MADRIDIARIO* : Cerca de 2.000 personas se manifestaron entre las 12.00 y las 13.00 horas de este domingo delante de la Asamblea de Madrid, ubicada en Entrevías, para pedir a las administraciones, y en concreto a los ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid, que cuenten con ellos a la hora de elaborar el proyecto que tiene como finalidad acabar con el problema de la Cañada Real Galiana.
Con pitos y pancartas, los vecinos, "uniformados" con camisetas y lemas que rezaban 'una solución' para sus casas, estuvieron cerca de una hora reivindicando una reunión con Alberto Ruiz-Gallardón (alcalde de la capital) y con José Masa (alcalde de Rivas) después de que la Comunidad de Madrid les recibiera este verano.
'Basta ya de tanta hipocresía' y 'Legalización de la Cañada ya' eran algunos de los mensajes que los asistentes a la manifestación lanzaban, todos con un tema en común: que son conscientes de que sólo ellos "lucharán" por los derechos de los vecinos a la hora de elaborar un Plan para desafectar la zona y acabar con los asentamientos ilegales.
La presidenta de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real Galiana, Lidia Resani, explicó que la manifestación de este domingo es la "culminación" de las que han tenido lugar esta semana -el miércoles frente al Ayuntamiento de Madrid y el viernes frente al Consistorio de Rivas- para "toda la gente que no pudo acudir porque estaba trabajando".
Un sitio "neutral"
"Hemos querido reivindicar nuestros derechos a los dos alcaldes en un sitio neutral, la Asamblea de Madrid, para pedir lo mismo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, que vamos a luchar en todo momento por quedarnos en el terreno en el que estamos viviendo", apuntó la vecina.
En este sentido, señaló que "si hace falta", cada uno de los vecinos de manera particular se seguirá "metiendo en pleitos" después de que ya hayan ganado un centenar, según la representante de los vecinos, que, por otro lado, también pidió a Gallardón que "deje de publicar en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid la demolición de las viviendas diciendo que no se han recogido las notificaciones".
"Suena a que les da miedo que los vecinos sigamos ganado pleitos y podamos ser muchos los que nos quedemos, con el derecho que adquirimos después de estar más de 30 años viviendo", añadió Resani, quien apuntó que desde la capital se les ha tratado "muy mal" y el alcalde les ha mirado "por encima del hombro".
"Gallardón, baja un escalón"
Por ello, exigieron a Gallardón que "baje un escalón" y se ponga a su altura para explicar cuestiones como por qué el Ayuntamiento llevó a cabo el derribo de Ahijones, cuyo realojo lo realizó la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) "cuando el coste lo tenía que haber asumido la misma Junta de Compensación".
También criticó que Masa diga que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, está haciendo "dejación de sus funciones", cuando según Resani, es la "única" que está colaborando, y en Rivas la situación es "peor" porque "llevan tres años con un poblado chabolista". "¿Cómo puede hablar de dejación de funciones si lleva más de tres años incapaz de eliminar 30 chabolas?", se preguntó.
Los vecinos aseguran que sólo quieren ser atendidos por ambos ayuntamientos. De momento, esta semana estarán a la espera de que les contesten -han registrado sus peticiones- y ya el domingo 18, las distintas asociaciones se reunirán para ver cómo continuar con las movilizaciones si no obtienen respuesta alguna.
* Madridiario - 04-10-2009 - MDO/EP
Foto: MDO
Cerca de dos mil manifestantes piden "legalizar la Cañada"
La justicia no llega a la playa
ELPAÍS/Murcia* : El Tribunal Constitucional está inmerso desde hace tres años en las discusiones del Estatuto de Cataluña. Esta tarea ha ocultado otros casos que están pendientes de resolución desde hace mucho más tiempo y que pueden tener consecuencias irreversibles. Uno de ellos es el de Marina de Cope, el mayor complejo urbanístico previsto en el Mediterráneo, que ocupará un parque natural en la costa virgen de Murcia gracias a una ley de 2001.
Un portavoz del Constitucional explica que el tribunal sigue sin fecha para decidir sobre el párrafo de la Ley del Suelo de Murcia que permitía la urbanización y que recurrió el PSOE. Las prioridades son las que son.
