FélixSORIA* : "El informe de la ONG Transparencia Internacional referido al año 2006 advierte de que el funcionamiento, los criterios y las actitudes de los responsables políticos, técnicos y funcionariales constituyen el problema fundamental del Estado español en el ámbito de la corrupción. El texto precisa que "el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno", y añade que la costa y las inmediaciones de las ciudades son las zonas donde más abunda la corrupción.
España es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que más se ha encarecido el precio de la vivienda durante los últimos años. Pero el fenómeno no se debe a que gobierne el PSOE, como pretende el PP; el tirón de los precios viene de atrás y el PSOE lo único que ha hecho es --aparte de hablar-- dejar las cosas --y las leyes-- como estaban.
[NOTA: Las corrupciones, sobre todo la urbanística, hace más ruido desde que gobierna el PSOE porque todos los problemas de las Españas hacen más ruido cuando gobierna la izquierda --también el terrorismo, incluso cuando no había muertos recientes--. ¿Y por qué ocurren estas cosas cuando gobierna la izquierda, aunque sea suave como Platero? Pues, entre otras cosas, porque la mayoría de los medios de comunicación están alineados con el centro-derecha y la derecha]
Transparencia Internacional, que ha remitido su informe al Defensor del Pueblo --lo que nadie ha aclarado es para qué le envían informes al señor Mugica Herzog--, apunta nueve aspectos que caracterizan la proliferación de los episodios de corrupción:
1. La mayoría de los gobiernos municipales están a favor de utilizar los convenios urbanísticos para ingresar dinero.
2. La modificación de los planes urbanísticos es demasiado frecuente. En los últimos cuatro años, sólo en la isla de Mallorca los municipios los han modificado 227 veces. 3. El control oficial sobre las construcciones y los proyectos aprobados es irrelevante.
4. Las obras ilegales rara vez son demolidas y las sanciones consisten en poner multas que son de cuantía inferior a los beneficios obtenidos por los corruptos.
5. La elevada cantidad de dinero negro que circula en el país se refugia fundamentalmente en el sector inmobiliario. Por término medio, entre un 20 y un 35% del precio de la vivienda se paga con dinero negro o no declarado a Hacienda.
6. El Estado --y conste que el Estado es todo, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos y el poder judicial-- ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas, lo que ha provocado una aparente escasez y, a su vez, el encarecimiento de la vivienda.
7. El Estado consiente o cierra los ojos ante las expropiaciones a particulares para ejecutar teóricos proyectos con fines sociales o de interés público para, posteriormente, vender los solares.
8. Hay empresas del sector inmobiliario (incluidos constructores) que crean partidos políticos para presentarse a elecciones locales --generalmente con la vitola de independientes-- para, si ganan por mayoría o sus concejales son necesarios para gobernar, controlar la concejalía de urbanismo. En otras ocasiones los mafiosos se infiltran en los partidos ya existentes para conseguir el mismo objetivo.
9. La corrupción urbanística se ha expandido a todo tipo instituciones, incluida la Administración de justicia.
¿Recuerdan ustedes cuando Pasqual Maragall, ex presidente de la Generalitat, dijo aquello de que son normales las comisiones del 3% en las obras públicas?, ¿recuerdan que casi todos los dirigentes políticos --y acreditados columnistas-- se llevaron las manos a la cabeza por el grave peligro que según ellos supone decir semejantes cosas? Pues bien, Maragall no dijo ninguna mentira.
¿Será que en las Españas es más importante respetar los formalismos que las leyes?
Otra pregunta: ¿Cuántos medios de comunicación han informado con la relevancia que merece del dictamen de Transparencia Internacional, en cuyas actividades intervienen profesionales de la Economía, del Derecho --incluidos jueces-- y de otras disciplinas y saberes?
En fin, buenas noches... Ya es la una de la madrugada y la lectura de ciertas verdades bien merece un sueño reparador.
*Félix Soria, Periodista,
Im-Pulso, lunes 29 de enero de 2007
Urbanismo, corrupción, pasividad e hipocresía
En Ronda, contra la corrupción urbanística
JuanTORRES* : "Esta mañana de sábado nos hemos manifestado en Ronda (Málaga) un montón de centenares de personas, toda su calle principal ocupada, convocados por Ecologistas en Acción para protestar por la construcción en plena Reserva de la Biosfera de cientos de chaléts de lujo que ponen en peligro el medio ambiente y el equilibrio sistémico de todos sus alrededores. Para hacerse una idea del criminal atentado que se va a producir y de la ilegalidad con la que se hace, baste señalar que con permiso para construir una superficie para muestras de coches de época ya se ha construido un gigantesco circuito para carreras de fórmula 1 en plena reserva.
Los organizadores me encomendaron el honor de leer el manifiesto que ha cerrado el acto y cuyo contenido está más abajo junto a otros enlaces informativos.
