ELPAÍS/Madrid* : El proyecto urbanístico del arzobispado de Madrid para Las Vistillas ya está en Bruselas. La Comisión Europea ha abierto un expediente informativo al Plan de Reforma Interior de la Cornisa del Río Manzanares, conocido como mini-Vaticano, por carecer de evaluación de impacto ambiental. La Comisión considera que el proyecto, que incluye 25.000 metros cuadrados de edificabilidad en los jardines propiedad del arzobispado de Madrid, "podría" necesitar un examen que evalúe la repercusión de las nuevas obras en el patrimonio y las zonas verdes de Las Vistillas.
Los vecinos han reunido ya más de 22.000 firmas contra el proyecto de la Iglesia.
La Comisión, que ha recabado información sobre los requisitos medioambientales del plan, respondió el 14 de mayo a una pregunta del eurodiputado socialista Carlos Carnero sobre el proyecto. "La luz de alarma de Europa ya se ha encendido, como ocurrió con el soterramiento de la M-30 o con la M-501, que acabaron en sanción", plantea Carnero. "El Ayuntamiento de Madrid debe escuchar a los vecinos y parar el proyecto", añade.
Bruselas abrió expediente a las obras de reforma de la M-30 y obligó al Ayuntamiento a presentar informes parciales sobre los tramos ya ejecutados y una declaración completa sobre el proyecto para esta legislatura. En el caso del desdoblamiento de la M-501 (la carretera de los pantanos), la Comisión Europea llevó a la Comunidad de Madrid al banquillo del Tribunal de Justicia de la UE por graves violaciones de la legislación medioambiental comunitaria.
Ni el Ayuntamiento de Madrid ni el arzobispado se pronunciaron ayer sobre la reclamación de la Comisión Europea. Una portavoz municipal explicó que aún no les ha llegado el escrito de Bruselas. Y añadió que, cuando se modificó el Plan General de Ordenación Urbana para incluir este proyecto, sí se elaboró un estudio ambiental que examinó la Comunidad de Madrid. El arzobispado, que defiende que su plan "mejorará" Las Vistillas pero aún no lo ha mostrado a la opinión pública, declinó ayer hacer declaraciones, según una portavoz.
El Plan de la Cornisa del Manzanares, aprobado en febrero por el pleno municipal, incluye varias construcciones nuevas: un centro de mayores, una residencia de sacerdotes, un edificio de oficinas y un aparcamiento con 200 plazas.
El proyecto del mini-Vaticano no convence a parte del vecindario del barrio de Palacio (con 23.723 residentes), movilizado desde que obtuvo el visto bueno municipal. A finales de marzo, se celebró una manifestación con más de 6.000 asistentes. Han creado webs (www.parquedelacornisa.org y www.cipreses.net) y foros en la red social de Facebook para recabar firmas y apoyos que también quieren llevar a Europa.
La Asociación de Amigos de la Cornisa Vistillas enviará el jueves una carta a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para reclamar que defiendan "los espacios verdes e históricos del corazón de la ciudad de Madrid".
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 19/05/2009
Foto: Madrid, protesta vecinal contra el mini Vaticano - elpais.com
Bruselas abre expediente al proyecto de 'mini-Vaticano' en Las Vistillas
Almuñécar: Benavides sacrificó suelo público y residencial para hacer hoteles
LAOPINIÓN/Granada* : El fiscal ha acusado al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, y a tres miembros del Ayuntamiento (el ex secretario, el jefe de Urbanismo y el arquitecto municipal) por "favorecer" la construcción de diversos hoteles en el municipio sexitano a través de modificaciones puntuales del PGOU que cambiaban el uso de los terrenos. Los hoteles salieron adelante gracias a la intervención municipal pero a costa de un alto precio.
Almuñécar perdió decenas de miles de metros cuadrados de equipamientos comunitarios (de uso social) y alteró terrenos en los que estaban previstos bloques de pisos y casas unifamiliares en favor del negocio hotelero.
Así se desprende del análisis que hace el fiscal de las catorce modificaciones puntuales. Los incrementos de ocupación fueron propiciados, según el fiscal, por las resoluciones que Benavides y el resto de acusados adoptaban. En total son 89.590 metros cuadrados que afectan a varios hoteles para los que el fiscal pide la demolición de lo indebidamente construido y a un grupo de parcelas en las que aún no se ha edificado nada.
