El freno verde funciona

ELPAÍS* : Denuncia tras denuncia, recurso tras recurso, años que pasan hasta que nadie sabe muy bien cómo acabará el galimatías legal en el que se ha transformado una denuncia contra una obra o una actuación urbanística, que se considera atentan contra el medioambiente. Ecologistas y colectivos sociales lo saben bien. "Es una carrera de fondo, pero yo creo que no cunde el desánimo porque empezamos a ver éxitos en el ámbito judicial. Se paran proyectos", advierte Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. Sostiene que los únicos que denuncian son las ONG o los grupos ecologistas. "Solo pedimos a las administraciones públicas que realicen su trabajo, que controlen y que hagan cumplir la ley. Y a los tribunales, celeridad. Parece absurdo que lo tengamos que hacer nosotros, pero así es". Greenpeace tiene un presupuesto de 50.000 euros al año para las denuncias y su defensa. "Es mucho dinero, teniendo en cuenta el tipo de organización que somos".

La directora del departamento legal de WWF, Rita Rodríguez, comenta que ellos no tiene ningún interés en perseguir infracciones. "Acudimos a la vía judicial cuando es el último recurso que queda". A veces cunde el desánimo. "Es desesperante, hay ocasiones en que te dan ganas de tirar la toalla, irte a vivir y dejarte de líos", comenta Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, que piensa que el problema se debe a que la política se ha introducido en todos los ámbitos. "Se llega a situaciones absurdas, de hechos consumados, como cuando los tribunales deciden que una obra es ilegal, pero ya está en funcionamiento", opina Mario Rodríguez.

Como ejemplos de la labor de estos colectivos destacamos dos actuaciones urbanísticas (el hotel de El Algarrobico, en Almería, y el desdoblamiento de la M-501, en Madrid); la parada del vertido de residuos industriales a las marismas del río Tinto, Huelva, y un proyecto de refinería que está provocando un fuerte rechazo social en Extremadura.

Símbolo del destrozo costero

Actuación: hotel Azata Sol, de 22 plantas y 411 habitaciones.

Ubicación: paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería). Parque natural del cabo de Gata-Níjar.

Situación actual: paralizado cautelarmente por un juez de Almería el 22 de febrero de 2006. Licencia municipal revisada de oficio en septiembre de 2008. Recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los ecologistas están convencidos de que el hotel se acabará demoliendo. "Tiene 16 sentencias en contra", indican desde Greenpeace. La pregunta del millón es saber cuándo. "Todavía tenemos por delante siete u ocho años", sostiene Jaime del Val, de la organización Salvemos Mojácar, que lleva desde 2005 luchando para que "este despropósito", levantado en uno de los pocos parajes vírgenes que quedaban en el litoral almeriense, desaparezca. Los detractores tienen claro que es ilegal porque está situado en una zona protegida e incumple la Ley de Costas, al no respetar la servidumbre de 100 metros desde la ribera del mar, donde no se puede construir. El edificio está a 47 metros del dominio público marítimo-terrestre y otras construcciones, como la piscina, a 14 metros.

La empresa, por su parte, espera que los tribunales les den la razón, porque "todos los informes" que tenían "eran positivos, incluso los de Costas", explica José Rodríguez, subdirector de Azata. "En ocasiones, miramos hacia atrás por si hubo algún indicio de que iba a haber problemas que nos pasaran inadvertidos, y no los encontramos. No nos hubiéramos planteado la construcción en caso de ser ilegal", afirma.

Para Greenpeace, la historia de El Algarrobico empezó a gestarse en 1987 cuando se crea el parque natural del cabo de Gata-Níjar. En ese mismo año las normas urbanísticas de Carboneras clasifican los terrenos de El Algarrobico como urbanizables. El conflicto se produce cuando en 1994 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque dice que en ese suelo no se puede edificar. Los ecologistas sostienen que el Ayuntamiento se tenía que haber adaptado a este PORN, y convertir El Algarrobico en no urbanizable. Esto no ocurre, y en 2003 el municipio concede a Azata licencia de obras y se inicia la construcción.

La primera denuncia de los verdes llega en 2005. Un año después, el Juzgado de Almería paraliza la actuación de forma cautelar. Casi cinco años más tarde, el hotel sigue en pie. Los ecologistas sostienen que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente siguen sin actuar. Del Val advierte de que "el nuevo plan general de Carboneras plantea otra vez El Algarrobico como urbanizable". Añade que "el hotel es la estrella, pero en esta costa hay actuaciones peores, como playa Macenas, con 3.000 viviendas y un campo de golf en terreno protegido".

Stop a los vertidos de Fertiberia

Actuación: vertidos de fosfoyesos (residuos industriales tóxicos y ligeramente radiactivos).

Ubicación: marismas del río Tinto (junto a la ciudad de Huelva).

Superficie contaminada: 1.200 hectáreas de marismas del río Tinto (han alcanzado la desembocadura del río Odiel), con 120 millones de toneladas, según datos ecologistas.

Estado actual: suspendidos los vertidos por sentencia de la Audiencia Nacional desde el 31 de diciembre 2010. La empresa debe restaurar la zona.

Por fin. Se acabaron los vertidos de fosfoyesos en la desembocadura del río Tinto. Han sido años de denuncias, pero WWF, Greenpeace y colectivos sociales como la Plataforma de la Mesa de la Ría lo han logrado. "Llevamos luchando desde julio de 2000. Por fin ha habido un resultado, pero ahora hay que afrontar la recuperación de la marisma, que es otra historia", indica Rita Rodríguez, directora del departamento legal de WWF. Fertiberia, empresa de fabricación de fertilizantes, llevaba más de cuarenta años deshaciéndose de su basura industrial (fosofoyesos) en unos terrenos situados en la costa. Tenía un permiso. La Administración pública le concedió licencia en el año 1968 para construir depósitos de decantación para verter los restos de su actividad sobre 720 hectáreas en la desembocadura del río Tinto. Le impusieron unas condiciones que ha incumplido de forma reiterada. Al fabricar el abono se producen unos residuos que al principio se tiraban directamente a las marismas. Más tarde, se empezaron a decantar en unas balsas y los fosfoyesos se amontonaban en capas. "Tenían permiso para acumular tres metros de altura y ahora se elevan hasta 25", denuncia Cristo Bejarano, portavoz de la Plataforma Mesa de la Ría.

