ELPAÍS/Madrid* : El ingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Leopoldo García ha denunciado en un juzgado haber sido sometido a presiones por parte de los responsables del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para que certifique la recepción de una obra municipal cuya adjudicación está siendo investigada por dos jueces: el primero, el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, y el segundo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo. "Solo podré firmar el acta de recepción cuando el juez resuelva sobre este asunto, y en las condiciones que fije el mismo y en concreto, respecto a la fecha de inicio de la conservación del parque y el plazo de la misma, y su coste", que pasó de 300.000 euros al año a más del doble.
Este proyecto se aprobó en el año 2005 y en marzo de 2006 se adjudicó por 4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cárcavas. El grupo empresarial que conforma esa UTE está encabezado por el empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el caso Gürtel. Con la posterior aprobación de la modificación del proyecto, la obra pasó a costar 11 millones de euros, un 110% más de lo que inicialmente se había aprobado.
El funcionario Leopoldo García presentó un escrito ante el juez en el que denunció haber sido amenazado con la apertura de un expediente disciplinario si no firmaba la recepción de las obras, con cuyos sobrecostes no estaba de acuerdo. En el escrito, este empleado municipal se lamenta también porque estas amenazas eran "un bonito broche de oro a 34 años de funcionario del Ayuntamiento".
Según el documento que obra en poder del juzgado y que sirve de base para la imputación de los responsables municipales, el funcionario se oponía a regularizar las obras al considerar "una burrada" un acuerdo suscrito entre el alcalde de Pozuelo, Antonio Aguado, y el responsable de los trabajos, en el que acordaba fijar el precio del mantenimiento del parque en un millón de euros. Según Leopoldo García, el coste del mantenimiento era de 661.000 euros en tres años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros por un año.
"En concreto", explica este informe remitido al juzgado, "la decisión adoptada era la siguiente: que se abone la totalidad de la partida de conservación, siendo el plazo de un año". "Mi contestación, ante una orden tan insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una burrada, va en contra de la adjudicación. No tiene lógica ni nada que se parezca".
La portavoz del PSM en Pozuelo, Eva Izquierdo, indicó que seis meses después de la inauguración del parque, la Junta de Gobierno municipal aprobó el modificado con el que se finalizaban las obras. "Esta aprobación se realizó con un informe contrario de la secretaria general del Ayuntamiento, un informe negativo que se sumó al que emitió el interventor municipal con relación al abono de 625.000 euros por parte del Ayuntamiento a la empresa constructora en concepto de mantenimiento del parque", añadió.
Después de la declaración el 21 de junio del ingeniero municipal Leopoldo García, ahora jubilado, el juez de Pozuelo decidió citar como imputados al actual alcalde, Gonzalo Aguado, que declarará el 28 de febrero; al ex alcalde, Jesús Sepúlveda (también imputado en la trama Gürtel); al actual concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández, que declarará hoy a las diez de la mañana; a la concejal expulsada del PP Yolanda Estrada (imputada en la trama Gürtel); y al jefe del departamento de Contratación.
La investigación acerca de la construcción de esta obra municipal se inició tras una denuncia presentada por el PSOE de la localidad en 2008, al considerar ilegal el incremento en el presupuesto para construir el parque,que, según los socialistas, se adjudicó por 4,5 millones de euros y terminó costando 11 millones.
En el auto de citación, el juez ordenó al Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pedía a la Unidad de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, en especial con relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles. Este funcionario reconoció haber participado en un viaje a este país para adquirir un árbol centenario de 109.000 euros: "Como en Bélgica había viveros que disponían de árboles especiales, viajó a Bruselas a fin de elegirlos con el alcalde, el concejal de Urbanismo y la edil de Obras".
* El País - 11.01.11
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento - elpais.com
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SIGLOXXI/Madrid* : En el municipio de Moraleja de Enmedio, al sur de Madrid, los jóvenes que invirtieron hace años sus ahorros e ilusiones en la adquisición de su primera vivienda, cumplen el sábado 8 de enero 100 días de campamento con el que reivindican la aprobación del PGOU que les de la posibilidad de construir sus casas. Lejano queda ya el 1 de octubre cuando cansados de promesas por parte del ayuntamiento de Moraleja decidieran construir su propia ciudad con tiendas de campaña e improvisadas casetas de madera para resguardarse del frío y la lluvia. Para conmemorar estos 100 días de protesta, los cooperativistas llevarán a cabo una reestructuración del campamento para parecerse mas a la ciudad que no les dejan construir, pondrán nombres a sus calles tan significativos como “del desengaño” o “ de los sueños rotos” intentando así expresar su indignación tras la noticia de la devolución por parte de la Comunidad de Madrid, el pasado 16 de diciembre, del plan de urbanismo con nuevos requerimientos tras 10 años de tramitación.
