NORTECASTILLA* : «Ni el promotor de la obra -Construcciones Castrodeza- presentó un proyecto técnico para legalizarla ni el Ayuntamiento acordó su ejecución subsidiaria ordenando su elaboración a costa del obligado», recoge la sentencia dictada ayer por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la que confirma punto por punto el fallo anterior, dictado el 2 de enero, que ordenaba la demolición completa del bloque del nº23 de la calle Niña Guapa.
La resolución supone un punto y seguido a un proceso iniciado hace más de ocho años y cierra la última intentona municipal -aún puede haber otras vías legales- de parchear un error cometido por sus propios técnicos.
Los magistrados recogen en su sentencia los sucesivos fallos de la Concejalía de Urbanismo en sus distintas tramitaciones para intentar frenar el derribo del edificio y recuerdan que «debieron concretar de qué modo se reducía el exceso de edificabilidad en el edificio existente teniendo en cuenta que no basta para ello con cambiar los nombres de las superficies porque las cosas son las que son». Alude así el fallo al acuerdo municipal del 17 de octubre del 2008 por el que otorgaba una nueva licencia de obras a la promotora que, sin embargo, no legalizaba el edificio ya existente sino que autorizaba a construir uno nuevo.
Fuera de plazo
Aquel acuerdo llegó mal y tarde al alcanzarse cuatro años después de que una primera sentencia anulara la licencia de obras y de primera ocupación del inmueble y año y medio después de que otro fallo acordara la demolición. «Dicha licencia -la del 2008- no ampara la demolición de lo ilegalmente construido y la conservación de lo que pudiera mantenerse si es que algo podía conservarse», justifica la sentencia antes de añadir que esto último «se acreditó en ningún momento mediante el correspondiente procedimiento de legalización realizado en plazo».
La sentencia viene a decir que sí existían fórmulas legales para paralizar la demolición y salvar así el 90% del inmueble que es legal. Pero no se encontraron o se hicieron fuera de plazo y los 107 metros cuadrados de más con los que cuenta el edificio -tiene una superficie de 950,53 metros cuando debía ser de 843,32- supondrán, en principio, su derribo completo.
Mutismo vecinal
Y todo a cuenta de un error inicial cometido por un arquitecto municipal al sumar mal la edificabilidad del solar. Los metros de más llevaron a los vecinos del número 32 de la calle Nicolás Salmerón, que coincide con el bloque de Niña Guapa por el patio interior, a denunciar los hechos por la invasión su propiedad y a lograr un primer fallo favorable en febrero del 2004.
Después llegarían infinidad de recursos hasta desembocar en el fallo del 20 de abril del 2007 que ordenó la demolición. Aún entonces, el Ayuntamiento pudo alegar la «imposibilidad legal de ejecutar la sentencia porque podía legalizarse una parte de lo construido», pero no lo hicieron y las posteriores resoluciones volvieron a dar la razón a los residentes en el edificio del 32 de Nicolás Salmerón.
Y entre medias, los inquilinos de las nueve viviendas del 23 de Niña Guapa continúan desalojados de sus casas desde el 5 de julio del 2007 sin que ellos ni su representante legal, que planteó una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, hayan dicho está boca es mía.
Ninguna de las parte implicadas, ni denunciantes ni denunciados, quiso confirmar ayer la existencia de plazos para el derribo.
Silencio en Urbanismo. La concejala Cristina Vidal no contesta a las llamadas y desde el equipo de Gobierno aseguran que «no hay comentarios». Nada que decir. Al menos ayer. Pero un día antes de conocerse la sentencia, el alcalde, Javier León de la Riva, aseguraba que «cuando se produzca una resolución definitiva sobre el tema de Niña Guapa, y sólo entonces, me sentaré delante de los medios con el expediente completo, paso por paso, y ahí veremos quién ha tenido que ver con que se aumentara o se autorizara una edificabilidad que no tenía», aseguró el regidor, quien añadió que el anterior «concejal de Urbanismo entendía que esas cosas se podían hacer con el estudio de detalle y la sala que nos toca nos dice que no». «A mí me parece desproporcionado que si hay un exceso de cien metros se obligue a tirar todo el edificio, pero respetaré lo que diga la sala sin perjuicio de que, después, como digo, con el expediente en la mano, convocaré a los medios». Eso aún no ha sucedido. Ayer, silencio sobre Niña Guapa en los despachos del PP. No así en los de la oposición. Óscar Puente (PSOE) lamentó que «en vez de buscar soluciones se iniciara una huida hacia adelante». «Nos preocupa la situación de la gente afectada por la sentencia y que esa huida repercutirá en las arcas municipales». Puente entiende que la solución pasa por acatar la sentencia, derruir el inmueble «y llegar a un acuerdo con los propietarios para reconstruir el edificio de acuerdo con la normativa». «El Ayuntamiento -concluyó Puente- debe tomar conciencia de que las ilegalidades urbanísticas al final se pagan. Ésta es la primera, pero no será la última». Alfonso Sánchez de Castro (IU) criticó la «nueva vulneración en la legalidad urbanística. Basta ya de recursos que luego nos toca pagar», dijo.
