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LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : La operación Virgin, contra una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio de Mugardos, dio ayer un nuevo giro. La jueza instructora ha citado en calidad de imputado al alcalde Xosé Fernández Barcia (BNG). Entre otras personas también convocadas a declarar se encuentran una arquitecta privada, además de la arrestada, y otros dos ediles de la corporación que fueron llamados o lo serán. Se considera que por acción u omisión los cargos públicos tendrían que haber conocido las supuestas actuaciones irregulares de los funcionarios a su cargo.
Al menos en comisiones municipales y en otros órganos de la corporación fueron aireados los problemas de posible incompatibilidad de la arquitecta Julia Cortizas Díaz, por simultanear su trabajo de asesora municipal con el estudio privado Xcale, situado en Fene, y registrado durante la operación.
Filtraciones
Además, la jornada de ayer aportó otra importante novedad. La Fiscalía ha formulado denuncia contra un funcionario judicial ante la sospecha de que se pudieron producir filtraciones en las horas anteriores a los registros y entradas. Este aviso previo a los afectados habría facilitado la desaparición de documentación. En todo caso, los agentes de la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil de A Coruña tuvieron la impresión, a primeras horas de la mañana del pasado lunes, cuando procedían a entrar en el estudio de arquitectura de Fene o en un domicilio particular, de que alguno de los arrestados sabían lo que se les venía encima. Si tal filtración no se produjo en el seno de los guardias, cosa que parece probada, tuvo que ser en el ámbito judicial.
La acción de la Fiscalía, al registrar la denuncia formal contra el funcionario sospechoso, se produjo poco después de que el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Ferrol, que se ocupa del asunto, dictara el auto de levantamiento del secreto de sumario.
No han trascendido las pruebas con que cuenta el instituto armado contra el empleado, si bien parecen fundadas. El funcionario podría ser imputado de un delito de revelación de secretos.
La causa judicial de la operación Virgin pesa ya más de dos kilos. Decenas y decenas de folios recogen el resultado de la investigación, cuyas conclusiones, que aparecen en el atestado de la Guardia Civil, ocupan no menos de 70 folios.
Los letrados de la aparejadora municipal Mari Carmen Piñeiro Lemos, del policía local Ovidio Torrente López, de la señalada arquitecta y de su hermano Pedro, comenzaron inmediatamente a desentrañar y revisar la causa para ver las pruebas que existen en su contra y preparar el contraataque. Parte del papel recoge el contenido de las escuchas telefónicas, autorizadas por el juzgado instructor. Todo apunta a que registran parte de los supuestos tráficos de influencias entre los funcionarios públicos y promotoras o constructores y las contraprestaciones.
En una primera valoración, los letrados que se ocupan de la defensa de la arquitecta Julia Cortizas Díaz, y de Pedro, hermano de la técnica, dicen que pudo ser excesiva una detención de 48 horas por delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.
El regidor desea declarar
Por su parte, el alcalde, Xosé Fernández Barcia, declaró ayer que está deseando ir a declarar «as veces que faga falta para que se esclarezca todo». Asegura que está «tranquilo» porque no tiene «nada que ocultar». También afirmó que «no Concello se deron sempre as licencias urbanísticas cos informes favorables dos técnicos». El regidor añadió que desconocía que estuviera imputado.
* La Voz de Galicia - Francisco Varela - 8/12/2007
Foto: Mugardos (A Coruña), puerto - Padin (wikipedia.org)
El alcalde de Mugardos tendrá que declarar como imputado por la trama urbanística
Un millar de personas se concentra en Candeleda contra la especulación urbanística
ÁVILADIGITAL* : Cerca de un millar de personas se concentraron este sábado en Candeleda en señal de protesta por una urbanización que pretende construirse de más de 400 viviendas y un hotel de 200 plazas. Convocados por la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, así como por numerosas asociaciones vecinales y ecologistas más, los asistentes se manifestaron con el lema ‘Contra la especulación urbanística y ambiental en Candeleda. ¡Todos contra la destrucción de Navalpilón!’, en un acto que también sirvió para entregar más de 5.000 firmas recogidas en el Ayuntamiento.