En 2002, los colectivos sociales de Huelva que luchaban por acabar con los vertidos deciden reunirse en una plataforma. Un año después, se confirman los incumplimientos y el Ministerio de Medio Ambiente declara la caducidad de la concesión para verter los residuos industriales. Desde entonces, WWF y la Plataforma de la Mesa de la Ría reclaman a las administraciones responsables que hagan cumplir la ley. La Audiencia Nacional confirma en 2007 que no puede usar la costa para los vertidos y que no se puede ocupar dominio público marítimo terrestre para actividades que se puedan emplazar en otro lugar. "Han sido muchos años, pero ahora hay que empezar a hablar de recuperar la marisma. El plan propuesto no nos parece el adecuado porque no se llevan los residuos de aquí, se trata de recubrirlos y los elementos contaminantes se pueden seguir filtrando a los estuarios de los ríos Tinto y Odiel", explica Bejarano. WWF afronta la recuperación de la marisma a largo plazo, no solo como un espacio para disfrutar, sino para prevenir inundaciones que puedan llegar con el cambio climático.

Sin declaración de impacto ambiental

Actuación: desdoblamiento M-501 (18 kilómetros entre los pueblos de Quijorna a Navas del Rey, en Madrid).

Afección al medio ambiente: atraviesa la zona de especial protección de aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche.

Estado actual: en funcionamiento desde 2008. Denunciada por Ecologistas en Acción por carecer de Declaración de Impacto Ambiental. A la espera de decisión del Tribunal Supremo.

Sin prisa, pero sin pausa. La M-501, conocida como la carretera de los pantanos, que une Madrid con la provincia de Ávila (70 kilómetros), se va duplicando tramo a tramo. Los ecologistas alertan sobre el daño medioambiental, mientras la Comunidad de Madrid esgrime la siniestralidad de la carretera y los atascos. Primero se acometió la ampliación desde la M-40 a Quijorna (22 kilómetros), atravesando el parque regional del curso medio del río Guadarrama. En 2006 se duplicaron los 18 kilómetros de Quijorna a Navas del Rey, una actuación que está en los tribunales porque se llevó a cabo sin la preceptiva declaración de impacto ambiental (informe que evalúa los posibles daños al entorno o a la población de un proyecto).

El Gobierno regional sorteó el problema esgrimiendo que la obra era de interés general debido a la alta siniestralidad de la vía y a las retenciones. Contaba con el beneplácito de los alcaldes de la zona, incluidos los socialistas. Pero no con el de Ecologistas en Acción, que denunció las obras ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Unión Europea. "En la zona se encuentra la zona de especial protección de aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche y existían alternativas para mejorar el trazado sin aumentar los carriles", explican. Además, el proyecto había sido descartado en 1998 por Alberto Ruiz Gallardón (entonces presidente de la Comunidad madrileña). Tenía un informe negativo de la Consejería de Medio Ambiente, además de un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que lo desaconsejaba por los daños ambientales.

En febrero de 2008, con las obras muy avanzadas (empezaron en julio de 2006), el TSJM anula el acuerdo de la Comunidad que aprobaba el desdoblamiento y dice que los terrenos tienen que volver al estado inicial. "Pedimos la paralización de la obra, pero el juez nos exige un aval de 490.000 euros, que no logramos reunir". La Comunidad de Madrid recurrió esta sentencia ante el Supremo. La carretera también está pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo. Fuentes del Gobierno regional recuerdan que el 30% del valor de la obra se ha destinado a medidas como la reintroducción de conejos y el cuidado de las rapaces y otros animales. En cuanto al desdoblamiento del resto de la vía hasta el límite con la provincia de Ávila, la Consejería de Transportes indica que no está previsto para esta legislatura.

Luchar antes de que se inicie

Actuación: proyecto refinería Balboa.

Ubicación: sierra de San Jorge, Santos de Maimona (Badajoz). Oleoducto desde Huelva de unos 200 kilómetros.

Estado actual: realizado estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente está a la espera de recibir más información para llevar a cabo la declaración de impacto ambiental.

La refinería Balboa todavía es un proyecto. A pesar de ello ha despertado una fuerte oposición en la zona donde se quiere construir. También cuenta con el apoyo, según la empresa promotora, el grupo Alfonso Gallardo, del 90% de la población. Como recuerda el portavoz de la Plataforma Ciudadana Refinería No, Leonardo Clemente, en las últimas elecciones se presentaba como "proyecto estrella". La infraestructura precisa la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros desde el Huelva hasta la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), que atravesaría varios lugares protegidos como los parques naturales de sierra de Aracena y picos de Aroche. Por este motivo, la preocupación por el impacto que podría tener se ha extendido a otros lugares de España e incluso a la vecina Portugal. En la Estación Biológica de Doñana las dudas se refieren a la repercusión que podría tener el incremento de tráfico de petroleros, por si se produce una marea negra.

Según indican en la página web de la futura refinería, la instalación tendrá una capacidad nominal de 110.000 barriles/día de crudo (aproximadamente 5.750.000 toneladas/año de crudo más otras materias primas) y obtendrá 5.341.700 toneladas/año de productos finales. Al mismo tiempo, la empresa destaca que será una instalación de nueva generación, absolutamente respetuosa con su entorno y con menores emisiones y vertidos que cualquiera de las existentes en España, porque usarán las tecnologías más avanzadas, que se emplearán en el diseño y construcción de la planta y que permitirán maximizar la transformación del crudo tratado en productos finales de alto valor añadido.

Son previsiones que no convencen a sus detractores, que han presentado 80.000 alegaciones al estudio de impacto ambiental que la empresa ha presentado al Ministerio de Medio Ambiente para que este a su vez ejecute una declaración de impacto ambiental que puede ser positiva o negativa. Un portavoz del ministerio indica que están a la espera de que la empresa les complete la documentación.

El portavoz de la plataforma ciudadana en contra de la refinería piensa que con su trabajo han conseguido salir del ámbito regional y que se les escuche en Madrid, en Europa, en la Unesco. "Aquí la riqueza es la vid y el olivo, de donde se obtiene la uva para la denominación de Ribera del Guadiana. En mi opinión, no necesitamos una refinería", concluye Clemente.



* El País - 15.01.11
Foto: Estado del hotel paralizado en El Algarrobico, en Carboneras (Almería) - elpais

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Los extranjeros dueños de viviendas ilegales dan el salto a la política

LAOPINIÓN/Málaga* : Los extranjeros propietarios de viviendas ilegales en la comarca de la Axarquía se han cansado de que las autoridades no les den una solución a su problema y algunos han optado por dar el salto a la política y concurrir a las elecciones locales bajo las siglas de diferentes partidos. Éste es el caso de Philip Smalley y Gary Miles, dos británicos que dedicaron los ahorros de su vida a la compra de terrenos en el municipio de La Viñuela en los que construyeron unas casas para las que recibieron todos los permisos municipales y que, sin embargo, ahora se enfrentan al fantasma de la demolición. "Obtuve una licencia de obras con sello y firma del Ayuntamiento y construí mi casa con la confianza de que todo estaba en orden, pero en 2005 me llegó una carta en la que se me avisaba de que la Junta de Andalucía había impugnado la licencia en el juzgado, una situación que se repitió con casi noventa viviendas en La Viñuela", ha explicado a Efe Smalley.