MANIFIESTO LEIDO AL FINAL DE LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA MACROURBANIZACIÓN DE LOS MERINOS EN RONDA
Estamos hoy reunidos en Ronda, los vecinos de ¡CUEVAS DEL BECERRO!, ¡ARRIATE!, ¡RONDA! y amigos venidos del resto de Andalucía para mostrar ante los poderes públicos en particular y a la sociedad en general nuestro rechazo a un modelo de desarrollo que, además de representar una amenaza brutal contra el medio natural y urbano de nuestra comarca y que se está implantando a marchas forzadas en todo el territorio nacional, está minando los principios elementales de libertad y de convivencia de nuestra joven democracia.
Entre los derechos fundamentales de la persona se recoge en nuestra Constitución el de la libertad de Expresión y de Opinión así como la garantía del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pero el ejercicio de estos derechos en la práctica ha supuesto que alrededor de 60 personas estén en estos momentos denunciadas por distintos medios, con la finalidad evidente de silenciar las voces que están en contra de este modelo de desarrollo, acumulando algunas personas hasta cinco o seis denuncias y otras con reclamaciones económicas, a través de querellas, que alcanzan los 22 millones de euros en algunos casos.
El pasado 26 de octubre aconteció un hecho histórico y sin precedentes que, sin duda, va a representar un cambio de actitud entre los ciudadanos en la toma de conciencia por la defensa de sus recursos y de la identidad de sus pueblos. Nuestros vecinos de Cuevas del Becerro realizaban una huelga general que era secundada por la totalidad de la población, logrando con ello hacerse oír en todo el territorio nacional e incluso fuera de nuestras fronteras, y también que aquellos que permanecen sordos ante nuestras demandas no tuvieran más remedio que reconocer públicamente la valentía y la dignidad de todo un pueblo que se enfrenta a tan poderosos adversarios, como fue el caso del Sr. Presidente de la Junta de Andalucía.
La defensa de un recurso tan escaso como es el agua fue el motivo que provocó este hecho insólito en nuestro país. El proyecto de desarrollar las macrourbanizaciones y campos de golf en la Reserva de la Biosfera “Sierra de las Nieves”, en las fincas conocidas como Merinos y La Parchite, y que se quiere imponer a base de decretos y cheques, conlleva necesariamente la sobreexplotación del acuífero subterráneo que da de beber a los vecinos de Cuevas del Becerro, Arriate, La Cimada, Los Prados y Seteníl. Por lo que de llevarse a cabo, a corto o medio plazo va a provocar que estos vecinos, que llevan habitando sus respectivos pueblos desde hace siglos, vean como el suministro de agua para consumo humano y para sus actividades agrícolas, desaparezca. En el supuesto de que el suministro de agua se realice desde Ronda supondrá que el problema se traslada a todos los rondeños directamente, ya que el consumo actual se triplicaría, disminuyendo drásticamente el acuífero que abastece a la ciudad. Un recurso natural escaso y que es de todos se lo quedarían unos pocos.
La calidad de vida de los ciudadanos de un pueblo no se mide por el número de habitantes, ni por el desmedido ritmo de crecimiento urbanístico de su ciudad. Los indicadores de la calidad de vida vienen definidos por otros estándares como la riqueza paisajística de su entorno, la calidad y cantidad de sus aguas, el grado de pureza de su aire, la ordenación territorial de la ciudad y su entorno, el equilibrio de la explotación racional de sus recursos y el grado de conciencia de cada individuo sobre sus raíces, costumbres e historia; escritos en la dignidad de su población, sus campos, monumentos y paisajes entre otros...
No olvidemos que vivimos en la tierra más seca de Europa, el paisaje y el agua son recursos escasos y susceptibles de ser dañados o disipados para siempre. No sería admisible que mientras hay todavía viviendas que no tienen agua en su interior 15 Km. más allá se juega al golf.
La especulación del territorio se salta la legalidad, con la connivencia y/o la indiferencia de quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de aquella. Todos conocemos las consecuencias que ha tenido la política de los hechos consumados en poblaciones muy cercanas de la Costa del Sol, y en las que al final nadie se atreve a tomar decisiones que son impopulares y las ilegalidades y la destrucción del medio permanecen para el resto de los tiempos. El motor de esta especulación con el territorio es la globalización, sistema que necesita crecer constantemente para mantenerse. Con ese fin intenta a nivel local y mundial apoderarse -por las buenas o por las malas- de los recursos naturales, a la vez que trata sutilmente de conseguir la mercantilización de todo aspecto de la vida.
Por ello exigimos de las autoridades competentes que se aplique la legalidad y que actúen de forma inmediata y contundente con el fin de evitar que el daño aumente y sea irreversible.
Uno de los aspectos con los que quieren comprar nuestra voluntad es con la supuesta creación de puestos de trabajo para evitar el desplazamiento a otros lugares donde existe trabajo. Lo que no se dice es que esos puestos de trabajo son temporales, muy expuestos desde el punto de vista de la salud laboral y con una explotación de los trabajadores para la obtención rápida de la plusvalía.