En total, se han entregado unas 8.500 firmas contra esta urbanización, según indicó Fernando Martín, uno de los portavoces de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, ya que a las entregadas en esta jornada, que fueron recogidas por un técnico del Consistorio, al anunciar la alcaldesa de la localidad que no iba a estar presente en ese momento, se suman otras 3.000 recogidas y entregadas en el mes de agosto.
Competencias
La manifestación fue convocada en señal de protesta por el proyecto que la empresa Dávila Monteblanco quiere llevar a cabo con el nombre de ‘Urbanización Candelas de Gredos’, en la zona de Navalpilón, lo que supondría construir 431 chalés y 200 plazas hoteleras, y que “obligará al Ayuntamiento a suministrar todos los servicios municipales”.
Según se explica desde la plataforma convocante, la captación de agua para esta urbanización se realizará por encima de la toma de agua del municipio, ya que la cantidad de agua concedida por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) es de 12,07 litros por segundo, mientras que el agua concedida a toda la población de este municipio de más de 5.000 habitantes es de 8 litros por segundo.
La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental asegura, en este sentido, que “no existe caudal en la garganta”, además de que el paraje La Raya-Navalpilón, donde se pretende levantar el complejo urbanístico, se sitúa en los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Por este mismo proyecto, la Junta de Castilla y León aprobó el Plan Parcial correspondiente en el año 2006 y retiró las competencias en materia de Urbanismo al Ayuntamiento, “a pesar de las irregularidades no subsanadas que contiene el proyecto y la oposición del pueblo”.
* Ávila Digital - C.T.I. - 8 DE Diciembre 2007
Foto: Candeleda (Ávila) - wikipedia.org
Un juez abre la vía para que los chalés de Medina Azahara sigan en pie
ELPAÍS/Córdoba* : El Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba ha absuelto al propietario de una casa ilegal del entorno protegido de Medina Azahara del delito contra la ordenación del territorio que le imputaba la Fiscalía. El acusado reconoció en la vista oral celebrada hace tres semanas que amplió su casa 25 metros cuadrados más y construyó una piscina entre febrero y agosto de 2006, cuando el área en el que se encuentra su chalé ilegal ya se estaba protegida por una declaración de zona Bien de Interés Cultural (BIC).
El fiscal había solicitado dos años de prisión, la demolición de lo construido y una sanción de 3.240 euros. Pero el juez ha rechazado imponer pena alguna al propietario. Este mismo juzgado ya absolvió a otro propietario de otra urbanización ilegal y está previsto que se encargue de cinco casos más de construcciones ilegales denunciados por la Policía Autonómica.
En esta última sentencia, recogida ayer por Europa Press, el magistrado José Antonio Carnerero reconoce que la conducta del inculpado es ilícita. Pero decide absolverlo porque "no se puede afirmar que esta pequeña obra ejecutada por el acusado (...) haya modificado a alterado sustantivamente la configuración de la zona y haya afectado a aquellos valores" paisajísticos que se pretendían defender con la declaración de la zona BIC aprobada en 2003.
Según el juez, la casa "se encuentra encuadrada en una parcelación, ilegal pero totalmente consentida por las autoridades administrativas, rodeada por todos los lados por numerosas edificaciones".
En concreto, la vivienda está ubicada en la urbanización ilegal de Las Pitas, donde existen unos 155 chalés, todos construidos sin permisos ni licencias y sin que las administraciones lo impidieran. En todo el entorno protegido de Medina Azahara hay 240 chalés clandestinos.
En la sentencia se afirma que cuando esas urbanizaciones se levantaron, la mayoría a partir de los años noventa, sí se produjo "un impacto visual y la afección del valor paisajístico que ahora se pretende corregir". Sin embargo, sostiene que las obras realizadas recientemente por el acusado no alteran "la configuración de la zona".
El magistrado indica que detrás del fenómeno de las parcelaciones ilegales esta "la tardía reacción normativa y el consentimiento durante tanto tiempo de una situación de hecho" por parte de las administraciones competentes. "La indisciplina urbanística generalizada y la falta de efectividad de la actuación administrativa no debe llevar a una criminalización de todas las infracciones administrativas, debiendo limitarse el papel del derecho penal a aquellas que si reúnen un contenido de gravedad suficiente".