Dicha devolución enfrenta ahora al ayuntamiento de Moraleja con la Comunidad entrando en un nuevo proceso burocrático que perjudica aún mas a los jóvenes.
Por otro lado, el pasado martes 4 de enero quedó constituída la asociación de futuros vecinos de Moraleja de Enmedio (AFUVEMO) con la que las personas afectadas por el retraso del plan de urbanismo pedirán explicaciones a la administración.
* Siglo XXI - 12.01.11
Foto: Moraleja de Enmedio (Madrid), ayuntamiento - tecno-control
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ELCONFIDENCIAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tira por tierra una noticia anunciada hace meses a bombo y platillo: que el chalé del actor Antonio Banderas era legal. La casa lleva años protagonizando avatares jurídicos porque los responsables urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella llegaron a solicitar una modificación del PGOU para que el actor siguiera teniendo su suelo a pie de playa. Ahora, un auto de seis folios que el TSJA ha hecho llegar a la concejalía de Urbanismo le recuerda al Consistorio que si infringe su deber “de ejecutar lo dispuesto en sentencia firme” podrá incurrir en responsabilidad civil e incluso criminal. Esto último podría acarrear una “responsabilidad patrimonial exigible tanto en el supuesto incumplimiento total como en los de cumplimiento defectuoso o con demora negligente en el mismo”.
El proceso de regularización y compensación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella favoreció al actor malagueño porque le permitió ceder el mismo número de metros de su parcela sin dañar buena parte del jardín que rodeaba la piscina. Algo que contradice lo que hace dos años el alto tribunal andaluz especificó en una sentencia: que Banderas debía ceder 1.200 metros de su residencia.
El auto se considera el primer tirón de orejas al Ayuntamiento ya que deja muy claro que “los tribunales son los únicos competentes para decidir si se pueden tirar o no edificios”. Según el concejal independiente Javier de Luis, experto en temas de urbanismo en Marbella, “en el cuerpo del auto se dice muy claramente que una normalización en un PGOU no es una causa de inejecución de sentencia”. Asimismo, entiende que antes de que el Consistorio tomase estas medidas, “el PP ha tenido que tratar esto con el TSJA, de lo contrario es un suicidio”. De entrada, el auto paraliza la modificación puntual de elementos que ha impulsado el Ayuntamiento.
El muro de la discordia
El TSJA explica que la obligación de ejecutar una sentencia no es algo que se deba solo al interés del particular que ha peleado judicialmente en el caso, en esta ocasión la comunidad de propietarios de Los Monteros, que fueron los que denunciaron las supuestas irregularidades en la casa de Banderas, sino también al “interés público”, porque es un fundamento del Estado de Derecho “que se cumplan las sentencias de los tribunales y que se cumplan en sus propios términos y no en los que decidan las partes según sus conveniencias o arbitrios”.
En un principio, el PGOU de Marbella especificaba que el actor debía ceder 1.243 metros del terreno en que se asienta su chalé. Esta superficie se debía recortar en la parte sur de la parcela, la más cercana al mar, lo que suponía dejar el muro de la propiedad casi encima de la piscina. El Ayuntamiento de Marbella, amparándose en proceso de regularización y compensación de las más de 10.000 viviendas irregulares construidas durante los años del gilismo, cambió la solución adoptada y le dio el trato de favor al actor. De esta forma, cedería el mismo número de metros cuadrados, pero en lugar de cederlos todos de la zona sur, es decir la zona de la playa, podría cederlos en la zona este, junto a la desembocadura del arroyo Alicate.
Sin embargo, el trueque no podrá llevarse a cabo, según el último auto del alto tribunal. Javier de Luis afirma que “la interpretación de si la propuesta de normalización es causa de inejecución de sentencia, o sea, que puede ser legalizado, le corresponde únicamente al juez. Esto es así porque el juez puede entender que se ha hecho un nuevo PGOU para incumplir la sentencia que él dio antes”.
