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LEVANTE* : Cincuenta y dos municipios de la Comunitat Valenciana, de menos de 50.000 habitantes, han aprobado provisionalmente conciertos previos o planes generales en los que proponen la construcción de 718.106 nuevas viviendas en los próximos años. La pelota está ahora en el tejado de la Conselleria de Urbanismo que debe decidir si da vía libre a este crecimiento urbanístico que supondría multiplicar por cuatro el suelo residencial que tienen estos municipios (de 92 millones de metros cuadrados de suelo previsto en sus planes generales pasarían a 272 millones de metros cuadrados de suelo urbano).
A esta futura oferta inmobiliaria valenciana cabe añadir los 33 planes generales aprobados entre 2006 y septiembre de 2008 aprobados definitivamente para construir 49.734 nuevas viviendas.
Estas cifras de vértigo e inéditas hasta ahora las revelaba esta semana el catedrático de Geografía de la Universitat de València, Eugenio Burriel, en las jornadas sobre la Estrategia y la planificación Territorial de la Comunitat Valenciana organizada por la Agrupación de Arquitectos Urbanistas. Y la suma de las viviendas proyectadas (elaborada por Burriel con la información proporcionada por los propios ayuntamientos) podría ser mucho más elevada porque faltan en este cómputo 34 municipios que no quisieron responder a la petición de información. La vorágine se incrementa al entrar en detalles. Sólo en el litoral de la Plana Alta 7 municipios promueven 108.000 viviendas y 9 campos de golf.
Una fría estadística que condujo en el debate a preguntas sin respuesta. "¿Quién hace la suma de todas las viviendas que se quieren construir en la Comunitat Valenciana?", se preguntó Burriel. ¿Son realmente necesarias tantas, cuando existen un depósito de 130.000 viviendas sin vender? "El territorio valenciano se ha ordenado a partir de la suma de planes municipales y sin un plan regional como modelo. ¿Será posible un cambio cuando se ha llegado tan lejos?", interrogó el catedrático. Los datos revelan la filosofía neodesarrollista instalada en la mentalidad de muchos gestores municipales valencianos. "El progreso está ahí y no lo podemos parar", se dijo en un pleno de Cullera para defender un megaproyecto. "Aquí, quien no hace un PAI está muerto", admitía un alcalde en privado.
* Levante - L. BALLESTER BENEYTO - 7.06.09
Foto: Vista aérea de El Puig, con el monasterio al fondo a la izquierda. - mrw-fotografía aérea, levante.com
C.Valenciana: 52 ayuntamientos aspiran a construir 718.106 viviendas
Ecologistas llevan al juez el mayor proyecto urbanístico de Eibar
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ELPAÍS/Guipúzcoa* : El grupo ecologista Bizirik ha presentado una denuncia por prevaricación y un delito medioambiental contra el Ayuntamiento de Eibar por las obras de urbanización sobre el cauce de un río que atraviesa la localidad. La demanda, presentada la pasada semana en los juzgados de dicha localidad, señala que el proyecto urbanístico, el principal de la localidad, incumple el plan de ordenación de márgenes y ríos y arroyos del País Vasco y el plan de prevención de inundaciones.
La urbanización fue aprobada por el consistorio en 2006 para construir cerca de 200 viviendas, un gran centro comercial y una plaza. El citado grupo ecologista, que en 2004 ya formuló alegaciones al plan urbanístico de esta zona, elevó el asunto en 2006 a la Fiscalía de Medio Ambiente de Guipúzcoa. Desde entonces no ha recibido ninguna respuesta.
Al iniciarse a finales del pasado mayo los trabajos de cubrimiento de 117 metros del río Ego, donde se ubicará la plaza, los ecologistas decidieron presentar la denuncia. En ella, aseguran que se incumplen las condiciones del plan urbanístico para esta zona al no garantizarse la normativa del Gobierno sobre inundabilidad y regeneración ambiental del río.
