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R.Montenegro/HuelvaInformación* : "Nuevo varapalo judicial al Ensanche Sur, en este caso a su línea de flotación: el Plan Parcial, el documento que recoge todo aquello que se construirá en el Ensanche y que no podrá ejecutarse tal y como está redactado ahora, al menos por el momento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una nueva sentencia contra el proyecto, en este caso anulando el acuerdo plenario gracias al que se pudo modificar el número de viviendas a construir, su tipología y la altura de los bloques que se edificarán en el Ensanche.
El dictamen se suma al que dejaba en suspenso la venta de los terrenos y significa que el proyecto no podrá seguir adelante con las 3.429 viviendas que contempla, por lo que a priori tendría que modificarse sustancialmente el Plan Parcial o intentar conseguir una resolución judicial que anule ésta.
Aunque también se podría desarrollar tal y como está, pero con la elaboración de un plan de sectorización que tendría que aprobar la Junta de Andalucía con su correspondiente plazo de tramitación.
Así se determina en la sentencia del TSJA, que considera que el Ayuntamiento “carece de competencia” para la modificación que llevó a cabo en el Programa de Actuación Urbanística número 1, el más conocido como Ensanche Sur, el nuevo gran barrio de Huelva en el que se incluyen viviendas, un centro comercial, un palacio de congresos, colegios, equipamientos deportivos y zonas verdes.
El hecho al que se refiere la sentencia se produjo en el año 2005, en el que el Ayuntamiento aprobó una modificación del PGOU para cambiar los parámetros residenciales del Ensanche Sur recogidos en dicho Plan General, aumentando finalmente el número de viviendas a construir. En el Plan del 99 se contemplaba para los terrenos del Ensanche Sur un número máximo de 2.880 viviendas de tipología plurifamiliar y 334 viviendas en unifamiliar, estableciéndose además una altura máxima de trece plantas para los bloques y dos para las casas. El Ayuntamiento tramitó un cambio en esas condiciones justificándolo en la necesidad de incluir VPO en el proyecto “para garantizar suelo suficiente destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública” y para “dotar de libertad al planeamiento de desarrollo futuro para la definición de las alturas máximas de la edificación”.
Basándose en esta justificación, se cambiaron las determinaciones residenciales incluidas en el PGOU estableciendo que el número de viviendas y alturas máximas a construir se determinaría en el “correspondiente planeamiento de desarrollo”, es decir, que serían las marcadas en el Plan Parcial. Finalmente, en éste se contempla la construcción de un máximo 3.429 viviendas de tipología plurifamiliar y se establece que se podría introducir VPO pero mediante una nueva tramitación administrativa.
La modificación fue aprobada por el Pleno en 2005 e impugnada ante los tribunales por la Junta de Andalucía. Ahora el juez considera que el Ayuntamiento se ha arrogado “unas competencias que no le corresponden” al hacer esta modificación “porque se refiere a un cambio en un sector completo” para lo que sería necesaria la presentación del plan de sectorización ante la Comisión Provincial de Urbanismo, según se determina en el dictamen recogido por Europa Press.
La sentencia desmonta así el Plan Parcial del Ensanche Sur tal y como está planteado y aprobado. En principio se anula el acuerdo que hizo posible esa distribución residencial, pero también la de los espacios comerciales, dotaciones y espacios libres que se diseñaron en conjunto con el espacio residencial. El proyecto del Ensanche Sur tendría que adaptarse a los parámetros iniciales establecidos en el Plan General (2.880 pisos y 334 casas) o reiniciar su tramitación como un plan de sectorización, con el correspondiente retraso que ello conllevaría.