2001: La comunidad de propietarios del número 32 de Nicolás Salmerón presenta una primera denuncia por exceso de edificabilidad -invadía parte de su patio interior- del inmueble del 23 de Niña Guapa.
2004: Un Juzgado anula tanto la licencia de obras como la de primera ocupación al constatar que un error de un arquitecto municipal había permitido construir 107 metros cuadrados de más en el bloque.
2007: Un nuevo fallo acuerda la demolición completa del edificio -el proyecto ya está realizado-. Los vecinos desalojaron el inmueble el 5 de julio de ese mismo año y desde entonces siguen desahuciados.
2009: El TSJCyL desestima el último recurso municipal y confirma la resolución anterior que ordenaba el derribo completo del edificio.
* El Norte de Castilla - J. SANZ V. M. V. - 21.05.09
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Valladolid: El TSJ confirma la orden de demolición del bloque de viviendas de Niña Guapa
Tazacorte: Berriel y Pulido, entre 35 imputados por una urbanización ilegal en El Puerto
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ELDÍA/La Palma: El Juzgado de Instrucción nº2 de Los Llanos de Aridane ha incrementado hasta 35 el número de políticos y técnicos imputados por el caso de la supuesta urbanización ilegal de una parcela situada en Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, para la edificación de un complejo residencial de lujo de 24 viviendas.El nivel de presunta vinculación marcado por la jueza instructora del procedimiento, María Teresa Luerca Gómez, llega hasta la misma cabeza de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, citando como imputados al consejero, Domingo Berriel, y al viceconsejero, Miguel Ángel Pulido.
A los primeros siete acusados correspondientes al Ayuntamiento de Tazacorte, cinco miembros de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura (tres de ellos siguen en el actual mandato) y dos técnicos municipales, se suman ahora otros 28 posibles responsables de haber permitido que se edificara un suelo que se recogió en las Normas subsidiarias (1999) y en el PGO (1984) como urbano pese a contar con una sentencia del Tribunal Supremo que no lo consideraba como tal, lo que desembocó en la edificación de un inmueble, construido con licencia municipal de noviembre de 2005, que hoy se encuentra a la espera de obtener los permisos de primera ocupación para ser habitado.
Los nuevos inculpados se corresponden con los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que aprobaron las viejas NNSS de Tazacorte en el año 1999 (por entonces bajo la denominación de Cumac) y el Plan General de Ordenación de este mismo municipio en el año 2004, desde la Presidencia y vicepresidencia del organismo público, hasta los vocales técnicos y políticos de diversas administraciones. En ese sentido, entre otros, se cita también como imputado al que fuera Consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo hace 10 años, Tomás Van de Walle.
Investigación.- La providencia judicial, con fecha de 6 de mayo, forma parte de las diligencias previas abiertas por el juzgado llanense (los primeros pasos de la investigación se dieron en la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife) tras la remisión de un informe hace más de un año, por parte del CCN, uno de los grupos políticos opositores en Tazacorte, a fin de que se investigara la posible existencia de delitos urbanísticos en esta actuación, a raíz de la aprobación de la licencia de obras a la promotora del edificio, la empresa Diursa.
Esta investigación llegó a motivar hace varios meses una intervención de la Policía Judicial en las dependencias administrativas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en busca de documentación.
Citaciones.- Según recoge la notificación judicial, dada cuenta del estado de las actuaciones realizadas, se llama a declarar como imputados a los 28 miembros que conformaban la Comisión de Urbanismo, que deberán pasar por las dependencias judiciales los días 2 y 3 de junio, en una primera tanda, y 16 y 17 del mismo mes.
Además, en la jornada de hoy se tomará declaración al arquitecto y el jurista del Ayuntamiento de Tazacorte para completar la lista de los 7 inculpados en esta Administración local, entre ellos cinco miembros del grupo de gobierno local (Unión Bagañeta) que el pasado 28 de octubre fueron interrogados por la delegada de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés, en el mismo juzgado.
Aforado.- En el caso de los indicios de ilegalidad que se imputan a Domingo Berriel, éstos deberán ser resueltos en otro foro. El consejero, al igual que el resto de diputados de la Comunidad Autónoma, goza de un fuero especial para ser juzgado, por lo que el órgano competente se corresponde con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, si bien en algunos casos los estatutos de autonomía pueden atribuir esa competencia al Supremo.
Según recoge la legislación, al carecer de competencia para investigar a un aforado, el Juzgado de Los Llanos de Aridane tendría que remitir los indicios que tenga contra el consejero al TSJC, por lo que el resto de la causa, al completo, debe también ser juzgada por el mismo tribunal por la imposibilidad de dividir las actuaciones.
