudad. Se deja pasar, otro año más, una oportunidad para reflexionar sobre los problemas que genera el abuso del coche en nuestras ciudades, así como de ensayar medidas que luego puedan hacerse permanentes para permitir una movilidad más sostenible.
Según la página oficial de la Semana Europea de la Movilidad, 567 ciudades españolas se han sumado a la misma y a la celebración, hoy, del Día sin Coches. A pesar de que somos el país europeo que más ciudades aporta a esta iniciativa (seguidos por Austria, con 429 y, a bastante distancia, Francia con 147) lo cierto es que resulta irrelevante su repercusión real en la movilidad y en la calidad de vida de los habitantes de estas ciudades. Ello es así por la falta de interés de la gran mayoría de los Ayuntamientos participantes, que se limitan a realizar algunas actividades cosméticas, sin ninguna ambición real para reducir el tráfico de coches.
Ante el poco empuje e interés de los Ayuntamientos, no es de extrañar que hoy la mayor parte de los conductores se hayan enterado de la convocatoria al oír la radio dentro de su coche en el atasco de cada mañana. Así, se han reproducido las situaciones habituales de congestión en las zonas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga… un Día sin Coches con el mismo número de automóviles.
Muestra de la poca ambición de los diferentes Ayuntamientos participantes en promover un verdadero Día sin Coches es el hecho de que la “medida estrella” durante esta jornada sea algo tan timorato como la gratuidad del autobús urbano. Así ocurre en ciudades como León, Santander, Salamanca, Cádiz o Elche, por citar algunos ejemplos. En definitiva, unas propuestas poco audaces y muy alejadas del espíritu de esta convocatoria, que inicialmente exigía que se cerraran algunas zonas de la ciudad al tráfico, algo que en los últimos años ha quedado como una recomendación. Más esperpéntico resulta el caso de Ayuntamientos, como Valencia, que han celebrado el pasado domingo el Día sin Coches… para no generar problemas de tráfico.
Si algún sentido tiene el Día sin Coches es porque permite ensayar cómo puede funcionar una ciudad con menos coches y decidir qué medidas son las más razonables para este objetivo de modo que se puedan implantar de forma permanente. Y ello no con afán de molestar a los automovilistas, sino con la intención de reducir los grandes problemas que ocasiona el uso excesivo del automóvil en nuestras ciudades: contaminación; ruido; sedentarismo; pérdida de autonomía de los niños, que no pueden jugar sin vigilancia en la calle; cesión de espacio público al coche, etc.
En definitiva, para Ecologistas en Acción, una vez más ha quedado claro que nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias. No dan la talla ante el reto de contribuir a la reducción de los graves problemas que provocan los coches en la ciudad, en nuestra salud y en nuestro bienestar.
* Ecologistas en Acción - 22.09.10
Gecen lleva a Fiscalía las construcciones ilegales en el marjal de Nules-Burriana
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LEVANTE/Castelló* : El Grupo para la Conservación de los Espacios Naturales, Gecen, ha irrumpido en la polémica sobre las viviendas "irregulares" en el marjal de Nules y Burriana pidiendo a la Fiscalía que investigue la totalidad de construcciones de la zona, reclame responsabilidades a propietarios, pero también a políticos y determine si los planes especiales que están redactando ambos ayuntamientos sobre la zona son o no legales. Es la segunda vez que el grupo conservacionista reclama a la Fiscalía de Castelló que investigue las construcciones ilegales en la zona húmeda, declarada como tal en 2002, pero es la primera vez que el grupo puede presentar datos más o menos fehacientes del censo de viviendas y construcciones que están agrediendo al humedal.
Así, en su denuncia, con fecha del lunes 21 de septiembre, Gecen pide a la Fiscalía que compruebe si son ciertas las cifras de construcciones que los propios ayuntamientos han hecho públicas tras realizar un censo del marjal y persiga tanto a los promotores de las construcciones como a los alcaldes "y responsables en urbanismo" de los dos ayuntamientos "por ser las máximas autoridades municipales con competencias urbanísticas".
Siguiendo la cifra de las 304 construcciones censadas en Nules tras la declaración del marjal como zona protegida, Gecen pide que se investiguen y denuncien todas aquellas que, hasta esta cifra, no lo fueron en su primera denuncia (que terminó en los juzgados y pidiendo la imputación del anterior alcalde, Salvador Górriz) y se haga lo propio con las 222 construcciones que el Ayuntamiento de Burriana ha detectado en su parte de humedal.
