ELPAÍS* : Era español, tenía unos 40 años y aparentaba más. Dormía sobre un transformador eléctrico, protegido por la cubierta de un antiguo hospital psiquiátrico, en la zona donde el barrio de Patraix se junta con el distrito de Jesús, en Valencia. Apareció muerto sin signos de violencia el 25 de noviembre, en plena ola de frío.
El caso atrajo a la policía. Durante unos días, cuenta Amparo Hernández, de 31 años, el transformador se quedó desierto. "Luego volvieron", dice, y señala los colchones, las mantas y los fardos de ropa que sobresalen del techo.
A diferencia de otras ciudades, Valencia no tiene ningún gran poblado de chabolas. Cuenta, a cambio, con una legión de asentamientos precarios esparcidos aquí y allá. La Federación de Asociaciones de Vecinos ha elaborado algo parecido a un mapa de la exclusión con información recogida sobre el terreno. La intención, señala Antoni Pla, vicepresidente de la federación, es promover una "actuación integral, no solo policial, que atienda a las necesidades sociosanitarias" de indigentes y otros colectivos marginales, como los relacionados con la prostitución y las drogas.
"Está muy bien que existan unidades policiales como la X-4, que hace un seguimiento de los indigentes y les facilita recursos, pero tendría que haber grupos interdisciplinares de apoyo. Porque las situaciones son muy diferentes. Hay familias que se instalan y acaban integrándose en el barrio. Hay quienes están de paso, o son temporeros, grupos con menores, personas con problemas de dependencia. Casos de desestructuración familiar o desadaptación social. No todos pueden tratarse de la misma manera porque son casos muy variopintos", afirma Pla.
Los asentamientos también son variopintos. Pueden nacer en unas naves industriales (como las de Macosa, hacia el final de la calle de San Vicente) o una fábrica (Bombas Gems, en la avenida de Burjassot) abandonadas. En una furgoneta (carretera de la Font d'Encorts, camino de Mercavalencia). En una alquería (en la huerta de San Marcelino y en la Ciudad Fallera). En un patio de manzana (la Malva-rosa). O en un cobertizo de uralita (en la Font de Sant Lluís) como el que Eugen Peptanaru, rumano, de 57 años, y su mujer Iulica vaciaron de basura durante semanas para convertirlo en su morada."Yo solo, mira, con las manos y el carro", dice Peptanaru. Buena parte de la basura, los escombros y los muebles rotos han quedado amontonados alrededor del algarrobo que hay frente a su vivienda. Dentro hay un par de habitaciones pequeñas, atestadas de trastos, en las que flota un fuerte olor a humedad. La cocina queda a la entrada, a la derecha de un pasillo minúsculo. No hay luz eléctrica. Ni agua. De noche usan una vela, y tienen una botella de butano.
"Cuando llueve, problema, mucho problema. Cubo aquí, cubo allí, mucho cubo", dice. Peptanaru no domina el castellano, pero después de explicar, medio con palabras medio con gestos, que en Galati, desde donde llegó hace un año, se ganaba la vida esculpiendo los nombres en las lápidas de los cementerios, agrega: "Por ejemplo, Pepa Pérez".
El hombre tiene todos los papeles en regla. Insiste en abrir la riñonera y mostrar el pasaporte, la tarjeta de residencia, la tarjeta sanitaria. "Todo perfecto, no problema". Iulica apenas sale de casa. En verano la operaron de la columna, asegura. Su marido insiste en levantarle un poco el pañuelo a la altura de la nuca y mostrar una cicatriz circular de la intervención. Los Peptanaru viven de lo que a Eugen le dan a la puerta de Mercadona. "Cinco céntimos, diez céntimos".
Su casa está incluida en el mapa de los asentamientos que ha trazado la federación de vecinos. Pero el vicepresidente advierte de que han tardado casi un mes en reunir los datos de las asociaciones de cada barrio, así que ya habrán cambiado. Ni es exhaustivo ni logra nunca estar actualizado, pero el mapa tiene el valor de una foto fija. Y permite seguir las huellas.