Por su parte, Miles considera que su casa es "legal", aunque no sabe qué pasará con ella en el futuro y culpa de esta situación a la Junta, "que ha sido negligente y ha mirado hacia otro lado", y que tras la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y "después de años en los que no ha hecho nada, ahora pretende demoler todas las casas".

Esta "pesadilla" la sufren miles de residentes foráneos que se construyeron casas en localidades como La Viñuela, Alcaucín, Canillas de Aceituno o Sayalonga, unas viviendas que han resultado ser ilegales.

Sólo en la Axarquía se calcula que existen unas 10.000 viviendas fuera de ordenación, aunque los colectivos ecologistas de la comarca elevan la cifra hasta las 20.000.

"Angustiados y preocupados" por sus residencias, estos británicos constituyeron una plataforma de afectados, denominada Save Our Home (SOHA) -Salvemos Nuestros Hogares, en español-, que cuenta con casi cuatrocientos miembros y que en marzo de 2010 protagonizó una multitudinaria manifestación en Málaga.

No obstante, quieren completar la acción del colectivo con una participación directa en la política y por ello, Smalley y Miles concurrirán en los puestos dos y tres de la candidatura del PA de La Viñuela, municipio cuyo alcalde, Juan Millán, fue inhabilitado en abril de 2010 por conceder licencias ilegales.

"Pensamos que desde dentro del Ayuntamiento podemos buscar una mejor solución a la problemática que tenemos", ha argumentado Smalley, que apuesta por el PA, que tendrá como cabeza de lista a José Luis Florido, "ya que los dos grandes partidos no nos ofrecen confianza".

"El PSOE es responsable de lo que ha pasado con su gestión al frente de la Junta de Andalucía y el PP dice que lo va a solucionar todo, pero en Valencia es culpable", ha añadido Smalley.

Consideran que el fin de este conflicto vendría con una amnistía "como se ha hecho en otros lugares, como Marbella, donde los grandes partidos se han puesto de acuerdo" para regularizar los inmuebles fuera de ordenación.

"Si la Junta puede arreglar los problemas de Marbella, por qué no se pueden arreglar los del resto del país en cuanto a viviendas irregulares", se han preguntado estos británicos, que se declaran partidarios de que, una vez solventados sus casos, se efectúe una buena aplicación de la LOUA para "evitar que los desmanes se repitan".

Otro extranjero con una situación similar a la de Smalley y Miles es el belga Mario Blancke, que encabezará la lista de Los Verdes en Alcaucín, municipio en el que se desarrolló la operación "Arcos" en febrero de 2009 y se destapó una red de corrupción político-empresarial, que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable.



* La Opinión Málaga - 16.01.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados presuntos ilegales - laopiniondemalaga.es

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200 personas censuran en Olite a la alcaldía por la urbanización de la Huerta de Moso

DIARIODENAVARRA* : Alrededor de 200 personas mostraron ayer su apoyo en Olite a los propietarios de suelo de la conocida como Huerta de Moso críticos con la urbanización que se llevó a cabo aquí, y que según sus palabras les ha "arruinado". Fue en el marco de una sesión informativa que buscó "explicar este atropello y denunciar la prepotencia de la alcaldesa, que no hizo caso a las llamadas a la prudencia ni ha atendido nunca a los propietarios". "Insistió en que se urbanizara mediante el sistema de cooperación, y ahora no podemos pagar los elevados costes de urbanización que nos corresponden como propietarios principalmente porque no podemos vender antes el suelo en la situación de crisis actual, como advertimos", indicaron.

La alcaldesa, Mª Carmen Ochoa (PSN), recordó en su día que el proyecto venía desde hace 10 años y que era necesario "para dar continuidad y salida viaria a urbanizaciones próximas". Alegó que "no se pudo hacer antes, en un momento mejor, por las trabas que pusieron los vecinos".

En la asamblea, a la que estaba citado todo el vecindario, se criticó la ausencia de la alcaldesa. Sí asistió el portavoz de UPN Francisco Javier Legaz. En la mesa estuvieron presentes 3 de los 7 propietarios de suelo: Aurora Sada, Marian Vélez (sobrina de la propietaria Victoria Luna) y Ramón Vergara. También su abogada, Maite Larumbe, y dos representantes de otros colectivos de vecinos afectados por procesos urbanísticos similares: Mª Pilar Malón, de Estella, y Regina Galarza, de Urdiáin.

Cuentas embargadas

Según se repasó, tras urbanizarse los terrenos entre 2008 y 2009 (33.525 m2) con un coste de unos 2,8 millones de euros, se comenzaron a enviar las facturas. "Unos pudieron pagar, pero otros no, y ahora hemos llegado al punto de que en Navidad nos han embargado las cuentas bancarias. Esto es insostenible", indicó Aurora Sada, que pidió "respaldo y auxilio" y recordó que están dispuestos a ceder al consistorio los terrenos a cambio de la deuda (en algunos casos, de más de 300.000 euros).

Denunciaron además que han perdido terrenos e instalaciones en favor de "una urbanización innecesaria y que está vacía"; que su superficie en propiedad se ha visto muy reducida por las cesiones tanto para viales y jardines como para el consistorio; y que incluso quienes han pagado no tienen las escrituras de los terrenos porque una sentencia revocó la reparcelación.

Señalaron que se ha tratado de un "abuso de poder" y que la "faraónica obra" llevada a cabo, que podría acoger hasta 150 viviendas, "ha sido una cabezonería que no sólo afecta a los propietarios, sino a todo el pueblo, porque ni los primeros ni el consistorio pueden pagar lo que se debe".



* Diario de Navarra - 15.01.10
Foto: Asistentes a la asamblea informativa celebrada ayer en la casa de cultura de Olite - diariodenavarra

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Mazarrón.- El TSJ obliga a echar abajo la plaza de toros de Leiva tras siete años de quejas

LAOPINIÓN/Murcia* : La plaza de toros situada en la finca Los Granados propiedad de Juan José Ortiz Muñoz, conocido como ´El Rojo Chatarrero´, en la diputación mazarronera de Leiva, fue derribada el pasado viernes por el Ayuntamiento. Un grupo de vecinos de Mazarrón llevaba siete años denunciando la ilegalidad de la construcción, y durante este tiempo el caso ha pasado por varios tribunales de la Región. Tras continuas denuncias, resoluciones y recursos, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, concluyó en una sentencia con fecha del 15 de octubre de 2010 que la plaza de toros era ilegal y había que demolerla. El TSJ autorizaba en su resolución al ayuntamiento de Mazarrón a acceder a la finca «para demoler la nave, el vallado y el picadero-tentadero construidos sin licencia municipal», según reza el escrito, que rechaza un recurso de apelación de Juan José Ortiz Muñoz y apoya la denuncia del Ayuntamiento.