Desde el Ayuntamiento se retomaba ayer la habitual frase de respeto a las decisiones judiciales pero asegurando que este freno “no afecta a que el proyecto más beneficioso para la ciudad de Huelva en los próximos años siga adelante”. El concejal de Urbanismo, Francisco Moro, afirma que la sentencia “no será un obstáculo para seguir con el Ensanche, ya que afecta a 200 viviendas que se eliminarían”, aunque para ello tendría que modificarse o más bien redactarse de nuevo el Plan Parcial y realizar su tramitación, un proceso que conlleva un tiempo (en el caso del Plan actual, un año). También cabría la posibilidad de interponer un recurso frente a la decisión del Alto Tribunal, que conllevaría asimismo un tiempo de espera. En cualquier caso, Moro recuerda que en el Ensanche Sur hay varios implicados, como son los propietarios, con los que el Ayuntamiento tiene la intención de reunirse para comprobar los pasos que pueden darse en este asunto.
No obstante, el proyecto lleva prácticamente en stand by desde primeros de año, cuando una resolución judicial también del TSJA suspendía cautelarmente la venta de los terrenos municipales del Ensanche a una empresa. A raíz de esa sentencia, la Delegación de Obras Públicas se negó a inscribir la junta de compensación del Ensanche (el órgano en el que se incluyen todos los propietarios) en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras, algo que impedía a la misma ejecutar las actuaciones necesarias para comenzar con la urbanización del proyecto.
La nueva sentencia, por tanto, supone un freno más para lo que el alcalde, Pedro Rodríguez, denominaba recientemente “la operación más importante del siglo” para la ciudad, con una inversión prevista según cifras empresariales de unos 750 millones de euros para hacer nacer otro gran barrio al borde de la Ría.
* Hueva Información - 15 de Julio de 2007
Foto: Huelva, Ensanche Sur /Efren (guiadehuelva)
El TSJA paraliza el proyecto urbanístico del Ensanche Sur en Huelva
17 detenidos en El Puerto por construir ilegalmente en cañadas
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E.M.Cañas/EuropaSur* : "La Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma ha detenido a 17 personas en El Puerto de Santa María por haber construido ilegalmente sus viviendas ocupando parte de una vía pecuaria. Están imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio en una operación policial que se ha desarrollado a lo largo de esta semana. Los detenidos ya se encuentran en libertad pero con cargos en una causa que está siendo instruida por el Juzgado número 3 de El Puerto. Tras declarar ante el juez, los 17 detenidos, todos propietarios de viviendas ilegales, están imputados en calidad de promotores de las obras. Desde la Policía Autonómica se informó ayer de que la operación no está cerrada.
Las detenciones han sido el resultado de la primera fase de una investigación que proseguirá en próximas semanas con el fin de localizar a todos los implicados con estas construcciones que han usurpado suelo público. El delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal, establece que los responsables son, además de los promotores, los constructores y los técnicos directores que ejecuten unas obras no autorizadas en suelos que son bienes de dominio público (como son las vías pecuarias). Por ello, no se descartan que en próximos días haya nuevas detenciones de "promotores, constructores o arquitectos técnicos", según se indica en el comunicado remitido por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Todos los detenidos tienen sus viviendas junto a dos de las cañadas más importantes del término municipal de El Puerto. Nueve tienen su parcela ocupando parte de la vía pecuaria de Villarana y ocho en la del Verdugo. Todas las viviendas forman parte de alguno de los numerosos diseminados ilegales que tiene el municipio. Los inmuebles investigados están actualmente en construcción o bien tienen menos de cuatro año de antigüedad. La prescripción del delito contra la ordenación del territorio está fijada en este periodo de tiempo.
En el Juzgado número 3 de El Puerto se instruyen dos denuncias sobre ocupación ilegal de cañadas La primera de ellas procede de la Delegación Provincial de Obras Públicas, que advirtió de la usurpación de parte de la caña del Verdugo por parte de parcelaciones y viviendas ilegales. La segunda es resultado de la macrodenuncia que en octubre del pasado año presentó el colectivo Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Cádiz. Fruto de ella, el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, emitió un decreto el pasado 16 de enero donde dividía la gran denuncia ecologista en siete causas y las remitía al juzgado portuense. Una de ellas se refería a la ocupación de las cañadas. En ella, el fiscal solicitaba no sólo una investigación por un posible delito contra la ordenación del territorio sino también la búsqueda de "los responsables municipales a fin de esclarecer las conductas delictivas que pudieran haber tenido lugar" ante una supuesta pasividad de acción.