Según este experto en urbanismo, “los cambios que ha habido en las distintas aprobaciones del PGOU, la del 2007, 2008 y 2009, y las modificaciones puntuales que ha impulsado el Ayuntamiento de Marbella, una vez aprobado el PGOU, puede hacer que el juez dude. Partiendo de este supuesto, el juez puede entender que el PGOU no es causa suficiente de inejecución de su sentencia”. Es por esto que en el mismo escrito, el TSJA censura al Ayuntamiento por los mecanismos de compensación que se inventa el PGOU al decir que es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) la que fija cómo legalizar “el ordenamiento jurídico perturbado”. “Este es el procedimiento que debe seguir la corporación de Marbella en la ejecución de sentencia”, zanja.
* El Confidencial - 12.01.11
Foto: Marbella, casa Antonio Banderas - EFE
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LAVOZ/Pontevedra* : El centro de salud de Marín vuelve a afrontar el mismo problema de hace un año por la inexistencia de un PXOM en vigor y lo anticuado de las normas subsidiarias y de sus modificaciones sucesivas. Un informe técnico municipal precisa que el anteproyecto del ambulatorio de O Souto no tiene cabida en las normas subsidiarias en vigor. Resulta que la Xunta elaboró el anteproyecto del centro sanitario en base a los parámetros urbanísticos del PXOM en trámite y estos no valen, en relación con sus alturas y alineaciones, con las directrices de las normas subsidiariasvigentes para esta parcela. La última modificación de las normas, realizada en el actual mandato para atender en su día las peticiones técnicas de la Xunta, se ha quedado anticuada ante las actuales exigencias urbanísticas para este tipo de instalaciones.
El alcalde, el socialista Francisco Veiga, dio cuenta ayer a la junta de portavoces del contenido del informe técnico municipal. El regidor recalcó que existen varias alternativas para conseguir que el centro de salud de Marín mantenga su diseño con los servicios modernos previstos y a la vez no tenga que esperar a la culminación de los trámites del PXOM, que aún puede retrasarse un tiempo.
Para Veiga, a la Xunta no debería «ni pasársele por la cabeza» el rehacer el anteproyecto para ajustarlo a las normas, lo que privaría al ambulatorio de servicios incluidos en la previsión remitida al Concello por el Sergas. Desde su punto de vista, Santiago puede seguir con la tramitación a través de un plan sectorial promovido desde el Sergas y aceptado por Medio Ambiente, o también escoger la vía que facilita la Lei do Solo, declarando al ambulatorio marinense de interés público y aprobándolo por el Consello da Xunta. La Louga faculta al Ejecutivo gallego a tomar esta decisión, independientemente de las características urbanísticas de las parcelas en cuestión, siempre y cuando se pueda justificar la necesidad y el beneficio para el interés general.
Tanto Veiga como el edil de Urbanismo, el nacionalista Xosé María Vilaboa, explicaron que ayer se envió copia a la Xunta del informe del Concello y ambos políticos confían en que la consellería mueva ficha y promueva el plan sectorial o el acuerdo del Consello. Por su parte, desde la oposición, la popular María Ramallo y la independiente Isabel Martínez Epifanio lamentaron los retrasos del PXOM y achacaron el problema a la inoperatividad del gobierno.
* La Voz de Galicia - 12.01.11
Foto: Marín (Pontevedra), vista aérea - lavoz
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ELPAÍS* : Dar una patada a los problemas con la esperanza de que desaparezcan con el tiempo es una estrategia tan vieja como el mundo. Se siguió en el sector inmobiliario al inicio de la crisis , cuando muchas empresas cerraron planes de refinanciación con sus bancos. Lograban así un par de años para respirar con la esperanza de que el crash del ladrillo fuera más corto. Pero no ha sido así. Si acaso, se ha agravado. Y los plazos de devolución están aquí. "En este trimestre se concentrará el vencimiento de créditos a promotoras y constructoras medianas y pequeñas. Son las que más sufrirán para refinanciarse porque la banca está más estricta que hace dos años", reconoce el ejecutivo de una gran entidad, que pide el anonimato. Otro factor jugó a favor de la refinanciación en 2008: entonces el Banco de España no presionaba a las entidades financieras para que reconocieran la realidad del mercado. Hoy, esa presión es máxima.