El pasado viernes se llevó a cabo la orden del TSJ, y las máquinas del Ayuntamiento iniciaron el derribo del coso de Leiva, ante la mirada atenta de quienes llevaban años intentando que la plaza de toros dejara de existir.

«Llevábamos siete años de pleitos para conseguir que se hiciera justicia, porque esa plaza de toros era muy peligrosa», indicaba ayer a esta redacción una de las impulsoras de la demolición del coso. «Una vez un joven fue cogido por una vaquilla en una capea organizada en la finca, y resultó herido muy grave», relata una vecina de Mazarrón.

Por su parte, el abogado del dueño de la finca indicaba ayer que el derribo «se podía haber suspendido, pues el expediente de legalización cuenta con todos los informes favorables de los técnicos de Urbanismo, pero los servicios municipales no esperaron».

El letrado indica que pedirá daños y perjuicios al Consistorio, pues el daño causado es de difícil reparación.



* La Opinión Murcia - 16.01.11
Foto: Derribo de la plaza de toros de Leiva - laopinión

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El puzle de Polop

ABC/Alicante* : La suerte de los siete imputados por el asesinato del ex alcalde de Polop Alejandro Ponsoda, tiroteado a las puertas de su casa el 19 de octubre de 2007, está en manos del testigo protegido: un ex mercenario portugués que asegura haber estado presente en las reuniones celebradas en el club de alterne «Mesalina» en las que presuntamente se fraguó el crimen. Su palabra llevó a prisión a siete personas: el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía de Polop, Juan Cano; el propietario del «Mesalina», Pedro Hermosilla; el encargado del club, Ariel Gatto; el empresario zapatero Salvador Ros y los presuntos sicarios Robert Franek, Radim Rakowski y Raúl Montero. Tres años después del crimen, sólo éste último permanece en prisión, debido a una causa anterior en la que fue condenado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. El juez decretó la puesta en libertad del resto de implicados, bajo fianzas que oscilan entre los 20.000 euros (en el caso de Cano) y los 3.000 (Robert Franek).

Aunque dimitió como alcalde desde la prisión, Juan Cano ha conservado el acta de concejal y ha participado en los últimos Plenos municipales, en los que ha intentado poner contra las cuerdas a su sucesora en el cargo, la regidora popular María Dolores Zaragoza. No obstante, Cano tiene una segunda cuenta pendiente con la Justicia: ha sido imputado por tráfico de influencias en la causa paralela que instruye el Juzgado número 3 de Villajoyosa para esclarecer las irregularidades urbanísticas destapadas durante la investigación del crimen.
En esta misma causa también están imputados el ex concejal Jaime Narbó —que se benefició de un «pelotazo» urbanístico junto a Cano— y Vicente Martí Albiñana, quien trabajó como técnico para el Ayuntamiento de Polop, al tiempo que cobraba de las principales promotoras con intereses urbanísticos en el municipio.
Basándose en la declaración del testigo protegido, tanto la Fiscalía como la Guardia Civil sostienen en sus informes que Cano contrató a dos sicarios por 30.000 euros para asesinar al alcalde Ponsoda, con el fin de poder enriquecerse ilícitamente con la gestión irregular del urbanismo de Polop. El abogado de la defensa de Pedro Hermosilla, Francisco González, ha solicitado la realización de nuevas pruebas con el propósito de desmontar la declaración del testigo protegido y demostrar que no trabajaba como portero del «Mesalina» cuando sucedieron los hechos.
Han transcurrido ya más de tres años desde el asesinato de Ponsoda y, de momento, las partes no se atreven a aventurar si el juicio podrá celebrarse durante 2011. Tan solo cuatro meses después del crimen, la Guardia Civil ya comenzó a centrar sus sospechas en Juan Cano, aunque éste no fue detenido hasta noviembre de 2009. Un afiliado del PP, Tomás Orts, declaró a los agentes que Cano le amenazó de muerte cuando intentó presentar una candidatura alternativa en Polop en las elecciones de 2007.



* ABC - 16-01-11
Foto: Polop (Alicante), vivienda Juan Cano - Mario Ayús, laverdad.es

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AVE Madrid-Valencia, propaganda y negocios “a todo tren”

ENRIC LLOPIS* : “Caballo ganador”, “El progreso llega en tren”, “El tren que vuela a Madrid”, “Amor por el AVE”, “La playa a sólo una hora y treinta y cinco minutos de Madrid”, “El tren verde”, “Con la llegada del AVE a Valencia, la red de alta velocidad española será la segunda del mundo, después de China”. La lista de epítetos épicos resulta interminable para saludar la nueva conexión de alta velocidad ferroviaria Madrid-Valencia. La unanimidad no presenta fisuras. Partidos políticos mayoritarios, instituciones –las controladas por el PSOE (Ministerio de Fomento) y las gobernadas por el PP (Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia) y medios de comunicación convencionales han forjado una abrumadora maquinaria propagandística. ¿Pero quién se beneficia realmente con el AVE? La pregunta deviene capital por el gran esfuerzo realizado con dinero público en la construcción de esta infraestructura “de altas prestaciones”. El presupuesto del estado español en materia ferroviaria de 2010 destina a la alta velocidad el 83% de la inversión, cuando sólo es utilizada por el 2% de los usuarios; mientras que al ferrocarril convencional –utilizado por el 98% de los usuarios- se transfiere únicamente el 17%.

No resulta fácil encontrar respuestas críticas al margen del consenso. Juan Ramón Ferrandis, coordinador de la Plataforma de la Defensa del Ferrocarril de la CGT, señala a las grandes compañías de los sectores de la construcción y la energía como principales beneficiarias del AVE Madrid-Valencia. Empresas como Ferrovial, ACS y Acciona –integrantes del “gran capital” español- han hecho un suculento negocio en la construcción de un trazado en el que el estado ha invertido cerca de 8 mil millones de euros.

Para la ejecución de los diferentes tramos, se han constituido diferentes UTE (Unión Temporal de Empresas) y se ha aplicado un sistema de contrataciones y subcontrataciones en la que también han participado pequeñas y medianas empresas. Pero, más allá del trazado, las posibilidades de negocio se ensanchan hacia otras áreas, como el mantenimiento de la línea, de la que se encargarán asimismo las constructoras (en 200.000 euros está evaluado el coste anual del kilómetro de vía de AVE).

