ELPAÍS* : A los aspirantes a ordenanza del Ayuntamiento de Valencia les exigían hace unos años conocer la alquería de Volante por ser un edificio relevante de la ciudad. Hoy está abandonada en medio de las obras del AVE. Sufrió un incendio, al igual que otra alquería en Benicalap, una en Torrefiel y otra en San Isidro. La alquería Dels Moros se mantiene en pie con puertas y ventanas tapiadas, y los muros llenos de graffiti.
A poca distancia, la de La Torre se ha convertido en refugio de familias de gitanos rumanos. La alquería Del Pi en la pedanía de Casas de Bárcena se mantiene en pie porque está apuntalada. Llegó a incluirse en un circuito de puntos de interés turístico de L'Horta, pero hoy cuesta imaginar que fue "una atractiva factoría rural del seiscientos valenciano".
Esta descripción es del Catálogo de Arquitectura Rural de Valencia elaborado en 2003 con el fin de reforzar la protección del patrimonio vinculado a la huerta. La intención no pasó del documento, que incluye fotografías de una parte del más de un centenar de alquerías, casas rurales, molinos y otras edificaciones de valor histórico y artístico. En muchos casos, la comparación con el estado actual de los inmuebles es deprimente. La falta de rehabilitación ha acelerado su deterioro. Por el mismo camino de la ruina transitan otra cincuentena de inmuebles que se incluyeron en el catálogo circunscrito al suelo urbano, que también incluye un grupo de alquerías, además de joyas como la fábrica Ceramo en Benicalap o la Casa del Relojero junto a la catedral.
Ambos catálogos están por aprobar, como denunció recientemente el concejal socialista Juan Soto. Su petición de un plan de rehabilitación específico del patrimonio rural y de ayudas a los propietarios pinchó en hueso. El responsable de Urbanismo, Jorge Bellver, replicó que se han recuperado en los últimos años más de 20 alquerías para servicios públicos, con la fuerte inversión que implican estos proyectos. Será la revisión del plan general urbano (PGOU) la que dé "mayores garantías" para la conservación de alquerías y les conceda una protección mayor que la actual, añade.
Pero la protección legal no es suficiente, como demuestra el caso de la alquería Dels Moros en Benicalap, que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2004 y está pendiente de restauración. "Se trata de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura señorial de los siglos XV y XVI", afirma el catálogo municipal, que destaca también la alquería próxima de La Torre, otra pieza básica de la arquitectura rural pendiente de recuperar. Esta casa, con un antaño fabuloso jardín, está propuesta junto a otras siete como Bien de Relevancia Local (BRL) del nuevo PGOU, lo que subraya su relevancia para el patrimonio.
Una parte de esas alquerías que gozarán de mayor protección está en manos públicas, como la Dels Moros y la Del Pi en Casas de Bárcena, mientras que otras, también necesitadas de rehabilitación, son privadas, como la del Rei (prevista para restaurante en la ampliación del Bioparc), la de Ferrer, la alquería Fonda o la de Rocatí, incendiada en mayo del año pasado. Unas y otras, según insisten los socialistas, necesitan un plan y un sistema de incentivos para no acabar en un montón de ruinas.
El plan territorial de protección de la huerta histórica de Valencia que ultima la Consejería de Medio Ambiente ha devuelto al primer plano la importancia del patrimonio asociado a la cultura agraria de la ciudad y las comarcas de L'Horta, y puede suponer un impulso a su protección, tal vez el último posible. La revisión del PGOU necesariamente deberá coordinarse con el plan territorial, que incluirá las piezas de arquitectura rural más representativas que han configurado el paisaje de la huerta. En ese contexto, el término municipal de Valencia destaca con ejemplos de la "mejor arquitectura rural", entre otros motivos porque las grandes familias del reino vivían en la ciudad y solían construir una alquería a las afueras para las épocas de calor o pestilencias, según explica el arquitecto Miguel del Rey, autor del catálogo de arquitectura rural y autor, junto a otros especialistas de Alqueries. Paisatge i arquitectura en l'horta, editado por el Consell Valencià de Cultura. "La arquitectura rural es el símbolo de la raigambre de cualquier sociedad, es el icono básico al que hace referencia la memoria cuando necesita una imagen que simbolice el vínculo con la naturaleza", destaca la introducción del libro. Para no perder esa memoria es esencial que la huerta preserve ejemplos de los distintos tipos de casas, barracas y alquerías. En esa línea, Del Rey, que también colabora en el plan de la huerta de la consejería, subraya la importancia de que las rehabilitaciones sean cuidadosas y estén en manos de profesionales, que respeten las formas y características de los diferentes tipos de edificación. Son los "eslabones" de una cadena que recorre más de 700 años de historia. Que no se rompa.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 28/06/2009
Foto: La alquería de La Torre (en una imagen de finales de 2007) está abandonada y ha sido ocupada temporalmente en varias ocasiones.- TANIA CASTRO, elpais.com
Alquerías históricas de Valencia peligran por falta de rehabilitación
Ocupan los antiguos cines Luna para denunciar la especulación que "asola" Madrid
REBELIÓN* : Un centenar de personas, miembros del colectivo social "Rompamos el silencio", ocuparon ayer el edificio de los antiguos cines Luna, en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta (distrito Centro), para denunciar "los procesos especulativos que asolan Madrid y que están detrás de la crisis". Pablo, un portavoz del colectivo, explicó a Efe que el edificio ocupado es propiedad del Banco Espirito Santo, una de las entidades financieras más importante de Portugal "que se ha visto implicada en varios casos de corrupción, blanqueo de dinero y evasión de impuestos". Además, su propia condición de banco llevó a los miembros de "Rompamos el silencio" a elegir este inmueble como "símbolo de los principales responsables y beneficiarios" de la actual crisis económica actual.
