CANARIASAHORA* : La Justicia ha dado un nuevo "varapalo" a los anteriores gobiernos del PP en la capital grancanaria. En esta ocasión se trata del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha anulado el Plan Especial del Canódromo, el Plan General de 2000 y su adaptación de 2005 que afecta a este espacio, según informó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Dicho plan, aprobado por la mayoría popular en 2003, fue duramente criticado por los grupos de la oposición, que llegaron incluso a tachar el proyecto de ''pelotazo urbanístico''. La sentencia, en todo caso, es recurrible.
La resolución judicial se basa en que se ha modificado de forma sustancial el modelo territorial previsto sin haberlo sometido a exposición pública, y que no cabía introducir uso residencial en la parcela al estar agotada la edificabilidad en los barrios de Escaleritas y Schamann.
La resolución judicial es consecuencia de una demanda presentada en su día por la asociación vecinal Avecalta, que basó su oposición a la construcción de las llamadas torres del Canódromo en el agotamiento residencial de los barrios cercanos al referido espacio libre, hoy un parque urbano en la mayor parte de la parcela. Esa consideración estaba recogida en el Avance del Plan General municipal, aprobado en 1998, y ha servido de base al TSJC para elaborar la sentencia.
Según fuentes conocedoras de la sentencia, en la misma se hace alusión a que la denuncia vecinal de supuesta especulación, con la connivencia del Ayuntamiento, en esta parcela no ha podido ser probada, si bien admite la existencia de indicios que así lo avalan.
El Plan Especial de Ordenación del antiguo Canódromo fue aprobado por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a finales de 2003 con los votos en contra de la oposición, quien denunció el "pelotazo urbanístico" de esta operación que suponía autorizar la construcción de dos torres pantalla de 15 pisos y más de 50 metros de altura en esta zona del barrio de Schaman.
Un proyecto duramente criticado desde la oposición
La portavoz de Compromiso y actual concejala de Fomento y Servicios Públicos, Nardy Barrios, criticó en su día el echo de que al construirse los dos edificios, el barrio se veía condenado a soportar aún mayor presión poblacional de la que ya se denunciaba en la memoria del proyecto. No en vano, la memoria del plan recordaba que Schaman tiene 28.800 habitantes por metro cuadrado, cuando la media de la ciudad es de 3.300 y la del segundo barrio con mayor población 16.000.
Además, al igual que se hace en la sentencia del Alto Tribunal, la memoria hablaba de "edificabilidad agotada" en el barrio. Algo que en ningún caso se tuvo en cuenta a la hora de dar luz verde al Plan General, que sufrió una modificación y un cambio del uso del suelo -de dotacional terciario a residencial-, triplicándose la edificabilidad en la zona, de 6.800 metros cuadrados a 20.000.
Todos los grupos de la oposición también coincidieron entonces en la urgencia injustificada que manifestó el gobierno del Partido Popular para llevar a cabo la aprobación. Al igual que ahora estima la Justicia, la oposición criticó que no se hubiese dado la suficiente audiencia a los vecinos, manifestando el convencimiento de que el proceder del grupo de gobierno municipal respondía en realidad "a voraces intereses particulares".
Antecedentes
La actuación prevista en ese espacio, ubicado en el corazón de Ciudad Alta, el distrito más poblado de Las Palmas de Gran Canaria con 101.000 habitantes, era la construcción de un parque urbano, aunque el Ayuntamiento accedió a otros usos a cambio de la titularidad de la parcela.
El suelo era propiedad de una promotora inmobiliaria, Inprocansa, que había adquirido el mismo a la titular anterior -la hija del ex abogado de los antiguos trabajadores del Canódromo- apenas unos meses antes de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para tramitar la operación urbanística. Sus anteriores propietarios habían intentado durante años, y sin éxito, llegar a un acuerdo con la administración municipal que, en cambio, sí logró la constructora en tiempo récord.
A cambio de la entrega de la parcela, y en el contexto de un convenio urbanístico, el Ayuntamiento entregó a Inprocansa una franja del solar para la construcción de dos edificios de vivendas en 15 plantas de altura, además de otros suelos urbanos en el sector de Tamaraceite. Así, la ciudad obtenía un espacio libre -ya estaba calificado así, por muy privado que fuese, en el anterior Plan General de 1989- que destinaría a parque.
En aquel entonces era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Soria y el concejal de Urbanismo era Juan José Cardona. En el debate político, el PSOE se opuso frontalmente a la operación, que calificó de especulativa.
Esta sentencia, que se puede recurrir, se comunicó este jueves a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, donde los técnicos están analizando los términos de la misma, para actuar en consecuencia, señala una nota oficial del Ayuntamiento.
Fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consideran que esta sentencia supone "un varapalo" para el Partido Popular, ya que el Plan Especial del Canódromo se aprobó en el anterior mandato. No obstante, las soluciones a esta anulación deben ser arbitradas por la actual mayoría municipal socialista.
Trabajando con normalidad en la parcela
Mientras tanto, y pese a la sentencia conocida este miércoles, este periódico pudo comprobar que durante la tarde en la parcela de Los galgos se seguía trabajando con total normalidad en la construcción del proyecto Torres del Mar.
Tal y como reza la información de la promotora de las viviendas -la empresa Realia-, se trata de un conjunto residencial compuesto por dos "torres emblemáticas" que albergan un total de 120 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, dúplex, garajes y trasteros.
Las viviendas, que se han puesto a la venta a un precio que oscila entre los 184.225 euros y los 259.000 euros, está previsto que se entreguen a lo largo del primer trimestre de 2009.
* CanariasAhora - ACN. Las Palmas de Gran Canaria - 13/02/2008
Foto: maqueta de las torres que se están levantando en la conocida parcela de 'Los galgos'. (QUIQUE CURBELO), canariasahora.es
Las Palmas: El TSJC anula las torres del Canódromo
«Las leyes ambientales se saltan a la torera»
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20MINUTOS/Málaga* : Habla de «coacciones y amenazas» y de «denuncias absurdas» de los promotores de Los Merinos (Ronda) contra ecologistas y colectivos que se oponen al proyecto de levantar casi 800 viviendas, tres hoteles y dos campos de golf. El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, estuvo ayer en Málaga para apoyarles.
Entrevista:
¿A quiénes amenazan?
Han amenazado a 11 personas y han puesto casi 40 denuncias por distintos temas, todos absurdos, cuando lo que quieren es intentar frenar la oposición a este proyecto destructivo para una reserva de la biosfera.
¿Por qué lo ve destructivo?
La razón de nuestra denuncia es que en el interior se está reproduciendo el modelo urbanístico ya saturado del litoral. Y en Los Merinos se añaden dos cosas: es reserva de la biosfera y, como tal, debería ser de total protección; por otro lado, está asentado sobre un acuífero.
¿Cómo conjugar el desarrollo con el medio ambiente?
Lo que hay es una cuestión de ordenación del territorio y de que el urbanismo no esté promovido por la especulación, sino que detrás haya una utilización adecuada del suelo y que los desarrollos se hagan donde puedan.
Los Merinos han pasado por varios filtros y sigue...
En España, el medio ambiente y las leyes que lo protegen se saltan a la torera. Y eso lo hemos visto en Algarrobico (Almería), con un hotel casi terminado.
BIO
Nació en San Sebastián hace 44 años y desde 2001 dirige Greenpeace. Es ingeniero agrónomo y dice que apenas le queda tiempo libre.
* 20 Minutos - M. R. 13.02.2008
Foto: Ronda (Málaga), Los Merinos - 20minutos.es
Un juez impide a Alperi financiar un proyecto privado con dinero público
ELPAÍS/Alicante* : Un juez considera ilegal la pretensión del Ayuntamiento de Alicante de asumir la mitad del coste de un proyecto de reparcelación. En la práctica, esta intención beneficiaba al urbanizador, que compartía gastos con el Ayuntamiento, e implicaba un desembolso de dinero público que la oposición municipal socialista cifra en 500.000 euros.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante declara nulo un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante del 29 de mayo de 2006, en el que se aprobó el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 1 del Plan Parcial Benalúa Sur. En este acuerdo, el equipo de gobierno que preside Luis Díaz Alperi, del PP, preveía asumir el 50% del gasto de reparcelación, con el que costearía obras como la elevación de rasantes de la Avenida de Elche y la reurbanización de sus aceras. Este acuerdo se produjo pese a que en marzo de 2004 la Gerencia de Urbanismo había firmado un convenio con el agente urbanizador en el que se estipulaba la obligación del urbanizador de "proceder a la urbanización íntegra".