“Los tiros apuntan sin duda hacia la privatización del ferrocarril tras despojarlo progresivamente de la condición de servicio público esencial”, apunta Ferrandis. Los precedentes no parecen halagüeños, teniendo en cuenta el desastre de la experiencia británica impulsada por Margaret Thatcher. “Y la amenaza la tenemos aquí”. En el estado español está en vigor desde hace seis años la Ley del Sector Ferroviario, que abre la puerta desde enero de 2010 a la explotación privada de líneas ferroviarias. Las líneas de alta velocidad pueden ser un bocado apetitoso para las empresas privadas.

Otros protagonistas de la historia del AVE, situados siempre en primera fila mediática, son los dirigentes políticos, tanto del PP como del PSOE. “Después del primer proyecto Madrid-Sevilla se instaló la moda del AVE para todos, propagada por Álvarez Cascos en tiempos del gobierno de Aznar; se trata de una infraestructura muy fácil de vender a la opinión pública como icono de progreso y modernidad; pero la cruda realidad es que, entretanto, el estado español se sitúa a la cola de Europa en servicios sociales”, afirma el doctor en Economía, Vicent Torres.

Los ciudadanos, aunque se les presente oficialmente como protagonistas, parecen más bien los figurantes de esta función. E incluso los más perjudicados. En primer lugar, por la reducción de líneas y el alza de precios que implica el AVE. El tren de alta velocidad Valencia-Madrid (128 euros ida y vuelta) supone convertir en insignificante el Alaris (75 euros), que hasta ahora venía funcionando, y complementar el AVE con 8 líneas Alvia (100 euros).

Juan Ramón Ferrandis afirma, a partir de estas cifras, que el AVE es una infraestructura “cara y elitista, que en ningún caso se plantea como un servicio público; tampoco se trata de un transporte más, ya que se implanta a cambio de hacer desaparecer o menguar el que ya teníamos funcionando”. De hecho, líneas con menos luminarias que el AVE, pero con notorio estado de precariedad o falta de inversiones, continuarán esperando su turno. Es el caso de las conexiones Xàtiva-Alcoi, Velencia-Cuenca; Sagunto-Teruel y Valencia-Castelló, entre otras.

Si en tiempos de crisis económica, con los efectos de paro y pobreza creciente, la austeridad habría de ser una máxima, queda claro que para el AVE no rige este principio. No parece la coyuntura idónea para invertir cerca de 8 mil millones de euros (según las cifras oficiales) para llegar de Valencia a Madrid en 95 minutos, en un tren que funciona a 350 kilómetros/hora.

Francia (pionera en alta velocidad ferroviaria con la línea París-Lyon) o Alemania “no sólo ya han renunciado a este modelo, sino que desde mediados de la década de los 90 priorizan los servicios regionales y las políticas de tarifas populares”, asegura Vicent Torres. “Mientras tanto, en el estado español se hace todo lo contrario, se cierran líneas regionales y de cercanías”, añade.

Con tres datos puede hacerse un resumen muy gráfico. Francia cuenta actualmente con 1.200 kilómetros de alta velocidad; Alemania, con 750; y el estado español proyecta para 2020 convertirse en líder mundial de la alta velocidad, superando a China, con 10.000 kilómetros.

Una apuesta tan rotunda, y consensuada de manera acrítica, se supone avalada por el rigor de los números. Pero no queda claro que sea así, por el precedente de la línea de AVE Madrid-Sevilla. Con una inversión de 500.000 millones de pesetas de la época, en el primer año se consiguieron unos beneficios de explotación de sólo 300 millones de pesetas. Y en la conexión Valencia-Madrid puede pasar lo mismo. Las fuentes oficiales ya estiman, de manera muy optimista, que el periodo de amortización de la infraestructura será de 50 años.

¿Hay alternativa? Aunque parezca una lucha de una pulga contra un gigante, la plataforma por un Ferrocarril Público, Social y Sostenible se manifestó el pasado 18 de diciembre, fecha de la inauguración del AVE Madrid-Valencia, para reivindicar “tarifas sociales; el mantenimiento del Alaris como alternativa al elitista AVE; inversiones en los ferrocarriles convencionales –los que utilizan la inmensa mayoría de los ciudadanos; adaptación y compatibilización de la bicicleta y el ferrocarril; y trenes de calidad, cómodos, modernos, seguros y polivalentes”.

¿Un AVE verde y sin impactos?

“El tiempo es oro” podría ser un aforismo inscrito en los vagones del AVE. La idea de “alta velocidad”, muy vigente y postmoderna, responde a “un modelo de vida de deslocalización del lugar de trabajo, el ocio y la residencia, es decir, favorece la destrucción del territorio como un espacio de vida y de comunidad”, afirma la Plataforma por un Ferrocarril Público, Social y Sostenible.

A pesar de la asociación interesada entre AVE y ecoeficiencia, según Luis Cerrillo, de Ecologistas en Acción del País Valencià, “se ha producido un impacto ambiental muy grave en la construcción del trazado; para llegar a los 350 kilómetros/hora hace falta un trazado en línea recta y con curvas muy amplias; eso obliga a grandes desmontes, terraplenes, viaductos y túneles, con el consiguiente movimiento de tierras y el impacto sobre el territorio”.

Además, el tren de alta velocidad provoca niveles de ruido muy intensos y un consumo de energía hasta seis veces mayor que el ferrocarril convencional. En otros términos, el AVE Madrid-Valencia implica un consumo de energía de 12.000 kw, cantidad similar a la de una ciudad de 50.000 habitantes, según los cálculos de Ecologistas en Acción. Los usuarios habituales del ferrocarril, desplazados a la carretera y al vehículo privado por el elevado precio del AVE, aportarán también su cuota al incremento de las emisiones contaminantes.

En el caso concreto del País Valencià, la construcción de la línea de alta velocidad ha supuesto la desaparición de tierra fértil de huerta, la apertura de canteras (por ejemplo, una de mil hanegadas en el paraje de Codoval, en la comarca del Camp de Morvedre); las afecciones sobre espacios naturales como la Serra del Martés, la Mola de Cortes y las Hoces del Cabriel; o, en l’Horta Sud, la ejecución de muros de entre 8 y 10 metros de altura sobre una superficie prácticamente plana como es la de esta comarca.