"La mayoría de empresas han liquidado su cartera de viviendas terminadas y no cuentan con otros ingresos significativos. Vamos a asistir a una segunda ola de refinanciaciones a cara de perro y con muy poco margen porque ya no hay muchos activos que vender. Muchos de estos procesos, en caso de que se puedan cerrar, conducen a una muerte segura", dice Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea, que en dos años ha asesorado para reestructurar deudas por valor de 15.000 millones.
Al comenzar el cuarto año de la crisis más grande que recuerda el sector, los problemas se concentran en las que más suelo atesoran y en las medianas y pequeñas. "Creo que las grandes que no han caído no lo harán. A estas alturas ya se ha visto quién puede sobrevivir y quién no. Es posible que haya algún caso entre las promotoras más conocidas, pero no más", señala otro banquero que tampoco quiere dar su nombre. "No descarto algún concurso de acreedores más este año", concede Javier López Torres, desde KPMG. "Al refinanciar deudas para que no se disparara la morosidad, las entidades se embarcaron en una huida hacia delante. Ahora no va a ser así. Vamos a ver tres situaciones: las empresas que tengan activos de mayor calidad podrán seguir, después vendrán las que tengan que afrontar una reestructuración de su deuda; y a algunas no les quedará más remedio que el concurso", abunda Ángel Serrano, de Aguirre Newman.
Pero parece que el tan temido concurso no ha sido tan negativo para algunas empresas que recurrieron a él al inicio de la crisis. "El ejemplo de Martinsa, a punto de salir de la suspensión de pagos, muestra que en muchos casos era mejor esa opción y no refinanciar una deuda a través de un plan muy difícil de cumplir. Y eso a pesar del detrimento en la imagen que conlleva este proceso y de que muchas de las empresas que han recurrido al concurso siguen inmersas en él o están en liquidación", señala Angel Martín Torres, de KPMG.
El stock de viviendas sin vender, que el Banco de España cifra entre 700.000 y 1,1 millones, es uno de los agujeros negros del sector. Y el exceso de oferta continuará bajando el precio de los pisos. Pero más perjudicial es la marea de suelo que atesoran inmobiliarias y banca. El valor del suelo, que creció entre 1997 y 2007 un 500%, se ha desplomado. "El mayor riesgo está en los solares que se compraron a 30 euros por metro cuadrado y que ahora no valen más de tres. Bancos y cajas se van a quedar con esos activos. Y entonces viviremos una situación excepcional: la banca controlará el negocio inmobiliario. Ellos decidirán quién lo ejerce y quién no en los próximos años", concluye el analista financiero José Barta.
Un banco extranjero que ha participado en grandes refinanciaciones cree que el ladrillo no se mueve porque los promotores limitan la rebaja del precio al importe del crédito. "No es realista una reducción media del 20% desde que estalló la crisis, que es la que reconocen los promotores. En los mejores casos, habrá que bajar un 30%, pero en otros, sobre todo en suelo, hay que reconocer una depreciación de hasta el 70%. Empresarios y banqueros deben admitir su pérdida. Si se sigue tapando, llegaremos al modelo japonés, que tardó 10 años en sacar la cabeza", dicen en este banco.
¿Con qué actitud se sentarán los banqueros a la mesa donde deberán decidir si cortan el grifo? "Intentamos buscar un equilibrio para no meter más ladrillo en la cartera, pero tampoco damos por bueno lo que sabemos que no tiene futuro. No llevamos al concurso de acreedores a los que puedan pagar, aunque ahora lo pasen mal, pero hay situaciones con poca salida que hay que reconocer", explica un miembro del comité de riesgos de una entidad.
Algunas entidades que comparten la deuda se cierran en banda. "Si una entidad se retira del crédito sindicado, cosa que suelen hacer las más debilitadas, es más difícil que el resto podamos seguir adelante, porque supondría que asumimos más riesgo", dice un banquero. Si se va a concurso, las entidades deberán asumir un coste si han prestado con tasaciones altas y los activos se actualizan a precios de mercado.
Barta considera que si en 2008 se diagnosticó una tormenta perfecta sobre el sector, ahora deberíamos hablar de retormenta. "Con la diferencia de que las inmobiliarias más importantes ahora ya no se llaman Martinsa o Metrovacesa, sino BBVA, Caja Madrid o La Caixa", añade.