El juez considera inadmisible "que se pretenda ignorar" el citado convenio urbanístico, que "tiene fuerza vinculante". El programa, además, alteraba el sentido del PAI aprobado provisionalmente en la sesión plenaria del 5 de octubre de 1999, según subraya el juez de lo contencioso administrativo. La sentencia es consecuencia del recurso interpuesto, tras el acuerdo de la Junta de Gobierno, por el entonces portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento, Manuel de Barros. Ayer los socialistas mostraron su satisfacción por una sentencia gracias a la cual "los alicantinos ahorrarán unos 500.000 euros que el Ayuntamiento pensaba pagar por la urbanización de Benalúa Sur cuando estos gastos debían correr a cargo del urbanizador".La unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial Benalúa Sur es una de las dos en las que se ha dividido la zona. En esta unidad está prevista la construcción de un nuevo colegio que los vecinos reclaman desde hace más de ocho años. Los vecinos también reivindican un centro de salud y un centro social. En noviembre del año pasado, la Asociación de Vecinos de Benalúa El Temple presentó ante el registro municipal del Ayuntamiento de Alicante y en la sede del Consell en Alicante sendos escritos, apoyados por la firma de 2.128 vecinos de la zona, en los que urgían a las dos administraciones a ejecutar las obras. Ayer, el concejal socialista Manuel de Barros insistió en que la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo no afecta en ningún sentido a la construcción del centro, cuyas obras van a empezar tras años de retraso. "Las obras del colegio público de Benalúa no sufrirán ningún retraso ya que la sentencia solo afecta a los gastos de urbanización", apostilló el edil socialista.
De Barros valoró la sentencia en una rueda de prensa en la que también participó la actual responsable socialista del área de urbanismo, Loles Fernández, quien recordó que los gastos que el Ayuntamiento pretendía asumir no le corresponden según la ley y también según el PAI aprobado en el pleno de 1999. La edil explicó que los socialistas tuvieron que intervenir ante lo que calificó no solo de una "gran deslealtad del urbanizador" sino ante la posición del Ayuntamiento, "que nuevamente favorece los intereses del urbanizador" en detrimento de los de los ciudadanos. Los socialistas esperan que el Ayuntamiento no recurra la sentencia "pues iría en contra de los alicantinos".
Tensiones
Los socialistas, además, relacionan la evolución de este programa urbanístico con las tensiones existentes en la Gerencia de Urbanismo entre técnicos y dirección. De Barros recordó que en su momento diversos técnicos de la Gerencia de Urbanismo emitieron informes contrarios a la intención del Consistorio de asumir la mitad del coste de esta reparcelación. Uno de esos funcionarios, que entre otras cuestiones emitió un informe sobre el Plan Parcial de Benalúa Sur, en alusión a Climent Lozano, fue posteriormente apartado de su responsabilidad y ha interpuesto una demanda contra la decisión de la dirección de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 13/02/2008
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exige a los partidos que se pronuncien sobre la especulación urbanística
COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO* : "Denunciamos el silencio y la exclusión del debate sobre el territorio y la corrupción, del debate político y la campaña electoral. Es un tema que ha desaparecido del debate público porque a nadie le interesa que se hable de ello, aunque está en la raiz de la destrucción del territorio y de la inaccesibilidad de la vivienda, entre otras muchas cuestiones y la corrupción sigue sin atajarse de ninguna forma concluyente. La especulación urbanística es el problema más grave del Estado Español".
La especulación urbanística es el problema más grave del Estado Español:
- por la destrucción del territorio, del patrimonio y del medio ambiente sin precedentes en el mundo;
- por el engaño y abuso sistemático de los ciudadanos,
- por la creciente precariedad e inaccesibilidad de la vivienda,
- por la inconstitucionalidad de un crecimiento que es un atentado contra el interés general;
- por la escasez de agua
- por el desequilibrio económico y el riesgo enorme del estallido de la burbuja inmobiliaria;
- por la precariedad democrática, y la corrupción generalizada del sistema donde Marbella no es la excepción sino el paradigma: España es Marbella.
La causa de esta situación única en el mundo es:
- que la ley favorece la especulación y desampara al ciudadano:
- plusvalías a los propietarios
- convenios urbanísticos
- Ley de Suelo del 98 (etc., etc.)
Qué es imprescindible para frenar la corrupción:
Proponemos 85 medidas para un Pacto de Estado agrupadas en cuatro grupos principales.
- Eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación y fortalecer los mecanismos contra la especulación y la corrupción.
- Una ley rápida contra los abusos urbanísticos y medioambientales
- Moratoria general en la recalificación (hasta que se ocupen los 3 millones de viviendas vacías que hay), crecimiento cero o limitacion del crecimiento al 10% del suelo urbano y retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el urbanismo salvaje.
- Un nuevo modelo de desarrollo y una nueva cultura de ordenación del territorio para España.
Las medidas adoptadas hasta ahora son tibias, totalmente insuficientes y no sirven para atajar la situación.
Denunciamos la demagogia desarrollista del PP, que lejos de reconocer el problema quiere liberalizar más suelo, y la tibieza de las actuaciones del PSOE y de otros partidos políticos, que reconociendo en parte el problema no ponen en marcha las medidas necesarias.
