INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) ha anulado la reurbanización del sector de L'Alqueria de Sant Joan -antiguo Parque Ansaldo- y los tres sectores colindantes, que suman 2.640 viviendas y cuyas obras han comenzado ya en parte, por la ilegalidad de la adjudicación de la redacción del proyecto técnico.
La sentencia, firmada el pasado 11 de julio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda del TSJCV, se basa en un fallo anterior del 23-1-2002, que anulaba la adjudicación de la redacción del proyecto del Plan de Reforma Interior (PRI) por considerarse arbitraria la misma, lo cual invalida toda la posterior tramitación.
Esta decisión judicial se ha producido a raíz de la denuncia de un particular, que consideraba ilegal la tramitación de la reurbanización de esta zona por la falta de notificaciones a los afectados, información y exposición pública del proyecto. Como consecuencia del proceso salió a la luz la citada sentencia de 2002, que condenó entonces al Consistorio a indemnizar a una de las personas que optaban al mismo por la parcialidad de la mesa de contratación, que obvió la valoración del informe técnico.
Este concurso fue adjudicado por la comisión de gobierno del Ayuntamiento a Pérez Guerras Ingenieros y Arquitectos Asociados el 15-1-1997, y en 2002 el TSJ la anuló a instancias del recurrente, ya que "es de apreciar temeridad y mala fe en la administración demandada -el Ayuntamiento- que ante un asunto de tanta claridad debió allanarse a las pretensiones de la parte demandante -un particular- y proceder a valorar razonadamente el concurso". Según el fallo, el equipo de gobierno del PSOE obvió al mejor valorado en el concurso y "sin el menor rigor ni valoración" adjudicó la redacción del proyecto al que había quedado segundo, por lo que en 2002 el TSJ condenó al Ayuntamiento a indemnizar al recurrente con 9.859.000 pesetas y a pagar las costas, además de anular la adjudicación, aunque desestimó adjudicar el concurso al demandante.
Ahora, la sentencia del TSJ se basa en la anterior para anular la aprobación definitiva realizada el 15-6-2005 por parte de la Conselleria de Territorio del PRI y Homologación de los cuatro sectores de la zona de Parque Ansaldo, al considerar que el anterior fallo invalida toda la posterior tramitación.
En la sentencia, la Conselleria pide su desestimación mientras que el Ayuntamiento no quiso personarse en la causa, siendo también parte codemandada el Ivvsa. La Conselleria insiste en que la sentencia de 2002 se cumplió con el pago de la indemnización de daños y perjuicios, y que el plan se ha expuesto al público. El TSJ confirma que "no es cierto" que la sentencia de 2002 "delimitara el alcance de su fallo a la indemnización", pues señala que "una atenta lectura de la misma" conduce a la anulación de la adjudicación, señalando que no era posible la subsanación a posteriori de los defectos detectados en la adjudicación. También señala que cuando salió la sentencia en 2002 el proyecto estaba aún en trámites de subsanación de deficiencias, por lo que no se podía alegar que no se podía cumplir el fallo.
* Información - JOSE A. RICO - 09 de agosto de 2008
Foto: Obras de construcción de viviendas en el antiguo Parque Ansaldo, en una imagen captada ayer . JOSÉ NAVARRO, diarioinformacion.com
El TSJ anula el proyecto de 2.640 casas en Parque Ansaldo pese a haberse iniciado la construcción
El juez que encarceló a Gil critica que su urbanismo aún no esté condenado
MÁLAGAHOY* : Cuando la justicia se imparte tarde resulta menos justa para las víctimas o damnificados de los delitos cometidos. Por esta razón, el hecho de que aún queden pendientes en los tribunales centenares de causas urbanísticas de la era GIL, fue ayer criticado con dureza por el magistrado Santiago Torres, que saltó a la palestra mediática cuando en 1999 envió a prisión al ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, por el caso Camisetas, cuya instrucción se centró en el desvío de fondos del Ayuntamiento al Atlético de Madrid.
