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LEVANTE/Valencia* : Dos grupos de vecinos de Catarroja y Massanassa, propietarios de terrenos en el sector de Nou Mil.lenni, han comenzado los preparativos para interponer un recurso contencioso -administrativo contra el PAI. Además de recurrir la macrourbanización que se proyecta en Catarroja, llevarán ante el juez el acuerdo del último pleno, celebrado este lunes, por el que se modificó la proposición económica, que quedó aumentada en más de 22 millones de euros.
A petición del agente urbanizador, la empresa mixta que constituyen Llanera -en suspensión de pagos- y el Instituto Valenciano de la Vivienda, se ha aumentado el coste de urbanización porque la Generalitat Valenciana ha impuesto que se incluyan dos grandes infraestructuras, la llegada del tranvía a Catarroja y el enlace con la Pista de Silla.
De forma paralela, el PSPV de Catarroja también va a incluir este último acuerdo plenario en el recurso que prepara contra la aprobación de Nou Mil.lenni. Los mismos pasos ha seguido el grupo socialista de las Corts Valencianes.
Por su parte, la abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-adminsitrativo contra la macrourbanización que aprobó definitivamente el Consell en febrero de 2008. El recurso contencioso-administrativo se interpuso en abril de 2008, según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno, aunque no había trascendido hasta hace unos días. La principal causa que se alega en el recurso es que "no se aprecia en absoluto la disponibilidad acreditada de recursos hídricos suficientes para el desarrollo urbanístico".
* Levante-EMV - Laura Sena, Catarroja - 17.12.2008
Foto: Catarroja (Valencia), urbanización Nou Mileni - levante-emv.com
Gobierno y propietarios de suelo llevan al juez la aprobación de Nou Mil.lenni
El Tribunal Supremo revisará si es legal el Plan de Urbanismo de Valladolid
20MINUTOS* : El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de Ecologistas en Acción contra el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU) de Valladolid. De esta forma, el tribual desestima las peticiones del Ayuntamiento, la Junta e Iberdrola Inmobiliaria y revisará la sentencia del TSJ de Castilla y León que había desestimado el recurso de Ecologistas.
"En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo enjuiciará de nuevo la legalidad del PGOU de Valladolid de 2003", aseveraron desde Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción fundamenta su demanda en que el procedimiento de aprobación del Plan fue "incorrecto" pues debió procederse a su revisión y los "numerosos cambios de última hora" debieron ser aprobados por el Pleno del Ayuntamiento tras la preceptiva información pública.
Reclasificación de suelo
En referencia a la "masiva reclasificación de suelo rústico como urbanizable", los ecologistas entienden que la jurisprudencia del Supremo rechaza la discrecionalidad de la misma y destaca que el expediente administrativo del PGOU carece de informes que justifique la reclasificación como urbanizables de 2.600 hectáreas de suelos que antes estaban clasificados como suelo no urbanizable protegido.
Estos terrenos se reparten actualmente entre cinco sectores de suelo urbanizable y nueve áreas homogéneas, cuatro de las cuales (Páramo de San Isidro, Fuente Amarga, Las Riberas y Valdechivillas) se encuentran actualmente en proceso de aprobación de unas propuestas urbanísticas, que suman 12 millones de metros cuadrados y 37.000 viviendas "más allá de las rondas de circunvalación".
Por último, Ecologistas en Acción mostró su confianza ante el hecho de que la sentencia del Tribunal Supremo "llegue a tiempo" para "abortar este despropósito urbanístico y ambiental" y obligue a redactar un nuevo PGOU "ambiental y socialmente responsable".
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 17.12.2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Empiezan a construir chalés en Gibralfaro en una parcela que el PGOU prevé como zona verde
SUR/Málaga* : La burocracia urbanística se ha sucedido en los últimos años a favor de los intereses de los propietarios de unos terrenos situados en la zona de la Cañada de los Ingleses, por lo que ayer empezaron a talar árboles para construir viviendas ante el estupor de los vecinos y de los responsables de la plataforma para la defensa del monte de Gibralfaro, al que pertenece la parcela.