Desde la Policía Autonómica se está investigando también la posibilidad de que haya certificados de obra falsos con el fin de simular la antigüedad de un inmueble. No sería la primera vez que este fenómeno se detectara en El Puerto como intento fraudulento para legalizar viviendas y que consiste en que un profesional del sector (generalmente un arquitecto técnico) declare ante Notario una antigüedad mayor del inmueble de la real. Incluso, se han detectado casos en los que la construcción apenas se asemejaba a lo descrito notarialmente. De hecho esto fue lo que provocó que en Chiclana hayan sido detenidas más de una veintena de personas en las últimas semanas al descubrirse certificaciones de viviendas ilegales falsas.
Tal y como establece la Ley Autonómica de Vías Pecuarias, las cañadas deben tener una anchura mínima de 75,22 metros. En algunos tramos de las cañadas del Verdugo y de Villarana la distancia no ha sido respetada por las parcelaciones. Por regla general, los propietarios alegan que la vía en cuestión no está deslindada, por lo que la ocupación ilegal se realiza sin conocimiento de que es suelo público. En este caso, en ninguna de las dos vías pecuarias se ha concluido el procedimiento administrativo de deslinde. Los imputados podrían hacer frente a penas que oscilarían entre lo seis meses y tres años de prisión así como a una multa de 12 a 24 meses, además de la inhabilitación especial para profesión u oficio entre seis meses y tres años.
* Europa Sur - 15 de Julio de 2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) /juntadeandalucia.es
Clausurados 25 minipisos ilegales en Barcelona
S.Angulo.- La Vanguardia* : "Pisos ilegales en el distrito de Gràcia. La inspección de dos inmuebles ha sacado a la luz la nada desdeñable cifra de 25 minipisos sin cédula de habitabilidad. Nacen de la reconversión de antiguos locales y naves industriales en estudios y de los elevados precios de las viviendas. Se trata de una práctica que ha proliferado en los últimos años en las calles de Gràcia donde languidecen los locales comerciales. Por el momento, el distrito ha actuado contra catorce cubículos, en el número 325 de la calle Verdi, sobre los que pesa una orden de clausura y tiene previsto precintar otros once a principios de agosto, situados en el 22 de la calle Jaén. Ninguno dispone de cédula de habitabilidad, pero entre unos y otros hay un abismo.
En los de la calle Verdi los inquilinos malvivían en condiciones pésimas, mientras que los pisos de la calle Jaén, tamaño aparte, están en óptimas condiciones.
En el número 325 de la calle Verdi, al lado del Park Güell, los vecinos llevaban más de 15 años denunciando la actividad ilegal que se ejercía en el semisótano del inmueble. El pasado 29 de junio los inspectores del distrito clausuraron cuatro de los cubículos y se instó al propietario Luis Serra Batllés a restaurar los locales bajo amenaza de pagar una multa de entre 300 y 3.000 euros. El informe elaborado por el distrito explica que en 1991 se llevaron a cabo las obras de división para transformar un antiguo local comercial en estudiovivienda. En 1998, los vecinos del inmueble volvieron a denunciar la situación, mediante acta notarial y según reza en el informe del distrito, que hace referencia al uso como vivienda de los locales subarrendados.
Aun así, los propietarios continuaron con su actividad y dividieron los locales del semisótano primero, segundo y tercero en catorce minipisos donde se "realizaron las mínimas obras de acondicionamiento para ser destinadas a viviendas, de forma totalmente ilegal, sin licencia de obras, cambio de uso y ninguna posibilidad de legalización", dice el informe. El distrito efectuó el 15 de mayo de este año una inspección en la que se constató que "las condiciones de las viviendas eran infrahumanas", ya que se componían de un pequeño sanitario y en la mayor parte de los casos de un solo espacio y sin ventilación.