En la carretera de la Font d'En Corts la federación había detectado dos asentamientos en furgonetas y uno muy grande en las antiguas instalaciones de Industrias de Barnices Especiales, donde llegaron a reunirse más de 10 familias de etnia gitana, afirma José Siurana, de 31 años, uno de los pocos agricultores a tiempo completo que quedan en la zona, ubicada entre la salida de la pista de Silla y L'Oceanogràfic. "Muchos problemas no daban, pero mala imagen, sí", comenta. "Habían ido sacando la basura casi hasta la calle".
Las familias fueron desalojadas por la policía. Y antes de llegar a la Font d'En Corts, dice Siurana, habían sido desalojadas de La Punta.
Antoni Pla subraya ese problema circular, y lo extiende a los puntos de venta de droga. Otro de los elementos analizados en el mapa de la exclusión, pero que la federación difunde con precaución para evitar, dicen, un efecto reclamo.
Reconocen, sin embargo, que las operaciones policiales en el híper de la droga de la huerta de Campanar, provocaron un resurgimiento de la venta de drogas duras, como la heroína, en otras zonas: el barrio de El Carme, las casitas rosas de la Malva-rosa, o el barrio de Beteró (al final de la avenida de Blasco Ibáñez).
"Cuando se genera una situación muy grave en las cañas, el híper de la droga, actúan, pero eso es como pegarle una pedrada a un avispero, provoca una dispersión", dice Pla, que lleva años apostando por una atención sociosanitaria a los toxicómanos que incluya, en casos muy graves de adicción, la dispensación de las sustancias bajo prescripción facultativa, como paso previo a un posible tratamiento de desintoxicación. Y añade: "¿Cómo vas a convencer a alguien directamente en las cañas de que acuda al psicólogo o de que tiene cita con el trabajador social?"
* ELPAIS.com - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 31/12/2008
Foto: Eugen Peptanaru y su mujer Lulica- JESÚS CÍSCAR, elpais.com
Doce núcleos de chabolas en Valencia
El 80% de los baleares dice que la corrupción daña la imagen de las Islas en el exterior
ELMUNDO* : 2008 ha sido el año del aterrizaje sin frenos en la crisis económica. Pero sobre todo han sido los doce meses de la corrupción política. De los altos cargos esposados. De los registros en despachos de postín. De los cuellos blancos entrando y saliendo de la prisión provincial. De los gerentes de consorcios públicos que esconden 200.000 euros en efectivo en una lata de colacao enterrada bajo las hortalizas del jardín. El año de las confesiones y las vendettas. De la langosta con dinero público y el pelotazo urbanístico. Del escándalo. De la tinta. Y de la furia del contribuyente.
La crisis y la corrupción. La corrupción y la crisis. Dos tragedias que se retroalimentan. Dos realidades que encrespan a la sociedad balear. Que la enervan de puertas adentro. Y, según desvela la encuesta encargada por EL MUNDO, que le destrozan la autoestima.
Los casos
Si ayer estas mismas páginas recogían el abrumador dato de que un 53,7% de los ciudadanos de las Islas califica el año como "catastrófico", "corrupto" o "vergonzoso", hoy avanzamos en esa línea. Un 82,7% de los encuestados considera que "los casos de corrupción están dañando la imagen de Baleares en el exterior". La imagen. Esa mina en la que se ha sustentado durante años la economía insular. Sólo un 4,5% se muestra incapaz de responder a la pregunta. Y un raquítico 12,9% se apunta al 'no'.
Los fardos que lastran esa imagen son muchos y muy pesados. El caso Son Oms: recalificación de un polígono industrial participada y comisionada por políticos de UM. El caso CDEIB: malversación de caudales públicos y cobros de sobornos a cambio de contratos. El caso Rabasco: condena a dos ex ediles de Llucmajor por el expolio de un millón de euros públicos.