La denuncia cita además el incumplimiento del plan de ordenación de márgenes de ríos y arroyos del Ejecutivo autónomo, aprobado en 1992, que establece que "con carácter general se evitarán encauzamientos abiertos". Agrega que esta consideración también se incluye en los planes hidrológicos para la cuenca norte, aprobados en el año 1998.
El plan de ordenación de ríos y arroyos sí permite estos encauzamientos en situaciones "inevitables", como infraestructuras en cabeceras de cuenca en áreas de intensa urbanización y con un estudio hidráulico justificativo. "No se dan ninguna de las dos circunstancias de inevitabilidad", resalta la demanda.
Los ecologistas critican especialmente que el cubrimiento del río se realiza para construir una plaza "al servicio de un centro comercial". Aportan un informe de la Dirección de Aguas de 2002, que señalaba que "sobre el cauce sólo puedan construirse puentes o pasarelas de paso debidamente justificados".
La demanda considera que se incumple también el Plan Integral de Inundaciones del Gobierno vasco, ya que esa zona es inundable. "El mantenimiento parcial de la cubrición debe requerir un estudio hidrológico que justifique que no se aumenta la inundabilidad de la zona y de los otros márgenes", apuntan.
Los ecologistas afirman que, para evitar cualquier riesgo, el río debería discurrir totalmente descubierto. "En todo caso no nos consta la existencia del citado estudio hidráulico exigido por la Dirección de Aguas", apaostillan en señalan.
Ante ello, el grupo denunciante pide que el juzgado solicite a la Universidad del País Vasco (UPV) un informe pericial independiente sobre los perjuicios de las obras para el río. Los ecologistas plantean que para "evitar daños irreparables sobre los ecosistemas del río", se dicte la suspensión cautelar de los trabajos de cubrimiento.
El Ayuntamiento de Eibar, gobernado por el PSE, ha asegurado que las obras tienen todos los avales de legalidad, ya que han sido aprobadas por el Gobierno vasco y la Diputación de Guipúzcoa. "Este proyecto se ha mirado con lupa", afirma.
Los trabajos se desarrollan en los terrenos donde se ubicó la fábrica Alfa y suponen el proyecto urbanístico más ambicioso en marcha en la localidad guipuizcoana. Además de los casi 200 pisos, el centro comercial cuenta con 20.000 metros cuadrados y un aparcamiento de más de 700 plazas. Su apertura está prevista para finales de este año. El área urbanizada supera los 16.000 metros cuadrados.
Un plan contra las riadas
El Plan Integral de Prevención de Inundaciones, cuyo incumplimiento ha sido denunciado en Eibar, fue elaborado en 1993 para todos los municipios vascos tras las catastróficas riadas de 1983. El documento ha servido para orientar las actuaciones junto a los cauces y establecer las condiciones de autorizaciones de obras privadas o de otras administraciones. Se ha tratado de evitar las colonizaciones urbanísticas en áreas de riesgo. Hace tres años, el Gobierno vasco tenía registradas una treintena de zonas de alto riesgo de inundaciones, entre ellas alguna en Eibar.
Este plan ha supuesto en ocasiones fricciones con los ayuntamientos que veían rechazados sus proyectos urbanísticos. El documento se revisó en 2006 y desde enero de 2008 se encuentra en fase de alegaciones, dentro del plan sectorial de ordenación de cauces y arroyos.
También ha habido cambios polémicos, como el registrado en Lezama, donde la Dirección de Aguas del anterior Gobierno modificó en cuatro días el plan de prevención de inundaciones para rebajar la zona protegida y permitir así la construcción de 243 nuevas viviendas. El cambio era inusual y se basó en un informe del propio Ayuntamiento "analizado con premura", aunque Aguas ha afirmado que la modificación resultaba "incuestionable" y venía avalada por cuatro ingenieros.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 07/06/2009
Foto: Eibar (Guipúzcoa) - wikipedia.org
El desastre es absoluto
XORNALGALICIA* : Apostar como país por el sector de la construcción como motor básico ha sido una política desastrosa económicamente y ha tenido consecuencias gravísimas en nuestro territorio. Con el agravante de que el turismo instruido, que suele coincidir con la capacidad adquisitiva, se da cuenta de que España ya no tiene interés porque hemos degradado los paisajes. (Joan Nogué Font).