Al menos en tres de las modificaciones puntuales aprobadas por Juan Carlos Benavides -e investigadas por el fiscal- se han cambiado suelos residenciales (construcción de viviendas) por terrenos con uso exclusivo hotelero. Fruto de esas modificaciones han visto la luz un establecimiento del Grupo Hoteles Playa (aprobado el 13 de mayo de 1999) y el Playa de Cotobro. El municipio ha perdido también suelo residencial en una parcela situada frente al centro de salud. Las ocupaciones de estas parcelas, según el fiscal, suponían además la pérdida de equipamientos que no eran compensados.
En la aprobación de esas catorce modificaciones puntuales del PGOU de Almuñécar para privilegiar la implantación de hoteles en la localidad sexitana hay casos en los que los vecinos han resultado directamente perjudicados. El ministerio público detalla en su escrito de acusación que algunas de las parcelas en las que hoy se levantan hoteles -el Bahía de Almuñécar, por ejemplo- estaban originalmente dedicadas a equipamientos urbanos (instalaciones religiosas, recreativas, deportivas o sociales) cuya pérdida no fue compensada después. Este es uno de los argumentos que la Junta de Andalucía ha presentado en los juzgados para justificar los graves perjuicios que ocasionaron estos cambios del PGOU. Los tribunales han avalado, en la mayoría de ocasiones, las tesis de la Junta, rechazando las modificaciones puntuales del Ayuntamiento de Almuñécar al concienciar que son revisiones globales en toda regla del PGOU. El TSJA anuló varios acuerdos del pleno de Almuñécar del año 2006 que daban vía libre por este método a seis hoteles. También se echó para atrás el proyecto del complejo geriátrico junto al río Jate. Las sentencias también han llegado en sentido contrario. El Alto Tribunal andaluz desestimó la denuncia de la Junta contra la licencia del hotel Playa de Cotobro, entre otras cosas porque la administración autonómica no impugnó en su momento la modificación puntual.
Parcelas y más plantas. En las catorce modificaciones puntuales investigadas por el ministerio público resaltan varias parcelas del término municipal, algunas todavía vacías. La más codiciada está situada en pleno paseo marítimo y es la única que queda sin edificar. En febrero de 2000 se aprobó una modificación puntual (la 77) que dotaba de uso exclusivo hotelero a esos terrenos en primera linea de playa. En la bajada de la N-340 hacia la playa del Tesorillo también se cambiaron unos terrenos para calificarlos como de uso exclusivo hotelero.
Entre las modificaciones puntuales investigadas llaman la atención las aprobadas para permitir la elevación en dos plantas del hotel Medina o la de ampliar el uso hotelero a los terrenos que ocupa desde hace décadas el hotel Goya.
* La Opinión de Granada - P.M. - 19-05-09
Foto: Almuñécar - motrildigital
Correa apuntó pagos a otro diputado del PP y al ex jefe de gabinete de Cascos
ELPAÍS* : La investigación de la trama de corrupción masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama, que registraba pagos a políticos a cambio de favores, han implicado hasta ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados autonómicos madrileños, dos valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.
Esa contabilidad también registró pagos a Jesús Merino, ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la Junta de Castilla y León -una comunidad también afectada por el caso Gürtel por adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por Segovia y miembro de la dirección del grupo parlamentario; y a Álvaro de la Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en los primeros años noventa, cuando éste desempeñaba el cargo de secretario general del PP.
En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular.
Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP.
En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama.
De hecho, muchas de las investigaciones policiales del caso Gürtel parecen seguir lentamente la pista de las relaciones personales fraguadas en aquella época por el equipo de personas que controlaba el aparato de organización del PP y que, por tanto, contrataban y tenían una estrecha relación con la red de Francisco Correa.
A Merino lo relevó en 2004 en la dirección del PP Soraya Sáenz de Santamaría, y él pasó a un segundo plano. Sin embargo, ambos establecieron una buena relación y Sáenz de Santamaría decidió recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombró portavoz parlamentaria. Ella incorporó a Merino a la dirección del grupo parlamentario, como portavoz adjunto, y allí sigue desde entonces, en una reducida cúpula de diputados que toman las decisiones más relevantes sobre la estrategia de la oposición.
