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LAVERDAD/Murcia* : En el recurso se indica que en los hechos denunciados "hay causa para considerarlos como un claro delito de prevaricación y fraude", en temas como falta de ordenación de los polígonos de La Manga, consideración de aprovechamiento urbanístico para terrenos de Dominio Público, incumplimiento de los linderos o utilización de vía pública.
La Audiencia Provincial ha reabierto las causas relativas a la urbanización Las Brisas y a Veneziola, a raíz de los recursos de apelación presentados contra el ex alcalde de San Javier, José Hernández, del PP, y funcionarios municipales, por presuntos delitos de prevaricación y fraude urbanístico.
Fuentes judiciales informaron hoy de que ambas denuncias fueron archivadas por la titular del juzgado de instrucción número 4 de San Javier en 2007.
Las causas, cerradas por dos veces por la jueza, han sido reabiertas a raíz del recurso de apelación presentado por los denunciantes particulares afectados por ambos casos en el que se pedía la revocación del auto de sobreseimiento, a los que se ha adherido el Ministerio Fiscal.
A principios de Febrero de 2008, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, acordó revocar el sobreseimiento así como remitirlos al juzgado número 4 de San Javier, para que continúe la instrucción de otras diligencias "que puedan ser útiles para el esclarecimiento de los hechos, teniendo en cuenta que están en juego relevantes intereses públicos".
Tras ello, el juez deberá dictaminar auto de sobreseimiento o de procedimiento abreviado, para abrir juicio oral.
En el recurso se indica que en los hechos denunciados "hay causa para considerarlos como un claro delito de prevaricación y fraude", en temas como falta de ordenación de los polígonos de La Manga, consideración de aprovechamiento urbanístico para terrenos de Dominio Público, incumplimiento de los linderos o utilización de vía pública.
En abril de 2007, días después de que el consistorio aprobara con los votos a favor del PP, y en contra de PSOE, IU y Grupo Independiente, la modificación de las normas subsidiarias para elevar la edificabilidad en la zona, el entonces alcalde, José Hernández, afirmó que el solar de Veneziola, donde se proyectaba construir un complejo hotelero y residencial, era "un suelo urbano en el que la normativa permite la construcción de bloques de hasta diez alturas".
Tras conocer el archivo de la demanda por el caso J-4, sobre Veneziola, José Hernández, uno de los imputados junto a varios funcionarios del consistorio, declaró que creía "totalmente" en la Justicia que "les daba la razón y desacreditaba a los denunciantes".
Hernández evitó hacer una valoración de la decisión, alegando que ya no se dedica a la actividad política.
* La Verdad - EFE - 28.02.08
Foto: San Javier (Murcia), La Veneziola - mma.es
La Audiencia reabre las causas de Las Brisas y Veneziola contra el ex alcalde de San Javier
Una sentencia activa el derribo de un edificio de Telmo Martín en Sanxenxo
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ELPAÍS/Pontevedra* : La intervención directa del entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, del PP, impidió en febrero de 2005 que se ejecutara una orden de derribo y una multa de 3 millones de euros contra la inmobiliaria Construcuatro por invadir la zona de servidumbre marítimo-terrestre en Sanxenxo.
Tres años después, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha anulado la resolución del ex conselleiro y activado la sanción contra la empresa de la que posee el 33% Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo cuando se construyó el edificio y actual presidente local del PP de Pontevedra.
La sentencia es consecuencia del recurso de una asociación ecologista, Salvemos Pontevedra, contra el sobreseimiento del expediente. La misma organización había denunciado a Pesca, entonces con las competencias de Costas, las obras abusivas en la servidumbre de protección en el paseo de Silgar, donde Construcuatro levantaba un edificio con licencia para sótano, planta baja, cuatro pisos y áticos. En realidad, según figura en el Registro de la Propiedad y constataron funcionarios de Pesca, el edificio cuenta con una planta más de las autorizadas por el Ayuntamiento.