En abril de 2001, la comunidad autónoma de Murcia, del PP, desprotegió por ley miles de hectáreas de parques naturales. En el último trámite parlamentario de la Ley del Suelo de Murcia, el PP incluyó una enmienda aparentemente técnica: "Los límites de los Espacios Naturales Protegidos incluidos en la disposición adicional tercera y anexo de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, se entenderán ajustados a los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria a que se refiere el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000".
La portavoz socialista en Murcia, Teresa Rosique, recuerda que la enmienda se introdujo en el último momento, de forma que no hubo informe ni de Costas, ni del Consejo Consultivo de la región. Bajo el críptico texto se escondía la intención de desproteger entre 7.000 y 11.500 hectáreas -la primera cifra la reconoció el Ejecutivo regional y la segunda la dan profesores de la Universidad de Murcia como Miguel Ángel Esteve-. Con esa norma sólo era parque natural lo que hubiera protegido la UE. Al superponer el mapa de los parques naturales de Murcia con los Lugares de Importancia Comunitaria, lo que quedaba fuera perdía la protección. Y una parte de lo que sobresalía estaba en el parque natural Cabo de Cope-Puntas de Calnegre, un reducto en la costa virgen que aún queda en el sur de Murcia. La zona, con poca agua y mal comunicada, se había salvado de la depredación del Mediterráneo.
La intención era construir allí unas 9.000 viviendas, una veintena de hoteles, seis campos de golf y una marina interior con 2.000 amarres (ahora reducidos a 1.400). Sería accesible por una autovía de peaje -que ya está construida, aunque casi nadie circula por ella- y por un aeropuerto privado -cuyas obras avanzan a cámara lenta-.
La crisis económica paralizó de facto la urbanización. Los ecologistas y la oposición consideraron que el parón daría tiempo al Constitucional a resolver el recurso. Ilusos.
Ahora, la comunidad autónoma y los propietarios del suelo han anunciado que relanzan el proyecto con un nuevo diseño. Y que su intención es aprobar los planes generales de los ayuntamientos antes de 2010. Iberdrola Inmobiliaria, principal propietaria del terreno, lo define como uno de sus "proyectos estrella". La filial de la eléctrica tiene suelo porque hace décadas planeó construir allí una central nuclear.
La directora general de Infraestructuras Turísticas de la Comunidad de Murcia, Marina García, defiende que el proyecto es "de interés regional" y que "salvaguarda los valores ambientales y paisajísticos": "Es lo más sostenible que vamos a tener, un referente turístico a nivel del Mediterráneo, con 10 millones de metros cuadrados protegidos".
García explica que los dueños del terreno buscan ya inversores que aporten los 4.000 millones necesarios y que a final de año los ayuntamientos implicados aprobarán sus planes generales. Entonces el proyecto pasará a la comunidad autónoma. El anuncio ha inquietado a ecologistas como la Asociación Prolitoral, que agrupa a Greenpeace y Ecologistas en Acción, que mantienen otro contencioso con la comunidad por este asunto.
García espera también un fallo del Constitucional: "Creemos que avalará la ley y si no, los servicios jurídicos estudiarán la sentencia". La socialista Rosique lamenta la tardanza de la justica: "El texto recurrido es sólo un párrafo y la verdad es que ya debían haber dicho algo. Sería lo mejor para los inversores y los compradores. Si el Constitucional anula esa ley, Marina de Cope se cae como un castillo de naipes". La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, carga contra el tribunal: "La Constitución establece que el medioambiente es un derecho, pero a la hora de la verdad siempre queda detrás en las prioridades de los jueces".
El caso de Marina de Cope es una bandera ecologista. El profesor de Ecología de la Universidad de Murcia Miguel Ángel Esteve afirma que "el proyecto está fuera de su tiempo. Es megalómano y contrario a lo que entendemos como turismo de calidad". En Marina de Cope se podrá ver el cambio del modelo productivo.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 03/10/2009
Foto: La Marina de Cope, donde está prevista la construcción de 9.000 viviendas, una veintena de hoteles y seis campos de golf.- T. CALLEJA, elpais.com
El olvidado arte de la dimisión
RAFAEL ARGULLOL* : Tampoco. Tampoco en esta ocasión, con motivo del escándalo del Palau de la Música de Barcelona, se ha producido, al menos hasta el momento, dimisión alguna. Me refiero, claro está, a dimisión entre los responsables políticos y no de la inevitable retirada de quienes, aunque con años de retraso, han sido pillados con las manos en la masa.
