EFE/Madrid* : Una veintena de jóvenes de la asociación V de Vivienda se ha encerrado esta noche en el vestíbulo de una sucursal de Caja Madrid en la Gran Vía, que han decorado como si fuera una casa, para reivindicar el "alquiler social universal".
Esta organización propone que el derecho a una vivienda sea "un servicio público como la sanidad o la educación", y para ello proponen la creación de un parque público de vivienda en alquiler con un coste "basado en el mantenimiento del inmueble" con el uso de "las más de cuatro millones de casas vacías existentes en España", ha explicado a Efe su portavoz, Daniel Jiménez.
En la página web del capítulo madrileño de la asociación, se propone también un "cambio de la ley hipotecaria, de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago al banco nunca tenga que responder más allá del precio de subasta de la casa ante el banco".
También, en referencia al contexto de crisis financiera y económica, piden que no se dé "ni un euro de dinero público a entidades privadas". Igualmente, manifiestan su "rechazo frontal a los planes de usar el ICO para donar 3.000 millones a los constructores", así como a "las billonarias inyecciones de dinero público por medio del Banco Central Europeo".
V de Vivienda ha elegido ocupar un banco para inaugurar la campaña por un alquiler social porque, a su juicio, las entidades bancarias "son las culpables de la crisis actual" del mercado inmobiliario, ya que "han apostado por un modelo de especulación que ha hecho hipotecarse a mucha gente".
"Las siguientes acciones serán ocupar inmobiliarias", ha comentado Jaime Matamoros, otro de los jóvenes que esta noche ha tendido la ropa, ha extendido su esterilla y ha plantado una mesa con comida en el vestíbulo de un banco.
En el exterior, los manifestantes han colocado varias pancartas en las que podía leerse "Casero automático: beneficios para ellos, crisis para todos", que ha llamado la atención de todos los conductores que en ese momento atravesaban una de las grandes calles de la capital.
Además, en la puerta han colgado una imagen de los que ellos consideran "responsables" de la dificultad para acceder a la compra y el alquiler de un piso: la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor; la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre; el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
"No estamos proponiendo nada descabellado", ha dicho Jiménez, para quien otras medidas importantes serían el cambio de la ley hipotecaria o la despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales.
Los jóvenes esperan poder pasar la noche en este y otros cajeros aunque, como bien han asegurado, que su protesta pueda cumplirse íntegramente dependerá de que los agentes de la Policía se lo permitan.
* El Mundo - EFE - 5.10.2008
Foto: archivo, V de Vivienda
Ocupan un cajero de Caja Madrid en la Gran Vía para reivindicar el alquiler social
La presión de los vecinos salva el núcleo histórico de Badalona
ELPERIÓDICO* : Las protestas vecinales de Dalt de la Vila, el núcleo histórico de Badalona que conserva vestigios romanos y medievales, han logrado detener la mayor parte del plan de transformación del barrio, que había sido aprobado en el mandato anterior -el de la alcaldesa Maite Arqué, relevada en el 2007 por Jordi Serra, ambos del PSC- y que preveía operaciones urbanísticas para ensanchar algunas de sus calles y permitir edificios más altos y de mayor volumen dentro del casco histórico de casas bajas.
El pleno municipal ha derogado seis de las siete unidades de actuación urbanística del polémico plan. Solo mantiene el proyecto de construcción de un edificio de viviendas --aunque más discreto y reducido que en el proyecto original-- a las afueras del núcleo histórico.
"El plan urbanístico levantó el rechazo vecinal hace más de un año y de inmediato se organizó una comisión de expertos en arquitectura y patrimonio para detener un plan que pretendía destrozar la esencia del barrio", explica Jordi Casas, portavoz de la coordinadora vecinal.
RESTOS ROMANOS Y MEDIEVALES
El alcalde Serra se mostró complacido con el cambio del plan heredado del anterior mandato, ante el que su propio equipo de gobierno mostró sus dudas. "Cuando asumí la alcaldía, me propuse resolver este problema que ha levantado rechazo vecinal. Ahora, trabajaremos para que los vecinos puedan hacer las reformas en sus viviendas rápidamente sin trabas legales", explicó Serra.
Muchos inmuebles de Dalt de la Vila se encuentran sobre una zona con abundantes restos arqueológicos romanos y medievales, por lo que las reformas necesarias para su conservación topan a menudo con las normativas de patrimonio. "Intentaremos conversar con la Generalitat para modificar la ley, porque no es lógico que un vecino que quiere reformar el suelo de su casa no pueda porque en el subsuelo hay yacimientos romanos", agregó Serra.