La delegada de de Cultura, Mercedes Mudarra, manifestó ayer su "respeto" a la sentencia, aunque lamentó que ya haya habido pronunciamientos judiciales similares anteriormente. "Sólo nos queda actuar por la vía administrativa para proteger la legalidad vigente", añadió. Por su parte, el magistrado interpreta en la sentencia que la infracción descrita sí puede ser de "naturaleza administrativa" y que incluso puede llegarse a la "demolición de la obra".
Desde hace años, los fiscales andaluces de Medio Ambiente y Urbanismo reclaman a los jueces más contundencia con respecto a las construcciones ilegales. Ya en la memoria de 2004 de esta Fiscalía especializada se alertaba de que las absoluciones podían conducir a un "vacío de la norma penal".
El artículo 319 del Código Penal establece penas de entre dos seis meses y tres años de cárcel para quien construya ilegalmente en zonas con especial protección y de entre seis meses y dos años para quien lo haga en terreno no urbanizable.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 08/12/2007
Foto: Cordoba, área viviendas ilegales - abc.es
Los ciudadanos creen que los partidos son la institución más cercana a la corrupción
20MINUTOS/EFE* : Los partidos políticos, el sector privado y los medios de comunicación son considerados por los ciudadanos españoles las instituciones más corruptas, en oposición al Ejército y los sistemas educativo y sanitario, según el Barómetro Global de la Corrupción 2007 elaborado por Transparencia Internacional. Los partidos siguen siendo la institución más cercana a la corrupción, con una valoración de 3,9 de un máximo de 5, lo que supone un 62% de los encuestados.
Por su parte, la visión del Parlamento se encuentra en una situación neutra, con "una cierta mejora" del 3,3 al 3,1, un 34% del total. El sector privado y el mundo de los negocios ha recibido un 3,6 de valoración, -un 54% de los españoles-, seguido del 3,4 (un 45%) de los medios de comunicación.
En contraste con otros países recogidos en el informe global, presentado el miércoles en Berlín, en España sólo uno de cada cuatro entrevistados considera a la policía como corrupta, frente a "algunos países de Latinoamérica, donde la situación es la inversa".
Crecen los sobornos
Asimismo, ningún español reconoce que le hayan solicitado sobornos en el sistema educativo ni sanitario, en los servicios de gas o de agua ni en la policía, con porcentajes del 0 por ciento y, en consecuencia, tampoco se reconoce haber pagado sobornos en esos ámbitos.
El 2% "sí reconoce haber solicitado y pagado sobornos en el sector judicial" y en el de permisos y licencias y, sin embargo, otro 2% admite la oferta, aunque el porcentaje de haberla pagado asciende a un 3%. Otro dato curioso revelado por el informe es que el 5% reconoce haber recibido sobornos en el ámbito de la telefonía.
En general, los españoles mantienen una "visión muy pesimista" en el terreno de la corrupción, ya que el 51% considera que la situación va a empeorar en los próximos tres años.
El informe es fruto de una encuesta elaborada por Gallup a más de 60.000 personas de 60 países.
* 20 Minutos - 07.12.2007
Viñeta de Nerja - Especula en Acción
El Manhattan de Cullera computa hasta el agua del puerto para edificar 111 pisos por hectárea
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LEVANTE-EMV/Valencia* : El Manhattan de Cullera que promueve el ayuntamiento de esta localidad junto a la desembocadura del Xúquer podría alcanzar densidades de hasta 111 viviendas por hectárea. Traducido a una medida más conocida se trata de una densidad media para pisos de 90 metros cuadrados. Según la documentación técnica del plan parcial del sector SUNP-NPR5 Vega Puerto (el nombre técnico del Manhattan también conocido por Bega Port) el objetivo era construir 80 viviendas por hectárea.
Esta densidad ya superaba el límite de 75 viviendas por hectárea establecido en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que ya está derogada pero sigue aplicándose con respiración asistida a los proyectos iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, como el Manhattan de Cullera.
Sin embargo, como adelantó este periódico al iniciarse la tramitación del plan parcial, el dato de las 80 viviendas por hectárea no concuerda ni con las 4.883 viviendas proyectadas ni con la superficie computable del sector (441.015,19 m2 o 44,1 hectáreas).