El caso Andratx: una quincena de años de cárcel para políticos del PP por infracciones urbanísticas. El caso Plan Territorial: investigación en torno a la recalificación injustificada de un millón de metros cuadrados rústicos. El caso Turisme Jove: políticos gastando en lujos y pidiendo sobornos. El caso Bitel II: un alto cargo público exigiendo comisiones porque, claro, "no podía decir que no" a su alto tren de vida. La Piñata: el reparto de más de 4 millones de euros a dedo a entidades fantasma interpuestas por miembros de un partido. El caso Palma Arena. El caso Rodrigo de Santos, que ha llevado al ex edil que le da nombre a prisión por presunto abuso de menores después de que se desvelase que gastó 50.000 euros con la visa municipal en clubes de ambiente homosexual. Y, para rematar el año, la investigación del dinero que se gastó el ex presidente Matas en relojes de lujo o en amueblar su palacete.
En total, nueve políticos han sido encarcelados preventivamente o se han librado de entrar en prisión gracias al pago de fianzas millonarias. Otra decena están procesados.
Eso sí, la cosa va por barrios políticos. Curiosamente, un 57,1% de los votantes de UM considera que la corrupción no daña la imagen de Baleares en el exterior, mientras que un 14,3% no lo tienen claro y se muestran indecisos. Es la opinión de los que militan en uno de los partidos en cuyas filas más se han prodigado las actitudes denunciadas y refleja fielmente la histórica estrategia de un partido unido por la argamasa del clientelismo y que siempre opta por no darse por aludido. Sólo el 28,6% de los votantes de UM considera que sí daña la imagen. Los votantes que más denuncian esa degradación de la imagen son los del PSOE: un 88,1% del partido que gobierna cree que la corrupción larva la proyección de Baleares. Sólo un 9,5% entiende que la imagen de Baleares no se ve dañada por los escándalos.
Autocrítica
En el PP, el partido más duramente castigado por las operaciones de la Fiscalía Anticorrupción, un 75,6% también secunda esa teoría de la pérdida de prestigio autonómico. Lo que, teniendo en cuenta que el PP ha protagonizado la mayoría de esos escándalos, refleja un alto grado de autocrítica en los votantes del partido. Lo opuesto a UM.
En lo que se refiere a la percepción de ese deterioro de la imagen entre los simpatizantes del Bloc, un 78,3% de los encuestados que se declararon afines a la coalición nacionalista apoyaron la tesis de que la corrupción daña la proyección de las Islas, mientras que un 21,7% consideraron que no.
Curiosamente, entre el Bloc no hay indecisos en torno a este asunto. Otra de las conclusiones que se extraen del estudio es que la isla donde mayor fuerza tiene esta idea es Menorca, donde un 85,2% de los entrevistados considera que la imagen está perjudicada. La cifra contrasta con la de Ibiza, donde se sitúa en un 74,9%. Eso pese a que en la isla pitiusa se ha judicializado este año el caso Eivissa Centre, un presunto escándalo de comisiones desvelado por este diario y sustanciado en una serie de reveladoras grabaciones que han llevado a la imputación del presidente del Consell Xico Tarrés.
* El Mundo - EDUARDO COLOM - 29.12.2008
Isach acumula otra querella urbanística
LEVANTE/Castelló* : El alcalde de Moncofa, el socialista José Vicente Isach, está llamado a declarar al juzgado nº2 de Nules el próximo día 9 de febrero en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación por, supuestamente, permitir que se construya en una parcela de la avenida Diputación con un edificabilidad superior a la inicialmente acordada.
Junto a Isach también tendrá que declarar como imputado el concejal de Urbanismo, Enrique Navarro. De esta manera, el primer edil acumula ya cuatro querellas por supuestas irregularidades en la tramitación del sector Camí Cabres, el PAI Belcaire Sur y dos por la UA-15.
