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LEVANTE/Teruel* : El municipio turolense de Alcalá de la Selva pretende limitar el desarrollo urbanístico haciendo frente a las presiones de los grandes promotores valencianos. En invierno apenas superan los 500 habitantes. En verano y en los fines de semana de la temporada de esquí son más de 6.000. Todos valencianos.
En Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, se oye el valenciano por todos los rincones y paisanos y turistas conviven en perfecta armonía desde hace cien años. El flujo de los intercambios ha circulado siempre en ambas direcciones y a plena satisfacción hasta que apareció la fiebre urbanística, explica el alcalde Jesús Edo Gargallo, que intenta frenar como puede un desarrollo "loco" como el que ha visto en el litoral valenciano.
El detonante ha sido el anunció de que está dispuesto a revisar el Plan General, en realidad solo Normas Subsidiarias homologadas, imponiendo "un poco de racionalidad" y reduciendo, en lo posible, la edificabilidad prevista en la planificación actual.
Enfrente tiene a algunos de los principales promotores urbanísticos de Valencia y Castelló cuya fama para movilizar recursos y cambiar la faz de comarcas enteras les precede. "Dígame un nombre-de promotor- y acierta, seguro. Están aquí casi todos y algunos incluso deben dinero al ayuntamiento. Más de un millón de euros. Dicen que no pueden pagar por la crisis pero después financian a los clubes de fútbol", añade.
Fue el propio municipio quien de algún modo facilitó el desembarco de las promotoras valencianas. "Antes de 1987 ya había tres sectores privados: el plano de la Vega, las Majadas y el Mas Blanco que se fueron desarrollando sin apenas intervención municipal y con más pena que gloria", apunta el alcalde.
En 1987 se aprueban las Normas Subsidiarias y se incluyen "estas y otras superficies" hasta sumar suelo urbanizable de de más de dos millones y medio de metros cuadrados, lo cual no está nada mal para una población con 500 habitantes que podría albergar 20.000 si se desarrollan todas las actuaciones previstas. Los promotores valencianos, con familia y contactos en Alcalá, vieron la oportunidad y tomaron posiciones hasta copar los 2,5 millones de metros.
En Alcalá, como no, se lee la prensa valenciana y el alcalde sabe que, por increíble que parezca, "estas cosas- que un pueblo multiplique por 30 o 40 su población en un plan general- pasan". Y no quiere que ocurra. Además, este año se amplían las pistas de esquí, que este año recibieron 120.ooo visitantes, casi todos valencianos. A más pistas, más construcción.
"Todavía no nos hemos sentado a hablar y no queremos que haya una imposición, pero hablar hay que hablar. Nuestro proyecto es reducir casi a la mitad la edificabilidad, excluyendo las zonas de mayor pendiente o próximas a las cimas y a los pinares y, sobre todo, concentrando la edificación para evitar una dispersión que arruina el paisaje", afirma. Cree, además, que no tendrá que pagar indemnizaciones.
Desde que volcó sus intenciones en la página web del ayuntamiento, cada paso que da genera un recurso y un contencioso por parte de las grandes promotoras, a quien enfrenta poco más que un alguacil, un auxiliar y un secretario. El conflicto está servido.
* Levante-EMV - JOSÉ SIERRA - 16.08.09
Foto: Alcalá de la Selva (Teruel) - naturayeducacion.com
De la Selva urbanística
La especulación amenaza el último paraíso hippie de la costa andaluza
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PÚBLICO/Almería* : La Cala de San Pedro, una remota playa del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, tiene los días contados como refugio paradisíaco de la veintena de okupas que residen allí de forma permanente. El inversor Daniel Navarro es el dueño de los terrenos desde hace diez años, ya que la Junta dejó escapar la opción de hacerse con la cala por 90.000 euros. Navarro quiere hacer un resort turístico que exige el desalojo de la zona.
Los ecologistas denuncian que la sombra de la especulación planea sobre el proyecto, asentado en la compra a precio ventajoso de terrenos de gran valía.
Navarro ya ha presentado 23 denuncias ante la Guardia Civil para forzar a las administraciones a desalojar a los residentes y evitar las acampadas ilegales, que tienen lugar durante los veranos. La Junta y el Ayuntamiento de Níjar han empezado a buscar una "solución definitiva" a estas cuestiones, según fuentes de la Delegación de Medio Ambiente en Almería. En cuanto al futuro de la cala, estas fuentes no conocen oficialmente los planes de Navarro, pero garantizan que "no se construirá nada nuevo". "A lo sumo, se rehabilitaría lo que hay", dicen.
Los residentes, todos en situación irregular, viven la espera con indignación. A lo largo de 20 años han conformado una comunidad hippie que, al margen de su inviabilidad legal, se ha responsabilizado de la limpieza y el mantenimiento de la cala. Pero también hay sombras. Además de la ocupación de fincas, varios chiringuitos abren en verano sin permiso ni control. Los turistas son los principales responsables de otro problema sanitario: la acumulación de excrementos en el interior de la cala. "Ahora, tras olvidarse de esto durante años, las administraciones nos presentan como unos sucios cuando les conviene [para facilitar el resort]", lamenta Pura Cañero, que llegó hace 15 años y a la que el resto señala como voz más autorizada de la comunidad.
Navarro compró los terrenos en 1999 a los herederos de un inversor con socios ingleses al que las trabas legales disuadieron de llevar a cabo un proyecto urbanístico. Las 200 hectáreas que adquirió estaban escrituradas en 15 millones de pesetas (90.000 euros), un precio llamativamente bajo. El propio Navarro admite que pagó más, sin precisar cuánto.
Ahora maneja dos opciones para sacar beneficios de su inversión. "Una, un pequeño resort; dos, venderlo a algún comprador [privado] o a la Junta". Y añade: "Estoy dispuesto a vender, no a regalar".
Espacio protegido
Pese a que Navarro comunicó por escrito la compra a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente en enero de 1999, dicho organismo no ejerció sobre los espacios protegidos su derecho de retracto, que hubiera dejado los terrenos en propiedad pública por 90.000 euros. La Junta inició después un largo litigio que se cerró en enero de 2007, cuando el Tribunal Superior andaluz dio la razón a Navarro y le reconoció la propiedad de 48 fincas.
Ahora toda la cala hasta el poblado de Las Negras es de Navarro salvo la playa dominio marítimo terrestre, competencia de Costas, una finca privada y un antiguo cuartel de la Guardia Civil, comprado por la Junta y hoy okupado.
La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se pregunta en el último número de su publicación El Eco del Parque si tras toda la operación hay "algún asunto sucio", sobre un supuesto trato de favor a Navarro. María del Mar Ruiz, vicepresidenta de la entidad, denuncia además que la calificación medioambiental de la cala "le pone las cosas muy fáciles al dueño, al ser compatible con una rehabilitación turística".
Navarro dice que la Junta, lejos de ayudarle, le dificulta las cosas al no forzar el desalojo y al haberlo llevado a juicio. "Fue una operación que si salía bien podía ser rentable, pero también podía perder mucho. Si la Junta me hubiera ganado el juicio, sólo habría recibido los 15 millones. Yo me he limitado a cumplir la ley. Que ellos la hagan cumplir", afirma.
* Público - ÁNGEL MUNÁRRIZ - 15.08.09
Foto: publico.es