El expediente realizado por el Servicio de Usos del Litoral de la consellería dejaba poco lugar a dudas. Consideraba como hechos probados que el edificio no respetaba los 20 metros preceptivos de zona de servidumbre, sino una distancia de "entre 17,81 y 18,20 metros de la ribera del mar". También constataba que las obras carecían de autorización en materia de Costas de la comunidad autónoma. Como el valor de lo construido ascendía a 12,2 millones de euros, se le imponía una multa de 3,05 millones, con un recargo de 305.584 euros mensuales mientras no se ejecutara la demolición para devolver los terrenos en los que se ejecutaron las obras a su primitivo estado.
El expediente de multa y demolición debería haber sido trasladado al Consello de la Xunta, que es el órgano competente para dictar una resolución de esas características, según confirma la sentencia del tribunal gallego. En vez de ello, el conselleiro acordó de oficio, y "como medida complementaria", solicitar nuevos informes al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. En esos informes se estimaba que la invasión de la servidumbre no era de hasta 2,12 metros, sino de un metro. Fue suficiente para que López Veiga apelara a la existencia de "planos de deslinde contradictorios" para decretar el sobreseimiento del expediente.
El TSXG estima el recurso de Salvemos Pontevedra, por considerar probado que la resolución que impugna había sido dictada "por un órgano incompetente". La sentencia precisa que la instancia apropiada para archivar el caso sólo podría haber sido el Consello de la Xunta, la única competente para resoluciones en las que la multa supere los 500.000 euros. "Parece clara la necesidad de respetar la atribución competencial normativamente atribuida al Consello de la Xunta", precisa el fallo judicial.
Lujo en la calle más prohibitiva del municipio más caro
Los informes que permitieron a López Veiga determinar la existencia de planos contradictorios fueron facilitados por el organismo que dirige Cristina de Paz, jefa de Costas en Pontevedra, conocida por más de una polémica en Sanxenxo. La posesión de un chalé frente al mar en zona de protección es una de ellas. Otra, la legalización de una casa en la playa de un edil de Urbanismo mediante un informe que modificaba la línea de ribera del mar.
El Plan General de Sanxenxo, aprobado durante el mandato de Telmo Martín, convirtió en zona urbana la finca de la jefa de Costas, que las normas urbanísticas entonces en vigor calificaban de suelo no urbanizable. El departamento de Costas no ha logrado en diez años aprobar el deslinde marítimo-terrestre, que, como ha reconocido el Ministerio de Medio Ambiente, afectaría a la vivienda de la propia Cristina de Paz. El entonces concejal de Urbanismo, por otra parte, pudo construirse un chalé en una finca afectada por la servidumbre de protección en la playa de Areas gracias a un informe de la jefatura de Costas, que modificó la ribera del mar y sirvió de informe para que el Plan General de Telmo Martín recalificara el solar.
A Cristina de Paz acudió López Veiga para conseguir los informes en los que basó el archivo del expediente contra el edificio del paseo de Silgar. No es un inmueble cualquiera. Se trata del más lujoso, de la calle más cara, en el ayuntamiento más prohibitivo de Galicia. El metro cuadrado supera el millón de euros. Allí levantó Construcuatro un edificio de casi 600 metros por planta. Allí posee Telmo Martín un piso, el 6ºA, de 180 metros cuadrados con dos terrazas de 100 metros cada una, que no existen en la licencia de obras ni de primera ocupación. También compraron dos antiguos altos cargos de la Xunta de Fraga, el ex director general de Urbanismo José Cudeiro y el ex conselleiro Juan Miguel Diz Guedes.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 28/02/2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), edificio controvertido junto playa - O.París (La Voz de Galicia)
Un juez anula la licencia de 88 viviendas de Fisterra
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ELCORREO/A Coruña* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo num.3 de A Coruña anuló la licencia concedida por el Concello de Fisterra a una urbanización de 88 viviendas construida en la recta de Anchoa. Dicha nulidad se justifica, según la sentencia, porque la construcción no cumple con la normativa de edificabilidad, no está retrancada y el terreno en el que se ubica no reúne los requisitos para ser considerado como suelo urbano no consolidado.
Además, el fallo judicial establece que antes de haberse otorgado la licencia debería ejecutarse un proyecto de equidistribución y ceder el suelo legalmente establecido para la urbanización de la zona.