La mayoría de esos puestos de trabajo están relacionados con el sector de la construcción, por lo que ¿hasta cuando se va a edificar?.Es muy posible que esta manifestación carecería de sentido y no haría falta si se cumpliera lo que recoge el futuro Estatuto, que previsiblemente aprobará el pueblo andaluz la próxima semana y en el que entre otros establece como objetivo básico de la comunidad andaluza, en su art. 10-7 “La mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución, junto con el desarrollo de los equipamientos sociales, educativos, culturales y sanitarios, así como la dotación de infraestructuras modernas”.
Y lo establecido en el artículo 28, que como un derecho social dice que “1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes. 2. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales.
Y por si esto fuese poco, entre los principios rectores de las políticas públicas se establece “El respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire”Haciendo una puesta en valor de nuestra Constitución exigimos que, a través de los procedimientos legales, los poderes públicos garanticen la disponibilidad de suelo para viviendas accesibles a todos los españoles, no chalés de lujo al alcance de unos pocos, y con la contradicción de que mientras se construye a un ritmo desenfrenado produciendo 3 millones de viviendas vacías en el territorio español hay otros 3 millones de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda porque los precios son totalmente desorbitados.
Que se cumpla la Constitución cuando dice en su Art. 47 que: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de unavivienda digna y adecuada.Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes parahacer efectivo este derecho, regulando la utilización delsuelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación […]»
Por último queremos proclamar que el desarrollo sostenible, o más bien perdurable, es la única posibilidad que tiene la humanidad de continuar en este planeta, y nosotros en nuestra sierra.
Porque ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando nos pregunten que donde están las encinas?. ¿Qué era un río?. ¿Dónde están las águilas?. ¿Dónde están las dehesas?. ¿Todo desaparecido?
Con ese escenario termina la vida y comienza la supervivencia.
(Para saber más: Revista El Observador)
Sábado, 10 de febrero de 2007
*Juan Torres López -Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga - Página web: www.juantorreslopez.com
http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl//index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=16
Expertos rechazan una moratoria y exigen un urbanismo menos salvaje
R.BIOT/S.VELERT* : "En los últimos diez años, la demanda pero también la huida de capitales de sectores tradicionales hacia la construcción o la necesidad de ingresos de los ayuntamientos han provocado un "desorden territorial". Un grupo de expertos académicos defendió ayer en Alicante que se empieza a percibir un cambio en la tendencia. Coincidieron, sin embargo, en rechazar una moratoria urbanística por el perjuicio que tendría sobre una economía en la que la construcción tiene tanto peso. Compromís pel Territori protestará de nuevo en la calle contra la política urbanística.
El catedrático de Geografía de la Universitat de València Joan Romero, el profesor de la Factultad de Economía de la misma universidad Josep Sorribes, y Fernando Vera, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante fueron tres de los expertos que reflexionaron sobre Economía, Construcción y Territorio en la segunda Jornada d'Economia Valenciana Ernest Lluch celebrada en Alicante. Los tres expertos coincidieron, entre otras cuestiones, en rechazar una moratoria urbanística por las consecuencias que esta decisión podría suponer en una economía donde la actividad constructora tiene un gran peso. La solución pasa, en opinión de Joan Romero, por profundizar en una "cultura sobre el territorio diferente". Un cambio en la forma de afrontar una actividad que ha vivido un "rápido crecimiento", defendió Josep Sorribes y que precisa de un nuevo modelo que sea menos costoso para la sociedad que el que se ha desarrollado en la última década.
Los tres expertos insistieron también en la idea de dar un cambio de rumbo al modelo actual. Fernando Vera, por su parte, apostó por "afrontar una reordenación de los distintos destinos turísticos consolidados" e insistió en la necesidad de desvincular el desarrollo turístico con la promoción de viviendas.
Romero advierte que en los foros académicos perciben un cambio que puede ser "positivo para el territorio". Un nuevo escenario en el que destaca la contribución de los movimientos ciudadanos que protestan ante la voracidad de las actuaciones urbanísticas, y el papel de los medios de comunicación de los jueces. Romero puso como ejemplo el Plan Rabassa y el caso Parcent, en los que la presión vecinal y las decisiones judiciales han sido claves.
Compromís pel Territori, que agrupa a un centenar de colectivos, retomará las movilizaciones para exigir "que se pare el actual proceso de degradación del territorio y sus recursos" y se escuche "la voz de la ciudadanía" de cara a las próximas elecciones. Para ello, Compromís ha convocado manifestaciones simultáneas en Valencia, Alicante y Castellón el 21 de abril. La plataforma recordó ayer que elaboró sus propias bases para una nueva política urbanística que exigirían una moratoria de dos años para proyectos fuera de ordenación y una nueva legislación.
El País -Alicante - 17/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/expertos/rechazan/moratoria/exigen/urbanismo/salvaje/elpepuespval/20070217elpval_11/Tes