La actual crisis económica vinculada al sector inmobiliario, no puede servir para proteger aun más el sector con medidas paliativas, sino que ha de ser el aviso definitivo para la necesidad de un cambio inmediato y radical de modelo de crecimiento económico.
Exigimos el posicionamiento y pronunciamiento inmediato de todos los partidos de cara a las elecciones generales y autonómicas del 9 de Marzo sobre el problema de la especulación urbanística y las 85 medidas para un Pacto de Estado, propuestas en el texto que se les ha enviado; para que los ciudadanos sepan si votan contra la especulación o a favor de ella, en defensa del territorio o por su destrucción, por una vivienda digna o por la precariedad creciente.
Se están enviando copias del Manifiesto por una democracia del territorio y 85 medidas contra la especulación a los principales partidos políticos, con una carta exigiendo su pronunciamiento inmediato sobre el problema de la especulación.
En las próximas semanas, en las diferentes capitales españoles, se repartirán decenas de miles de billetes de 500 euros con la campaña VOTA CONTRA LA ESPECULACIÓN ¡QUE SE PRONUNCIEN LOS PARTIDOS!, frente a las sedes de los principales partidos de todo el arco parlamentario, exigiendo un posicionamiento inmediato.
Los billetes llevan el siguiente texto al dorso:
LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA ES UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES DEL ESTADO ESPAÑOL
La corrupción y la especulación urbanísticas suponen una amenaza sin precedentes a nuestra democracia, están devastando de forma irreversible el territorio y haciendo inaccesible la vivienda para casi tod@s, sumiendo a la sociedad en la precariedad.
¡QUE SE PRONUNCIEN LOS PARTIDOS! El 9 de Marzo
Vota
CONTRA LA ESPECULACIÓN
EN DEFENSA DEL TERRITORIO
POR UNA VIVIENDA DIGNA
COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO
www.nosevende.org
* Rojo y negro - Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio - 12 de febrero de 2008
Vía libre para la construcción de un 'megaresort' de ocio en Ciudad Real
ELMUNDO* : ¿Quién dijo que el sector de la construcción atraviesa una crisis? No para las sociedades El Reino y Caesars España -filial de una de las mayores firmas de casinos de Estados Unidos- beneficiarias del Plan de Actuación Urbanística aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real. No es el único que se construirá sobre el árido suelo español, ya que a mediados de diciembre de 2007 se presentó un proyecto similar en Los Monegros (Aragón).
El proyecto, presentado en Fitur el pasado 31 de enero- será inaugurado en 2010 y comprende un resort turístico internacional con un casino de la cadena Caesars, un hotel-balneario bautizado como El Bosque Horai; un hotel de cinco estrellas con centro de convenciones; campos de golf (dos de 18 hoyos, uno de 9 nueve y un campo de prácticas, una casa-club y hotel de golf), así como 3 hoteles de cuatro y cinco estrellas, una zona comercial con tiendas de lujo y una gran laguna central.
Junto a este monstruoso proyecto, la compañía El Reino prevé levantar 2.064 viviendas en una primera etapa y 7.000 más en una segunda y tercera fase.
El 'megaresort', con una superficie de 6,8 millones de metros cuadrados, ha sido declarado de Interés Regional por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que lo incluyó en el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, mientras que el Ayuntamiento lo ha bautizado como de 'Utilidad Pública e Interés Social'.
Todas las cifras marean: 6.500 millones de euros de inversión total - 2.500 millones de euros en la primera fase (hasta el cuatro trimestre de 2010); 700 hectáreas de superficie de actuación (1.250 has. de superficie total), y 4.000 habitaciones de hotel.
Según sus responsables, el proyecto beneficia a Ciudad Real y a toda Castilla-La Mancha, ya que ambas compañías "actuarán como motores económicos de la región y contribuirán a la creación de puestos de trabajo de calidad".
Sólo el desarrollo de infraestructuras –movimiento de tierras, vías, conducciones y desarrollo de zonas verdes–, ha supuesto una inversión de 144 millones de euros, informa la promotora El Reino, que acometerá en pocos meses la construcción de las distintas áreas. La primera piedra del 'resort' se colocará en el segundo semestre del año.
Dentro del PAU aprobado hoy, 2'3 millones se destinarán al sector terciario (hoteles, centros de convenciones, área comercial, etc.), 1'1 a residencial y 178.000 metros cuadrados a dotaciones y servicios (22.500 m2 de ellos para convenciones y congresos). El resto, algo más de tres millones de metros cuadrados irán destinados a viales, jardines y zonas verdes.
