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Vidal Coy.- El Confidencial* : "El Gobierno de Murcia (PP), con la aquiescencia e incluso la complicidad del PSOE, continúa su marcha imparable para urbanizar la costa virgen del sur de la Región, urbanizar antiguos espacios naturales protegidos y contribuir a ese mismo esquema que se está realizando en la zona limítrofe del norte de Almería, en municipios gobernados por socialistas y populares.
De cara a Semana Santa, ha quedado definitivamente abierta al tráfico la autopista de peaje de Cartagena (Murcia) a Vera (Almería), piedra angular sobre la que se asienta el desarrollismo a ultranza del sur de la provincia de Murcia y del norte de la de Almería, con decenas de miles de nuevas viviendas y por lo menos una docena de nuevos campos de golf.
De esa política desarrollista iniciada por el PP murciano con su nueva ley del suelo de 2001, que desprotegía unas 14.000 hectáreas, participa no sólo el PSOE almeriense -gobernante en algunos de los municipios de esa provincia andaluza con ingentes desarrollos urbanísticos (Cuevas de Almazora, Albox, Turre, Pulpí, Huércal Overa, Vera, etcétera)-, sino también el PSOE estatal, que decidió no rescatar la concesión de la autopista Cartagena-Vera cuando pudo hacerlo, a finales de 2004.
Los tiempos han cambiado en sólo tres años y, por eso, la apertura de los 90 kilómetros de peaje entre Cartagena y Vera —construidos por la UTE de FCC Construcción y Ploder— ha estado rodeada de confusión y se ha hecho casi ‘de tapadillo’.
Durante toda la semana pasada circularon versiones contradictorias sobre si la autopista se podría abrir finalmente el Viernes de Dolores y, finalmente, acabó abriéndose por sorpresa el jueves 29 de marzo, sin acto de inauguración oficial, sin corte de cinta… y sin la presencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de viaje en China.
Antes de las elecciones del 14-M, el PSOE prometió rescatar la concesión de esa autopista por ser innecesaria (discurre apenas a 20 kilómetros en paralelo a la autovía libre A-7) y causar grandes impactos ambientales directos e indirectos. El PSOE ganó en el Estado y meses después su portavoz en la Asamblea Regional murciana, Teresa Rosique, justificó que no se cumpliera lo prometido por ser “demasiado caro”. O sea que de lo dicho, nada de nada.
Apenas abierta la autopista, el Consorcio de Marina de Cope (Águilas), formado por el Gobierno murciano (PP) y los ayuntamientos de Águilas (PP) y Lorca (PSOE), anunció el domingo a través del diario La Verdad su proyecto de crear un ‘Nuevo Cancún’ en la zona Marina de Cope —desprotegida por la ley del Suelo de 2001—, que dejará pequeño al famoso Marina D’Or castellonense, con una superficie de 21 millones de metros cuadrados, 9.000 viviendas, veintidós hoteles, cinco campos de golf, una marina interior de dos mil amarres, todo ello con una inversión prevista de 4.000 millones de euros y la creación de 3.000 empleos.
Pulso Sacyr-Acciona por el nuevo aeropuerto
El Gobierno murciano seguirá adelante con esos planes urbanísticos, a pesar de que la desprotección de parajes naturales en la costa virgen de la Región que ejecutó a partir de 2001 está recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional.
Las grandes constructoras estatales están sin duda al acecho, entre otras cosas porque ya participan en los grandes desarrollos. Un día antes de la apertura de la autopista Cartagena-Vera, el Gobierno murciano adjudicó la construcción de un nuevo aeropuerto regional entre Cartagena y Murcia al consorcio AEROMUR liderado con el 60% por Sacyr-Vallehermoso, dirigida por el murciano Luis del Rivero, al que acompañan Cajamurcia, CAM, y otras grandes empresas regionales, cada una con el 6,67%.
En la adjudicación del aeropuerto puede haber también problemas porque el segundo grupo competidor (consorcio Juan de la Cierva, dirigido por Acciona) ha mostrado a través de uno de sus componentes locales (Resort 3 Molinos) su disconformidad con el procedimiento de evaluación de ofertas.
*El Confidencial - Martes, 03 de abril de 2007
Foto: Cope (Murcia) / tierraylibertad
Murcia tendrá su particular Marina D’Or con 9.000 viviendas, veintidós hoteles y cinco campos de golf
Corrupción urbanística
CarlosMARTÍNEZ-BUJÁN.- ELPAÍS. Galicia* : "De un tiempo a esta parte no pasa una semana sin que surja un nuevo municipio gallego asociado a la denominada corrupción urbanística, fenómeno que ofrece una doble vertiente: de un lado, se sitúan aquellos promotores y constructores que se benefician de una decisión administrativa; de otro lado, los funcionarios que dictan las correspondientes resoluciones ilícitas.
Es posible que la conselleira de Política Territorial tenga razón, al afirmar que los casos de corrupción urbanística en Galicia son "aislados" y que hay que desvincular el sector urbanístico de la corrupción. No obstante, conviene precisar el sentido de esta afirmación, dado que el concepto de corrupción urbanística puede ser concebido desde diferentes puntos de vista.
Si acogemos su significado más estricto y riguroso, sólo cabría hablar de corrupción allí donde la actividad urbanística ha dado lugar a un delito de cohecho (soborno) o, como mucho, a un delito de tráfico de influencias. El cohecho es el delito que castiga tanto el caso de que un particular ofrezca dinero u otras dádivas para intentar corromper a un funcionario público como el caso en que sea éste quien las solicite o reciba. Por lo que alcanzo a ver, entre los casos recientemente conocidos, únicamente en el caso de Gondomar cabría hablar, presuntamente, de una corrupción de esta índole.