La ocupación del edificio se produjo pasadas las 16.00 horas y supone el primer acto de los previstos en esta "semana de lucha social" que comenzó ayer bajo el lema "Somos vuestra crisis" y que concluirá el próximo sábado con una entrega simbólica de llaves a la Policía o a los propietarios del edificio. Ese mismo lema es también el adoptado en las protestas contra la cumbre del G8 que se celebrará en Lecce (Italia) a partir del 4 de julio.
En las inmediaciones del inmueble se reunieron agentes de la Policía Municipal, del Cuerpo Nacional de Policía y seis furgonetas antidisturbios, según el mismo portavoz, quienes identificaron a las personas que se encontraban en la puerta principal del inmueble.
Pese a su estado "deplorable", la intención de los okupas es permanecer en su interior durante una semana para reivindicar la creación de espacios autogestionados y denunciar la privatización de servicios públicos como la enseñanza o la sanidad y el "negocio" de los centros de menores y "la represión" que en ellos se registra.
También denunciarán las "cárceles para inmigrantes" que, según Pablo, son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) así como el aumento de la exclusión y la disminución de los derechos de las mujeres en situaciones de crisis.
El colectivo "Rompamos el silencio" agrupa a diversas organizaciones sociales de Madrid y promueve "acciones directas no violentas", con el objetivo de "hacer visibles conflictos sociales que habitualmente permanecen ocultos".
Nació en 1998 en reuniones en la parroquia de San Carlos Borromeo y ha ocupado varios inmuebles de la capital en los últimos años.
Comunicado del Eje de Okupación Rompamos el Silencio 09
El propietario de este edificio, los célebres Cines Luna, es el Banco Espírito Santo, entidad financiera lusa que gestiona aproximadamente el 94% del poder adquisitivo de Portugal. La compañía reportó unos beneficios de 4.880 millones de euros en el año 2008, lo que supuso un incremento de cerca de un 45% respecto al 2007. En España, tiene depósitos por valor de 1.556 millones de euros, y créditos por valor de 1.832 millones de euros. Como probable comprador de este inmueble destaca Triball, una empresa dedicada a la compra de burdeles para su transformación en locales de exposición y venta de obras de jóvenes artistas. Su expansión por este barrio hace prever un plan para convertir este histórico cine en un centro comercial.
¿Por qué les okupamos?
A este banco, no parecen serle suficientes los enormes beneficios que cada año obtiene, habiéndose demostrado varios casos de corrupción. En 1999 aceptó dinero de Augusto Pinochet en persona y de tres de sus empresas por valor de 2 millones de dólares. Por dos veces en 2005 (que estén demostradas) participaron en blanqueos de dinero, y en 2006, la Guardia Civil registró sus sedes en Madrid y Barcelona dentro de la “Operación Suéter”. El Banco también posee sedes en Las Islas Caimán, conocido paraíso fiscal del Caribe. La Fiscalía Anticorrupción bloqueó casi 1.500 millones de euros debido a las múltiples irregularidades encontradas en sus cuentas.
No sólo la corrupción es lo que hace de esta entidad un objeto de denuncia, es su propia condición de Banco, principales beneficiarios de la crisis. Por esto, y mucho más, juzguen ustedes mism@s.