La sentencia, que es recurrible en un plazo de 15 días ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se produce en base a un recurso contencioso interpuesto por la Consellería de Política Territorial que, ya en noviembre de 2006, había requerido al Concello de Fisterra para que revisase la licencia. Al no ser atendida dicha petición, en marzo de 2007 la Xunta interpuso el recurso que concluyó con el fallo referido.
El alcalde, José Manuel Traba, ya anunció que hoy mismo se reunirá con los asesores jurídicos para interponer el correspondiente recurso de apelación. Entiende que la licencia ha sido concedida de forma correcta, pues la cesión de suelo que se pone en cuestión, y que debería realizar el promotor, ya se realizó en 1996 por el propietario de los terrenos a la Demarcación de Costas, ente que, según el regidor, se encargó de la urbanización de dicha área y de la creación de los viales.
Dichas unidades de actuación quedaron, no obstante, anuladas con la entrada en vigor de las nuevas normas urbanísticas aprobadas en 2002. A pesar de ello, el alcalde entiende que no procede una nueva cesión de terrenos, pues ahora no es posible compensar ni devolver a los promotores el suelo que habían cedido en su día.
Ratificadas tres licencias
La Consellería de Política Territorial formuló recursos similares contra otras cuatro edificaciones de la zona de Anchoa, tres de los cuales fueron rechazados, ratificando así las licencias otorgadas por el Concello.
* El Correo Gallego - CEE - 27.02.2008
Foto: Fisterra (A Coruña), edificio licencia anulada - lavozdegalicia.es
España es el país de la UE donde más se construye y donde la vivienda es el problema social más trágico
RICARDO RODRÍGUEZ* : El 1 de marzo, las asambleas contra la precariedad y por la vivienda digna, nos llaman a movilizarnos por este derecho elemental que a tantos se niega.
Ahora que los candidatos de los grandes partidos políticos de este país se encuentran tan ocupados haciendo el payaso en público por ver a cuántos incautos son capaces de embaucar para que les voten en las elecciones generales, ahora, hoy mismo, mañana o pasado mañana, puede ser un momento tan bueno como cualquier otro para que los ciudadanos miremos de frente la realidad del país.
No hay que esperar demasiado de los políticos profesionales que en estas fechas mendigan aplausos y votos. Cuando se encuentran en campaña, o sea siempre, se vuelven seres menesterosos y se les nubla el raciocinio. Y como a ellos, a los directores de los grandes medios de comunicación y a toda esa tropa de ridículos comentaristas o «politólogos» (sabrá Dios qué cosa designe semejante palabrota), engolfados a todas horas en sesudos análisis sobre si en el gran debate televisivo entre Zapatero y Rajoy se le veía a uno más sonriente y fresco o el otro gesticulaba demasiado o llevaba mal hecho el nudo de la corbata. En fin, esos asuntos que tanto importan a la ciudadanía. Porque en los tiempos que corren no se requiere de quien opine sobre la política nacional que tenga ni la más remota idea de economía o sobre el verdadero estado de la educación pública o la sanidad; basta con ser experto en manicura.
Tampoco debemos fiarnos demasiado de la división al uso entre izquierda y derecha. Y no porque, como de toda la vida nos han querido hacer creer los muy de derechas, tal división haya dejado de existir, sino porque el grueso mayor de la izquierda presente en las instituciones se vendió hace muchos, muchos años a los dueños del país, banqueros, industriales, especuladores y capitalistas de toda condición, los dueños que se hacen llamar padres de la patria porque roban más que nadie y patriotas porque financian asesinatos en masa. La verdadera izquierda, en cambio, ha quedado en la calle, a la intemperie, con apenas sus manos, su cabeza y su corazón. Aunque, bien mirado, igual con esto es suficiente si nos empeñamos. Pero, claro, por lo menos hay que empeñarse.
La semana pasada, un célebre diario de reciente fundación que se tiene por muy de izquierdas y progresista recogía en su portada la deslumbrante noticia de que Botín venía a desarmar el catastrofismo del Partido Popular acerca de la economía del país, que al banquero por lo visto le parecía que marchaba maravillosamente. No supe decidir al pronto qué me espantaba más: si que el banquero más rapaz del país defendiera a la presunta socialdemocracia de los ataques de la derecha, si que lo exhibiera como tranquilizador dato un periódico en teoría progresista o el mero hecho de que Botín estuviese contento con el estado de la economía. Pero todo mezclado da como para que la clase trabajadora empiece a temblar y a enseñar los dientes.