Por si fuera poco, los inspectores municipales detectaron que los cubículos no cumplían las medidas de seguridad relativas a las normativas de instalaciones de gas butano, ya que las cocinas no estaban ventiladas. Los inquilinos pagaban una media de 300 euros mensuales por unos pisos que no llegaban a los 30 metros cuadrados y donde la luz del sol no hacía acto de presencia. Según fuentes del distrito, se está trabajando en la reubicación de los inquilinos de los apartamentos y con la comunidad de vecinos para resolver la situación en la que se encuentra su finca.
De hecho, un portavoz del estudio jurídico Pérez Almansa, que defiende los intereses de la comunidad de propietarios del 325 de la calle Verdi, explicó a La Vanguardia que los vecinos habían acudido a la Generalitat y al Ayuntamiento para denunciar la situación en repetidas ocasiones. Hace tres meses contrataron los servicios de este despacho y se acordó en junta demandar al Ayuntamiento en caso de que no "pusiera remedio en un plazo razonable". Según el bufete, los responsables del Ayuntamiento hacen esfuerzos para poner fin a esta situación y, por eso, considera que no puede que no sea necesario llegar a los tribunales. Aún así, desde el despacho de abogados se reconoce que la "la comunidad de vecinos desconfía que la actuación administrativa sea rápida, eficaz y persistente".
Según fuentes del despacho, los inquilinos vivían en condiciones infrahumanas, ya que los cubículos son pequeños, están en un sótano sin luz ni ventilación y con muchas humedades. "En múltiples ocasiones los vecinos han podido constatar roedores e insectos". Los vecinos son conscientes que los inquilinos de los cubículos son las víctimas, pero también saben que hasta que no se clausuren continuarán sufriendo problemas de inseguridad por el camping gas que los ocupantes usan para cocinar.
La situación en la calle Jaén es bien distinta. Las condiciones de habitabilidad de los once apartamentos son buenas, aunque todos ellos sean ilegales. La mayoría de inquilinos han acondicionado el interior y han reparado y subsanado los problemas que han ido surgiendo. Llegaron allí hace dos años para instalarse en pisos desde los 30 metros cuadrados hasta los 50. Fincas Pelayo les facilitó el apartamento por el que pagan entre 300 y 600 euros mensuales -según el tamaño-, muy por debajo de los precios de la zona donde el alquiler medio está los 966 euros. Es una calle peatonal y los apartamentos están en una nave industrial que en la planta baja y el primer piso se han habilitado once apartamentos y siete locales comerciales que no disponen de permiso ni cédula de habitabilidad.
De hecho, el Ayuntamiento desconocía que la nave -que está afectada urbanísticamente- estaba ocupada hasta hace un año. Los inspectores detectaron que en el interior estaba habitado por una veintena de inquilinos. Todos poseen un contrato de alquiler y sabían que su vivienda no disponía de cédula de habitabilidad, pero el administrador les explicó que "se trataba de un mero trámite obtenerla". Hace unos quince días tuvieron la certeza de que las amenazas del distrito de precintar la nave iban en serio. Recibieron una carta en la que se les instaba a abandonar los apartamentos.
Mariano Ventura alquiló la vivienda hace dos años. Se la dieron "pelada". Él invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en construir dos habitaciones más y habilitar la parte superior del loft para que su hermana Laura y una amiga pudieran vivir con él. Después de la inversión ha logrado un piso acogedor de dos plantas y con luz natural. "Pagamos 600 euros, pero vivo en un barrio que me gusta y será imposible encontrar nada por ese precio en Gràcia". Desde que se enteró de que los querían desalojar ha dejado de pagar el alquiler y se ha puesto a buscar piso. Una de sus vecinas explica que ellos ya sospechaban que no podía haber pisos dentro de una nave, pero los precios son tan caros que "miras para otro lado". En este sentido, explica que hay viviendas que disponen de cédula y están peores condiciones que sus apartamentos.