Somos Vuestra Crisis
ROMPAMOS EL SILENCIO 2009
http://www.centrodemedios.org/comienza-la-semana-de-lucha-social.html
* Rebelión - ROMPAMOS EL SILENCIO - 28.06.09
El sumario del caso Astapa constata la corrupción generalizada en Estepona
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MÁLAGAHOY* : La investigación policial señala a José Flores, Juan Simón y Francisco Zamorano como cabezas visibles de la trama · Los agentes sostienen que se usaba dinero de empresas para financiar a los partidos políticos y actividades municipales.
Los informes policiales incluidos en varios de los primeros seis tomos del sumario del caso Astapa, sobre los que ayer se levantó el secreto, constatan la existencia en el Ayuntamiento de Estepona de una situación de corrupción generalizada que afectaba prácticamente a gran parte del entramado municipal y en la que destacaba de manera especial un "triunvirato" integrado por el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, al que se apunta como encargado de "buscar el favor" de los empresarios para lograr donaciones; su primo, Juan Simón, cuyo "poder sobre el Ayuntamiento" es tal que "podría parecer que es un miembro más de la ejecutiva local", y el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano, que tiene dos cuñados que logran adjudicaciones de proyectos de especial relevancia en el ámbito de la localidad. A ello se suma el papel del entonces alcalde, Antonio Barrientos, al que se le reconocen numerosas conversaciones solicitando a empresarios su colaboración económica.
Así se pone de relieve en la investigación realizada por la Policía Nacional y las numerosas escuchas telefónicas efectuadas a los implicados en el caso, recopiladas en seis de los 150 tomos que integran este sumario. Algunas de las conclusiones que se extraen de la parte ahora hecha pública, constatan de manera fehaciente el listado de presuntas irregularidades cometidas en el seno del Consistorio, que ha dado lugar a la imputación de 63 personas y a la detención de 25, entre ellas Barrientos, y entre las que se subraya la financiación de los gastos de las distintas delegaciones municipales y de los partidos políticos que en su momento integraron el equipo de gobierno (PES, PSOE y PA) mediante dinero aportado por empresarios.
De acuerdo con las aseveraciones realizadas por los responsables policiales, tales aportaciones se efectuaron "claramente como contraprestación económica con la firma de convenios urbanísticos, concesión de determinadas licencias, tratos de favor, adjudicaciones a dedo...". En las conclusiones se hace especial hincapié en "ciertas irregularidades" en la financiación de PSOE y PES, de las que "podrían incluso derivarse en actividades ilícitas".
Igualmente, se destaca cómo los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento podrían haber sido en su mayoría valorados "a precio inferior al de mercado", lo que permitiría a los responsables municipales disponer de "un colchón de dinero, no controlado por nadie, con el que poder efectuar distintos pagos de las concejalías, financiación de los distintos partidos políticos gobernantes...".
Así, un ejemplo de la práctica empleada es recogida en una de las conversaciones telefónicas grabadas al portavoz del PES, José Ignacio Crespo, que le pedía a su gerente de Urbanismo, Pedro López, que buscase 28.000 euros para pagar un concierto y le instaba a que le pidiera el dinero a la empresa a la que se le habían adjudicado las obras de construcción de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO), insistiéndole a la mercantil en que en un futuro se tienen proyectadas más viviendas de este tipo.
A lo largo de buena parte de los tomos cuyo secreto sumario ha sido levantado se incide en la "precaria" situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento, con importantes deudas a proveedores y con dificultades para pagar las nóminas de los trabajadores. Asimismo, se constatan "frecuentes" conversaciones en las que los miembros del equipo de gobierno hacen "especial hincapié" en que se aprueben más convenios urbanísticos para "conseguir efectivo para el Ayuntamiento", extremo este prohibido de manera expresa por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El informe insiste en que muchas de estas deudas fueron abonadas por empresarios, como pudo ocurrir con los 800.000 euros que se debían al redactor del PGOU del municipio, Enrique Bardají, cantidad que parece que finalmente fue asumida por una mercantil.
Otro de los puntos en los que los investigadores abundan es el de las contrataciones de personas afines a los grupos que formaban parte del gobierno local. Concretamente, Zamorano contrató a la mujer de su hijo como monitora de una guardería con el beneplácito de la concejala de Educación, Mariví López, supuestamente sin pasar ningún tipo de proceso selectivo. En otra parte del documento, el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, según una conversación intervenida en relación al refuerzo de Playas, dice que las personas contratadas "al final son 40 tíos que controlas desde el partido".