El presidente de este colectivo, Antonio Morillas, dio la voz de alarma y la Policía Local se personó en la zona, pero se encontró con la sorpresa de que los privados están amparados por el permiso del Ayuntamiento.
Y es que la promotora (Aifos) pidió la licencia para hacer chalés en el lugar en 1999, amparándose en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 97, que todavía está vigente y lo permite. No ha sido hasta la última aprobación del nuevo plan, el pasado mes de agosto, cuando el Consistorio ha calificado los terrenos como zona verde a obtener por expropiación para el proyecto de conversión de Gibralfaro en un parque urbano. Entre tanto, la empresa ha culminado el expediente y ha obtenido la licencia por silencio administrativo, según reconoció ayer la Gerencia de Urbanismo en un comunicado.
Eucaliptos
De ahí que la tala de árboles, eucaliptos y cipreses en su mayor parte, haya comenzado sin remedio. «Se puede acusar al Ayuntamiento de una falta de responsabilidad por haber dejado pasar el tiempo», afirmó Antonio Morillas. Urbanismo anunció que acudirá a la expropiación forzosa para parar la obra, pero legalmente aún no puede hacerlo. «Para entonces ya habrán talado todos los árboles y el daño será irreversible», denunció Morillas.
* SUR - 17.12.08 -JESÚS HINOJOSA
Foto: La empresa empezó a talar árboles ayer. / SALVADOR SALAS, diariosur.es
La Fiscalía insta a la alcaldesa de Ontinyent a reabrir los 53 expedientes urbanísticos
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LEVANTE/Valencia* : El fiscal ha archivado las diligencias de investigación por la caducidad de 53 expedientes urbanísticos por construcciones ilegales en Ontinyent, pero advierte a la alcaldesa, Lina Insa (PP) de que tiene que volver a reabrirlos porque la ilegalidad no ha prescrito y comunicar a la Fiscalía de Valencia los que fueran constitutivos de delito.
En caso contrario, podría incurrir en un delito de prevaricación por omisión, según informaba el fiscal delegado de medio ambiente, Joaquín Baños, tras la iniciativa de requerir a todos los ayuntamientos los expedientes por infracciones urbanísticas.
Así, el fiscal instructor, Vicente Torres, insta a la alcaldesa a "reabrir todos los expedientes, los 53, y dar cuenta de los que puedan ser delito, independientemente de que vengan de la legislatura pasada", en la que no gobernaba el PP, y cuyo gobierno inició los expedientes. Además, explicó Torres, "la Fiscalía comprobará que se ha cumplido con la apertura cuando llegue la información requerida por la sección de medio ambiente de todos los ayuntamientos valencianos".
El pasado 1 de noviembre, Levante-EMV anunciaba que la alcaldesa de Ontinyent daba por caducados los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en un controvertido pleno. Tres días después, este periódico insistía en el caso con un informe de la oficina técnica municipal en la que se proponía reabrir los expedientes urbanísticos caducados por Insa porque -en contra de lo sugerido por el equipo de gobierno- "las ilegalidades persisten", según el informe de la oficina técnica.
Ese mismo día, 4 de noviembre, la Fiscalía de Valencia abría diligencias de investigación sobre los 53 expedientes caducados y pedía información al consistorio sobre las infracciones urbanísticas y el acta del pleno en el que el PP votó cerrar los expedientes y comunicarlo al Registro de la Propiedad para que levantara la afección de las cargas.