* Rebelión - Opinión - 15.01.11

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Somos Anonymous

ELPAÍS* : Una legión de ciberactivistas se moviliza en la Red. Se hacen llamar Anonymous y dicen luchar por la transparencia, la libertad de expresión y los derechos humanos. No muestran la cara ni tienen líderes. La semana pasada tumbaron las webs oficiales de Túnez, tras la autoinmolación de un joven. Hace un mes, atacaron a las empresas que cortaron el grifo a Wikileaks. Son un movimiento germinal, fuertemente libertario y de contornos confusos. Este es su retrato.
Este es su lema: "Somos una legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Anonymous". Así es como cierra sus anuncios y comunicados este movimiento sin líderes y sin portavoces, con voz, pero sin cara. O más bien con máscara: la máscara del anarquista revolucionario de V de Vendetta, la novela gráfica de Alan Moore, la que inspiró la película protagonizada por Natalie Portman y Hugo Weaving en 2006. La máscara se ha convertido en símbolo de un movimiento ciberactivista que no se anda con chiquitas.

La semana pasada colapsaron las webs oficiales de Túnez , tras la inmolación de un joven de 26 años. El lunes pasado la tomaron con la web del partido irlandés Fine Gael. Atacaron a la SGAE y a los partidos políticos españoles al hilo de la ley antidescargas. Y hace un mes le metieron mano a Visa, Mastercard, PayPal y Amazon, las empresas que dieron la espalda a Wikileaks.

Anonymous está en su momento. Su gente está motivada. La persecución a Wikileaks era el acicate que necesitaban. No van a parar.

Woolwich, a 45 minutos del centro de Londres, exteriores de la Real Corte de Justicia. Acaba de comparecer Julian Assange, fundador de Wikileaks; es martes 11 de enero y una treintena de activistas se manifiestan en apoyo de su gran inspirador, de su nuevo héroe. Entre ellos, Magnonymous, joven de 22 años que oculta su cara tras la máscara de V de Vendetta. "Nos opondremos a cualquier violación de derechos humanos. Nos opondremos a cualquier ataque del Gobierno. Si esto sigue así, la revolución será la única opción".

Magnonymous es uno más, no es portavoz de nadie, y menos de un movimiento que no quiere portavoces, como se apresuran a decir todos los miembros de Anonymous apenas empiezan a hablar con un periodista. Le pidió el día libre a su jefe para venir a manifestarse a este lejano juzgado, la corte a la que traen casos en que es preciso mantener a la prensa y al público a raya, el lugar donde fueron juzgados los terroristas de los atentados de Londres de 2005. "No somos miembros de ningún grupo político, no somos políticos, somos activistas. Me ofendería si me adscribieran a cualquier corriente política".

Entender el universo Anonymous no es cosa fácil, el fenómeno es el perfecto reflejo del nuevo mundo en el que vivimos, de la nueva sociedad que está naciendo a raíz de la revolución digital. Todo apunta a que sus miembros consideran más que superada la vieja dialéctica izquierda-derecha. Total, qué más da que gobiernen el centro-izquierda o el centro-derecha, todos van a hacer lo mismo, todos están al servicio de los grandes bancos y las grandes empresas, todos van a seguir intentando controlar el chiringuito.

Pues bien, aquí hay una legión de jóvenes que no quieren que se oculte que las cañerías del chiringuito no desaguan bien; no quieren que se oculte que hay varios en el chiringuito que meten la mano en la caja; no quieren que se oculte que a un disidente de la gestión del chiringuito le quisieron tapar la boca. No quieren que se oculte nada. La nueva dialéctica: estar a favor del ocultamiento o de la transparencia. Una de dos.

Este movimiento global, transnacional, transversal, también es difícil de entender porque se gestó en la Red, con las inercias propias de Internet. Es producto del momento, de la interacción, de la necesidad de movilizarse en un mundo cínico, corrupto e injusto. Se ha tejido de forma orgánica, conversación sobre conversación, idea sobre idea, propuesta sobre propuesta. Cualquiera puede formar parte de Anonymous, cualquiera puede entrar cuando quiera y sumarse a la conversación en webs como whyweprotest.net. Entrará en un mundo en el que la gente se va poniendo progresivamente de acuerdo sobre una idea hasta que una suerte de consenso espontáneo indica cuál es el siguiente objetivo, contra quién hay que lanzar el próximo ataque. Algún diario, como The Guardian, ha sostenido que están más coordinados de lo que ellos mismo creen.

No todos los miembros de Anonymous son hackers, no. Los hackers son una gran minoría del colectivo. La mayoría son ciberactivistas que participan en la conversación online y, ocasionalmente, en la protesta en la calle. En torno a unos 1.000 integrantes, según la experta Gabriella Coleman, son los que ponen sus ordenadores al servicio de los ataques contra webs, los que se descargan el dispositivo que permite que su ordenador, cautivo, pueda ser parte de los llamados DDoS, ataques distribuidos de denegación de servicio.

Los DDoS son el arma que los ciberactivistas tienen más a mano. Permiten realizar operaciones que consiguen un considerable eco mediático y que afectan a la imagen de la marca contra la que se dirigen. Consisten en mandar simultáneamente, orquestadamente, miles de peticiones a un servidor para que se colapse. Así ocurrió el pasado 8 de diciembre.

Mastercard decidió cortar en esa fecha el grifo a Wikileaks. Cualquiera que quisiera hacer una donación a la plataforma de Assange no podría hacerlo a través de una tarjeta de esta compañía. La decisión desencadenó el ataque. "Registramos lo que llamamos un super heavy traffic ", declara en conversación telefónica Cristina Feliú, portavoz de Mastercard para España y Portugal. "Eso significa que quien entró en nuestra página notó que funcionaba con mayor lentitud". Pero no se produjo, según dice, ningún problema en las operaciones de sus clientes con tarjetas, ni ningún tipo de fraude. "Al día siguiente ya habíamos recuperado el ritmo". Desde Visa declinan hacer comentario alguno y se remiten a los comunicados que afirmaban que los ataques no afectaron a sus operaciones.

Evidentemente, en ese gran colectivo cuya cifra de miembros y simpatizantes es difícil de estimar (los miembros consultados hablan de decenas de miles) hay hackers. Y, de hecho, el FBI está tras sus pasos. Un joven holandés de 16 años fue arrestado poco después de los ataques en su casa, en La Haya. Admitió que había participado en ellos y fue puesto a disposición judicial. "Admitir que participaste no es muy inteligente", explica Philter, estudiante de 19 años y miembro de Anonymous. "El chico tenía 16 años y se asustó, era bastante inexperto, no tomó las suficientes precauciones".

Hablar con la gente de Anonymous no es fácil. Desconfían de los periodistas, de que sus comunicaciones estén intervenidas. No ven con muy buenos ojos a los medios de comunicación tradicionales: desde su punto de vista, ayudan a que se mantenga el statu quo. El hecho de que un diario como EL PAÍS o The Guardian hayan participado en la difusión de los cables de Wikileaks ha supuesto, explica Hamster, informático londinense de 26 años, un plus de credibilidad para medios hasta ahora poco apreciados.