26.200 millones de las cajas en provisiones
El Banco de España aprovechó la presentación de un informe sobre el sector en diciembre pasado para deslizar una cifra impactante: las cajas deberán realizar "provisiones adicionales con cargo a patrimonio por un importe de 26.200 millones" antes del cierre de 2010.
En el sector financiero coinciden en que esta enorme cantidad de provisiones pretende sanear los balances de las cajas reconociendo la depreciación de activos inmobiliarios. Los 10.581 millones del fondo de rescate servirán para paliar este trago amargo. Es de suponer que los bancos también tendrán que hacer provisiones extra, aunque el supervisor no lo ha especificado.
El organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez quiere evitar que las entidades se conviertan en inmobiliarias y promotoras. También quiere impedir que el valor de los activos del ladrillo estén en los balances a precios irreales o superiores al mercado, como les ha trasladado recientemente.
En línea con este objetivo, en septiembre puso en vigor una circular en la que acortó drásticamente los plazos en los que había que provisionar el 100% del crédito moroso hipotecario.
"La inversión potencialmente problemática del sector en construcción y promoción asciende a 180.800 millones", ha dicho el supervisor. De ellos, los más problemáticos son los 58.000 millones en créditos de sectores "débiles" y los 70.000 millones "adjudicados y adquiridos" a cambio del pago de deudas. ¿Cuántos de estos casi 130.000 millones acabarán reconocidos como morosos?
* El País - 9.01.11
Foto: Bancos, clientes préstamos - publico
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PÚBLICO/Madrid* : Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, recibió en 2006 en una cuenta de Suiza un pago de 12.870.000 euros. Y los documentos remitidos por ese país presentan esa transferencia como el "cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda (Madrid) relacionado con la sociedad Martinsa". Así consta en la nueva solicitud de asistencia dirigida ayer a Mónaco por el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira. Esos 12,8 millones, cantidad inédita en el caso, se enviaron desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa cuyos fondos ha bloqueado Suiza. En su escrito a Mónaco, Pedreira recuerda lo siguiente: "En esta causa se investiga la adjudicación a la sociedad Martinsa de un proyecto inmobiliario en la localidad de Arganda".
Aunque no cita de forma expresa la operación, el magistrado se refiere a la conocida como Unidad de Ejecución 124 de Arganda (UE-124). Es decir, al macroproyecto de 158.000 metros cuadrados adjudicado a Martinsa en diciembre de 2004 por 77 millones de euros, 19 millones menos del valor que una tasación municipal había asignado a los terrenos.
Fechas encadenadas
La transferencia de 12.870.000 euros a Golden Chain Properties SA llegó el 30 de junio de 2006 procedente de otra cuenta suiza llamada Soleado y cuya pista sigue igualmente el juez. La cuenta de Soleado operó como puente y se quedó 130.000 euros del cursado desde el origen. Porque el origen de ese dinero, al menos el conocido, se sitúa en una tercera cuenta, de Mónaco y propiedad de Cedargrove Investments SA. El juez busca a sus beneficiarios.
Cuatro meses después de que Golden Chain recibiera el dinero, Correa aludió el 4 de octubre de 2006 al asunto de Arganda. Uno de sus interlocutores, el ex edil del PP José Luis Peñas, grabó la charla a escondidas. Y captó cómo el jefe de la red relataba que Martinsa ya había saldado lo que le debía por ese concepto. Un Correa campechano explicó que, en julio, "cazó y liquidado".
Fue justamente en 2006 cuando Martinsa, hoy en concurso de acreedores, fraguó el pelotazo de Arganda. Dos años después de haber ganado la adjudicación, la inmobiliaria obtuvo 73 millones al vender la tercera parte de los terrenos por cuya totalidad se había comprometido a pagar 77 al Ayuntamiento de Arganda. La semana pasada, Pedreira ordenó a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) analizar "los incidentes que hubieran surgido en la ejecución o en otros trámites posteriores en el expediente" de la UE-124.