Todo el mundo espera que Fèlix Millet y compañía vayan a la cárcel y, a juzgar por sus declaraciones, los primeros que lo esperan son aquellos políticos que, con sueldos pagados por el erario público, tenían como misión vigilar que el dinero de los ciudadanos no fuera robado por desaprensivos. En el asunto Millet los corresponsables del expolio pertenecen a tres administraciones -Ayuntamientto, Generalitat, Estado-, a diversos partidos, a varias legislaturas. Sin embargo, por lo que advertimos, ninguno se siente eso: co-responsable del expolio. Los que ostentan cargos en la actualidad señalan hacia el pasado; los que ostentaron en el pasado se escudan en el presente. Unos y otros aguardan el olvido que deparará el futuro.
Tienen razones sobradas para adoptar esta estrategia puesto que viven en un escenario en el que esta actitud siempre acaba por dar buenos dividendos. Si observamos la larga cadena de corrupciones que se ha enroscado en nuestra historia reciente comprobaremos que el número de divisiones entre los políticos que debían velar para que no se produjeran aquéllas ha sido ínfimo.
¿Cuántas dimisiones de ministros, de subsecretarios, de alcaldes ha provocado la especulación urbanística o financiera? ¿Alguien se ha sentido obligado a dimitir por la génesis de una Crisis, así en mayúsculas, que, ha sido considerada como un monstruo impersonal del cual nadie era individualmente responsable? No tenemos noticias de que ningún cargo público se considerase demasiado inepto, demasiado avergonzado, demasiado escrupuloso para dar un paso al frente y anunciar su dimisión.
Una democracia en la que nadie, jamás, dimite -a no ser que tenga la pistola en el cuello- es un sistema monolítico y sin porvenir. Parece, según cuentan algunos historiadores, que este problema fue ya entrevisto con claridad en la joven democracia de Pericles de manera que se exigía a los elegidos por los votantes una suerte de permanente disponibilidad a dejar el cargo si cometían irregularidades y errores antes de finalizar el plazo de su mandato, y otro tanto sucedía en los menores momentos de la república romana.
Si lográramos trasladar esta precaución a nuestra época, el responsable político, además de jurar o prometer el cargo debería comprometerse al abandono anticipado del mismo en caso de faltar a sus obligaciones. En la carte
-ra ministerial, por ejemplo, siempre se llevaría la carta de dimisión bien redactada, dejando un espacio para indicar el motivo. El arte de la dimisión, que no debería implicar necesariamente hechos vergonzosos, e incluso podría representar una protesta contra ellos, otorgaría permeabilidad a la democracia y confianza a los ciudadanos.
Pero no es el caso, al menos aquí. El anquilosamiento de las instituciones y la desconfianza ciudadana tienen mucho que ver con la sensación de enclaustramiento de la llamada clase política. Ante muchos ciudadanos los partidos aparecen como opacas estructuras en cuyo interior se ayudan mutuamente a ganar, mantener o recuperar el poder. Quedan restos ideológicos, sí, adheridos a los programas que se proclaman en las citas electorales, pero el peso del poder de las ideas es percibido como infinitamente menor al ansia de poder de los integrantes del grupo.
Puede que esta percepción sea en parte injusta pero es la que prevalece en el momento de acusar que, en la actualidad, la "carrera política" es un buen medio -de igual eficacia que el que ofrecen determinadas sectas religiosas-, para hacerse con una posición económica, un trabajo estable y hasta una profesión. Sin apenas debates internos de envergadura, los partidos políticos exigen crecientemente a sus miembros secreto y silencio. O, tal vez, esta exigencia ni siquiera es necesaria, puesto que los afiliados tienden a una sumisión voluntaria a la que, desde luego, tratarán de sacar partido.