* El Día - M. CHACÓN - 21.05.09
Foto: Tazacorte (La Palma) - wikipedia.org
Alicante aprobará el plan especial para Tabarca con 16 años de retraso
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ELPAÍS* : Si en la ciudad de Alicante los grandes proyectos avanzan despacio, en la isla de Tabarca los pasos son muchas veces imperceptibles. La única isla habitada de la Comunidad Valenciana, espacio declarado además Bien de Interés Cultural (BIC) y reserva marina, espera desde hace 16 años su Plan Especial de Protección.
Plan que se aprobará finalmente el próximo lunes en la junta de gobierno local, después por la Comisión de Urbanismo y que pasará por pleno en junio, según anunció ayer la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. La propia Castedo usó la expresión "por fin" cuando anunció esta aprobación, tras "años trabajando" e interminables polémicas entre el Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno que han frenado el avance del documento que debe regir la ordenación futura de la isla.
El documento es una síntesis, según la Gerencia de Urbanismo, de las distintas sugerencias y alegaciones de todas las administraciones implicadas en la conservación de Tabarca. Redactado al margen del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tramita el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el proyecto no incluye ninguna referencia a la ordenación de las edificaciones ilegales, algunas de ellas sin licencia de obra, como el grupo de chalés que construyó el ex alcalde de Santa Pola, el popular Pascual Orts. El ex regidor levantó los bungalós dentro de la zona de servidumbre pública. Y pese a que los tribunales decretaron la ilegalidad de la obra, el conjunto sigue en pie y no hay sobre ella ninguna orden de demolición. El Plan Especial de Protección de Tabarca, además de definir los usos, inmuebles protegidos y espacios urbanos, hace especial hincapié en el potencial turístico de la isla.
El plan especial comenzó a redactarse en 1993 y fue aprobado provisionalmente por todas las fuerzas políticas presentes en aquel momento en el Ayuntamiento de Alicante en julio de 2000. A partir de ese momento ha habido que introducir las alegaciones de las distintas administraciones, que definirán el contenido definitivo de la hoja de ruta para la isla. El plan, entre otras cuestiones, protege 30 edificios y zonas de la isla, incluidos el puerto antiguo de Tabarca, el faro o el castillo de San José, según el documento provisional que se manejaba en el año 2006.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante lamentó los "años perdidos" por el PP "para hacer de la isla de Tabarca una joya del turismo en el Mediterráneo". La edil socialista María José Adsuar recordó que "el abandono que sufre la isla y sus servicios es desolador". Adsuar criticó, igualmente, los reiterados anuncios del Consell de mejoras "que nunca llegan". El Grupo Socialista municipal propuso el pasado mes de marzo un pacto por Tabarca entre las distintas administraciones competentes, empresarios, vecinos y agentes sociales y económicos "para potenciar la imagen de la isla". La propuesta fue desestimada, recordó ayer Adsuar.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 21/05/2009
Foto: Tabarca (Alicante) - terra.es
El Supremo anula el Plan de Urbanismo de Zamora por un defecto administrativo
NORTECASTILLA* : Zamora regresa desde hoy a la normativa urbanística de 1986 y así será por tiempo indefinido si el equipo de Gobierno del Partido Popular no consigue sacar adelante este verano la última revisión del PGOU de enero del 2007. Si se aplica literalmente la sentencia del Tribunal Supremo, hecha pública ayer, que anula el Plan General de Ordenación Urbana del 2001, todo lo construido fuera del casco histórico en los últimos ocho años, principalmente los nuevos barrios de la periferia, sería ilegal.
En sentido estricto, también la tramitación del actual documento que está en período de alegaciones tendría que ser paralizada de inmediato porque es «una revisión de la revisión del 2001, que está anulada, y no un plan nuevo para el que se precisan otros requisitos», indican algunos urbanistas consultados.
Esta interpretación, sin embargo, es rechazada de plano por el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, quien señaló que «la anulación del plan del 2001 se produce por un defecto administrativo y no porque el contenido del plan sea malo, ha funcionado bien todos estos años, y el actual es un plan distinto en el que se han tenido en cuenta miles de alegaciones que han modificado sustancialmente el anterior».
Bloqueo
Para el PP, utilizar esta sentencia inapelable del Supremo para tratar de bloquear el actual plan «es una filosofía que intenta utilizar el portavoz del PSOE», Carlos Hernández, a quien responsabilizó directamente de la sentencia como técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora, ahora en excedencia como jefe del grupo municipal socialista. El portavoz del equipo de Gobierno insistió en que aunque «el que aprueba el documento es un órgano político», en este caso, Antonio Vázquez y su mayoría absoluta, «el órgano político se guía de informes técnicos».
El de la capital zamorana es el primer PGOU de Castilla y León que anulan los tribunales de Justicia y ha sido porque el Ayuntamiento de Zamora no respetó la propia Ley de Urbanismo autonómica que establecía la obligación de una segunda exposición pública del documento al haberse introducido en el plan modificaciones sustanciales, con el fin de garantizar la mayor participación.
* EL Norte de Castilla - 21.05.09 -
M. J. PASCUAL
Foto: Zamora - wikipedia.org