Salvador Barber, propietario de una casa situada al lado del Museu dels Dofins, espera desde hace dos años la autorización para restaurar el primer piso y el techo de su vivienda, que se encuentran deteriorados. Por tener restos romanos en el subsuelo, no ha podido. "No pretendo hacer obras en profundidad, solo hacer las reformas que necesito para seguir viviendo aquí. Estoy en negociaciones con el ayuntamiento y espero que se solucione pronto", explicó Barber.
INMUEBLES ABANDONADOS
Las dificultades para la reparación y mejora de las viviendas ha ocasionado el abandono de algunos inmuebles. Los vecinos, que creen que la crisis de la construcción ha facilitado la derogación del plan, aseguran que ahora lucharán por la restauración del patrimonio de la zona, entre el que destaca un teatro romano (a la intemperie desde hace siete años) y la fachada de la masía de Can Trias, en ruinas.
* El Periódico - DAVID PLACER - 5.10.2008
Foto: Una pintada contra la reforma de Dalt de la Vila, el viernes./ JOAN CORTADELLAS, elperiodico.com
Guía de los juicios más esperados de la Costa del Sol
ELPAÍS/Málaga* : Malaya, Hidalgo, Ballena Blanca, Troya, Astapa... Estos nombre en clave han marcado la actualidad en la Costa del Sol durante el último lustro. Los grandes sumarios judiciales contra la corrupción y la delincuencia organizada forman una maraña por la que resulta difícil orientarse. Lo que sigue es una guía práctica para conocer el estado actual de una decena de estas causas, todavía pendientes de juicio.
Caso Malaya Un mes a tiempo completo
La gran causa iniciada en noviembre de 2005 por el magistrado Miguel Ángel Torres contra la corrupción en Marbella es, sin duda, la más compleja. En las tres grandes fases de detenciones de la operación -marzo, julio y noviembre de 2006- fueron detenidas casi cien personas, encabezadas por el ex asesor de Urbanismo municipal Juan Antonio Roca, a quien el juez considera verdadero alcalde en la sombra de la ciudad tras la muerte de Jesús Gil. Finalmente, el juez Torres procesó a 86 personas, entre ellas 20 ex concejales, y fijó fianzas de responsabilidad civil por 5.000 millones de euros.
La causa principal, sobre la "estructura criminal" que tenía como objetivo "el control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos", está pendiente de que el nuevo juez instructor, Óscar Pérez, dicte el auto de conclusión del sumario, que supera los 40.000 folios, para que la Audiencia Provincial de Málaga pueda dar traslado a las partes para que presenten sus escritos de calificación. El fiscal anticorrupción de Málaga encargado del caso, Juan Carlos López Caballero, calcula que la redacción de su escrito le llevará "al menos un mes a tiempo completo". López Caballero tiene intención de empezar a escribir antes de fin de año para ganar tiempo.
Del núcleo central del caso Malaya se han desgajado al menos seis piezas separadas, que se juzgarán aparte. Dos de ellas tienen que ver con el ex alcalde Julián Muñoz, acusado de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. En el procedimiento está implicada la tonadillera Isabel Pantoja y su ex mujer Mayte Zaldívar.
Caso Alhaurín Una causa, cuatro jueces
El 18 de enero de 2007, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, del PP, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos en Marbella tras asistir a un mitin de Mariano Rajoy. La policía y la Fiscalía Anticorrupción les acusaban de exigir 121.600 euros de comisión a cambio de no paralizar las obras de un promotor del pueblo. Durante los registros policiales, al regidor se le intervinieron 63.000 euros en metálico en su casa y 7.000 en el despacho municipal. En una segunda fase, en junio de 2007, fueron arrestados 19 empresarios locales, acusados de pagar comisiones a cambio de licencias de obra. La tramitación de la llamada Operación Troya se ha ralentizado por el hecho de que han sido cuatro los jueces que han llevado adelante la investigación. La instrucción sigue abierta a la espera de que el juez cierre las diligencias previas y decrete la apertura de juicio oral.
Policías de Ronda Sigue la instrucción
Siete agentes de Policía Nacional de Ronda, entre ellos el inspector jefe al cargo de la comisaría, fueron detenidos en febrero de 2007 tras varios años de pesquisas de Asuntos Internos por supuestamente cobrar a las prostitutas extranjeras por arreglarles los papeles y avisar a los dueños de clubes de las redadas, a cambio de dinero o de relaciones sexuales con las chicas. Tres de los detenidos ingresaron en prisión preventiva. El pasado julio, el juez instructor ordenó la celebración de unos careos.