No deja de ser elocuente a este respecto que en las últimas semanas se haya aludido en la prensa repetidamente al mutismo que rodea las reuniones de los dos grandes partidos españoles. En apariencia, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular tienen sobradas razones como para discutir encarnizadamente acerca de las estrategias seguidas. ¿Cómo puede ser que estos partidos no tengan en su interior distintas tendencias que se expresen en libertad y luchen entre sí en relación a asuntos de tanta envergadura como la crisis económica, la corrupción o el desplome educativo? ¿Cómo puede ser que los miles de cargos públicos que suman entre ambos partidos comporten tanta unanimidad en el momento de defenderse contra tanta tentación de dimitir? Es verdad que vociferan unos y otros, pero la credibilidad de los gritos es escasa, pues los ciudadanos han oído tantas veces esas sonadas acusaciones sin apenas consecuencias que ya no creen en la sinceridad del exabrupto.
Tras perpetrarse esta actitud la escena democrática ha quedado profundamente quebrantada: a unos partidos ensimismados, transformados en aparatos de poder autosuficiente, les corresponde una ciudadanía apática y desconfiada, alejada de cualquier pasión política, que desprecia las instituciones públicas, como repetidamente se pone de relieve en las encuestas que publican los medios de comunicación. A un paisaje así lo llamamos democracia porque no se nos ocurre otra cosa o porque siempre tenemos miedo de que vuelva algo peor. Una democracia, sin embargo, con alarmante síntoma de inanición. Reinstaurar -o instaurar, porque aquí lo cierto es que poca tradición hay- el arte de la dimisión podría reanimar al enfermo.
Ahora, a raíz del caso Millet, tenemos una nueva oportunidad, una más de las muchas que hemos gozado en estos últimos años. Como se ha escrito reiteradamente en los periódicos el señor Fèlix Millet, astuto camaleón, ha sido pujolista, aznarista con Aznar y tripartidista con el tripartito. Su trayectoria supuestamente delictiva ha atravesado cuatro lustros, como mínimo, arrastrando a decenas de responsables políticos que tenían la obligación de impedir aquella trayectoria. Los hay de todos los colores y todos tienen cara, nombre y apellidos.
Es el momento de que algunos tengan la grandeza de sacrificarse por la democracia y exclamar ¡soy responsable! o ¡fui responsable! Es el momento de dimitir de los cargos actuales o de los puestos propiciados por antiguos cargos. Ya sabemos que el señor Millet es un presunto ladrón. Lo que queremos saber es quién dejó que lo fuera. Bastaría que alguien, no necesariamente presionado por los medios de comunicación, se presentara voluntario para asumir su rol en el escenario. Un acto semejante daría aire a la democracia.
Pero soy el primero que dudo que algo así pueda producirse, ni en éste ni en los demás casos. Pedir grandeza cuando se ha instalado la mediocridad es pedir peras al olmo. Y aún más cuando se trata de una mediocridad satisfecha. Escuchen, si no, esta anécdota. Este verano me encontré por la calle a un compañero de la universidad al que no había vuelto a ver en todos estos años. No se le tenía, entonces, por una lumbrera. Le pregunté cómo estaba y, sin transición y sin matices, me contestó que le había ido extraordinariamente bien en la vida. Para resumirme esta satisfacción vital me contó que era segundo en las filas de determinado partido. "Yo que, como sabes, no era ninguna lumbrera", argumentó, medio bonachón, medio malicioso. Estuve a punto de decirle que también Calígula nombró senador a su caballo. Pero me callé puesto que, al fin y al cabo, no conozco a nadie más con una opinión tan elevada acerca de lo que ha sido su vida.
*Rafael Argullol es escritor.
* ELPAIS.com - Opinión - 4.10.09
Los expertos apuestan por la rehabilitación de El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : Urbanistas, geógrafos, arquitectos, juristas y vecinos han puesto en la cuerda floja el controvertido plan del Ayuntamiento de Rita Barberá sobre el barrio de El Cabanyal. Durante tres días, y dentro de las jornadas Taller Cabanyal organizadas por el grupo socialista municipal, expertos de diferentes disciplinas universitarias vertieron, desde el pasado día 1 de octubre hasta ayer sábado, todo tipo de opiniones sobre el proyecto que los populares pretenden llevar a cabo en el barrio, la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia a costa de varios centenares de edificios.