Según los informes a los que ha tenido acceso este periódico, la citación responde a la admisión a trámite de una querella presentada por la Asociación por la Justicia y los Derechos Civiles -con sede en Valencia- ejerciendo la acción popular. En la demanda se explica que uno de los miembros de la asociación inicia en el año 2000 negociaciones con el ayuntamiento para reducir, voluntariamente, la edificabilidad de unos terrenos de su propiedad que pasarían de 4 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a 1,25 m2t/m2s.
En la querella se señala que el ayuntamiento "aceptó reducir la edificabilidad mediante un acuerdo plenario del 27 de junio de 2002" y concreta que la reducción afecta a la UA-15, "unidad de ejecución que comprende parte de los terrenos propiedad de nuestro asociado". La asociación entiende que lo hace el consistorio es modificar las Normas Subsidiaras para esa zona en concreto.
Además, en noviembre de 2003 "se le confiere -al miembro de la asociación- la condición de agente urbanizador". El problema surge cuando el propietario decide vender una parcela de la UA-15 a la mercantil Construcciones Ayódar, SL.
Los proyectos presentados
La Asociación por la Justicia y los Derechos Civiles asegura que pese a que en un principio la constructora acepta reducir la edificabilidad, una vez escrituradas las parcelas, el representante legal de la empresa renuncia a la licencia de obras para hacer 22 adosados con jardín y presenta en el consistorio un proyecto para hacer 28 viviendas, en hilera, sin jardines y con una volumetría de casi 3 m2t/m2s, esto es, "más del doble de lo comprometido en el convenio urbanístico". El colectivo valenciano se pregunta qué "inteligencias se han llevado a cabo entre Construcciones Ayódar y el Ayuntamiento de Moncofa para que este último otorgue una licencia a sabiendas de que es del todo incompatible con el PAI aprobado". El colectivo denuncia, además, que cuando el propietario inicia los trámites legales para poner en conocimiento la "urdimbre tramada por el consistorio" se empieza a gestionar la manera de rescindirle la condición de agente urbanizador y así "poder eliminar el problema". Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con Isach para que confirmara si se mantiene la citación o si, por el contrario, se ha recurrido.
* Levante-EMV - Nerea Soriano - 31.12.2008
Foto: parcela. Actualmente ya se han ejecutado alrededor del 95% de las obras.
vicent martí, levante-emv.com
La ciudad perdida
JORDI BORJA* : El arquitecto David Mangin acaba de recibir el Premio Nacional de Urbanismo de Francia y declara: "La ciudad sólo es sostenible, duradera, si posee la capacidad permanente de adaptarse, de evolucionar. Y sólo es posible si es una ciudad transversal, de mezcla, abierta..., pero el espacio público hoy está fuertemente amenazado. Lo que predomina ahora son los espacios uniformes, sin vida urbana de las periferias, y las áreas de enclave, cerradas, especializadas, en la ciudad compacta, lo que aún llamamos ciudad aunque cada vez lo es menos. La ciudad con historia no representa más que el 5% de las zonas urbanas francesas...".
Recientemente, se presentó el Anuario Territorial de Catalunya correspondiente a 2007. Una gran obra que elabora cada año la Societat Catalana d'Ordenació del Territori del Institut d'Estudis Catalans, con el apoyo de la Generalitat y la Diputación de Barcelona. Se analizan los 200 casos más relevantes de transformaciones y proyectos territoriales y no se obvian los impactos negativos que las acciones y omisiones de los actores públicos y privados han producido sobre un territorio cada vez más mal urbanizado. Se incluye el debate público y la resistencia de los actores ciudadanos, lo que demuestra que el país tiene un gran potencial crítico y capacidad de elaborar propuestas alternativas o por lo menos exigencias que forman parte de la ciudadanía de nuestra época.