* El Mundo - Su Vivienda - 12/02/2008
Foto: Imágenes del futuro 'macroresort' en el corazón de la meseta manchega / ELREINODEDONQUIJOTE.COM
Amenazas de muerte contra el periodista Chema Gil por destapar una trama urbanística en Murcia
PERIODISTAS/MARTA MOLINA* : Amenazas de muerte, llamadas telefónicas e, incluso, alusiones a su lugar de residencia, a su familia y a su trabajo. En ese día a día se mueve desde hace dos años el periodista murciano Chema Gil, director del digital www.noticiasdemurcia.com. Gil es autor de las informaciones periodísticas que llevaron a incoar el caso de corrupción urbanística en Torre Pacheco (Murcia). Un proceso que implicó al Ayuntamiento y que ahora investiga el juzgado número cuatro de San Javier en las diligencias 878/2007. Entre quienes profirieron parte de esas intimidaciones, se cuenta el alcalde de la localidad, Daniel García Madrid, quien amenazó con dejar sin trabajo al periodista.
Chema Gil comenzó a desvelar asuntos escandalosos en la gestión del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el periódico La Gaceta del Mar Menor, que antes dirigía y que debió cerrar presionado por la falta de anunciantes.
“Intimidados por el Ayuntamiento”, atribuye el periodista. Sus informaciones sirvieron de base para que los juzgados iniciaran la causa penal que ahora se ha puesto al descubierto. El periodista recibe desde entonces amenazas casi diarias. La mayoría, telefónicas. Algunas, de muerte. Como las que colgaron desconocidos en el foro de la página web del Ayuntamiento de Torre Pacheco o la que atendió la delegación en Murcia de la agencia EFE. Incluso han llegado a advertirle de que sabían el colegio y la hora exacta donde cursa su hija de ocho años. El periodista puso todo en conocimiento de la Guardia Civil e, incluso, consiguió recibir protección de este cuerpo durante dos días. Pero, aunque las amenazas continúan, las autoridades le retiraron el amparo “por entender que no había de qué preocuparse”, explica.
El periodista, en cambio, considera de extrema gravedad su situación y la de su familia. Tomó conciencia del cariz del asunto cuando colegas de profesión le alarmaron de la implicación del alcalde de Torre Pacheco en las amenazas. Los periodistas conocieron ese dato una vez que se levantó el secreto sumarial, aunque parcial, del caso. “Ésto hay que sacarlo”, le dijeron. “Porque si mañana te fallan los frenos del coche, nadie va a saber quién está detrás”, le advirtieron. No obstante, Chema Gil denuncia la pasividad de las autoridades y los colectivos periodísticos que, ante la gravedad de la situación, “solo me recomiendan mantener la calma”. Le piden “aguantar el tipo”, pero confiesa temer por la integridad de su familia y por su propia vida. Sus recelos no pasan tanto por el alcalde o e constructor Facundo Armero. Teme, más bien, la reacción de algún “exaltado próximo a sus intereses”.
Las escuchas telefónicas que han quedado fuera del secreto de sumario hace unos días ponen de manifiesto que el alcalde García Madrid encargó a una persona --“no identificada” en las investigaciones de la Guardia Civil- que diera nombres y apellidos de los familiares del periodista, según consta en la desgrabación de las escuchas telefónicas que quedaron fuera del secreto del sumario. Además, desde el teléfono móvil del alcalde, intervenido por orden judicial al edil del PP, el 22 de abril del pasado año se envió un sms solicitando la identidad de la esposa del periodista. El titular del teléfono receptor satisfizo el requerimiento ocho horas después. En otra conversación, seis días después, el alcalde amenaza con lograr que el periodista se quede sin trabajo, incluyendo en la conversación que mantiene con un familiar suyo la frase: “ya verá ese”.
La situación no quedó ahí ya que el 19 de mayo, poco después de las dos de la tarde, Daniel García, según obra en las diligencias de la Sección de Investigación Criminal de la Guardia Civil, llamó al mismo número de teléfono al que un mes antes había dirigido el mensaje pidiendo datos de la familia del periodista. El alcalde solicita ahora la dirección del domicilio de Chema Gil. La persona que recibe el encargo saluda al alcalde con un “a sus órdenes”. Poco después le comunica la dirección. El alcalde, interpelado, responde que la necesita para enviarle un jamón al periodista. Ese obsequio nunca llegó al domicilio.
“Desamparado y desprotegido”, según confiesa, Chema Gil denuncia la pasividad de los colectivos periodísticos regionales, que han desatendido su caso. “A pesar”, dice, “de la gravedad del asunto”.
* Periodistas-es - Murcia - 12-02-2008