En las mismas fechas, otro periódico, éste de distribución gratuita y no tenido por muy rojo, al contrario que el anterior, daba cuenta del informe que el observador de la ONU Miloon Kothari había redactado sobre el estado de la vivienda en España. Las conclusiones del informe resultan tan demoledoras, que el silencio guardado al respecto por el resto de la prensa y por los grandes partidos encenagados en la campaña electoral es de esos silencios que por sí solos constituye un clamor de desvergüenza infinita. Y tendrían que haberse removido los pilares de la tierra.
Tal vez con buen tino la oposición ha renunciado a hacer uso, ni siquiera demagógico, del informe, porque el informe hace remontar a dos décadas atrás el origen de la catástrofe inmobiliaria, lo que, aunque se haya quedado corto, cubre de lodo la totalidad de las instituciones del país y tanto a gobiernos del PSOE como del PP. Y tampoco es que Miloon Kothari haya sido en exceso original. Lo que nos dice lo lleva denunciando en la calle desde hace dos años el movimiento ciudadano reivindicativo del derecho a una vivienda digna. Hay más de tres millones de viviendas vacías en un país en el que cerca de ocho millones de personas no tienen acceso a un techo bajo el que vivir. Más de una cuarta parte de los ingresos de nuestros ayuntamientos procede de la especulación urbanística, por la vía esencialmente de malvender a grupos privados el suelo público que es la herramienta básica para garantizar el derecho a la vivienda. España es el país de la Unión Europea en el que más se construye y en el que en cambio la vivienda constituye un problema social más trágico. Las políticas de subvención a la vivienda en propiedad y las desgravaciones fiscales, las políticas que siguen ofreciendo como gran panacea tanto el PP como el PSOE, han provocado constantes elevaciones de precios. El urbanismo enloquecido que asola el país, aparte de destruir el entorno natural, lleva camino de sumirnos en una crisis del modelo productivo que dejará un reguero de desempleo, pobreza y desesperación de centenares de miles de personas (de Botín seguramente no, desde luego).
El observador de la ONU reclama de las autoridades españolas que adviertan a la población de la gravedad de la situación y acometan medidas urgentes y drásticas para corregirla. Pero hasta ahora las autoridades se han conformado con ordenar a los antidisturbios que apaleen en las calles a los ciudadanos que se han manifestado para denunciar ni más ni menos que lo que ahora nos dice la ONU, amén de negociar con el G14, representante de los grandes constructores y promotores inmobiliarios, nuevos bocados de las arcas públicas para evitar reducciones de beneficios empresariales. No vaya a ser que a Botín empiecen a irle un poco mal las cosas. Hasta ahí podíamos llegar.
Pero nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, tenemos nuestras manos, nuestra cabeza y nuestro corazón. Y con tan prodigiosas armas podemos gritar a los cuatro vientos lo que otros pretenden ocultar.
El próximo 1 de marzo, las asambleas contra la precariedad y por la vivienda digna, más conocidas como V de Vivienda, de nuevo nos llaman a movilizarnos por este derecho elemental que a tantos se niega. En Madrid una manifestación que ha de ser multitudinaria partirá a las seis de la tarde de la Puerta del Sol. En otras ciudades habrá movilizaciones en la misma jornada. Es un buen día, el 1 de marzo, como otro cualquiera, para volver a la calle, y enfrentar entre todos, al silencioso clamor de la desvergüenza, el bullicioso clamor de la dignidad.
* Rebelión - Ricardo Rodríguez - 27-02-2008
Los colectivos antiparquímetros vuelven a la carga
ELPAÍS/Madrid* : Los colectivos antiparquímetros celebrarán mañana jueves sus dos años de lucha con una manifestación en el barrio de Carabanchel Alto, en la que piden que se deje de convertir las calles de Madrid "en un negocio, tanto para el Ayuntamiento, como para las empresas concesionarias".