Según urbanistas consultados por este periódico, la normativa establece que las viviendas proyectadas (4.883) se dividan entre la superficie computable (44,1 hectáreas, el área que realmente se va a construir), lo que en el caso del Manhattan arroja una cifra de 111 viviendas por hectárea (Ha).
La cifra de 80 pisos por hectárea sólo cuadra si se dividen las 4.883 viviendas por el total de la superficie del sector (61 hectáreas) que incluye hasta la lámina de agua del puerto deportivo que no ejecutarán los promotores del plan sino que correrá a cargo de la Generalitat. No obstante, el límite de 75 viviendas por hectárea desapareció con la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Cabe recordar que el diseño urbanístico del Manhattan del Xúquer aprobado ahora, con las 35 torres de entre 25 y 40 plantas, corrió a cargo del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa). El Ayuntamiento de Cullera y el Ivvsa firmaron un acuerdo en diciembre de 2003 por el que el instituto aceptaba encargarse de la redacción, seguimiento y control de los instrumentos
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 07 de diciembre de 2007
Foto: Cullera (Valencia), maqueta del Manhattan del Xúquer - Vicent Pastor (levante-emv.com)
Loeches: Casas con vistas a la alta tensión
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ELPAÍS/Madrid* : La legislación española prohíbe colocar instalaciones eléctricas en zonas de viviendas. Sin embargo, no dice nada si el caso es el contrario, como sucede aquí. La subestación se construyó en 1988. No había nada alrededor. Después, al otro lado de la carretera se levantó el colegio Mont-fort, una mala decisión, según los expertos.
Las constructoras Almenara y Larvin, que tienen previsto entregar los pisos en 2010, no mencionan la peculiar ubicación de las viviendas en sus folletos publicitarios ni en su página web. De hecho, en la página de Almenara se incluye un mapa de situación en el que se ha borrado de un plumazo la subestación. Una infraestructura que no es cualquier cosa. Se trata de una de las seis subestaciones de transporte de energía eléctrica que conforman el anillo principal de alimentación a Madrid. Los más de un millón de personas que viven en el este de Madrid, incluyendo los distritos de Vallecas y Vicálvaro, dependen de ella.
Además, está unida a la red mallada peninsular (tiene ocho circuitos de 200 kilovatios y cuatro de 400 kilovatios, la máxima tensión). Es considerada "esencial" para el suministro de la Península. Pero en la promotora lo minimizan. La instalación "queda lejos de los pisos", dicen, y agregan: "A unos 400 metros". Aunque reconocen que se ve desde las viviendas. Pero porque "los edificios son altos".
"Luego crearán asociaciones y dirán que da cáncer", dicen fuentes cercanas a Red Eléctrica Española.
Desde la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente se recuerda que es un plan parcial, aprobado en 2005, que "cuenta con todos los informes positivos de los departamentos, que se elaboran con criterios objetivos, como por ejemplo los metros que debe haber en el pasillo eléctrico, que es la distancia con las torretas". También debe contar con un visto bueno del Ministerio de Industria. La Comunidad no descarta investigar a la promotora.
Unos criterios que no causan problemas a Almenara porque, ya se sabe: "Están soterrando las torretas".A la izquierda de donde se ubicarán las viviendas, las bobinas se enroscan mientras las enormes torres con cables de acero chispeante vigilan la carretera que une Loeches con Velilla de San Antonio. Ochenta pisos con vistas, a algo más de 30 kilómetros de Madrid y desde 252.000 euros. La subestación de red eléctrica más importante para el suministro de la capital, el cruce de cables de alta tensión más denso de la región, es el paisaje contiguo a las obras de construcción de una urbanización, Valdepozuelo, en el pequeño pueblo de Loeches (5.000 habitantes). Eso sí, con jacuzzi y piscina.
¿Y las torretas que jalonan la urbanización? "De eso no se preocupe, porque las están soterrando", dice la operadora que da información de Almenara desde una caseta pegada a la instalación. Mentira. En España, recuerdan los expertos, casi no hay alta tensión soterrada, excepto algún caso como en la T-4 de Barajas, que costó más de un millón de euros. Es una obra colosal que incluye hacer una zanja del tamaño de una autopista de cuatro carriles.