La crítica al plan de urbanismo de Barberá fue uno de los puntos sobre el que coincidieron todos los expertos que participaron en las jornadas a pesar de que las alternativas que presentaron fueron diferentes.
Juan Calduch, profesor de Composición Arquitectónica de la Universidad de Valencia, tildó ayer la actuación municipal de "ilegal", de "fraude", y de "sinrazón". Según explicó, la destrucción de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1993, como es el caso de los poblados marítimos, iba en contra de toda lógica a pesar de que el Consistorio argumente lo contrario. "Derribar El Cabanyal supone una necrosis", sentenció Calduch.
Esta misma postura crítica fue la que siguió Antonio Font i Arellano, catedrático de Urbanística de la Universitat Politècnica de Catalunya y miembro del equipo que llevó a cabo la reforma del barrio condal de la Barceloneta. Tal y como explicó, el orden de los factores sí alteraba el producto: "lo primero es garantizar la vivienda a los vecinos y después, mejorar los equipamientos y servicios para atraer la actividad económica. De lo contrario, el resultado puede ser fatal". Además, el catedrático afirmó que el actual plan de El Cabanyal era una operación de ruptura del tejido urbano que produciría una modificación del sistema inmobiliario y un aumento de precios.
Sin dejar de rehabilitar el barrio, varios expertos fueron los que apostaron por medidas menos traumáticas para el vecindario. Según consideró el pasado viernes el profesor de Urbanística de la Universidad Politécnica de Valencia, Rafael Temes, si Valencia quiere mejorar su conexión con el mar debía hacerlo a través del Turia, y no de El Cabanyal. Como él, el resto de ponentes se declinaron por respetar la estructura del barrio y no desmembrarlo, como pretende el Ayuntamiento.
* ELPAIS.com - L. M. - Valencia - 04/10/2009
Foto: El Cabanyal - elmundo.es
Pasividad pública ante la ilegalidad urbanística
ELPAÍS/Valencia* : El urbanismo y la vivienda siguen generando un 16% de las quejas que llegaron en 2008 a manos del Síndic. Y sobresalen con diferencia las relacionadas con la falta de disciplina urbanística. Los ayuntamientos y la Administración autonómica no son ágiles cuando se trata de pararle los pies a los infractores. El Síndic de Greuges se queja no sólo de la pasividad de las corporaciones locales para obligar a los infractores a restablecer la legalidad "sino de su retraso en tramitar las demoliciones y sanciones" que procedan.
"El Síndic no se cansa de repetir lo importante que es que los ayuntamientos reaccionen a tiempo y paralicen las obras o corten la luz y el agua en la obra si los promotores se saltan el proyecto", aconseja el informe. Se han dado casos en los consistorios de Alicante, Vinaròs, Los Montesinos o Rocafort, donde o bien se sobrepasaron las alturas permitidas o no se demolió una obra ilegal.
Otro capítulo importante de quejas tiene que ver con los famosos Planes de Actuación Integrada (PAI), tramitados en muchos casos sin el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "Hemos emitido numerosas recomendaciones insistiendo en la necesidad de ese informe para acreditar si hay agua suficiente para el abastecimiento de estos proyectos", subraya el documento. Es el caso del PAI de la Marcolina II, en Alcalà de Xivert. Existen otros casos, igual de llamativos, en los que un Ayuntamiento -el de Rojales- lleva un año sin responder a la solicitud de licencia de obras de un particular. O una vecina de la urbanización Pinada del Río, en Tibi, que lleva más de dos años sin los servicios municipales obligatorios de agua potable, alumbrado y aceras por culpa del urbanizador. "El constructor vende las edificaciones a terceras personas sin haber terminado la urbanización y, por tanto, sin que el Ayuntamiento pueda recibir las obras y dar de alta los servicios", describe la Sindicatura.
En el capítulo de quejas por la vivienda, el grueso tiene que ver con la dificultad para conseguir una casa de protección pública, así como el mal estado de "algunos pisos" propiedad del Instituto de la Vivienda de la Generalitat o de los desahucios administrativos declarados por este organismo público.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 02/10/2009