Con edificabilidad para 2.600 viviendas, el complejo se trazó en la mejor zona de expansión de Arganda. La mejor porque la Comunidad de Madrid había ubicado allí en 1999 la estación de metro de ese municipio, situado a 30 kilómetros de la capital. El Plan de Ordenación (PGOU) aprobado por Arganda meses antes de las elecciones municipales de ese mismo año ya incluía el macroproyecto. La victoria de los socialistas lo dejó en barbecho. Cuando el PP recuperó el mando local en 2003, reactivó de inmediato la urbanización de la zona. Un año y medio más tarde, Martinsa obtuvo el suelo. Y el ayuntamiento aseguran los socialistas accedió a elevar la edificabilidad inicial (1.600 viviendas) hasta las 2.600 pretendidas por Martinsa.
Aviso a Rajoy y Aguirre
Como adelantó Público en marzo de 2009, la dirección del PP había sido informada con antelación de que Correa preparaba un pelotazo turbio en Arganda. El aviso lo lanzaron quienes manejaban las cuentas del PP: Álvaro Lapuerta, en esas fechas tesorero; y Luis Bárcenas, entonces gerente del partido y ahora imputado en el caso Gürtel.
Fuentes conocedoras de aquel episodio relataron hace año y medio a este diario cómo la reunión se produjo en noviembre de 2004 en la sede central del PP. Su interlocutor inicial era Mariano Rajoy. Pero la presidenta de Madrid y líder regional del PP, Esperanza Aguirre, acabó sumándose al encuentro.
Lapuerta y Bárcenas advirtieron a ambos de que, además de Correa y Martinsa, en la operación estaban implicados dirigentes del PP, entre ellos el alcalde de Arganda, Ginés López; y Benjamín Martín Vasco, diputado regional y entonces presidente de la empresa local de suelo y vivienda. Aguirre aseguran las fuentes consultadas escenificó gran indignación e incredulidad ante el relato de Lapuerta y Bárcenas. Y puso la mano en el fuego por Benjamín Martín Vasco, del que había sido testigo de boda. Poco después de aquel encuentro, Martinsa obtenía la adjudicación el 3 de diciembre de 2004. Tanto López como Martín Vasco constan como imputados de primera hora en el caso Gürtel. Supuestamente, el ex alcalde de Arganda recibió sobornos por 523.439 euros. Martín Vasco, no menos de 345.000 euros.
Ayer, fuentes de la inmobiliaria que preside Fernando Martín negaron que Martinsa pagara comisiones. "No hubo ninguna situación de irregularidad en el concurso", fue el mensaje de la empresa.
Martinsa recuperó el coste vendiendo un tercio del suelo
Un plan resucitado. Viviendas al alza
La portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, explicó ayer a este diario cómo el PP ya planeaba en 1999 desarrollar la Unidad de Ejecución 124 (UE-124), ubicada junto a la única estación de metro del municipio. Pero el PSOE ganó los comicios locales ese año. En 2003, el PP recuperó el proyecto, diseñado en su inicio para 1.600 viviendas. Cuando Martinsa logró la adjudicación, el ayuntamiento accedió a ir aumentando la edificabilidad hasta sobrepasar los 2.600 pisos.
La tasación. Críticas por el bajo precio
Los socialistas de Arganda recurrieron la adjudicación de la UE-124. Uno de sus argumentos radicaba en que "la tasación se hizo a la baja", asegura Moreno. Según la portavoz del PSOE, el valor real de los terrenos podía haber alcanzado los 110 millones en aquellos momentos, en pleno
‘boom' inmobiliario. El PSOE acudió a los tribunales al considerar que los intereses de Arganda se habían visto lesionados, pero tanto los juzgados de lo contencioso como la Audiencia de Madrid desestimaron el recurso.
Condiciones ventajosas. En metálico y en obras
De los 77 millones ofertados con los que Martinsa ganó la adjudicación en 2004, no todos debían abonarse en dinero. La inmobiliaria y el ayuntamiento pactaron que 66 serían entregados en metálico y 11 se saldarían con obras de equipamiento.
Un pase de 73 millones. Pelotazo meteórico
A los dos años de obtener los terrenos, Martinsa hizo lo que, en el argot inmobiliario, se conocía como dar el pase: vendió un tercio del terreno por 73 millones de euros, ahora ya sin trabas urbanísticas. Es decir, por el triple de lo que había pagado en 2004 y sin haber puesto aún un solo ladrillo.
* Público - 11.01.11
Foto: El ex alcalde de Arganda Ginés López ante la Audiencia Nacional tras su citación como imputado, en marzo de 2009 - publico
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