La semana pasada nos pusimos en contacto con miembros de Anonymous en España. Aclarando, como siempre, que no respondían en calidad de portavoces de nadie, ya que el movimiento no tiene portavoces, declinaron realizar una entrevista telefónica o en persona. Cualquiera que intente destacar un poco entre los anonymous es automáticamente rechazado por el resto de la comunidad. Así ocurrió en Londres en diciembre con Coldblood, un anonymous que dio la cara ante los medios en los días del proceso a Assange. "Coldblood ha sido condenado al ostracismo", confirma Hamster, miembro de Anonymous desde 2008.

No obstante, los miembros de Anonymous Spain, que desde hace varias semanas envían comunicados a ciertos medios de comunicación actualizando la información en torno a las distintas operaciones de ataque, ofrecieron la posibilidad de que les enviáramos un cuestionario, al que responderían de modo consensuado.

Respondieron tres administradores del canal #hispano, encuadrados en edades entre los 17 y 32 años, según dijeron. Sus respuestas, desde luego, encajan perfectamente con el discurso que mantienen los miembros de este movimiento de conciencia online consultados hasta la fecha y con el tono de las webs en que participan. Resulta interesante reproducir aquí las respuestas de esta célula de Anonymous a las preguntas que les enviamos para aclarar ciertas dudas. No son portavoces de nada. Pero sus palabras sirven para reflejar el sentir de esa comunidad.

Pregunta. ¿Se puede dar alguna cifra de cuánta gente en España pertenece a Anonymous? ¿Y cuánta a nivel internacional?

Respuesta. Sería imposible dar cifras, y esa es la gracia de Anonymous. Para empezar, hay que recordar que es una organización que no existe y que por definición es una (des)organización. Anonymous no es nadie y puede ser cualquiera. Salvando las distancias, es como una organización insurgente basada en células, compartimos una marca, Anonymous, pero somos gente independiente, que responde a una ideología común y que participa de cada acción particular de acuerdo con si coincide o no con sus convicciones.

Teniendo lo anterior en cuenta, y específicamente en España, si tuviera que dar una cifra, creo que estaríamos hablando de entre 1.000 y 2.000 personas, que van en diversos niveles de compromiso, desde una mayoría que serían los que apoyan nuestras iniciativas en Twitter, Facebook, etcétera, hasta los más comprometidos, que serían algo más de un centenar, los que participan saliendo a la calle con acciones reales como, por ejemplo, la Operación Paperstorm

[distribución de folletos, flyers, pintadas] o las concentraciones de la Operación Demostración [concentraciones en España a favor de Wikileaks y contra la ley Sinde]

. A nivel internacional, extrapolando, hablaríamos posiblemente de decenas de miles.

P. De ellos, ¿cuántos participan en los ataques DDoS?

R. Aquí sí podemos dar cifras más exactas. En los ataques del 20 de diciembre contra la ley Sinde contábamos con casi 500 usuarios conectados en la Colmena, que es el sistema de comando y control de la herramienta de DDoS LOIC que permite que todos los anonymous ataquen a un mismo tiempo a un mismo objetivo. Este número, no obstante, podría ser más alto, pues habría que añadir la gente que atacaba manualmente o desde Linux.

P. ¿Alguna iniciativa en las acciones de Anonymous tuvo su origen en conversaciones de Anonymous España?

R. Realmente no se puede diferenciar entre Anonymous de tal o cual país. Cuando se plantea una operación, si esta es secundada, recibe apoyos de todo el planeta; hubo apoyos a nuestra lucha contra la ley Sinde en diciembre y aún esperamos más en el futuro. Prueba de ello es esta convocatoria redactada en más de 15 idiomas, en la que han participado anonymous de todo el mundo, en la que se hace un llamamiento a todos los anonymous a apoyar las protestas virtuales contra la ley Sinde.

P. ¿En qué foros o webs os movéis?

R. Nuestro principal punto de unión no es una web o un foro, sino una red de chat conocida como IRC, nosotros lo llamamos el IRC Anonops. Aquí nos reunimos en diversos canales de discusión como #operationpayback o #hispano, este último, el que aglutina a los anonymous españoles; desde ahí se pone en común y se plantean estrategias. Las que son secundadas luego se van distribuyendo a la red por blogs y webs anonymous, hasta llegar a los Twitter y Facebook de anonymous individuales. Es una estructura perfectamente organizada en la que, sin embargo, no existen líderes ni ninguna fuente inicial.

P. ¿Qué diríais a la gente que dice que sois hackers?

R. La mayor parte de los anonymous no son hackers en el sentido clásico de la palabra, son usuarios de Internet como cualquiera, solo que con una motivación para el activismo digital. Lo que sí es cierto es que contamos con hackers entre nuestras filas, por ejemplo, la gente que administra los servidores de IRC y el resto de las redes de comunicaciones encriptadas, o los que programan LOIC [Low Orbit Ion Cannon, aplicación para realizar pruebas de resistencia a una red informática] y las herramientas de ataques. He aquí la grandeza de Anonymous, solo hace falta un genio informático para programar la herramienta, y cuando esta herramienta pasa a ser usada por miles de personas anónimas, aunque no sean expertos a efectos prácticos, es como contar con un ciberejército de miles de hackers que pueden inutilizar cualquier red o sistema informático si se lo proponen.

P. ¿Cuáles son los principios básicos de vuestro ideario?

R. Son pocos y terriblemente simples, lo que permite unificar a la mayor cantidad de gente posible. Anonimato absoluto, que supone, entre otras cosas, la ausencia total de líderes y cabezas visibles en nuestro movimiento; la lucha contra la corrupción en los Gobiernos o en cualquier estructura de poder. La defensa incondicional de la libertad en Internet.

P. ¿Existe peligro de que alguien intente manipular vuestras operaciones desde dentro?

R. Sería imposible, cada anonymous actúa de forma individual, él mismo decide si forma o no parte de una operación de forma totalmente independiente del resto. Si piensas en organizaciones reivindicativas del siglo XX, siempre han corrido el riesgo de que un topo se infiltrara y con el tiempo llegara a formar parte de la cúpula para desbaratar la organización desde dentro; eso sería imposible con anonymous, pues no existen líderes, ni se sigue una jerarquía formal. No obstante, sí sabemos que existen agresiones externas contra Anonymous, como la investigación del FBI abierta a raíz de los ataques DDoS a Mastercard y PayPal, o sofisticados ataques informáticos que hemos sufrido y sospechamos provienen de servicios de inteligencia occidentales; afortunadamente, en estos casos la naturaleza descentralizada de Anonymous también hace imposible cualquier injerencia externa.

P. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales de Anonymous?