Torres, que clausuró el curso de verano La drogodependencia y el narcotráfico: presente y futuro de un grave problema social y jurídico que la Universidad de Málaga (UMA) ha impartido durante esta semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, criticó que la administración de Justicia aún no haya resuelto todos los conflictos penales que surgieron a raíz de los convenios urbanísticos que permitieron la edificación de miles de construcciones ilegales. "Creo que ha habido un cierto fracaso de la administración de Justicia en la investigación y el enjuiciamiento de todos estos casos, ya que algunos se iniciaron hace más de 11 años y todavía no han sido resueltos", comentó el actual titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Estas circunstancias dan lugar, según Santiago Torres, a que los delincuentes piensen que es "rentable" cometer determinadas fechorías porque las condenas "a lo mejor no les llegan nunca o quizá muy tarde, cuando ya apenas les pueden alcanzar".
El conferenciante, que abandonó Marbella hace ocho años para continuar su carrera en los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid, explicó que durante todo este tiempo ha seguido "muy atentamente" lo acontecido en el municipio con la operación Malaya y la disolución del Consistorio. A ese respecto, señaló que "me hubiese gustado que todo eso se hubiese producido en mucho menos tiempo", porque considera que aquí también se "ralentizó" mucho el procedimiento judicial, al tiempo que reconoció que en Marbella "se quedó un trocito de mi corazón". Nada más lejos de la realidad. Sus esfuerzos titánicos por combatir judicialmente las tropelías del gilismo durante la época más dura de este fenómeno político, terminaron provocándole problemas cardiacos.
Para reconocerle toda esta labor en su lucha contra la corrupción, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), acudió ayer a la sede de los cursos de verano para compartir unos minutos con este magistrado al que no le tembló el pulso a la hora de mandar a prisión a Gil.
Por otra parte, Santiago Torres aprovechó ayer su estancia en Marbella para exigirle al Gobierno que destine "más medios económicos" a los órganos judiciales, debido a que España tan sólo consigna a Justicia el 1,1% de su Producto Interior Bruto (PIB), a pesar de que las Naciones Unidas recomiendan que se reserve entre el 2,2 y el 2,5% para asegurar "una justicia de calidad".
En otro orden de cosas, apuntó que el narcotráfico, al igual que el terrorismo, debe ser perseguido a nivel "global", por lo que consideró "fundamental" que todos los países regulen de la misma forma la investigación y persecución de estos delitos. Con este tipo de tratamiento policial, se evitaría que haya espacios de "impunidad" donde los delincuentes puedan "burlar" la acción de la justicia, apuntó Torres.
* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela / Marbella - 09.08.2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Los terrenos del pelotazo del ´caso Las Teresitas´ presentan doble inscripción notarial
LAPROVINCIA/Tenerife* : El informe elaborado por el equipo de abogados Machado por encargo de la Comunidad de Propietarios de Montaña Morera determina que estos solares "efectivamente" han sido objeto de una doble inscripción notarial, ya que por un lado aparecen como propiedad de sus dueños originales y por otro, de la empresa de Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, denominada Inversiones Las Teresitas (ILT).
Ambos empresarios, junto al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y varios ex concejales y funcionarios de ese Ayuntamiento están imputados en el denominado caso Las Teresitas.
Se trata de una superficie de casi 13.000 metros cuadrados y que tal y como ha podido confirmar "plenamente" este equipo de abogados, coincide con toda exactitud con la parcela B-9 inscrita a nombre de ILT y con los solares que ocupan 24 fincas de la Comunidad de Propietarios, "de ahí resulta la existencia de una doble inscripción", se ratifica.
El título de propiedad de la empresa tiene fecha del 14 de diciembre de 2005 y corresponde a la adjudicación del proyecto de reparcelación. Además se da la circunstancia de que ILT pidió una hipoteca de dos millones sobre estos terrenos. Para complicar aún más la situación, una propietaria sí ha conseguido poner una parcela de 712 metros cuadrados a su nombre, aunque al parecer en ello podría haber ayudado ser familia de uno de los imputados del caso Las Teresitas.
Según la actual Ley Hipotecaria, la empresa ILT podría acogerse ya al principio de tercero de buena fe, o lo que es lo mismo, vender estos terrenos a otra empresa o particular que no tendría que dar cuenta a los propietarios originales. Una situación que ya ha sido planteada ante la Concejalía de Urbanismo por uno de los afectados sin tener hasta ahora ningún tipo de contestación.