El gobierno tripartito de PSOE, Bloc y EU abrió los expedientes entre 2004 y 2007 y en el pleno del 30 de octubre Insa (PP) caducó los expedientes para cumplir su "promesa electoral", como reconoció su concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, y "pasar página". El presidente de Adecca, (asociación de las casas del diseminado), Víctor Márquez, le dio las gracias en el mismo pleno. Estas casas unifamiliares se construyeron sin licencia y en terreno no urbanizable, incluida una promoción de nueve adosados en terreno protegido que fue paralizada por el Seprona. El fiscal Torres explicaba ayer el archivo de las diligencias -de fecha 16 de diciembre- en que "el procedimiento de caducidad es correcto, ya que llevaban abiertos más de seis meses y la Ley de Urbanismo Valenciana (LUV) dice que ese es el plazo de caducidad del expediente físico".
No obstante, añadía el fiscal Torres, "la infracción no ha prescrito porque no se ha resuelto la legalidad". Ello se debe a que "la LUV da un plazo de prescripción de 4 años para legalizar, pero si hay un expediente abierto, se interrumpe el plazo de prescripción". El fiscal advierte en el archivo de que deben reabrir los expedientes y comunicarlo al Registro porque la infracción persiste. Y les recuerda que "el ayuntamiento dijo en el pleno: ýVamos a caducar para reabrir las que sigan siendo infraccióný", que serán todas.
* Levante-EMV - Regina Laguna - 17.12.2008
Foto: Ontinyent (Valencia) - elpais.com
Según vecinos de Butarque, el pacto contra las políticas especulativas de Gallardón es ‘cínico’
MADRIDDIGITAL* : El alcalde Alberto Ruíz-Gallardón ha propuesto recientemente un “pacto estatal” para que todo el suelo público no tenga otro destino que la construcción de viviendas y equipamientos públicos, pronosticando que “se acabarían las políticas especulativas de suelo”, propuesta que la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque valora como “la máxima expresión del cinismo político”.
“El municipio de Madrid, con la redacción del PGOUM de 1997, ha agotado, casi en toda su totalidad, el suelo no urbanizable existente hasta la fecha y con él, el suelo público que, en un futuro, pudiera destinarse a viviendas y equipamientos públicos, por lo que las declaraciones del señor alcalde y el pacto propuesto tendrían nula repercusión en la ciudad de Madrid”, aseguran los vecinos.
En una nota de prensa, recuerdan que el municipio de Madrid, desde la redacción del PGOUM de 1997, “está inmerso en un proceso de urbanismo salvaje que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, al desclasificar irregularmente suelo no urbanizable protegido en un total de 22 ámbitos, que supondrían la construcción de 150.000 viviendas para 500.000 habitantes, sin que Alberto Ruíz-Gallardón haya, de momento, hecho cumplir las sentencias”.
Para los vecinos pues, las declaraciones y propuestas de Gallardón sólo pueden ser valoradas “como la máxima expresión del cinismo político, viniendo del Alcalde de un municipio que carecería de suelo público sujeto al pacto propuesto, y que está inmerso en la que quizá es la mayor operación especulativa de desclasificación ilegal de suelo, incumpliendo sentencias judiciales en la urbanización de 100 millones de metros cuadrados”.
Pacto “insuficiente”
Por otro lado, la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque entiende que dado que la Constitución Española exige que los poderes públicos establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, “resulta del todo insuficiente la firma de un pacto institucional, que dejaría de lado a la especulación de particulares, siendo exigible a las administraciones la aprobación de leyes que garanticen el derecho constitucional y aumenten las penas y condenas por especulación y, en su caso, la planificación económica de la actividad inmobiliaria y urbanística., tal y como establece la Carta Magna”.
Por todo ello, y debido a que en el desarrollo de Valdecarros, cuyo proyecto de urbanización ha sido aprobado inicialmente, “se destruirían ilegalmente 5 millones de metros cuadrados de suelo protegido por su valor ecológico y medio ambiental en el entorno del Parque Lineal del Manzanares”, los vecinos reiteran su petición para que éste sea declarado nulo, en base a las sentencias judiciales, “y en caso de ser necesaria, su urbanización, se realice respetando la justicia, el medio ambiente y el interés general, evitando la especulación del suelo a la que es sometido desde las administraciones y las entidades privadas”.