Guardias Civiles del aeropuerto Calificación próxima
En febrero de 2006, 19 agentes de la Guardia Civil destinados en las aduanas del aeropuerto de Málaga fueron arrestados por reclamar supuestamente cantidades económicas a cambio de "omitir o agilizar" los trámites de inspección de maletas. Los detenidos, casi la mitad de la plantilla de la Sección Fiscal del aeródromo, se cebaban en los ciudadanos chinos, a los que exigían 50 euros por no retenerles el equipaje. Cinco agentes ingresaron en prisión por aquellos hechos, cuya calificación fiscal está próxima a conocerse, según fuentes de la defensa. De los 19 agentes detenidos, "dos o tres" han vuelto al servicio y el resto está de baja por depresión. Hace tres semanas, uno de los implicados en el caso, de 52 años, falleció. Las defensas han interpuesto gran cantidad de recursos durante la instrucción. Sin embargo, el Tribunal Supremo malbarató una de las principales líneas de defensa al considerar válidas las grabaciones realizadas en los cuartos de cacheo del aeropuerto.
Caso Udyco Secreto levantado
El caso de los cuatro policías de la unidad contra la droga y el crimen organizado (Udyco) que supuestamente sustrajeron objetos intervenidos en el registro al chalé de un narcotraficante, como una televisión de plasma de 42 pulgadas y una riñonera con 1.000 euros en metálico, continúa en fase de instrucción, aunque el juez ha levantado totalmente el secreto del sumario. Las defensas están esperando a que el magistrado les entregue un disco compacto con las escuchas realizadas por Asuntos Internos.
Policías del CIE de Málaga Pendientes de Honduras
Uno de los escándalos de corrupción policial más serios que se han visto en Málaga ocurrió tras las paredes del centro de internamiento de extranjeros. Allí, en julio de 2006, siete policías fueron detenidos por celebrar fiestas con las mujeres inmigrantes custodiadas como paso previo a su expulsión. Tres de ellos ingresaron en prisión acusados de abusos sexuales a seis internas. El resto quedó imputado por no hacer nada por evitar la conducta de sus compañeros. Una de las mujeres, embarazada de tres meses y medio, sufrió un aborto. El escándalo costó el cese al director del CIE. De las seis internas que denunciaron abusos, al menos cuatro fueron expulsadas a sus países durante la instrucción. Ahora, la tramitación se encuentra estancada a la espera de que Rusia y Honduras localicen a las víctimas de los supuestos abusos para que testifiquen desde su país. El juzgado de Instrucción número 9 de Málaga emitió las comisiones rogatorias el pasado febrero y todavía no se sabe cuándo serán respondidas. Fuentes de las defensas calculan que una vez recogido el testimonio de las dos expulsadas se tardará un mes más en que el juez dicte el paso a procedimiento abreviado y las distintas partes puedan presentar los escritos de calificación.
Operación Nilo Más de un año de retraso
La expulsión a su país de origen de gran parte de los imputados está entorpeciendo la tramitación judicial de la llamada Operación Nilo, uno de los mayores despliegues policiales contra un grupo de delincuentes organizados de la historia de España, con 300 detenidos en un mismo día, suficiente para llevar el colapso a la prisión de Alhaurín de la Torre. La operación contra la estafa de la lotería nigeriana fue desarrollada en julio de 2005 por el grupo de Fraudes de la Comisaría Provincial de Málaga, y se calcula que unas 60.000 personas en todo el mundo sufrieron estafas gracias al envío masivo de cartas en las que se informaba al destinatario que le había tocado un premio de la lotería española y se le pedía una cantidad de dinero para tramitar el cobro. La causa acarrea, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, más de un año de retraso derivado, en parte, por la pretensión del juzgado de Instrucción número 6 de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. La Fiscalía malagueña recurrió esta inhibición y la Audiencia Nacional decidió el regreso de la causa a Málaga. Además, desde enero de 2007 se han enviado comisiones rogatorias a Nigeria para localizar a varios de los imputados. "La instrucción está durmiendo el sueño de los justos", asegura el abogado de dos imputados expulsados a Nigeria. Los tres fiscales anticorrupción tienen previsto trabajar en el escrito de calificación.
Ballena Blanca La única calificada
Sólo una de las grandes causas judiciales abiertas en Málaga en los últimos años cuenta ya con el escrito de calificación del Ministerio Fiscal. Se trata de la Operación Ballena Blanca, destapada en marzo de 2005 y uno de los casos de blanqueo de capitales más famosos de España. El pasado septiembre, el fiscal Juan Carlos López Caballero entregó en el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el escrito en el que detalla la trama organizada para supuestamente blanquear 12 millones de euros procedentes de la actividad de grupos del crimen organizado a través del despacho de abogados que dirigía Fernando del Valle. Entre los 21 imputados figuran dos notarios, el equipo de Del Valle y varios de sus clientes. El abogado chileno, según el fiscal, tenía participaciones en 194 sociedades extranjeras, la inmensa mayoría de las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales. Tras la presentación de la calificación del fiscal, le llega el turno al juez instructor de decretar la apertura de juicio oral.