Estas parcelas se excluyeron de la Junta en el año 1993, momento en el que volvieron a sus propietarios originales. "El origen del problema es que quien hizo el proyecto de reparcelación ignoró la existencia de la escritura de 1993", indica el informe de los abogados, quienes recuerdan que este mismo problema afecta a otros propietarios de Las Huertas. Por todo ello se recomienda a la Comunidad de Propietarios que tome las medidas legales oportunas.
ENTRAMADO. Por su parte, el concejal socialista Ramiro Cuende se mostró ayer muy pesimista sobre la posibilidad de que finalmente se pueda resolver todo el entramado jurídico de Las Teresitas. "Este asunto está mal desde raíz y no creo que al final pueda resolverse bien. Lo que empieza mal, acaba mal", dijo. Más contundente se mostró sobre la posibilidad de que Costas acabe pagando los 30.000 euros mensuales que cuesta mantener paradas las obras.
"Puedo asegurar que hasta el último duro tendrá que pagarlo el Ayuntamiento", indicó Cuende, quien repitió que todo lo referente a la rehabilitación de la playa "se ha llevado a cabo rematadamente mal y por lo tanto no puede acabar bien".
* La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 9.08.2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
Polémica en Sant Vicent por el uso de los terrenos de la cementera
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ELPAÍS/Alicante* : El uso residencial de los terrenos liberados tras el cierre de la fábrica de cementos de Sant Vicent del Raspeig enfrenta al Ayuntamiento, gobernado por el PP, y el colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano. Los conservacionistas cuestionan la iniciativa del Consistorio de construir en el enclave 500 casas porque el suelo está contaminado tras ocho décadas de actividad de la industria.
La recalificación del terreno de la cementera (unas 11 hectáreas), ubicada a escasos metros del casco urbano de la localidad, se incluye en la propuesta de convenio entre el Consistorio y la empresa Cemex para el cese de la actividad de la fábrica a partir del 1 de agosto de 2009. El documento se encuentra en fase de exposición al público.
En el apartado de la ordenación urbanística, el convenio recoge que el Ayuntamiento promoverá una modificación urbanística y cambios de usos en el entorno ocupado mayoritariamente por los terrenos propiedad de Cemex para acoger un parque comercial, otro de oficinas, una zona de ocio y un enclave residencial de 500 nuevas viviendas, de las cuales el 30% serán de protección oficial.
El primer colectivo que ha presentado alegaciones ha sido el grupo Ecologistas en Acción del País Valenciano. La entidad expone cuatro razonamientos básicos para rechazar la recalificación de suelo propuesta para el cierre de la factoría. Una de ellas alude directamente a la contaminación del suelo ocupado por la cementera. En este sentido, los ecologistas sostienen que "el convenio no justifica la posibilidad del cambio del uso de los terrenos ocupados por la factoría cementera, dado que existe la posibilidad de que esos suelos estuvieran contaminados y no fueran aptos para su uso residencial", precisa el texto de alegaciones de los ecologistas. "En varios apartados de la cláusula 5ª del convenio se menciona la posibilidad o certeza de que los suelos ocupados por la factoría de Cemex estén contaminados", añade. De ahí, que Ecologistas en Acción inste al Ayuntamiento a verificar si esos suelos contaminados pueden cambiar de usos "antes de firmar el convenio". Otro apartado de las alegaciones de los ecologistas destaca que el convenio no justifica el "interés general ni es coherente" con el modelo y estrategia territorial de Sant Vicent del Raspeig. "Además, el convenio no es neutro, pues solamente comporta obligaciones para el Ayuntamiento y ninguna por parte de Cemex España", recoge otra de las alegaciones.
Ecologistas en Acción plantea que en aras "de la deuda ecológica" que Cemex ha contraído con los vecinos de Sant Vicent "los terrenos ocupados por Cemex tengan un uso prioritario de zona verde, para compensar las emisiones históricas de gases efecto invernadero y contaminantes atmosféricos emitidos durante decenas de años".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 09/08/2008
Foto: Sant Vicent del Raspeig (Alicante), ayuntamiento - accv.es