Los detractores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en los barrios periféricos de la capital señalan en un comunicado que continúan abiertos al diálogo después de las elecciones del 9 de marzo "en caso de que continúe el actual equipo de Gobierno municipal" y pedirán una reunión con el nuevo alcalde si el actual regidor, Alberto Ruiz-Gallardón deja la Alcaldía para "buscar una solución satisfactoria".
"Hace dos años, el equipo de Gobierno municipal extendió los parquímetros a algunos barrios periféricos de la capital, afirmando que lo pedían los vecinos. Poco tiempo duró la mentira, pues fueron decenas de miles los vecinos de estos barrios que mostraron de muchas maneras su frontal rechazo a esta decisión, exclusivamente recaudatoria. Y poco tardó también la opinión pública en comprobar lo absurdo de esta medida en unos barrios residenciales en los que los problemas de aparcamiento se producen por la noche, no durante las horas laborables", indican los antiparquímetros.
Asimismo, detallan que el conjunto del sistema SER recauda al año tres millones de euros, sin contar con las multas, a pesar de que que el Ayuntamiento "afirme todo lo contrario, presentando un balance parcial negativo". "Para adornar su tremendo error y atropello, el equipo de Gobierno justificaba hace dos años la implantación en que trataba de igualar a los vecinos de los barrios periféricos con los del distrito de Salamanca, lo que sólo ha conseguido en el aspecto recaudatorio", señalan los detractores del SER.
La ruina para el comercio
Los manifestantes aseguran que las máquinas están arruinando a los pequeños comerciantes "que se ven impotentes para competir con grandes superficies, en las que resulta gratuito el aparcamiento, obligando a los vecinos a pagar una nueva tasa sin ninguna ventaja a cambio". Por otro lado, aseguran que una veintena de vecinos de los barrios periféricos se encuentran pendientes de juicios "ante la imposición y la represión municipal".
No obstante, los juicios celebrados hasta ahora 2"han resultado con sentencia absolutoria", agregan. Los antiparquímetros aseguran que las 50.000 firmas entregadas y los 200 actos y manifestaciones realizados han logrado que el Ayuntamiento de Madrid renuncie a extender máquinas a otros barrios periféricos. "Pero sólo su prepotencia y el afán de castigo puede explicar que todavía no los haya retirado de los barrios en los que los impuso a la fuerza, y que son los que expresaron su rechazo más frontal", concluyeron.
La manifestación del colectivo se desarrollará mañana a las 19.00 en las calles Alfredo Aléix, Avenida Carabanchel Alto y Plaza de la Emperatriz. Durante los próximos días también se desarrollarán otras actividades, como proyecciones de un documental, para festejar los dos años de lucha contra los parquímetros, que comenzaron a funcionar a principios de marzo de 2006.
* ELPAIS.com - Madrid - 27/02/2008
Foto: Cartel de la manifestación.
El TAV y las carreteras
ECOLOGISTAKMARTXAN/Euskal Herria* : Resulta curioso que la mismas instituciones administrativas que se han negado en rotundo a contrastar y debatir públicamente sus planes para la implantación de la polémica Y vasca sean ahora, aprovechando el rebufo y la propaganda desatada con la llegada del AVE a Málaga, Valladolid y Barcelona, quienes acusen a los detractores de esta obra pública de defender el mantenimiento del actual modelo de transporte por carretera. Escudándose en la penosa situación de un transporte vial que día a día conoce colapsos y costosos y desesperantes embotellamientos, se ofrece la Y vasca como solución al trafico de coches y camiones.
Sin embargo son sus propios datos los que niegan esa posibilidad de trasvase de modos de transporte ya que sus propios análisis y documentos dicen que el tráfico de carretera va aumentar considerablemente en la próxima década. No pudiendo escurrir el bulto, ahora acusan a la oposición al TAV de defender el actual modelo de carreteras. Calumnia que algo queda, dice el refrán.