Caso Hidalgo Juzgado colapsado
El otro gran caso de blanqueo en la Costa del Sol, la llamada operacion Hidalgo, se ha estancado. Desde julio, fecha en la que el juez Francisco de Urquía fue apartado por su implicación en un proceso derivado del caso Malaya, han ocupado y abandonado el sillón del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella dos jueces. Entre los bienes intervenidos hay 92 millones de euros, 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, y 60 automóviles de lujo, además de joyas, una cantidad superior a la incautada en la Operación Ballena Blanca. El caso Hidalgo, centrado en el despacho del abogado Rafael Cruz-Conde, le ha generado a Urquía su segunda imputación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El magistrado apartado y otras dos personas están acusados de exigir dinero a varios de los imputados en el caso Hidalgo por sacarles de la cárcel o levantar un embargo judicial.
* ELPAIS.com - F. J. PÉREZ / J. VIÚDEZ - Málaga - 05/10/2008
Foto: Málaga, edificio ciudad de la Justicia - elpais.com
Dénia: El TSJ obliga a cobrar a las promotoras una tasa urbanística que ahora perdonaba
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INFORMACIÓN* : El Ayuntamiento de Dénia tendrá que seguir cobrando a las promotoras el excedente de aprovechamiento urbanístico, tal y como afirma el Plan General. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha avalado en una primera sentencia la doctrina que aplicaba la Gerencia de Urbanismo durante el anterior gobierno local de PSPV y Bloc, lo que obligará al actual pentapartito a reconsiderar su decisión de eximir de ese pago a las promotoras.
El pasado 24 de julio, recién aupado al gobierno de la ciudad el actual ejecutivo, uno de sus máximos exponentes, el tránsfuga Juan Collado, anunció que el pentapartito iba a "reconducir la situación", es decir, "no va a continuar cobrando" el excedente de aprovechamiento urbanístico en suelo consolidado a las empresas promotoras, como hasta entonces hacía el Ayuntamiento. El pentapartito argumentó que los tribunales, en diferentes sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante, habían dado sistemáticamente la razón a los recursos interpuestos por promotoras que se negaban a pagar.
Pero eso ha cambiado. Los recursos que puso el Ayuntamiento contra esas sentencias han surtido efecto, y el TSJ se ha empezado a pronunciar, desmontando la argumentación de las promotoras y de la Audiencia Provincial.
Ya cuando Collado anunció que se dejaría de reclamar ese dinero a las promotoras, PSPV y Bloc, en una rueda de prensa conjunta, aludieron a una sentencia del TSJ que avalaba en les Marines el cobro del excedente de aprovechamiento. El ejecutivo local no hizo caso, y argumentó que dicho fallo no era equiparable a los dictados en Alicante, porque no aludía a terrenos en suelo consolidado. Esa excusa ya no vale. El TSJ hizo pública ayer una sentencia que aclara la cuestión y deja en agua de borrajas la doctrina mantenida por la Audiencia Provincial. El escenario también es les Marines, y en suelo urbano consolidado. En 2005, una promotora pidió licencia para la construcción en una parcela de esta partida y el Ayuntamiento le pidió 165.554,62 euros en concepto de aprovechamiento para otorgársela. La mercantil recurrió a la Audiencia, que le dio la razón.
Pero el recurso municipal al TSJ ha prosperado. En la nueva sentencia, de rango superior, el tribunal acoge los argumentos del consistorio, basados principalmente en que las sentencias de la Audiencia se sostenían en "una errónea aplicación" de la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones, al no tener en cuenta que ésta remite al planeamiento municipal y a la legislación urbanística y de planeamiento autonómicas.
La consecuencia inmediata de la sentencia es que el Ayuntamiento deberá cobrar a la citada mercantil, Doramar 21 S.L., el excedente de aprovechamiento. Pero lo más relevante es que, una vez que el TSJ ya se ha pronunciado, el resto de sentencias de la Audiencia, que también fueron recurridas ,acaben pronunciándose en ese mismo sentido. Y ahí ya se hablaría de cantidades mucho más importantes.