El 21 de Mayo el Colegio de Arquitectos de Vigo ha invitado a Joan Nogué Font - Director del Observatorio del Paisaje de Cataluña a dar una conferencia en la ciudad sobre la necesidad de respetar el paisaje.(Joan Nogué Font::"Las autonomías no han planificado el territorio en los últimos 20 años")
Partiendo de que detrás de todo edificio hay un arquitecto y, por tanto, de todo edificio ilegal, también; su complicidad constituye una sospecha. Porque, sin proyecto no hay obra, y, sin obra, no hay ilegalidad. Por tanto, resultan colaboradores necesarios en la comisión de una irregularidad o un delito urbanístico. Es obvio que los arquitectos deben cumplir la ley; porque, además, si no lo hicieran, ¿qué defenderían?
Pero lo que resulta realmente llamativo es que el Colegio de Arquitectos, que visa los proyectos de sus asociados, vela -o debería velar- por la calidad de los mismos y, se supone, por su legalidad, ha dado su conformidad a la construcción de edificios en Vigo que violan la ley. Habría que preguntarles desde que perspectiva ven ellos dichos edificios.
El caso del Piricoto en la colina de Castrelos es ilustrativo, no sólo de lo fácil que es cometer una ilegalidad urbanística y lo difícil que es impedirla o reponer la legalidad, sino de la credibilidad de los arquitectos y, en concreto, del Colegio de Vigo -que se supone que visó dicho proyecto- a la hora de opinar, decidir o juzgar sobre el urbanismo en Vigo. Porque son juez y parte, porque es su negocio y porque sus obras -que no pasan desapercibidas- les acusan mientras se resistan a la piqueta.
Su participación en la Comisión Sectorial de Urbanismo del concello de Vigo, comisión que no impidió que el nuevo PXOM avanzara hacia la nada, plantea de nuevo la pregunta: ¿qué defienden?
Su presidente actual, Sr. Fraga, representa al COAG de Vigo en dicha comisión y, firma el proyecto de la Plaza de España: Un proyecto alquímico.
Para rizar el rizo, el alcalde actual del Concello de Vigo, Sr. Caballero, pide a los propios arquitectos un proyecto para recuperar la legalidad en Castrelos. Es decir, los arquitectos contribuyen a cometer una ilegalidad, cobran por ello, y ahora van a cobrar de nuevo por realizar un royecto para que esa ilegalidad deje de serlo. Además se ha producido un cambio sustancial:
hemos pasado de tener un paisaje/patrimonio y la obligación del menor impacto de una construcción sobre el mismo, a tener una construcción y el derecho al menor impacto (del paisaje/patrimonio) sobre la propia construcción. Algo está esencialmente invertido.
Nada sería así si PSOE, BNG y PP no actuaran desde el concello -alcaldía, área de urbanismo y gobierno y pleno- contra la ley y los derechos de sus ciudadanos. Desde el gobierno, esos tres partidos parecen ver el paisaje desde la misma perspectiva que los arquitectos, promotores y constructores: su propio beneficio. Su objetivo no es construir la ciudad sino hacer negocio.
Esta actitud interesada y anticonstitucional tiene para el concello y el pueblo de Vigo un alto coste: años perdidos y miles de euros malgastados. Frente a una irresponsable y perversa gestión de los recursos, los ciudadanos se ven obligados a actuar empleando su tiempo y su dinero para defender sus derechos y hasta la propia democracia. Si no cambiamos el rumbo, cualquiera de esos tres partidos que esté en el gobierno no llevará al concello de Vigo a ningún otro destino que no sea cometer más ilegalidades y empobrecer el propio municipio.