Rajoy ha concentrado especialmente sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votación, por lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la semana pasada -cuando La Vanguardia publicó que estaba siendo investigado por este asunto- negó cualquier relación con Correa, no pudo ser localizado ayer por el equipo de prensa del PP para ofrecer su versión sobre estas investigaciones policiales.
En el caso de Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad.
"Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz.
Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad.
Bárcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la dirección nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco Álvarez Cascos.
De la Cruz ocupó, entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de máxima confianza de Cascos, el que fuera número dos del PP en la década de los 90. Después recaló en Andalucía, donde llegó a ser diputado autonómico por Cádiz, pero durante un periodo muy breve, entre 1994 y 1995.
* ELPAIS.com - JOSÉ MANUEL ROMERO / CARLOS E. CUÉ - Madrid - 19/05/2009
Foto: Audiencia_nacional - google
Teatro de un escándalo con dinero público y cemento
LEVANTE* : Si el juez Baltasar Garzón no hierra en las conclusiones de su investigación, los "regalos de lujo" con los que los responsables de la trama Gürtel -Correa, Crespo o Álvaro Pérez- sobornaron presuntamente a políticos y funcionarios no fueron un gasto, sino una inversión. A tenor de las investigación judicial y policial, "la organización" quiso sacar el máximo que, en clave de pelotazo, puede dar cada Administración: reclasificaciones de suelo y adjudicaciones de parcelas en el caso de los alcaldes y contratos públicos, saltándose todos los controles, por servicios relacionados con el montaje de eventos cuando son entidades supramunicipales.
El modus operandi en la Comunidad de Madrid se ciñó al urbanismo, de ahí que los imputados estén acusados de cobrar comisiones urbanísticas, empezando por los ex alcaldes de Majadahonda, Boadilla, Pozuelo y Arganda. En la Comunitat Valenciana, la rama Gürtel se dedicó, por lo que ha trascendido, a nutrise de contratos de la Generalitat, empresas púiblicas y fundaciones.
La Nucia es un ejemplo palmario de síntesis de las dos vertientes de la actuación: la de los contratos de servicios adjudicados a empresas de la trama y la que tiene que ver con el urbanismo, si bien esta última quedó en grado de tentativa. Que se sepa. En el municipio de la Marina Baixa se ha representado, como en un teatro a escala, la función del caso Gürtel. Las grabaciones realizadas por ex concejales de Majadahonda, entregadas al juez y difundidas por la Ser e Interviú, revelan cómo Correa quisó usar al "alcalde del pueblo", en alusión a Bernabé Cano, del que "nos hemos hecho íntimos" para hacer el negocio de su vida comprando el PAI Pie de Monte a un grupo de constructores liderados por Francisco Murcia Puchades, para desbloquear las trabas medioambientales mediante el presunto pago de sobornos y después revender 450.000 metros urbanizables.
"Reparto con Alvarito, el alcalde..."
"La operación son 8.000 millones de pelas y le ganamos 12.000 kilos. Yo he metido a un montón de gente ahí, he metido a Ulibarri [presidente de Mediamed, principal concesionaria de TDT del Consell e imputado en el caso Gürtel], que es el que pone la pasta...yo no la pongo y yo de mi 50% reparto con Alvarito, el alcalde, Ramón Blanco y Pablo Crespo", decía Correa. El jefe de la trama celebró dos reuniones en la Nucia, con Murcia Puchades y en presencia del alcalde, según adelantó este diario y después trascendió de las conversaciones grabadas, pero no hubo ningún acuerdo.
El promotor contó que mandó a Correa "a la mierda" porque quería "comprar por menos de los que a mí me había costado". Cano explicó en la citada revista que rompió "definitivamente" con Correa, con quien admitió haber coincidido en varios sitios, "después de que casi llegamos a las manos" durante una cena de gala de la Copa del América en 2007 y cuando el cabecilla de la trama "apareció con síntomas de haber bebido" y le recriminó "que no les habíamos dejado hacer nada en mi pueblo". Eso dijo el alcalde.
* Levante-EMV - F. A., Valencia - 17.05.09