* Información - SERGI GARCÍA - 4.10.2008
Foto: La sentencia alude a unos terrenos del litoral norte, que concentra los intereses urbanísticos de la ciudad - TINO CALVO, diarioinformacion.com
Las viviendas protegidas se vuelven inalcanzables para los jóvenes
ELPAÍS/Valencia* : Vicent Satorres, un joven de Algemesí de 22 años que trabaja en una empresa del sector de la construcción, renunció recientemente a la vivienda de protección oficial que le correspondió por sorteo entre unos 700 aspirantes. Con su sueldo mileurista no puede hacer frente al pago de 33.000 euros que le reclama la promotora a la firma del contrato ni a los 722 euros mensuales durante 25 años del préstamo hipotecario, que asciende a un total de 127.000 euros.
Vicent Satorres, un joven de Algemesí de 22 años que trabaja en una empresa del sector de la construcción, renunció recientemente a la vivienda de protección oficial que le correspondió por sorteo entre unos 700 aspirantes. Con su sueldo mileurista no puede hacer frente al pago de 33.000 euros que le reclama la promotora a la firma del contrato ni a los 722 euros mensuales durante 25 años del préstamo hipotecario, que asciende a un total de 127.000 euros.
El endurecimiento de los requisitos bancarios -ahora las entidades sólo conceden el 80% del precio total de la vivienda, frente al 100% de hace apenas unos meses, cuando cundía la euforia en la economía- ha dificultado todavía más las escasas posibilidades que tienen de convertirse en propietarios muchos jóvenes que disponen escasos recursos.
Como él, decenas de jóvenes de Algemesí han acabado por llevarse "una tremenda desilusión" después de que, el pasado mes de julio, se llevaran una "gran alegría" al verse entre los 36 afortunados en el sorteo de una promoción de viviendas protegidas. Al final, de ellos, sólo seis aspirantes han podido cumplir las condiciones de pago exigidas por el banco. José Chamorro, profesor de secundaria, fue uno de los pocos que consiguió pasar el filtro bancario hace apenas dos semanas.
Renunciaron no sólo Satorres y los otros 29, también los 80 que la promotora dejó en la reserva.
Ayer se contaban con los dedos de una mano los jóvenes que se acercaron al segundo sorteo, celebrado en el Teatro Municipal, para adjudicar las 30 viviendas que esperan a sus futuros moradores. Esta situación contrasta enormemente con "las largas colas" que se formaron ante el Ayuntamiento para conseguir las solicitudes hace dos años, cuando el anterior alcalde socialista publicitó la construcción de viviendas protegidas en este municipio de la comarca de La Ribera.
Los pisos protegidos, de entre 75 y 80 metros cuadrados, se levantan en dos torres gemelas, bautizadas, paradójicamente por la promotora Patrimonios del Levante, S L, como "residencial Los Sueños".
Los bloques de viviendas se hallan ubicados en la avenida de Bernat Guinovart, principal vía de una nueva zona de expansión residencial de Algemesí, y cuentan con trastero y garaje. Dos añadidos que no son de primera necesidad y que encarecen las viviendas de protección oficial. Isabel, hermana de Vicent Satorres, adquirió junto con su novio, hace un año, un piso de renta libre que tiene un precio similar a los del residencial Los Sueños. "Yo sola no hubiera podido adquirirla", reconoce, "porque también somos mileuristas".
El promotor de las viviendas, José Roig, advierte de que el precio de los pisos protegidos -1.705,50 euros por metro cuadrado- está marcado por la Consejería de Territorio y Vivienda. "Le hemos aplicado un descuento del 8%", asegura Roig, que añade que Vicent y otros de los solicitantes que han renunciado hubieran logrado la financiación de la hipoteca "sólo con que sus padres les hubieran avalado".
El alcalde de Algemesí, Vicent García, del PP, directivo de una entidad crediticia, sostiene que los bancos "siempre concedieron préstamos por valor del 80% del valor del piso" en lo concerniente a las viviendas de protección oficial y que, en cambio, ofrecían "préstamos del 100% del precio a los emigrantes que adquirían viviendas de segunda mano".
Los dos edificios de viviendas protegidas, que se hallan en la última fase de construcción, cuentan con una completa memoria de calidades. Por ejemplo, en el apartado de pavimentos, la cocina y los baños son de "Gres Pamesa de primera calidad", mientras que el resto de dependencias están pavimentadas con "mármol emperador o daino real abrillantado in situ".
La calefacción en toda la vivienda mediante radiadores de agua y otros atractivos continuarán siendo un sueño para centenares de jóvenes mileuristas de Algemesí, que tendrán que esperar a que escampe la crisis.
* ELPAIS.com - XAVIER ESPANYA - Alzira - 04/10/2008
Foto: Bloques de viviendas protegidas- JORDI VICENT, elpais.com