El tráfico de influencias es en cierto modo un sucedáneo del cohecho, cuando no se puede probar el ofrecimiento de una contraprestación económica, y también puede ser cometido tanto por un funcionario, cuando influye en otro funcionario, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo, como por un particular, cuando influye en un funcionario, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario, siempre que se actúe con el fin de conseguir una resolución que les pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero. Tampoco es éste un delito frecuentemente aplicado por nuestros tribunales, y en el actual panorama gallego únicamente cabría mencionar las denuncias en los municipios de Nigrán y Narón.
Existe, sin embargo, un concepto más amplio de corrupción urbanística, que englobaría todos aquellos casos en que, sin concurrir un soborno o un tráfico de influencias, se han realizado otros delitos conectados de alguna manera a la actividad urbanística.
Entre ellos, figuran ante todo, por su vinculación directa, los llamados delitos sobre la ordenación del territorio, que, en esencia, ofrecen asimismo una doble vertiente: por una parte, la conducta de los promotores, constructores o técnicos directores que construyan edificaciones no autorizables en suelos no urbanizables; por otra parte, la de los funcionarios que concedan -o informen favorablemente- proyectos de edificación o licencias ilegales (prevaricaciones urbanísticas). Aquí el abanico de posibles infracciones se abre ya notablemente y se pueden citar casos como el de Cabanas, con una sentencia condenatoria, u otros que están siendo investigados por la fiscalía.
A estos delitos cabría añadir otros conexos, como algunos delitos contra la Administración pública, que pueden estar relacionados con la actividad urbanística, como sucede con las negociaciones prohibidas a los funcionarios o con la violación de secretos o información reservada por parte de un funcionario y su consiguiente aprovechamiento por un particular, que han dado lugar también a denuncias, como el caso de Porto do Son.
Finalmente existe un concepto mucho más amplio todavía de corrupción urbanística, que se sitúa al margen del Derecho penal, pero que reviste un interés indudable. Así en la Ciencia política se entiende que existe corrupción siempre que se sacrifica el interés público en beneficio privado, concepto de gran relevancia, sobre todo cuando se reconocen las insuficiencias del Derecho penal en este ámbito y se propone incluir en el Código penal (como personalmente creo correcto) algunas formas de este tipo de corrupción.
*ELPAIS.com - 02/04/2007
El TSJC anula el Plan de El Cuco por su impacto brutal sobre el paisaje
ConsueloDeLaPEÑA.- El Diario Montañés* : "La construcción de 395 viviendas en el Alto del Cuco supone un impacto brutal en el paisaje, que vulnera la Ley del Suelo de Cantabria. No en vano ha trasformado la ladera sur del monte a base de grandes desmontes y taludes. Así de contundente es la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que ha anulado el Plan Parcial del sector 2 de Piélagos, donde la empresa Fadesa está construyendo a marchas forzadas dichas edificaciones, cuya mayor parte, si no su totalidad, están vendidas.
La Sala de lo Contencioso Administrativo estima así el recurso promovido por la asociación ecologista ARCA, que impugnó el acuerdo adoptado en marzo de 2004 por el pleno del Ayuntamiento de Piélagos, que preside Jesús Ángel Pacheco (PP). Tras una instrucción complicada, debido a los numerosos informes periciales y documentales aportados por las partes (técnicos municipales, peritos de la constructora Fadesa, de la asociación ecologista, de la Comisión Regional de Urbanismo, de la Consejería de Medio Ambiente, y de los propios peritos designados por el tribunal), la Sala ha llegado a la conclusión de que esta macrourbanización supone una «quiebra» del paisaje, cuya subsanación es, además, imposible.
«La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplaza la urbanización), que forma parte del entorno paisajístico de los montes de Liencres, y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en aquél 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural existente antes de la aprobación del Plan parcial, convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano... al que se llega tras una actuación traumática», concluye la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Teresa Marijuán.
No obstante, la sentencia, que ocupa 105 folios y se hizo pública ayer, no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Es más que probable que tanto el Ayuntamiento como la constructora acudan a este tribunal. De ser así, las obras continuarán. Sólo en el caso de que el Supremo ratifique la sentencia del TSJC se procederá a su ejecución, que supondrá en la práctica la demolición de lo ilegalmente construido y la responsabilidad patrimonial de la administración municipal, que tendrá que hacer frente a las indemnizaciones.
'Dentellada'
La sentencia determina que el impacto paisajístico más grave es la alteración de la topografía del Monte Picota, donde se han encajado 395 viviendas a costa de realizar desmontes y taludes escalonados, generándose desniveles de hasta 16 metros, y muros de contención de tierras casi verticales con una altura muy superior a un metro. Los movimientos de tierras (312.00 metros cúbicos) y roca (305.000 metros cúbicos) han supuesto, a juicio de la Sala, una «dentellada» al Monte Picota que le «ha desfigurado» completamente.
Pero además existen otras infracciones en Plan Parcial. Así, se construyen calles con pendientes medias del 8%, que en algunos casos llegan al 25%, cuando la ley autonómica sobre barreras arquitectónicas prohíbe en Cantabria que las rampas de peatones superen el 6% de inclinación; las pendientes de los espacios verdes dedicados a parques y jardines oscilan entre un 6 hasta un 10%, llegando alcanzar en la zona central el 40%; ubica las áreas de recreo y espacios infantiles en zonas con pendientes de entre 24 y el 33%, de modo que su utilidad es «nula o muy reducida» y no reserva la cantidad de suelo mínima exigida para equipamientos públicos.
*El Diario Montañés - Martes, 3 de abril de 2007
Foto: La urbanización está prácticamente terminada. / SANE (El Diario Montañés)