* Madrid Digital - 16.12.2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
El partido de los imputados
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Si todos los alcaldes, concejales y cargos públicos imputados en España se reagruparan en un único partido político tendrían representación en localidades de todas las comunidades autónomas, un discurso similar -todos se declaran inocentes- y sería una formación política transversal, ya que hay gente de derechas, de izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas, centristas e independientes. Se desconocen los resultados electorales que podrían obtener bajo unas mismas siglas, pero si es verdad que la unión hace la fuerza está acreditado que muchos de ellos actuando por separado lograron en las pasadas elecciones municipales mejores resultados de los que tuvieron antes de llevar la sospecha de ser imputado detrás del nombre y de los dos apellidos.
Hubo un tiempo en que la mayoría de los imputados cuando alcanzaban esta categoría se iban a su casa o directamente a la cárcel. Tanto en uno como en otro sitio se declaraban inocentes -en eso apenas ha cambiado nada con respecto a la situación actual-, pero decían que abandonaban el cargo para defenderse mejor y no manchar la imagen de su partido, que a esa altura de la película apenas conservaba una mínima pulcritud. Esas declaraciones las solía hacer el imputado un minuto antes de que su respectivo partido se quisiera quitar los churretes expulsándolo de sus filas. Eran los tiempos en los que la presunción de inocencia estaba a la misma altura que la presunción de decencia, y los dirigentes políticos se despechaban estos incómodos compañeros acordándose de la mujer que tuvo una vez un césar.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de la moneda única en el urbanismo, los billetes de 500 euros, las cosas cambiaron una barbaridad. La mujer del César quedó sepultada por el cemento y con ella el histórico equilibrio que existía entre el serlo y el parecerlo. De ahí que en la actualidad haya concejales, alcaldes y algún presidente de diputación que siguen en sus cargos a pesar de parecerlo, mientras su partido confía en que el lento proceder de la justicia sea un poco más lento que ayer, pero algo menos que mañana.
Un ejemplo concreto de que las cosas pueden ser verdad aunque parezcan mentira se da en Estepona. En esta localidad, si los imputados que mantienen su acta de concejal se uniesen pasarían directamente a convertirse en el grupo municipal mayoritario en el consistorio, con ocho concejales. El hipotético grupo de los imputados tendría un edil menos que todo el equipo de gobierno, que está formado por concejales del PSOE, IU, PA y Estepona 2007. Quizás ayude a hacerse una idea el hecho de que de los 25 concejales que salieron elegidos por sus respectivos partidos en las municipales, diez están imputados en el caso Astapa y sólo dos han renunciado a su acta. No es que uno crea que ésta puede ser la solución para el bipartidismo en España, pero podría ser Estepona la punta de lanza para un futuro proyecto político: el partido de los que ni tan siquiera creen que el César estuviera casado.
Cuando uno va a Sevilla pierde la silla. Sin embargo, cuando uno va a la cárcel no pierde el sillón. José Ignacio Crespo y Manuel Reina, que el pasado miércoles salieron de la prisión de Alhaurín de la Torre, tras abonar una fianza de 150.000 euros por los cinco meses y medio de estancia, volverán a su asiento en el pleno del ayuntamiento de Estepona. Como hará el jefe de gabinete del ex alcalde Antonio Barrientos, José Flores, que es funcionario en plaza. Pensaran lo mismo que dijo Barrientos al salir de prisión: "Mi patrimonio es tener la conciencia tranquila". No es precisamente ese el patrimonio que le preocupa a la ciudadanía, sino el que le han esquilmado y cuyo paradero se investiga. Al César lo que es del César. A los ciudadanos lo que es suyo. Y a los partidos recordarle que es cierto que el César tuvo una vez una mujer.
* ELPAIS.com - Andalucía - Opinión - 16.12.2008