Ilegales también antes de 2002
El grupo va, sin embargo, más allá, porque recuerda que antes de esa fecha, 2002, las administraciones locales ya tenían la obligación de adoptar medidas cautelares en el marjal (atendiendo a la ley de 1999) hasta que se delimitara el catálogo definitivo de las zonas húmedas. De esta forma, entienden, y así se lo hacen constar a la Fiscalía de Castelló, que las construcciones levantadas entre 1999 y 2002 son "tan ilegales y constitutivas de delito como las posteriores". Si la Fiscalía atiende a esta consideración, la denuncia contra propietarios podría llegar al medio millar si se tiene en cuenta que en el censo realizado por Nules eran cerca de 765 el total de construcciones levantadas en el marjal hasta 2007, 304 de ellas después de 2002.
Desde Gecen ponen también en tela de juicio los esfuerzos que están realizando ambos ayuntamientos costeros para intentar regular la existencia de construcciones con el valor ambiental del marjal a través de sendos planes especiales. Según el grupo, la finalidad de estos planes (que se sustentan en los censos realizados) es la de "evitar derribos de viviendas y legalizarlas" por lo que acusan a las administraciones locales de intentar "usurpar competencias" en la gestión del humedal a la Generalitat Valenciana.
"Hay por tanto una posible usurpación de competencias por parte de ambos ayuntamientos puesto que el plan de gestión y cualquier norma que regule los usos del LIC corresponde elaborarlo y seguir y exigir su cumplimiento a la conselleria", recuerdan. "Estamos pues ante actuaciones de ambos municipios que, de forma premeditada, pretenden conseguir un objetivo ilícito, proporcionar legalidad a construcciones y actuaciones de todo tipo", añaden.
Ambos consistorios están, sin embargo, en contacto permanente con la Conselleria de Medio Ambiente en cada paso que se da en los planes especiales.
* Levante - 22,09,10
Foto: Una vivienda situada en la zona húmeda de Nules-Burriana. LEVANTE-EMV
«Caso Malaya»: Las mil caras del saqueo marbellí
LAOPINIÓN/Málaga* : La corrupción urbanística tiene DNI. Al menos en Marbella. Sus protagonistas conforman una familia unida por lazos de interés: hay ascendientes, como Jesús Gil, ya fallecido, y cuya forma de gobierno en la ciudad durante once años generó el caldo en el se desarrollaron «Malaya», «Saqueo I» o «Saqueo II»; José Luis Sierra, el tío de la familia y brillante abogado que dio forma jurídica al Grupo Independiente Liberal (GIL) y carta de naturaleza a las infracciones urbanísticas al inspirar un plan general ilegal; o Pedro Román, la sonrisa del gilismo, el gentil caballero que fue número dos de Gil hasta que decidió marcharse.
Sin estas tres figuras –sólo Román está imputado en «Malaya»– no puede entenderse nada de lo que sucedió en la ciudad, porque Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo y cerebro de la trama, creció y aprendió a su sombra. Y nada puede comprenderse del peculiar ambiente marbellí que dio oxígeno a esta red sin entender quién es quién en su estructura.
En el árbol genealógico hay más protagonistas: Marisol Yagüe, la hija predilecta, una ex tonadillera cuya simpatía le llevó a ser edil de Participación Ciudadana y, andando el tiempo, a encabezar la moción de censura que descabalgó a Muñoz en 2003. Ahora dirige un establecimiento flamenco, que está a nombre de un familiar, donde, de vez en cuando, se la ve bailar y cantar en las calientes noches marbellíes. Como alcaldesa, su ingenio traspasó las débiles fronteras de la villa, pero como gestora su fama la llevó a la cárcel, donde pasó seis meses y donde se la conocía como la «Chanel».
Roca ha descubierto su vena altruista, y da clases de alfabetización a otros presos en la prisión de Albolote, mientras que Isabel García Marcos, la mano derecha de Yagüe y rival del ex asesor en la organización, ha vuelto a su puesto de inspectora médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y ahí espera a que llegue el próximo lunes, día en el que arrancará el juicio más importante de la historia de la judicatura española.
Otro protagonista destacado es Tomás Reñones, ex edil de Deporte, que ahora lidera varios proyectos de reinserción de presos basados en la práctica del fútbol. También posee empresas de representación de futbolistas.
Tres que se fueron
Sin embargo, hay otras figuras clave que desarrollaron importantes papeles en el crecimiento de la organización: Carlos Fernández, ex edil del PA, apoyó la moción de censura en agosto de 2003 y, cuando el juez Miguel Ángel Torres lo llamó, en julio de 2006, se encontraba haciendo el Camino de Santiago. Decidió no presentarse, y lo último que se sabe de él, según la policía, es que se fugó a Argentina, donde entró a través del aeroródromo de Ezeiza con su propia documentación.
Después, ha habido múltiples rumores sobre su paradero: Túnez y Chile son los destinos en los que podría haber estado, aunque las malas lenguas afirman que podría habérsele visto visitando a su madre, cuyo chalé está en el Puerto de la Torre.