Una situación "absurda", según los expertos, que se debe a una recalificación del Ayuntamiento de este pequeño pueblo del sureste de la región con la aquiescencia del Gobierno regional. Los terrenos que rodeaban a la subestación eran propiedad de Red Eléctrica Española, que los compró en previsión "del urbanismo acechante". Pero el Consistorio de Loeches, en aras del "urbanismo acechante", le ha arrebatado esos 50.000 metros cuadrados mediante la fórmula de compensación. Una decisión recurrida por la compañía, que está a la espera de fallo. Las entidades demandadas por la empresa son la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Loeches y Valdemera Agropecuaria, adjudicatarias de las obras. El plan parcial se llama SAU4, y la urbanización será bautizada como Valdepozuelo.
* ELPAIS.com - DANIEL BORASTEROS - Madrid - 07/12/2007
Foto: Loeches (Madrid), ayuntamiento - pueblos-espana.org
El Puerto: Nuevas construcciones ilegales en terrenos forestales protegidos
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ECOLOGISTASENACCIÓN/ElPuerto de Sta.María* : Parece que hay personas que no quieren entender las graves consecuencias de promover constructores ilegales; quizás porque esas graves consecuencias, que no se ven por ningún lado. Según la normativa urbanística la administraciones públicas, en este caso los Ayuntamientos, tienen la obligación de paralizar cualquier construcción ilegal y ordenar su demolición, imponiendo mensualmente multas coercitivas del 10% del valor de lo ilegalmente construido hasta que se proceda a su demolición.
Pues bien, a pesar de las manifestaciones de los máximos responsables municipales de que no se tolerarán más construcciones ilegales, éstas siguen proliferando por todo el término municipal. La última es un chalet en el Pinar del Obispo, suelo declarado en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo no urbanizable de especial protección por su interés forestal. El PGMO prescribe (art. 12.4.49) que al estar esta parcelación poco consolidada “en un zona de elevado valor natural, se considera conveniente plantear una recuperación del medio natural original”.
El Plan determina que “Se procederá a la demolición del total de las edificaciones, cercas y vallados, y a la destrucción de viarios internos de la parcelación con el fin de regenerar el medio original”. Para ello era preceptivo la redacción y aprobación de un “Plan Especial de Regeneración del Medio Físico”.
Pues bien, el Ayuntamiento no ha redactado, ni tramitado ni aprobado dicho Plan Especial, ni ha iniciado expediente alguno de demolición de edificaciones, ni de destrucción de vallado y viarios. Muy al contrario, en las últimos años se han seguido construyendo chalets de lujo en este bosque protegido sin que la anterior corporación ni paralizara las obras, no las sancionara ni demoliera absolutamente nada.
En abril de 2005 Ecologistas en Acción denunció estos hechos al entonces alcalde Hernán Díaz, interponiendo “ACCION PUBLICA URBANISTICA para la protección de la legalidad urbanística por la ejecución de obras consistente en PARCELACIONES Y CONSTRUCCIONES que se han realizado en el paraje denominado PINAR DEL OBISPO”. Hasta le fecha, ni se nos contestó. Por ello, en octubre del año pasado incluimos estas parcelaciones y construcciones ilegales en la macrodenuncia que presentamos en la Fiscalía, que posteriormente la Fiscalía apoyó y la remitió al Juzgado nº 3 de El Puerto, que actualmente instruye diligencias por estos hechos, que están tipificados en el Código Penal como delito contra la ordenación del territorio.
Ecologistas en Acción exige la inmediata paralización de estas obras, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores y de protección de la legalidad que conlleve a la demolición de todos los chalets construidos en este bosque protegido. Así mismo, pondremos en conocimiento del Juzgado estos hechos para ampliar la denuncia contra los constructores ilegales y contra los responsables municipales que han amparado esta urbanización ilegal.
* Ecologistas en Acción - El Puerto de Santa María 6 de diciembre
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), construcción ilegal Pinar Obispo - ecologistasenaccion.org