La Introducción al Anuario, a cargo de Josep María Llop, ex responsable de Urbanismo de Lleida y de Barcelona, tiene la virtud de explicar las causas de este proceso disolutorio de la ciudad que denuncia David Mangin. La absurda y culposa expansión inmobiliaria (los promotores recibieron en estos años del boom créditos por valores de más de 50.000 millones de euros) ha multiplicado tanto la banalización de las periferias como los enclaves en la ciudad compacta. Es la negación de la ciudad, de su capacidad de progreso. La evolución resulta como es sabido de la selección natural y del juego entre el azar y la necesidad, y también, como dice Marcoulis citado por Llop, de la simbiosis, de las relaciones contradictorias y complementarias entre elementos o actores distintos. En la ciudad se dan en teoría estos tres factores pero la urbanización actual, negando el tercero también reduce la eficacia de los otros dos.
El planeamiento municipal y regional se ha mostrado impotente y ha faltado una intervención pública sistemática y eficaz sobre el suelo urbanizable o con vocación de serlo, el factor clave del proceso urbano. A pesar de que el 73% del suelo está teóricamente planificado, la capacidad de gestión es débil frente al dinamismo del mercado. La conflictividad territorial que han desarrollado plataformas múltiples en ámbitos locales es todo lo contrario de una patología social como a veces creen los responsables políticos: en muchos casos ha frenado o reducido los impactos negativos de lo que la misma Cámara de la construcción ha denominado "urbanismo especulativo". Un urbanismo que ha contado con la complicidad de los proyectos de la extensión de la red viaria que de facto han favorecido la expansión de la urbanización difusa.
Ahora, en el marco de la crisis económica global, ha llegado una oportunidad de respuesta a la misma desde la Catalunya-ciutat. Enfrentar la disolución de la ciudad y sus impactos sociales y ambientales, la regulación del mercado inmobiliario, la falta de una política de reforzamiento de centralidades y compacidades urbanas en todo el territorio, el modelo de comunicaciones que requiere este urbanismo integrador, la gestión del planeamiento a escala supramunicipal. Los objetivos territoriales vinculados a la generación de empleo y al desarrollo de actividades endógenas pueden ser una respuesta positiva a la crisis si son capaces no de reproducir sino que demuestran que son capaces de reducir el salvajismo capitalista actual. La miseria intelectual de la política española no permite hacerse esperanzas pero, en cambio, debieran estimular al Gobierno catalán a tomar iniciativas innovadoras.
La intervención pública se apoya en tres instrumentos principales: la normativa, la inversión y la capacidad de definir planes y proyectos, que incluyen normas y actuaciones propias y algo más, una voluntad política práctica que orienta la acción del conjunto de actores públicos y privados. La normativa existe, la actual legislación urbanística permite una fuerte intervención del sector público, tanto en el planeamiento como en la gestión. La capacidad de inversión, no sólo directa, también mediante la obtención de recursos, ya sean monetarios (plusvalías), cesiones de suelo, etcétera. El punto débil es el planeamiento que existe pero faltan las instituciones adecuadas a los desafíos del territorio y también una concepción renovada del planeamiento, más estratégico que regulador, entendido como un medio para desarrollar proyectos y no como la autoridad superior que aprueba o rechaza hipotéticas iniciativas públicas o privadas.
La nueva organización del territorio que anunciaba el Estatuto (el anterior y el actual) no solamente no se ha desarrollado, sino que tampoco se ha planteado mediante conceptos operativos. El planeamiento más importante es el de escala municipal, lo cual en un país con más de 900 municipios, la mitad de los cuales no llega a 500 habitantes y más del 80% no alcanzan los 5.000, es insostenible. Las "veguerías" (¿por qué no llamarlas "regiones", que no suena tan anacrónico y que ya se utilizó en los años republicanos?) no parece que vayan a ser la solución. No tanto por su ámbito, más adecuado al planeamiento, como por su concepción administrativista, delegación de los departamentos y relación bilateral con los municipios.
Nos falta un motor innovador, un referente para el conjunto del territorio. El silencio de Barcelona es estruendoso. Encerrada en su término municipal, sin un proyecto de futuro y sin ambición de capital, su gobierno, al optar por una ficticia proximidad, sólo ha conseguido alejarse de Cataluña.
* ELPAIS.com - Opinión - 22.12.2008