Francisco Javier Lendínez, ex edil, es el otro huido insigne del caso. A finales de 2008 decidió poner tierra de por medio entre él y la Justicia, pasó unos días en Tarifa y ya no se le ha vuelto a ver. Marruecos o Portugal podrían haber sido testigos de sus pasos.
José Manuel Llorca Rodríguez, un oscuro personaje imputado en «Ballena Blanca», «Fórum Filatélico» y «Malaya», es otro de los huidos. En su caso, el agua es más turbia y nada se sabe de él.
En cuanto a los empresarios, la vida sigue igual: Rafael Gómez, «Sandokán», lo ha pasado bastante mal y ha despedido a muchos obreros. Llegó a vender un hospital que construyó en Benalmádena, y la policía cree que en los últimos años se ha decidido a vender, mientras que otro insigne promotor, Tomás Olivo, está acusado de espiar y pegar a una ex novia con la que tiene un hijo de corta edad. Sigue con sus negocios, La Cañada y otros centros comerciales, y es uno de los más beneficiados por el nuevo PGOU de Marbella.
En cualquier caso, las vidas de los 95 acusados no han sido fáciles: unos, como Julián Muñoz, se han dedicado a contar sus miserias en la televisión. A éste no se le conoce trabajo desde principios de año, cuando regentó un chiringuito –aunque, según Interviú, disfruta de un más que aceptable nivel de vida–; mientras que la mayoría ha optado por un perfil bajo de cara a la opinión pública, y se dedica a sortear las dificultades que ya de por sí le representa su encorsetada situación personal.
Problemas personales
Entre ellos ha habido de todo: separaciones, desahucios, despidos; muchos han sido agredidos en sus ciudades de origen, por lo que el anonimato y los continuos cambios de imagen forman ya parte de su modo de actuar. Sólo los huidos han salido vencedores, por ahora, del envite. «Esperamos a que cometan un fallo», reconocen fuentes policiales.
El que peor parte se ha llevado es quien desde el lunes se deberá defender de las acusaciones más graves: Juan Antonio Roca. Es el preso que más ha estado en prisión preventiva por un delito de naturaleza económica, superando con creces a los Mario Conde o Antonio Camacho (Gescartera). Lo lleva bien: da clases a presos, les escribe cartas y por las tardes prepara su defensa. Otro que pasó casi tres años entre rejas –el último en tercer grado– fue Julián Muñoz, aunque su estancia se debió principalmente a delitos urbanísticos.
Seis meses en prisión estuvieron también Isabel García Marcos y Marisol Yagüe: la primera parecía haber estado en su salsa y, de hecho, también ha intervenido continuamente en distintos programas de televisión; la segunda salió de allí mucho más delgada, deprimida, destrozada... Su cara era un poema.
Algunos de los testaferros de Roca, como Montserrat Corulla, abandonaron la cárcel tras hablar de lo lindo ante el juez, mientras que otros, prestigiosos economistas, arrastran graves problemas para encontrar trabajo.
Dos últimos personajes sin cuyo papel «Malaya» no puede entenderse: el juez Miguel Ángel Torres es hoy titular de un juzgado de lo Penal en Granada. Condenó, por cierto, al arzobispo de la capital nazarí por coaccionar a un subordinado. Su amigo Juan Carlos López Caballero, fiscal Anticorrupción, sigue en la trinchera, ya que es el encargado de sostener la acusación en el «caso Malaya».
Gil, Sierra y Román, un trío de ases al frente de Marbella
Jesús Gil llegó a Marbella en 1991 y su estilo de gobierno, ligado al populismo, y su autoritarismo, encandilaron a muchos desengañados con los partidos tradicionales. José Luis Sierra fue fundamental en la estrategia de Gil para afianzarse en el poder, puesto que dotó jurídicamente tanto al Consistorio como al partido (el GIL) de los instrumentos que les eran necesarios en su día a día. Román, la cara amable, atraía inversiones y simpatías. Sin aquellos polvos no pueden entenderse estos lodos.
La ascendencia de Roca sobre el resto, vital para la organización
La personalidad de los imputados tiene mucho que ver con cómo acabaron desarrollándose las cosas en Marbella. En sus declaraciones, los concejales y los empleados de Juan Antonio Roca lo describen como un hombre que sabe ser cercano, pero implacable cuando se le presenta la ocasión o detecta la más mínima deslealtad. Dicen que era habitual ver a los representantes públicos sentados en el pasillo esperando a que el murciano los atendiera. Nada escapaba a su control, y esa meticulosidad fue precisamente su talón de Aquiles. De hecho, todo lo apuntó en unas agendas y en diversos archivos informáticos. Este material acabó en manos de la policía. Ahí empezó su caída.
* La Opinión Málaga - 21.09.10
Foto: Tres de los acusados en la trama ´Malaya´: Juan Antonio Roca, Isabel García Marcos, Marisol Yagüe y Julián Muñoz. L.O.