Los informes policiales, además, incluyen otras irregularidades como la utilización de las competencias del Ayuntamiento para beneficio de los técnicos. En este punto, se destaca que hay "un gran número de técnicos, peritos y trabajadores en general que participan de los diferentes convenios que suscribe el Ayuntamiento", a muchos de los cuales se les vincula con acciones que podrían ser delictivas. En el listado se indican nombres como el de los arquitectos municipales Arturo Cebrián e Ignacio de la Hoz Pérez-Pla; el del jefe de Servicio Jurídico de Urbanismo, Andrés Flores Gómez, y el secretario José Manuel Duarte Domínguez, entre otros.
* Málaga Hoy - 26.06.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Derio permite construir 200 chalés sobre un terreno contaminado
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ELPAÍS/Vizcaya* : El Ayuntamiento de Derio ha permitido levantar una promoción urbanística de 197 viviendas, casi todas ellas chalés, en un solar declarado contaminado por el Gobierno. La ley de Prevención de Contaminación del Suelo, en vigor desde mayo de 2005, obliga a tener aprobado un plan de excavación y un certificado de calidad del suelo para cualquier actuación urbanística en áreas potencialmente contaminadas, unos requisitos de los que carece esa promoción, como ha reconocido el propio consistorio.
El Departamento de Medio Ambiente, que ha iniciado una investigación sobre el caso, asegura que hace un año exigió a los promotores y al Ayuntamiento la certificación de la calidad "y no se ha hecho. Ni siquiera se respondió a la petición", aseguran fuentes de la consejería.
Este proyecto urbanístico se remonta a mayo de 2005, cuando la Diputación de Vizcaya aprobó el plan parcial en el sector denominado Rementeriñe, en la zona alta de Derio. Dado que en el solar existía una zona potencialmente contaminada, según el inventario del Gobierno vasco, la promotora de la mayoría de las viviendas, Arco Atlántico, presentó en 2007 un plan de excavación, como exige la citada ley. Dicho proyecto fue rechazado en 2008 por Medio Ambiente.
La normativa de prevención de contaminación del suelo señala en su artículo 17 que tras el plan de excavación es necesario un certificado de calidad del suelo. El texto agrega que, salvo proyectos pedidos con anterioridad a la ley "serán nulas de pleno derecho las licencias, autorizaciones y demás resoluciones" que no cuenten "previamente el procedimiento para declarar la calidad del suelo". El plan parcial urbanístico de esa zona fue ratificado por la Diputación de Vizcaya en mayo de 2005 nueve días después de la entrada en vigor de la normativa de contaminación del suelo.
Con las licencias municipales en la mano, los promotores iniciaron en 2007 las obras, que todavía prosiguen. Más de 100 viviendas se hallan en construcción y ocho recibieron del Ayuntamiento en abril la licencia de primera ocupación, según el acta plenaria, aunque el alcalde, el peneuvista Lander Aiarza, aseguró ayer que no están concedidas. El 6 de abril, un informe técnico municipal vinculó la concesión de la licencia de fin de obra a que contasen con el correspondiente certificado de control de calidad del suelo.
El portavoz del PSE en Erandio, Mariano Jiménez, quien empezó a denunciar estos hechos en el consistorio en abril pasado, asegura que la sociedad pública ambiental Ihobe, dependiente de Medio Ambiente, le ha comentado que desconocía que se hubiese acometido la urbanización de la zona y creía que, al denegarse el plan de excavación en 2008, la promoción se hallaba paralizada.
Fuentes de la consejería aseguraron que se ha iniciado una investigación y que hace un año se comunicó a la promotora Arco Atlántico y al alcalde de que, previamente a las obras, se debía realizar la certificación de la calidad del suelo. "Les dijimos que antes de cualquier movimiento de tierras tenían que tener el certificado, pero no se respondió", afirmaron.
El edil socialista apunta que, según sea la respuesta que dé la consjería, llevará el asunto ante la Fiscalía Anticorrupción o la de Medio Ambiente. Jiménez afirma que "no es un tema puntual" y que la comarca vizcaína del Txorierri, "donde el PNV tiene mayoría absoluta en varios ayuntamientos, se ha convertido en un modelo generalizado la urbanización sobre áreas contaminadas".
La promotora Arco Atlántico se constituyó en el año 1996 y su presidente es José Ramón Odriozola, vinculado al PNV y máximo responsable hasta hace poco de Construcciones Balzola -ahora es el presidente de honor-, una de las compañías más potentes del sector en Vizcaya.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 27/06/2009
Foto: Derio (Vizcaya) - todopueblos.com