Desde hace años las diputaciones y el propio gobierno vasco han leído en los informes de consultores, en libros blancos, verdes y de expertos de transporte que las nuevas infraestructuras viarias no son la garantía para acabar con los atascos. Aquí y en todo el mundo, el ritmo de matriculación de vehículos y de ocupación viaria es mayor que el de creación de nuevas carreteras, autovías y autopistas, como se evidencia en el gran Bilbao o en Donostialdea. La cruda realidad nos dice que el tráfico rodado es tan denso y el número de automóviles privados y camiones aumenta de tal manera que, por ejemplo, el corredor de Txorierri y el de Uribe-Kosta o los nuevos túneles y accesos construidos no son suficientes para agilizar y evitar los colapsos en el Bilbao metropolitano. Tampoco lo será la llamada Super-Sur. Voces autorizadas de la diputación guipuzcoana han asegurado que tras la puesta en marcha de la Maltzaga-Urbina, de los cinturones de Donostialdea y los tres carrilles en la A-8, desgraciadamente seguirá habiendo atascos porque el aumento de la circulación de automóviles y de camiones que prevén es mayúsculo. Por eso mismo es erróneo pensar que el TAV sea la solución - o parte de la misma- para cambiar este triste panorama. Los estudios de movilidad del Gobierno Vasco dicen que es mínimo el porcentaje de personas que se mueven a diario entre las tres capitales y por su precio y sus pocas estaciones sería mucho menor el número de viajeros que podría usar el TAV.
Lo duro del asunto es que según argumentan actualmente tanto Nuria López de Gereñu como otros defensores del TAV, no apoyarlo es perpetuar el actual modelo basado en la carretera. También hemos leído y oído a quienes interesadamente quieren confundir el movimiento anti-TAV con el cura de Santa Cruz y los carlistas anti-liberales que atacaban trenes y estaciones en el XIX para echar leña al fuego de la criminalización. No por ello nos cansaremos de repetir que el tren es el modo de transporte más ecológico y equitativo para nuestra sociedad. Queremos y necesitamos más y mejores trenes. Mejorar las líneas de FEVE, Euskotren y RENFE es una tarea prioritaria y también poner en marcha nuevos proyectos como conectar el tren de Lezama con el Duranguesado, por Usansolo o Amorebieta. Llevamos muchos años reclamándolo.
No es de recibo decir que la culpa del actual estado de cosas lo tienen los que no quieren la modernización del transporte. Somos una sociedad atrapada por el crecimiento económico y los intereses mercantiles. Petróleo, cemento y automóviles son tres poderosos sectores industriales que mandan mucho, aquí y ahora. Sin embargo salir de la vorágine del transporte no significa apostar por un modo de transporte elitista, de gran impacto ecológico y social y desequilibrador del territorio y favorecedor las capitales frente a los pueblos, como la Y vasca. Lo social y ecológicamente justo y responsable es tratar de amansar el tráfico. Mejorar la accesibilidad de la gente sin aumentar la movilidad. Facilitar modos de transporte no motorizado y de transporte colectivo, frente al coche privado. Estimular fiscal y económicamente a la gente para compartir el automóvil, para usar el transporte publico, los pies y la bicicleta. Pero eso no es un gran negocio. Y el TAV es sobre todo un negocio para los gestores de su construcción.
John Whitelegg, profesor de transporte sostenible en Liverpool comparaba nuestros hábitos como los usuarios del automóvil con las actitudes de los drogadictos. Algunos ecologistas vascos recogiendo el símil, decían con ocasión primer día sin coche, 22 de Septiembre del 2000, que los responsables políticos del transporte actuaban como yonkis con las infraestructuras viarias. La Super-sur la vendían como su última dosis en Bizkaia y la Maltzaga- Urbina en Guipúzcoa y Alava. Pero los proyectos de carreteras, autopistas y autovías no cesan. El problema terapèutico está en que el TAV no es la metadona para salir de la dependencia de la heroína/carretera. Mientras las políticas de transporte sigan priorizando el negocio frente al resto de criterios ambientales, sociales, de ordenación territorial, culturales… decir que el TAV va a servir para salir del modelo de transporte por carretera es como creerle a un drogadicto con la bolsa llena que este -el TAV- es su ultimo chute. La evidencia demuestra que nuestro sistema político actúa como un poli-toxicómano en los asuntos del transporte. La culpa del actual estado de cosas la tenemos los que no queremos aportar más droga para su síndrome de abstinencia.
* Iñaki Barcena Hinojal, Profesor e investigador de EHU. Miembro de Ekologistak Martxan.
* Ekologistak Martxan Euskal Herria - 26 de febrero