R. Lo importante, la verdadera preocupación, es seguir luchando por los principios de nuestro ideario, y en función de eso estamos trabajando en varias operaciones. Está en marcha la publicidad de fase 2 de la Operación Sinde, que consistirá en diversas acciones de protesta en torno al día 18 de enero, en que termina el plazo de presentación de enmiendas a dicha ley. A nivel mundial está en marcha la Operación Tunisia, en apoyo a los manifestantes en contra del régimen tunecino: se han realizado ataques DDoS contra diversos sitios oficiales y también se ha elaborado un kit de ayuda informático con programas de cifrado y comunicaciones para los disidentes tunecinos. En relación con el futuro estamos preparando la Operación Quicksilver, que, si tiene éxito, va a conmover Internet, pero los detalles, por su propia naturaleza, son secretos por el momento.

El movimiento Anonymous va camino de trascender el caso Assange y el episodio Wikileaks. La persecución del fundador de la web de las filtraciones, que recientemente puso al desnudo a la diplomacia norteamericana y destapó maniobras, tejemanejes y corrupción en las cuatro esquinas del planeta, ha sido un detonante. Wikileaks representa como pocas organizaciones los valores en los que creen los anonymous: transparencia, derechos humanos, libertad de expresión. La web destapa secretos: si algo le pone a un anonymous es destapar secretos de organizaciones poderosas y ponerlos a disposición de público. Así, Assange se ha convertido en todo un símbolo para los integrantes de esta comunidad.

Wikileaks ha negado en todo momento estar detrás de las operaciones de Anonymous. Su número dos, Kristinn Hranfsson, lo contaba hace un mes en el centro de la organización en Londres. "Ni hemos animado a que se haga, ni tenemos contacto con la gente que lo está haciendo, pero tampoco lo condenamos", contaba, cigarrillo en boca, este periodista de investigación islandés enrolado en las filas de Assange.

Una buena parte de los anonymous se aglutina en torno a la web whyweprotest.net. Hamster se conecta con su iPad a este espacio en que los miembros de la comunidad intercambian ideas e iniciativas. Este joven informático cuenta que el canal 4chan estuvo en el origen del movimiento, pero que la acción se sitúa ahora en whyweprotest. "Cualquiera puede entrar y preservar su anonimato. Eso es lo bueno. La gente se centra en lo que dicen los demás, y no en quién lo dice".

Hamster sorbe su café con caramelo en un céntrico café de Oxford Street. Su iPad está desplegado en la mesa, está continuamente chequeándolo, responde a las preguntas, pero su mirada se va constantemente hacia la pantalla. Muestra una foto de la habitación de su casa: un ordenador, cuatro pantallas. "Así puedes estar atento a varias cosas a la vez", dice, y suelta una entrecortada sonrisa.

Cuenta que hay cerca de 33.000 personas registradas en whyweprotest. La gran mayoría, miembros de Anonymous o simpatizantes de la causa. "Los más agresivos son la gente de Anonops, yo soy menos agresivo". Dentro de Anonymous hay detractores de los ataques DDoS. "Creo que esos ataques nos desacreditan", afirma Magnonymous. "Van a utilizarlos para criminalizarnos y para generar propaganda negativa sobre nosotros". Magnonymous lo tiene claro: "No debemos utilizar la violencia en ningún caso. Cualquier miembro que propusiera utilizar la violencia sería rechazado por el grupo". Hay otro espacio en el que también se mueven los miembros del colectivo: whywefight.net, el blog informativo de los "soldados de la ciberguerra".

Hamster se unió a Anonymous a principios de 2008. Cuenta que lo hizo al poco de abandonar la Iglesia de la Cienciología. "Me di cuenta de que no me ayudaban para nada. Lo único que hacen es convertirte en un idiota y manipularte". Afirma que abandonó la cienciología internamente, pero no de hecho: cuenta que sigue yendo dos veces por semana y que intenta sacar documentación para ponerla a disposición de Anonymous. "Honestamente, a veces me da un miedo horrible. Si me descubrieran, convertirían mi vida en un infierno".

La Iglesia de la Cienciología es uno de los grandes enemigos de Anonymous. La lucha contra esta secta fue lo primero que unió a todos estos ciberactivistas en 2008, y siguen en las mismas. Una lucha que en realidad arrancó a mediados de los noventa, pero que tomó cuerpo en 2008. A los anonymous no les gusta la seudociencia, ni, por lo general, las religiones. Sostienen que la tecnología debe servir para expandir el conocimiento, no para controlar las mentes. Como explica la profesora Gabriella Coleman, antropóloga de la Universidad de Nueva York especializada en el mundo hacker y estudiosa del fenómeno Anonymous, la Iglesia de la Cienciología es la perfecta antítesis de Anonymous, el fenómeno inverso: oscurantismo, ocultamiento, censura. Destapar los secretos de una organización secretista, de una organización religiosa con marca registrada, sostiene, se convirtió en el primer gran desafío de Anonymous. En febrero de 2008, los miembros que se reunían en la Red desde sus casas trasladaron sus protestas a la calle, a la "vida real". Hubo manifestaciones en Londres, Ámsterdam, Berlín, Sidney. "Fue cuando más gente de Anonymous he visto en la calle", reconoce Hamster.

PayPal. Visa. Mastercad. Amazon. PostFinance. La web de la fiscalía sueca, la del partido irlandés Fine Gael, las del régimen tunecino. No hay fronteras para Anonymous. La lucha contra la cienciología les unió. La lucha pro Wikileaks les ha reunido de nuevo. Cualquier ataque a los derechos humanos, cualquier intento de censurar, se produzca donde se produzca, será castigado por ellos con las armas que tienen a su alcance. "Si hubiera una revolución", dice Hamster, "Internet nos proporcionaría la tecnología".
Operaciones recientes

6 y 7 de diciembre de 2010. Operación Payback (Venganza): Ataques DDoS contra Paypal, Mastercard, PostFinance, Amazon y Visa. Las webs de la fiscalía sueca y del abogado de las dos mujeres que presentaron cargos contra Assange también fueron atacadas.

18 de diciembre de 2010. Operación Paperstorm. Flyers y pintadas para dar a conocer a Anonymous y su lucha por la libertad de Assange.

Mediados de diciembre: Operación Leakspin, para dar a conocer el contenido de cables de la diplomacia norteamericana que pasaron desapercibidos.

20 de diciembre: Operación Sinde: Ataques DDoS contra las webs de PSOE, CiU y del Congreso de los Diputados.

2 de enero de 2011. Anonymous anuncia la Operación Tunisia y colapsa las webs del régimen tras la inmolación de un joven tunecino.

8 de enero de 2011. Operación contra la página del partido irlandés Fine Gael.

webs:
www.whyweprotest.net
www.4chan.org
www.whywefight.net



* El País - 16.01.11
Foto: Anonymous en metro - elpais.com

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