Por otro lado, el distrito del Eixample comenzó ayer los trabajos de derribo de un ático ilegal en la calle Girona después de que el TSJC dictaminara la ilegalidad de la construcción. Ayer por la mañana la Guardia Urbana inhabilitó el piso como vivienda y se inició el derribo. En 1998 se ordenó al propietario del piso que restituyese todos los elementos afectados por las obras y volviera a dejarlo sin el ático.
* La Vanguardia - 11/07/2007
Métodos para saquear una ciudad
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J.C./H.B./SUR* : "No eran improvisados. Los convenios presuntamente urdidos en las oficinas de Urbanismo que sirvieron para saquear el patrimonio de suelo público en Marbella y convertirlo en el escenario de escandalosos 'pelotazos' urbanísticos obedecían a un método diseñado meticulosamente y que la policía ha desenmarañado tras el análisis de la documentación intervenida en las sucesivas fases de la 'operación Malaya'. Los informes policiales contenidos en el sumario en relación con dos operaciones inmobiliarias han permitido a los investigadores determinar el modus operandi que supuestamente Roca y sus secuaces siguieron para enriquecerse a costa del patrimonio público de Marbella.
Según las conclusiones de los investigadores, existían dos caminos para convertir el suelo propiedad del Ayuntamiento en la materia prima imprescindible para el enriquecimiento rápido.
SISTEMA SIMPLE
Permuta con empresas municipales
Suelo a cambio de nada
El primero y más sencillo constaba de cuatro pasos
-El suelo propiedad del Ayuntamiento pasaba a formar parte del patrimonio de las empresas municipales. De ese modo se evitaba obligatoriedad de subasta pública, en claro fraude de ley
-Las empresas municipales contraían deudas con constructoras o promotoras, generalmente por obras supuestamente realizadas que bien no se realizaban o se valoraban escandalosamente al alza. Por el contrario, la tasación de los bienes municipales se realizaba a la baja. En muchos de los convenios firmados ni siquiera existe documentación sobre cómo se ha realizado la valoración.
-En función de estas supuestas deudas, se suscribían contratos para transmitir el suelo a las empresas acreedoras como daciones de pago directas o mediante convenios de permuta posteriores.
-La adjudicataria del suelo público construía directamente las viviendas sobre el suelo o lo cedía a otra empresa tras obtener la licencia de obras
El segundo sistema era más complejo, pero convergía en el mismo destino
RECALIFICACIÓN
Convenios con trampa
Supuesto interés público
-Dos sociedades se reúnen para firmar un acuerdo privado en el que se contempla que una de las partes está en trámite de adquisición de unos terrenos propiedad de un ente público o bien que existen derechos urbanísticos no susceptibles de apropiación privada que se van a adquirir.
-Se fijan condiciones de compraventa que contemplan la resolución negativa del contrato si no se produce la aprobación del convenio correspondiente, el cual casi siempre está supeditado a que el Ayuntamiento recalifique los terrenos o justifique la ausencia de interés patrimonial por parte del Consistorio.
-En los documentos privados se establecen unas condiciones diferentes a las que figuran posteriormente en las escrituras
-Con el fin de justificar estas operaciones, el Ayuntamiento emite informes que confirman el interés público en llevar adelante el convenio y por lo tanto la recalificación. El Área de Urbanismo se encarga del estudio del mismo.
-Una vez que el convenio ha sido aprobado por el pleno municipal, el alcalde eleva a público los acuerdos adoptados otorgando contrato de compraventa en el que se recogen las resoluciones adoptadas. En el pliego de condiciones se especifica que si la Junta de Andalucía no aprueba la modificación del PGOU o desde el Ayuntamiento no se realizan los trámites oportunos, se deberá indemnizar a la empresa.
-La adjudicataria del suelo público construye directamente las viviendas o cede los derechos.
* Diario SUR - 12.07.07
Foto: JOSELE-LANZA /SUR