Hoy la ciudad de Vigo es un monstruo de cuatro cabezas: económico-político-empresarialprofesional. Un monstruo tan voraz que incluso se devora a sí mismo. La especulación política y urbanística ha multiplicado la sobreexplotación y producido más ensuciamiento. La
sobreexplotación del paisaje (su riqueza y biodiversidad) conduce al desierto, y el ensuciamiento del paisaje a la desnutrición espiritual. Ira y codicia unidas para destruir la vida y agotar la tierra.
Capas de arena y cemento para encorsetar la naturaleza, y construir pantallas para ocultar lo que aman y en las que proyectar sus neurosis.
Muchas capas habrá tenido que retirar el Sr. Nogué, de Castrelos, de la ciudad y del propio PXOM, para poder descubrir el paisaje de Vigo, pero también de los cerebros de quienes lo han hecho posible.
Alternativa Veciñal Vigo
* Xornal Galicia - Opinión - 6.06.09
Foto: xornalgalicia.com
El juez anula la licencia de 500 pisos y una telecabina en Vaquèira
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ELPERIÓDICO/Lleida* : Es, posiblemente, el proyecto urbanístico más controvertido del Pirineo. Por su ubicación, por el impacto que ha tenido sobre el entorno natural y las viviendas vecinas y por los precios que los pisos han alcanzado en el mercado, comparables a los del centro de Barcelona --a razón de 7.500 euros por metro cuadrado. Ahora, además, el complejo de Vall de Ruda, una macrourbanización situada al pie de las pistas de Vaquèira Beret, con 500 casas, 1.800 plazas hoteleras y un aparcamiento con capacidad para más de 1.500 vehículos, resulta ser ilegal.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado la licencia que el Ayuntamiento de Naut Aran le concedió en abril del 2004.
Fuentes del Conselh Generau d'Aran interpretan que ahora podría abrirse un proceso de legalización que evite la demolición. No obstante, las mismas fuentes indicaron a este diario que no sería la primera vez que fueran derribadas viviendas en el Vall d'Aran por orden judicial.
Los jueces estiman que el permiso del consistorio se fundamenta en un proyecto técnico donde los espacios reservados para usos colectivos no se corresponden con lo previsto en las normas subsidiarias que regían en ese momento en el municipio. Además, la telecabina que desde el invierno pasado conecta la zona residencial de Ruda con la estación de esquí, se construyó "bajo la artificiosidad de otorgar una licencia limitada a vivienda y aparcamiento", según reza la sentencia.
PÁRQUING INVIABLE
Finalmente, el tribunal considera que "no se observa ninguna garantía o previsión que justifique la viabilidad de aparcamientos al servicio de la estación", a pesar del gran volumen de tráfico que se genera en la zona en algunos momentos de la temporada. Por todo ello, según publicó ayer el diario Segre, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC opta, en una sentencia firme y contra la que ya no cabe recurso, por la anulación de la licencia municipal, que "sin duda hubiera tenido que ser denegada" por el propio ayuntamiento.
LARGA BATALLA
El fallo judicial da la razón a los dueños de otras viviendas de la zona, agrupados en la comunidad de propietarios Port de la Bonaigua, que han liderado una larga batalla judicial contra la promotora de la urbanización de Ruda, Neu 1.500 SL, y contra Vaquèira Beret. Desde el inicio del proceso en el 2004, el Ayuntamiento de Naut Aran, gobernado por Convergència Democràtica Aranesa (CDA), ha efectuado diversos cambios en la normativa urbanística con el propósito de facilitar la legalización del macrocomplejo.
* El Periódico - MARIA JESÚS IBÁÑEZ - 7.06.09
Foto: La telecabina de la urbanización de Vall de Ruda, en Vaquèira, en junio del año pasado. - ARCHIVO / RAMON GABRIEL, elperiodico.com
